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Soledad Loaeza. Politóloga. Entre sus libros, Clases medias y política en México y El llamado de las urnas.

Diez años de reforma del Estado y un nuevo modelo de desarrollo han alterado los arreglos fundamentales que durante más de medio siglo sostuvieron el mecanismo tribal de transmisión del poder conocido como el “dedazo”. Soledad Loaeza

La sucesión presidencial ha sido siempre uno de los procesos más enigmáticos del sistema político mexicano. El enigma ha consistido, primero, en que la transferencia de lo que parece ser un poder casi ilimitado se ha iniciado a partir de la decisión del presidente en turno, que ha escogido a su sucesor entre los miembros de su gabinete. En segundo lugar, este procedimiento más bien tribal ha sido enigmático sobre todo porque se ha llevado a cabo con éxito durante más de sesenta años en catorce ocasiones consecutivas. Exito que debe medirse en términos del objetivo último del método: mantener el monopolio del poder.

Desde los años veinte los presidentes en Mexico han llegado al poder a través de un proceso antidemocrático y al mismo tiempo funcional a la estabilidad política y el cambio económico. Aparentemente no ha habido grandes errores -aunque es posible que algunos encuentren esta afirmación discutible- En algunos casos la decisión ha provocado descontentos y exclusiones, pero no ha precipitado inestabilidad de largo plazo, la deslegitimación general del sistema político, ni la disrupción de las instituciones políticas o de los procesos económicos.

La última renovación presidencial, sin embargo, pareció poner fin a la combinación de arbitrariedad y docilidad que hasta entonces había caracterizado a las sucesiones anteriores. Este precedente sería en sí mismo una razón poderosa para que en 1994 el presidente Salinas intentara proceder de manera diferente. Pero además del mal sabor que 1988 nos dejó, desde entonces han aparecido nuevos factores en la dinámica política nacional que tendrían que ser tomados en cuenta. Si se quiere que la próxima transmisión del poder sea como las anteriores, exitosa, tendrá que ser distinta de las anteriores.

Hoy en día el procedimiento establecido de transmisión del poder parece más que nunca sujeto a condiciones encontradas. Para que el grupo en el poder mantenga su monopolio sobre la Presidencia de la República tiene que encontrar a un candidato que garantice la continuidad de la reforma económica, que tenga la capacidad de movilizar un apoyo electoral suficiente para desafiar, primero, la falta de credibilidad de los resultados comiciales, y segundo, a los contendientes de otros partidos; por último, el candidato del partido oficial debe gozar de una buena imagen internacional. Son tantas las cualidades que se necesitan que uno se pregunta si puede reunirlas un solo individuo. A la mejor lo que necesitamos es un triunvirato.

El problema que supone especular cómo puede ser la próxima sucesión presidencial para el grupo en el poder estriba en que poco sabemos de cómo ha sido en el pasado. De la montaña de literatura dedicada a explicarla se desprenden dos grandes escuelas de pensamiento: una sostiene que la candidatura del partido oficial a la Presidencia de la República ha sido el resultado de una negociación cerrada entre los grupos de poder; la segunda escuela de pensamiento, en cambio, afirma que el presidente en turno decide solo, según su leal saber y entender, sin consultar a nadie más que a su conciencia, quién será su sucesor.

La primera hipótesis ha sido desarrollada insistentemente y de diferentes maneras desde los años cuarenta. Tanto que con la repetición ha adquirido categoría de axioma. Sin embargo, una revisión pausada de las renovaciones sexenales revela más datos en contra que a favor de esta interpretación. Quienes se apoyan en ella explican que la identidad del candidato oficial ha sido negociada en arreglos quasi-masónicos, en los que han intervenido el ejército, las organizaciones empresariales, los sindicatos, la Iglesia católica, Washington y, desde luego, el partido oficial. Es probable que esta visión haya derivado, antes que de una investigación empírica, del presupuesto de que la función original del Partido Nacional Revolucionario -encuadrar las disputas por el poder de la élite revolucionaria se extendía a la Presidencia de la República. Sin embargo, desde el principio esta función estuvo limitada a posiciones no-presidenciales: gubernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales. Si el Poder Ejecutivo hubiera sido negociado no había tenido la fuerza que lo ha caracterizado, porque hubiera estado sujeto a los términos de la supuesta negociación; por lo demás una explicación como ésta descarta un dato esencial del sistema político mexicano: la fuerza del Estado que ha sido, en última instancia, la piedra de toque de la imposición presidencial.

Más todavía, la hipótesis de la negociación no se sostiene dada la debilidad de los actores políticos frente al Estado, sobre todo en relación con este tema en particular. Tomemos como ejemplo el papel del partido oficial. Desde 1939 y cada seis años, el año anterior al cambio diferentes grupos en el interior del partido sostenían la necesidad de formular un programa de gobierno antes de elegir a su candidato, se decía que de esta manera éste sería el hombre indicado para poner en práctica el programa. No obstante los buenos deseos y las malas intenciones, cada vez el nombre del candidato se dio a conocer antes de que el partido hubiera concluido sus discusiones programáticas o incluso antes de que las hubiera iniciado. Para citar sólo algunos ejemplos recientes, recordemos que en septiembre de 1975 durante una de las sesiones de elaboración del programa del PRI los periodistas sorprendieron al entonces presidente del partido, Jesús Reyes Heroles, cuando le pidieron su opinión acerca de José López Portillo, cuya candidatura había sido anunciada por la CNOP. En 1982 Fidel Velázquez y la CTM ofrecieron un “apoyo condicionado” a Miguel de la Madrid que ya había sido designado candidato. La escisión priísta encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas fue provocada primeramente por la negativa de la dirigencia del partido a modificar los procesos de selección interna, véase, el así llamado dedazo.

