Soledad Loaeza es directora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

Es ya un lugar común afirmar que la elección presidencial mexicana de julio de 1988 aceleró un cambio político largamente esperado. Esos comicios registraron un aparente Incremento de la participación electoral, así como el fortalecimiento de las oposiciones en número de votos y en influencia política, y muchos creyeron que el virtual monopolio del partido oficial, Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde 1929, había llegado a su fin. Más todavía: el clima internacional imperante parecía favorable a un desmantelamiento rápido y limpio del autoritarismo. En el segundo semestre de 1991, sin embargo, las perspectivas de la transición de un régimen de partido dominante al pluripartidismo se han oscurecido. Es cierto que la incertidumbre del contexto político disminuyó, pero también se ha desvanecido la cercanía del régimen plural que en 1988 parecía la única salida posible del tránsito mexicano a nuevas formas políticas.

En este proceso, los partidos y sus liderazgos han desempeñado un papel central. Por una parte, el PRI ha tratado de restaurar su predominio y, por otra, las dos fuerzas políticas sobresalientes en la elección de 1988, el Partido Acción Nacional (PAN) y el entonces Frente Democrático Nacional (FDN), núcleo del actual Partido de la Revolución Democrática (PRD), han sufrido las inconsistencias y contradicciones del gradualismo. En este proceso de reforma, los partidos de oposición han perdido importancia después de haber encabezado la presión por el cambio. Hoy, la iniciativa ha vuelto a manos del Estado y de sus principales instancias políticas: la Presidencia de la República y el partido oficial.

Este desarrollo ha recibido dos explicaciones: por un lado, algunos atribuyen la responsabilidad de una previsible restauración priísta de nuevo cuño a la cerrazón gubernamental y a la intransigencia del PRI; otros, en cambio, sostienen que los liderazgos de los partidos han frustrado las expectativas que despertó la oposición en la década de los ochenta. Estas explicaciones no son mutuamente excluyentes, sino complementarias. Es cierto que el PRI no ha estado dispuesto a perder su hegemonía y que ha puesto en juego todos los recursos posibles para mantenerla; pero también es cierto que las oposiciones se han dejado atrapar por falsos dilemas y por verdaderos problemas, derivados de las estrategias elegidas; por consiguiente, no han tenido capacidad para conservar el impulso electoral de los años ochenta y la relativa originalidad, que fue la clave de su fuerza.

Sin embargo, estas explicaciones no bastan para dar cuenta de la relativa suavidad con la que se está imponiendo un nuevo predominio electoral priísta. Entenderlo requiere considerar también el peso de la desigualdad social sobre el comportamiento de los actores políticos y, correlativamente, el valor que en este contexto adquiere la estabilidad. Tener en cuenta estos dos factores supone integrar a la explicación del cambio mexicano los efectos sociales del ajuste y de una larga recesión económica, iniciada en 1981, que aunque ahora parece llegar a una etapa más benévola, causó profundos estragos en el nivel de vida de la mayoría de la población. (Baste mencionar que para 1987 el salario real había registrado una caída del 40% con respecto a 1981). Esto significaría que algunos de los datos que en 1988 dieron fuerza a las oposiciones antipriístas y sustentaron las demandas del cambio, por ejemplo, el deterioro económico, en los últimos tres años pesan en su contra.

El objetivo de este artículo es examinar la trayectoria del cambio mexicano de los últimos tres años, desde la perspectiva de los partidos políticos, para entender las razones de su relativo naufragio y por qué pasaron de ser una pieza central del proceso a variable dependiente del Estado. En la primera parte se verá la irrupción del pluripartidismo en el repertorio de las soluciones políticas del México contemporáneo y algunas de sus contradicciones; en la segunda parte se tratará de exponer brevemente el contexto político de los últimos tres años, porque ha sido determinante de algunos de los clementes clave de las ideologías, estrategias y tácticas de organización de los tres principales partidos.

I. LA IRRUPCIÓN DEL PLURALISMO EN EL DISCURSO POLÍTICO MEXICANO

Una de las características centrales de la sociedad mexicana ha sido la heterogeneidad social y económica, derivada, primero, de diversidades regionales, y luego, de desigualdades, que han obstaculizado el desarrollo de una sociedad articulada internamente. Desde el siglo XIX, las élites políticas han estado obsesionadas por la necesidad de superar dicha heterogeneidad, que asociaban invariablemente con la inestabilidad. La prevalencia de intereses particulares era sustento de la fragmentación política, al mismo tiempo que impedía la identificación de un interés colectivo que apoyara la legitimidad de la autoridad política.

