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Pablo González Casanova. Politólogo. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM.

El poder que gobierna, o domina es, en efecto, mucho más que un poder de “la mayoría”, es incluso distinto a un mero cálculo aritmético de sufragios de quienes votan. Pablo González Casanova

A Carlos Payán

1994 va a ser un año crítico y todos lo sabemos. Lo que me pregunto es por qué queremos olvidarnos de lo que sabemos, o por qué actuamos como si no supiéramos.

Se diría que estamos reduciendo la angustia que nos provoca la información olvidándonos de ella, o cerrando los ojos ante ella y, en cuanto podemos, haciendo una política de desinformación. La censura es sutil entre nosotros. Si alguien opina, que opine. Si muchos opinan y empiezan a unir coherencia y cohesión, crítica y acción, los mecanismos desinformantes se ponen en marcha.

El narciso oficial sólo ve lo que quiere. Espejito, espejito, ¿quién es mejor que yo? íNadie!

Una que otra revista o periódico pueden hablar de lo que pasa, no sin presiones. La consistencia en la información se Juzga como obcecación; la persistencia en una denuncia, como oposición sistemática. Si se informa de lo que no se debe informar, se cae en estado de rebeldía. Este se agrava cuando la información da cuenta de candidatos de la oposición o de partidos de la oposición -como Cárdenas y el PRD; y aunque es menor en relación al PAN, no por ello disminuye, sobre todo en aquellos estados y circunscripciones donde el PAN tiene más fuerza.

La información que corresponde a un sistema democrático de alternancia en el poder es un escándalo, una especie de rebeldía inconfesable.

El problema no sólo se limita a las elecciones. Se da en la contaminación del aire, en el desequilibrio de la balanza de pagos, en la inflación, en la deuda externa, en la población, en el cólera, en los salarios reales, en los niños que no reciben educación. Pero aquí quiero limitarme a un hecho que no se ve, o que si se ve no se ve con claridad: la sucesión presidencial como política y como poder.

El problema político de la alternancia ya se planteó en 1988. También se planteó el problema del poder. En 1988 el PRI cayó en su votación a niveles muy bajos, los que habría alcanzado -otros factores iguales- hasta las elecciones del año 2000. En los ochenta se aceleró su debilitamiento electoral. También el de su fuerza como partido del Estado, como organización corporativa oficial; o el ideológico con una propuesta “moderna” que liquidó muchos mitos y símbolos del discurso oficial “nacionalista” y de “justicia social”; o el que provenía de sus escisiones internas; o el de un candidato opositor salido de sus filas y apoyado por muchos de sus antiguos miembros.

El fenómeno correspondió también a un debilitamiento del Estado en sus funciones sociales y de desarrollo, y a un cambio del “poder de decidir” que acordó más peso a las trasnacionales y sus asociados internos, fenómeno coincidente con la pérdida de fuerza de los trabajadores y empleados organizados, y con la más antigua de los campesinos y trabajadores agrícolas. El partido y el Estado se debilitaron también en su credibilidad como consecuencia del manejo de los procesos y resultados electorales.

Después de 1988 el Estado, el gobierno y el PRI lograron recuperarse y reestructurar sus fuerzas. En 1991 su situación electoral pareció ser más favorable.

Ambas tendencias -la caída del 88 y la recuperación del 91- hacen difícil cualquier pronóstico sobre el futuro inmediato. De hecho se prestan a interpretar el futuro según las querencias. Pero hay algunos hechos incontrovertibles, indicio de una situación que difícilmente cambiará y que los actores políticos están registrando de manera incompleta sin tener medidas de reconstitución o refundación del Estado, cuando esa sería la única forma de evitar un desenlace inconstitucional.

Desde 1988 vivimos la lógica de las mayorías discutibles. Esa lógica apunta a dos fenómenos: el de las verdaderas mayorías (¿cuáles son?); y el de las minorías gobernantes y las minorías opositoras. En general razonamos yendo de la mayoría discutible a la “verdadera mayoría” o de la mayoría discutible a “la verdadera minoría que gobierna”. Pero ésa es sólo una forma de razonar. La otra consiste en descubrir la lucha entre las minorías gobernantes y las minorías opositoras con sus bases sociales y su capacidad de convocatoria, de movilización.