Si el partido oficial, que ha sido clave en el control de la participación, invariablemente ha jugado un papel subordinado en el proceso sucesorio, qué decir de otros grupos de poder, llámense generales, empresarios u obispos, que hasta muy recientemente habían dejado en manos del Estado el monopolio de la actividad política.

La evidencia histórica y la intuición apoyan la escuela de pensamiento que sostiene que la designación del candidato presidencial del PRI ha sido una decisión personal del presidente en funciones. Si esto es así, entonces cualquier ejercicio que busque desentrañar los porqués de la decisión resultaría banal. La idea de que una decisión de esas dimensiones la toma un individuo sin más restricción que su propio entendimiento, y sin más responsabilidad que la que le destine la posteridad es bastante aterradora. De ahí que sigamos elaborando sobre el tema. Pero mientras unos buscamos explicaciones que van más allá del individuo, otros tienden a creer que la decisión personal encierra una cierta sabiduría, porque así de antidemocrático como ha sido parece haberle ahorrado al país la fragmentación política, la inestabilidad o los golpes de Estado y las dictaduras militares que han sufrido otros países latinoamericanos.

Muchos observadores, analistas e incluso ciudadanos justifican el método de selección que ha prevalecido hasta ahora argumentando que a fin de cuentas el presidente de la República es el individuo mejor informado de México y, en consecuencia, le atribuyen una capacidad casi sobrenatural para entender y evaluar correctamente las necesidades del país. Su argumento central ha sido el éxito del procedimiento. Esta postura, sin embargo, contradice la fuerte posibilidad de que en los últimos meses del sexenio el presidente se convierte en el mexicano más distante de la realidad del país y es entonces cuando elige a su sucesor.

La idea de que el presidente es el individuo que mejor entiende cuáles son los problemas del país sustenta la muy socorrida “teoría del péndulo”, ahora bastante desgastada pero aún utilizada, según la cual a un presidente conservador le ha seguido uno progresista y así sucesivamente. El primero que lanzó esta teoría a mediados de los años cincuenta fue el politólogo norteamericano Robert C. Scott; pero es probable que haya trasladado a la experiencia mexicana la teoría de los ciclos de la historia de Estados Unidos formulada y desarrollada por los Schlesinger, padre e hijo, para explicar los vaivenes políticos de ese país. El problema del traslado reside en que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son efectivamente un proceso de consulta pública, de manera que pueden ser reflejo de cambios en los equilibrios sociales y políticos.

Nada de esto puede afirmarse en relación con el caso mexicano. Hasta ahora la decisión de quién es la persona más indicada para dirigir el país ha recaído en el buen juicio de un solo individuo, es decir, ha dependido de su capacidad para interpretar el ánimo del país o la relación de fuerzas políticas. Es decir, en el fondo la designación del presidente de la República ha sido resultado de un mero ejercicio intelectual.

Los riesgos de un juego como éste han sido altísimos. Cuando se decía más arriba que el procedimiento había sido exitoso y que no había habido grandes errores, la afirmación se hacía en relación con aspectos generales del sistema político: la estabilidad o la continuidad de las instituciones.

Pero esto no equivale a decir que esta fórmula garantiza la mejor decisión. Por ejemplo, muchos piensan que el país ha pagado un precio prohibitivo por la decisión de Gustavo Díaz Ordaz de escoger a Luis Echeverría como su sucesor. Se dice que el propio Díaz Ordaz consideraba que el único error grave que había cometido durante su sexenio había sido ése precisamente. Echeverría, por su parte, nos hizo saber por la prensa que se había arrepentido de haberse inclinado por José López Portillo. La nacionalización de la banca decretada por este último puede ser interpretada como un intento por imponer una determinada política económica a su sucesor, intención que sería una manera de querer limitar, al menos, el alcance de la designación de Miguel de la Madrid.

El recuento histórico de procesos sucesorios anteriores puede revelar que transcurrieron con éxito por la combinación de elementos que contemplan las dos escuelas de pensamiento aquí reseñadas: La designación del candidato del partido oficial ha sido una prerrogativa exclusiva del presidente en funciones, según su propio cálculo e interés; una vez tomada esta decisión ha sido impuesta al resto del país con el apoyo de la autoridad del Estado. Es probable que estas decisiones hayan sido una y otra vez funcionales porque una vez anunciadas se han puesto en juego instituciones e intereses creados, que limitaron el potencial de daño de la decisión. Esto es, para entender el éxito del procedimiento tribal en el pasado hay que considerar el poder del Estado, como dato esencial, y el interés vital de los grupos de poder en el mantenimiento del sistema.

Diez años de reforma del Estado y un nuevo modelo de desarrollo han alterado los arreglos fundamentales que durante más de medio siglo sostuvieron el mecanismo tribal de transmisión del poder conocido como el “dedazo”. Tanto así, que lo que no había sido materia de negociación, el Poder Ejecutivo, ahora sí parece estar en juego entre los grupos de poder, Washington incluido. Ante la perspectiva de una presidencia negociada, que a ninguno beneficiaría y que se convertiría en un constante terreno de contención entre las diversas fuerzas políticas, el partido dominante tendría, ahora sí, que someterse a un proceso de selección interna que fortalezca a su candidato, porque los votos de una elección limpia parecen la única defensa posible del Estado ante los costos de una negociación antidemocrática.