La estabilización que finalmente logró el porfirismo, a finales del siglo XIX, después de largos años de guerra civil, golpes militares e intervenciones extranjeras, encontró en el nacionalismo y en el ideal democrático bases de homogeneización política que enmascaraban las diversidades. A partir de estos dos mitos necesarios -la nación y la democracia- se construyó una unanimidad imaginada, cuyo último propósito era crear una identidad política que pudiera generar convergencias en una sociedad que, de no encontrarlas, estaría a merced de sus disparidades. Este objetivo, fruto igualmente de un proyecto de modernización más que de la necesidad política, justificó los treinta años de la dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución de 1910 desnudó violentamente desigualdades y diversidades en el estallido de la fragmentación política y de una guerra civil que duró más de diez años.

Esta experiencia de inestabilidad fue simultánea al surgimiento y desaparición de partidos. que en muchos casos eran, antes que nada, instrumento de liderazgos personalizados que no buscaban ni pretendían representar nada más que sus intereses particulares, pero su participación sólo exacerbaba las divisiones en el interior de la sociedad. De esta manera, el pluripartidismo quedó asociado con inestabilidad política. De hecho, la fundación del partido dominante en 1929, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), obedeció originalmente a la determinación de lograr un acuerdo entre los numerosos líderes militares y políticos que habían surgido de la Revolución y cuyas luchas intestinas obstaculizaban la construcción, y no, como algunos piensan, al propósito de organizar corporativamente a la sociedad. Este diseño fue la respuesta que posteriormente dio Lázaro Cárdenas a la proliferación de sindicatos y ligas agrarias independientes.

La participación electoral y partidista fue vista durante muchos años como fuente de inestabilidad. Las elecciones eran casi invariablemente ocasiones violentas en las que los resultados se definían fuera de las urnas y las diferencias de opinión se dirimían por la fuerza. Pese a que, desde la fundación del partido dominante, el cambio gubernamental ha transcurrido en forma regular y sin ningún desbordamiento hasta bien entrados los años cincuenta, en muchos casos los comicios suponían un riesgo físico e incluso enfrentamientos armados entre los contrincantes. Como ocurrió todavía en 1952, cuando el general Miguel Henríquez Guzmán se presentó como candidato independiente a la Presidencia de la República y obtuvo una votación considerable. Es probable que las numerosas experiencias de violencia, asociadas con comicios, hayan mantenido durante mucho tiempo una relación implícita entre elecciones y fragmentación política que, por un lado, justificaban el imposicionismo como única manera posible de evitar conflictos, y por otro, alimentaban entre los electores actitudes de indiferencia y no participación.

Esta apresurada referencia histórica parece necesaria para entender la obsesión del Estado posrevolucionario por la unidad política de la sociedad. Así, durante la mayor parte de este siglo, con base en el principio de que el Estado nacional es el único representante legítimo de los intereses colectivos, el propio Estado se impuso como actor político privilegiado, como centro de referencia de una coherencia social mínima y como núcleo generador y concentrador de las principales tendencias a la organización política de la sociedad. La preeminencia estatal en este plano se tradujo en el empeño de mantener el monopolio del liderazgo político, propósito que se inscribe dentro de la tradición bismarckiana del Estado modernizador.

La búsqueda de la unanimidad política como base de la estabilidad que demandaba la modernización sustentó la organización de un partido estrechamente vinculado con el Estado, que, por su misma condición instrumental, reproducía, punto por punto, las pretensiones de representatividad social del Estado. De ahí que el PRI haya rehuido identificarse con una sola clase social y haya insistido, sobre todo a partir de 1946, en que era una organización pluriclasista capaz de representar los más diversos intereses. Sin embargo, una de las contradicciones más persistentes del autoritarismo mexicano ha sido tradicionalmente el objetivo último del desarrollo político propuesto por el propio Estado.