Muchos políticos no sólo cuentan mal los votos, cuentan bien las fuerzas. La fascinación aritmética es importante para legitimar a un gobierno. También puede servir para conocer el estado de las fuerzas en pugna siempre que se asegure uno de su validez y confiabilidad. Pero incluso en ese caso, el político no sólo repara en las mayorías silenciosas sino en las minorías escandalosas, que protestan y “no se callan”, y se ponen a callejear.

México es un país de acciones políticas de “bolas”, en que no sólo los políticos se van a la “cargada” sino la gente se va a la “cargada”. Así es desde la Colonia y, sobre todo, desde la Independencia Para conocerlo hoy tenemos que ver no sólo las mayorías estadísticas, sino las minorías que ocupan zócalos, palacios municipales, carreteras, pueblos, y que se enfrentan -desde la calle- a las que ocupan las oficinas públicas o privadas que manejan el Estado y la economía.

Dos breves análisis nos permiten sacar algunas conclusiones: si nos limitamos a los resultados oficiales -con todos los errores que entrañan- vemos que si en 1988 el candidato del PRI logró el 50.74% de los votos en relación a los demás partidos, sólo alcanzó el 48.9% en relación a quienes fueron a votar, pues buena parte del total de votos emitidos fueron anulados. Si recordamos que el PRI histórico se acostumbró a tener el 70% de los votos o más y que los resultados electorales se aprobaban sin mayor problema, advertimos que en 1988 el 0.74% le dio al PRI la mayoría absoluta y que el resultado sólo fue aceptado por los diputados del PRI, mientras los demás partidos se negaron a firmar las actas. De donde vino una situación inusitada: el carácter discutible de la mayoría. El problema aumentó si se piensa que a la oposición manifiesta en los votos de partidos y candidatos distintos del oficial se añadió lo que hemos llamado la oposición latente formada por quienes debiendo haberse empadronado no se empadronaron, por quienes habiéndose empadronado no votaron, y por quienes habiendo votado lo hicieron de tal modo que sus votos fueron anulados. Es cierto que la suma de estas categorías no es indicador en todos los casos de una oposición; pero es seguro que sí es indicador de una falta de apoyo al sistema electoral, o de “liberación del voto acarreado” que ya “no se deja”, o de “ignorancia” ciudadana. Si sumamos la oposición manifiesta y la latente, tenemos que el 77.02% de los ciudadanos o están en contra o no están en favor del sistema político y el Estado. Este es un hecho político y no aritmético.

El conjunto de electores es una minoría de la ciudadanía. La polis es una minoría de la población con derecho y obligación de votar. El poder que gobierna, o domina es, en efecto, mucho más que un poder de “la mayoría”, es incluso distinto a un mero cálculo aritmético de sufragios de quienes votan. Ni para gobernar ni para luchar contra el gobierno, ni para ejercer el poder del Estado ni para luchar contra el Estado – ayer populista y hoy neoliberal social-, nadie, que vea la realidad, piensa ni por asomo exclusivamente en los votos. El pueblo es más que la polis. Los verdaderos gobernantes lo saben bien; los opositores también.

El problema es que la polis se oculta en votaciones amañadas en que el coeficiente de sospecha o de fraude es considerable según los estudiosos, y tanto más significativo cuanto la competitividad aumenta (1% es más significativo cuando se suma o resta al 50%, que cuando se suma o resta del 10 o el 90%). Pero la polis no se oculta en los hechos: el PAN y el PRD saben que puede haber momentos y lugares en que muy probablemente obtendrán “la mayoría”. En 1980 la votación del PRI cayó al 20% en el Distrito Federal; en ese mismo año, la oposición ganó el 56% del territorio urbano.(*) Para algunos partidos opositores desde entonces apareció en el horizonte la posibilidad efectiva de hacerse del gobierno en ciudades y estados. ¿Y por qué no al nivel del gobierno federal?

(*)Alberto Aziz y Juan Molinar: “Los resultados electorales”, en Pablo González Casanova (coord.): Segundo informe sobre ¿a democracia.

. México 6 de julio de 1988. México, Siglo XXI Editores, 1990 p. 138 ss.

Si surgieron sueños sin base o de realización improbable, no cabe duda que la oposición cuando no tiene polis tiene pueblo, y si a veces no tiene ni polis ni pueblo hay regiones y momentos en que su capacidad de movilización es inmensa: Michoacán, Morelos, Guerrero, Tabasco, Estado de México, Distrito Federal, son algunos de los puntos fuertes del PRD; Baja California, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Mérida, Zapopan, del PAN, donde el PAN tuvo y tiene pueblo y polis.