La estructura centralizada del poder vertebró a la sociedad posrevolucionara y luego contuvo la dispersión y la fragmentación políticas, pero también inhibió el desarrollo de organizaciones sociales independientes capaces de expresar los intereses, naturalmente parciales, de los diferentes grupos. Era casi imposible identificar las diversas preferencias ideológicas de la sociedad en un contexto dominado por un agente político, el Estado, que disponía de un instrumento relativamente flexible y maleable, el partido oficial, el cual se presentaba como depositario único de la experiencia política nacional. De su relación con el Estado, el PRI derivaba continuidad histórica, así como su condición de partido revolucionario, y era asimismo agente de las mayorías organizadas en agrupaciones profesionales -llámense sindicatos obreros o agrarios, o simplemente asociaciones-. Así, el partido oficial era fundamentalmente un mosaico de intereses cuya razón de ser no era una identidad ideológica precisa, sino el ejercicio de una función de mediación entre esos grupos múltiples y el poder político. De ahí que el autoritarismo mexicano, a diferencia de otros, no recurriera a la exclusión para controlar las autonomías políticas que pudieran manifestarse en la sociedad, sino que practicaba la inclusión -o la cooptación, como se le quiera llamar- como táctica para desarticular cualquier foco potencial de oposición. De suerte que el autoritarismo mexicano, durante décadas, reconoció únicamente dos tipos de intereses: por una parte, los de la mayoría revolucionaria en el poder y, por otra, los de las minorías contrarrevolucionarias, que se definían solamente por oposición a los primeros.

El empeño de homogeneización política de la sociedad fue perdiendo actualidad al ritmo que aumentaba la complejidad social que acarreó el cambio económico. Los procesos de modernización lanzados en la década de los cuarenta alcanzaron una sorprendente vitalidad durante los años setenta, que fue un periodo de crecimiento económico y prosperidad sin precedentes, en particular para las clases medias y altas. Aunque la estructura del ingreso siguió siendo de las más inequitativas de América Latina, el desarrollo industrial, la urbanización y la evolución de la estructura del empleo propiciaron una pluralización social imposible de asimilar a los esquemas políticos mayoritarios del pasado, que, dentro de un cuadro general de cambio, se habían quedado rezagados.

De esta manera se fue gestando una tensión entre la tradición política, que privilegia a la mayoría, y las nuevas demandas de reconocimiento de la pluralidad social, que empezaron a abrirse paso después de 1968, y que apoyaron el desarrollo de organismos políticos y sindicales paralelos a los oficiales, siempre minoritarios, que sin embargo fueron modificando gradualmente las actitudes de desconfianza hacia la diversidad política.

Esto es: en los últimos veinte años se ha producido en México un proceso de modernización cultural e intelectual, que ha fundamentado la exigencia del pluralismo político como principio básico de la organización del poder. No obstante, el perfil de esta demanda sólo se precisó ante la confusión que produjeron los últimos dos años del gobierno de José López Portillo (1976-1982), cuando el acelerado deterioro de la economía y el desprestigio de las autoridades gubernamentales se conjuraron para crear un vacío de autoridad, que entre 1982 y 1987 abrió un breve paréntesis liberal, el contrapunto de la crisis del Estado mexicano.

La primera oferta de reforma política de Miguel de la Madrid, presidente de la República entre 1982 y 1988, recoge esta dimensión del paréntesis liberal. Su gobierno lanzó muchas propuestas inéditas. al menos para el PRI; entre ellas, la que aquí nos interesa se refiere justamente al pluralismo político. “El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988” repite, como una línea de política gubernamental, una idea que se había esbozado en el Plan Global de Desarrollo del gobierno anterior y que luego expresó en diversas ocasiones Miguel de la Madrid durante su campaña electoral: la de que la pluralidad social existente debía expresarse en pluralismo político.

Una afirmación de esta naturaleza revelaba un cambio conceptual profundo en la manera de entender la democracia en México, pues ya no sería más un asunto de mayorías absolutas y minorías apenas toleradas, sino de representación de los intereses de diversos grupos sociales. De esta manera, el pluripartidismo irrumpió en el proyecto político mexicano, cancelando algunas de las justificaciones fundamentales del autoritarismo; por ejemplo, la centralización de la estructura política o la necesidad de mayorías electorales absolutas. Quizá lo más importante sea que esta propuesta transfería a los partidos -algunos todavía inexistentes- funciones de articulación y agregación política que hasta entonces había desempeñado fundamentalmente el Estado.

Sin embargo, la propuesta no se acompañaba de ningún acto suicida para el partido en el poder. En los primeros tres años del gobierno delamadridista disminuyó el apoyo estatal al PRI, quizá por efecto de la crisis financiera y de la reducción de los recursos públicos, o tal vez porque el presidente De la Madrid pensara en un primer momento que su gobierno podía sobrellevar el costo de las pérdidas electorales del partido oficial. Es preciso también recordar que este gobierno se comprometió con una “renovación moral” de la sociedad, que alcanzaba inevitablemente al ámbito electoral. Al menos así se interpretaron los triunfos que registró la oposición panista en diversas elecciones locales entre 1983 y 1985.

No obstante, a medida que crecía la influencia política de Acción Nacional y que se profundizaba la crisis económica, el gobierno delamadridista parece haber reconocido la importancia del PRI como instrumento de control político indispensable en una situación en la que además se estaban introduciendo reformas estructurales en el Estado que producían fricciones y descontentos. En estas condiciones, y dada la fragilidad del equilibrio político característica del periodo, en poco tiempo se restableció la relación de privilegio del PRI con el Estado; este apoyo se tradujo en numerosos conflictos electorales. De tal suerte que en la tensión entre un proyecto plural y otro mayoritario cristalizaron algunas de las inconsistencias políticas más importantes del sexenio delamadridista.

Los códigos electorales de 1986 y de 1990 reflejan la tensión entre mayoría y pluralismo antes señalada, ya que ambos intentan conciliar dos modelos de democracia que se excluyen mutuamente, pues se apoyan en lógicas contradictorias: una mayoritaria y la otra consensual. La primera tiende a concentrar tanto poder como sea posible en manos de la mayoría, y la segunda parte de la premisa de que el poder debe ser distribuido y compartido. Este es el origen de la fórmula mixta del sistema electoral mexicano, que combina la representación proporcional con la representación mayoritaria.

Como se dijo antes, el régimen mexicano jamás adoptó la definición del partido único; esto le permitió integrar el principio de la representación de las minorías en los años sesenta sin grandes modificaciones ni dificultades. Pero el reformismo electoral, que entonces era visto como un recurso menor de la democracia mexicana, posteriormente se convirtió en la piedra de toque del cambio político mexicano, porque ha dejado de ser utilizado exclusivamente por el Estado y ha servido también como vehículo de los intereses sociales.

El gobierno de Adolfo López Mateos encaminó el cambio político hacia la vía partidista en 1963, cuando se introdujeron las diputaciones de partido, con el propósito de asegurar el desarrollo de partidos de oposición, que entonces languidecían bajo el aplastante peso del PRI. (Según esta reforma, los partidos que obtuvieran menos de diez diputados por mayoría relativa pero que hubieran alcanzado al menos el 2.596 de votos, se les atribuiría una curul por cada 0.5% adicional que hubieran recibido del voto nacional hasta completar veinte diputaciones). Se recurrió a reformas electorales en 1973, en 1977 y nuevamente en 1986 y en 1990. Pese a que en todos los casos se trataba de salvaguardar la mayoría priísta, primero para que no cayera en el partido único y luego para protegerla frente al avance de la oposición, desde 1963 la noción de minoría ha evolucionado de manera significativa Hasta antes de 1977 designaba a los partidos perdedores que había que incluir dentro de la estructura de poder real -aunque no fuera más que de manera marginal- para escapar al monopartidismo. En cambio, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 introdujo la representación proporcional para neutralizar a minorías políticas que, de mantenerse excluidas, podrían desestabilizar al régimen. (Durante los años setenta el gobierno mexicano libró una guerra sin cuartel contra grupos guerrilleros que actuaban en algunas zonas del país. La reforma electoral fue otra respuesta a estos movimientos). El Código Federal Electoral de 1986, por su parte, como luego el COFIPE -Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales- en 1990, perseguía “representar con una amplitud sin precedentes a la diversidad de fuerzas y corrientes nacionales”. Esta declaración de principios denotaba una transformación profunda de las concepciones tradicionales, según las cuales una estructura política monolítica era la mejor garantía de estabilidad de una sociedad heterogénea.