Si un partido no gana las elecciones, puede hacer movilizaciones de masas y vecinos, que ninguna política de minorías contra minorías puede ignorar. Un gobierno que no se basa en una mayoría electoral indiscutible y no respeta las minorías populares activas es un gobierno que ni reconoce la lógica de la legitimidad electoral y su importancia para mantener la gobernabilidad, ni reconoce la lógica del poder de las masas movilizadas aunque éstas no sean la mayoría de las masas movilizables. Exigir a la oposición la lógica de la mayoría aritmética cuando un gobierno no la cumple de manera transparente ni la hace cumplir entre sus propias filas, es ignorar tanto la necesidad de la representación como de la negociación; significa una violencia que puede tener altísimos costos para el propio gobierno. Es esa realidad la que vivimos en un sistema del 50%; de minorías silenciosas y ruidosas, y la que exige un nuevo pacto constitucional muy responsable por parte del Estado, del gobierno y de la oposición, que dé al sistema político posibilidades de alternancia en el poder de que ahora carecen muchos grupos y partidos políticos, los cuales exigen con insistencia cambios profundos en las leyes y prácticas electorales.

El problema es más complejo en relación al poder, al Estado. La posibilidad de que en México se organice un sistema político con sólo dos partidos, el de un PRI neoliberal y un PAN neoliberal, ambos con “liberalismo social” solidario o con políticas sociales para “el bien común”, es decir, muy parecidos entre sí, es una posibilidad remota. A esas fuerzas parece añadirse necesariamente la de una coalición socialdemócrata que agrupe a los antiguos contingentes populistas y socialistas, y los que se integren de grupos y organizaciones de izquierda. Una realidad que no se quiere ver, en lo que se refiere a la formación socialdemócrata, es que planteará un problema político y de poder a nivel interno e internacional. Tal vez esa formación pueda llevar a triunfos en el sistema político reduciendo sus metas a puntos negociables dentro de las actuales estructuras del poder mundial y nacional. En todo caso a la reducción pragmática de sus objetivos tendrá que añadir la decisión firme de sustituir cualquier política inmediatista que amenace la estabilidad constitucional por otra de acumulación de fuerzas y de presiones con negociaciones sociales y políticas que garanticen esa acumulación y que solucionen algunos problemas esenciales de las mayorías. Esa es una realidad que hay que ver.

Aun hacerlo no sería garantía de estabilidad. Un pueblo con las 4/5 partes de pobres y empobrecidos, sean campesinos, trabajadores y clases medias puede presionar por encima de lo aceptable para el sistema, aunque las agrupaciones políticas que más se identifiquen en él formulen programas moderados en sus peticiones y estrategias. En ese sentido puede aparecer otra realidad que no se quiere ver: la de los mexicanos excluidos o empobrecidos que se politizan. A esa realidad se le ha contestado habitualmente con el establecimiento de regímenes de fuerza en América Latina, Africa o Asia. Los pretextos no faltan. Hoy, la única alternativa es realizar un nuevo pacto político de carácter germinal, que corresponda a una realidad que sí existe y que se puede ver si no se es del todo ciego: la de un Mexico mucho más urbano, escolarizado y politizado que el de cualquier época anterior.

El pacto constitutivo del nuevo México, tiene que empezar por establecer las reglas que sirven para dirimir las luchas entre partidos. Si el Estado anterior -desde la fundación del PNR-, precisó las reglas que aceptaron caudillos, jefes políticos, líderes obreros y campesinos, el Estado emergente tiene hoy que precisar las reglas del juego entre partidos, a reserva de que cada partido -incluido el PRI- fije sus reglas internas. La lucha en el anterior sistema fue entre grupos al interior del PRI y del Estado, la nueva lucha es entre partidos al interior del Estado y de la sociedad civil. El pacto político tiene que convertirse en pacto de poder y en pacto social buscando que no exista la realidad lacerante de los excluidos, y que se luche por un México más justo, o menos injusto, dentro de formas democráticas.

Viernes, 2 de julio de 1993.

7 de julio: Post Scriptum. La realidad existe un poco.