A diferencia de las leyes anteriores, las dos últimas admiten y promueven la representación política de la diversidad social. La noción de mayoría, en cambio, se mantiene intacta y sigue entendiéndose como la parte de la sociedad que, por ser mayoría, debe gobernar sin compartir el poder. Así, desde 1963 se ha conservado como materia no negociable el principio de que ningún cambio debe alterar los privilegios de la mayoría. Este principio reapareció en el Código Federal de 1986, el cual mantiene el sistema mixto de representación, mayoritaria y proporcional, pero introduce dos topes, uno máximo y otro mínimo, al número de curules que puede ser asignado a los partidos: si alguno obtenía el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa en inferior a ese porcentaje en curules, ese partido recibiría, conforme al principio de la representación proporcional, tantas como fueran necesarias para alcanzar la mitad más uno. Por otro lado, si ningún partido obtenía 31% de la votación nacional, aquel que contara con mayor número de constancias de mayoría relativa recibiría tantas diputaciones de representación proporcional como fuera necesario para lograr la mayoría absoluta en la Cámara. Este último tope fue activado de manera automática en las elecciones presidenciales de julio de 1988. La pertinencia de su inclusión indica que el partido oficial preveía que esos comicios serían difíciles, contrariamente a la idea muchas veces repetida de que los resultados de esa elección habrían sido una enorme sorpresa. Es probable que haya sorprendido la magnitud del desafío y la fuerza del cardenismo, no así la importancia de la oposición. Tan es así, que esta cláusula fue decisiva para que el PRI fuera mayoritario en la Cámara durante 1988-1991, y desempeñara un papel central en la transformación del autoritarismo mexicano.

II. IDEOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS

No obstante los múltiples tropiezos de los comicios de julio de 1988, en los meses siguientes la idea de que el país estaba comprometido en una transición a la democracia se apoderó de la imaginación pública mexicana. El proceso se entendió casi en los mismos términos en que lo planteó el propio candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari, horas después de la elección presidencial, como el paso de un régimen, de “partido casi único” a un “régimen de partidos”. Más que una propuesta se trataba de definir una situación en la que una proporción considerable del electorado, calculada en el 50%, había votado, contrariando la tradicional apatía que por años garantizó la hegemonía priísta. Por otra parte, la oposición había obtenido en conjunto casi la mitad de los votos emitidos.

En estas circunstancias, el espectro partidista parecía bien definido. Tres fuerzas políticas se disputaban al electorado: la derecha, representada por el Partido Acción Nacional; la izquierda, que en ese momento aglutinaba el Frente Democrático Nacional en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, y el centro. en el que podía colocarse al PRI, aunque más por razones de equilibrio del diseño que por una definición clara de sus posiciones en los términos del centrismo político.

El tiempo se ha encargado de demostrar que esta visión del régimen político, en julio de 1988, partía de algunos presupuestos falsos. Primero, que en los años anteriores el Estado mexicano se había debilitado en forma considerable y que la fuerza que había perdido había pasado a la sociedad, la cual ahora traducía esa fuerza en partidos; segundo, que la legitimidad electoral había quedado implantada en el corazón de la estabilidad; tercero, que fuerza electoral es equivalente a partido político, y cuarto, que el desmantelamiento del autoritarismo es un proceso espontáneo que ofrece salidas naturales.

Esta imagen del tránsito inevitable al pluripartidismo fue ampliamente compartida por líderes políticos y observadores. Su importancia estriba en que dominó las estrategias de los partidos de oposición, en particular de las formaciones asociadas con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Inicialmente también influyó sobre el comportamiento del nuevo presidente y del partido oficial, pero en muy poco tiempo ambos corrigieron esta visión para ajustarse a la perspectiva que les brindaba el simple hecho de estar en el poder. Es muy probable que desde ahí hayan podido hacer una evaluación más adecuada de la fuerza real del Estado mexicano, que era el dato fundamental de la construcción del proyecto pluripartidista.

La idea de la debilidad del Estado mexicano está asociada con la crisis final del gobierno de José López Portillo (1976- 1982) y las grandes dificultades y tensiones que tuvo que enfrentar su sucesor, Miguel de la Madrid, desde el inicio de su gestión. Los problemas de la economía, la recesión y la inflación, así como el descrédito de las instancias políticas, pusieron en tela de juicio al régimen mexicano, y en particular al Estado, según lo marcaban los tiempos. Además, la propuesta delamadridista parecía cercana a las posiciones del nuevo liberalismo, porque partía de una severa crítica del intervencionismo estatal, que se tradujo en medidas específicas de reducción de agencias y agentes gubernamentales.

Entre 1982 y 1988, otros fenómenos indicaban que el Estado también había dejado de ser el actor político fundamental. Esos años están marcados por el incremento de la influencia política del Partido Acción Nacional, que, con el apoyo del sector privado, pudo convertirse en el receptor más importante de la protesta antigobiernista que desencadenaron las últimas decisiones autoritarias del gobierno de López Portillo. Por otra parte, el comportamiento de ayuda a la población de la ciudad de México en respuesta a los sismos de septiembre de 1985 y, sobre todo, la creciente influencia de una opinión pública activa a través de los medios de comunicación, de más en más politizados, hicieron pensar a muchos que se había operado en México un cambio cualitativo y que la iniciativa del cambio había pasado del Estado a la sociedad.

Este fenómeno general de movilización culminó en la elección presidencial de julio de 1988. Sin embargo, para entonces ya habían empezado a modificarse algunos de los rasgos del contexto en el que se había articulado la insurgencia electoral previa. En primer lugar, el control de la inflación, gracias al Pacto de Solidaridad Económica de diciembre de 1987, había contribuido a restablecer la competencia del Estado como autoridad económica, e incluso política, en vista de que fue un acuerdo que logró concertar, bajo la dirección del Estado, a empresarios y trabajadores.

Por otra parte, el gobierno delamadridista había logrado restablecer la alianza con el sector privado y con ello segar una de las fuentes centrales de apoyo de la insurrección electoral. Ciertamente, no fue ésta la oposición que cimbró la hegemonía electoral priísta en julio de 1988, pero desde los primeros meses de 1989 el presidente Carlos Salinas demostró que estaba dispuesto a recuperar la fuerza de la Presidencia de la República, haciendo valer, precisamente, la primacía del Estado sobre los intereses particulares. Así pueden interpretarse decisiones, muchas sorpresivas, como el encarcelamiento del poderoso líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, el del especulador millonario Eduardo Legorreta o la destitución del líder informal, hasta 1989 vitalicio, del gigantesco sindicato de maestros. Carlos Jonguitud Barrios. Estas medidas, sumadas a la renegociación de la deuda internacional -es cierto, menos exitosa de lo que se ha publicado, pero igualmente efectiva en términos de restauración de la imagen de las autoridades públicas- y a un programa de gasto orientado a aliviar las necesidades esenciales de la población, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), han devuelto al gobierno una imagen de eficacia que la crisis de los ochenta le había arrebatado. Pero sobre todo han confirmado que el Estado sigue siendo el actor central del régimen mexicano.

No obstante, aquí no toca discutir el restablecimiento del presidencialismo ni el regreso del Estado. Es preciso, sin embargo, referirse a ambos fenómenos porque crearon un contexto completamente distinto al de julio de 1988, que demuestra la falsedad del presupuesto referente a la debilidad del Estado, incluso en relación con la sociedad movilizada. De la anterior constatación se desprenden dudas importantes en cuanto a la urgencia de la legitimidad electoral, frente a la legitimidad por gestión, para la estabilidad política.

Este contexto no parece muy favorable al desarrollo de las oposiciones, sobre todo cuando se trata de organizaciones incipientes, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este partido y el PAN se han limitado a reaccionar a la ofensiva de la Presidencia de la República. Esta es la característica de las respuestas que han dado en el plano ideológico, el organizativo y el táctico.

En cuanto al primero, hay que señalar que el gobierno salinista iba recuperado los aspectos del pragmatismo tradicional priísta que no perjudican su programa de modernización económica. Lo anterior le ha permitido responder a las expectativas del sector privado -incluso a pesar de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos puede afectar a un número considerable de pequeños y medianos empresarios- y satisfacer algunas de las demandas de los grupos más desfavorecidos de la población a través del PRONASOL. Estas políticas restan contenido a las alternativas y a las críticas del PAN y del PRD.

La eficacia de este pragmatismo no ha escapado a las oposiciones, y pese a que ambos partidos ostentaban una identidad ideológica más o menos clara, han sido renuentes a definirla con precisión y, sobre todo, en relación con la política Gubernamental Es la actitud también se explica porque, pese a todos los cambios, los liderazgos iluminados o efectivos siguen siendo atractivos para el electorado. Al menos esa es la apuesta más importante del PRD, que sigue cifrando su fuerza en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas. En este aspecto, Acción Nacional sufrió un descalabro con la muerte accidental de Manuel J. Cluthier, quien en 1987 y 1988, había logrado capturar, con una personalidad abierta y decidida, que muchos calificaban de carismática, las simpatías de numerosos votantes no panistas. La importancia que los partidos están dando a las personas frente a las ideas o a los programas de gobierno se ha reflejado en las candidaturas a la Cámara de Diputados, pues en más de un caso se ha recurrido a líderes de opinión o a estrellas de la radio y la televisión cuya filiación partidista es muy reciente.

El partido de la Revolución Democrática muestra su mayor debilidad en el plano organizativo, que, en cambio ha sido la mayor ventaja tanto de Acción Nacional como del partido oficial. El triunfo del PAN en las elecciones a la gubernatura de Baja California en 1989 y a la presidencia municipal de Mérida en Marzo de 1991 se atribuye a la preparación de los panistas, que en ambos casos llevaron a cabo campañas muy intensas y bien planificadas y construyeron una red de vigilancia y defensa del voto que impidió las distorsiones y el fraude. Esta organización fue posible porque el partido cuenta con comités locales y autoridades regionales y estatales que en algunos casos tienen más de cuarenta años; esta estructura ha estado sometida a tensiones de crecimiento y a rivalidades internas, pero vertebra la acción del partido y limita los efectos de las luchas por el poder.

La reorganización del partido oficial puede contarse como parte de la ofensiva presidencial. En los últimos meses, el PRI llevó a cabo una revisión de sus formas de organización interna con el objeto de derivar todas las ventajas posibles de la única infraestructura partidista de alcance nacional que existe en México y para detener una deserción masiva hacia el PRD. En 1990 se llevó a cabo la XIV Asamblea del PRI. En ella, muchos grupos de militantes expresaron su descontento con las políticas gubernamentales, pero sobre todo con los procedimientos de selección interna de los candidatos. Uno de los temas que más atención recibía fue la afiliación individual al partido como derivación de las críticas en contra del control sobre los sindicatos y las agrupaciones profesionales integrantes del partido oficial. La respuesta no fue el desmantelamiento de la estructura corporativa del PRI, que muchos temían, sino la adición del principio de la organización territorial, que permite una relación más individualizada entre el partido y los militantes. A partir de este cambio, las estructuras partidistas locales han recobrado cierta autonomía frente al PRI nacional y las campañas electorales se han modificado, sustituyendo los actos masivos con visitas domiciliarias, por ejemplo.

El PRD, en cambio, ha enfrentado dificultades casi insuperables en el ámbito organizativo. Muchas de ellas se han derivado del hecho de que nació como un frente de organizaciones que tenían en común algo tan difuso como la ideología de la Revolución mexicana; en cambio, las diferencias eran mucho más claras y definitivas, pues eran de experiencia y comportamiento políticos. Por otra parte, el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas ha sido su principal fuerza y también su mayor debilidad, porque la creación de una estructura organizada es vista por muchos, probablemente por el mismo Cárdenas, como una amenaza para lo que consideran quizá su único capital político confiable: el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas. Por otra parte, en los últimos meses el PRD ha estado inmerso en una cadena de desgajamientos y escisiones, que han sacado a flote las incompatibilidades esenciales entre, por ejemplo, los antiguos priístas, cuyo objetivo central es el desmantelamiento del PRI, y los miembros de antiguas organizaciones de izquierda, que buscan, en cambio, construir un nuevo partido.

La ofensiva presidencial también ha dividido a las oposiciones en cuanto a la táctica política. Mientras que el PAN se ha comportado desde septiembre de 1988 como un partido en el poder que cuenta con 101 diputados en la Cámara y es, por consiguiente, un interlocutor inescapable del gobierno, el PRD optó hasta muy recientemente por la intransigencia. La táctica de diálogo y negociación de Acción Nacional ha sido denunciada por el PRD y por algunos panistas notables como una traición al principio de la oposición antiautoritaria y a los resultados -por cierto, inescrutables- de la elección de julio de 1988. Sin embargo, la directiva panista ha insistido en que sus mismos triunfos electorales le imponían la relación de diálogo con el gobierno porque lo obligan a actuar con responsabilidad. Este argumento expresa el conservadurismo esencial del PAN, que nunca ha adoptado posiciones extremas y que, por el contrario, siempre ha estado dispuesto a dialogar con el gobierno de turno, a desempeñar el papel de oposición leal.

No obstante, es preciso reconocer que el tránsito de partido de oposición a partido en la oposición puede tener costos importantes en el ámbito electoral y también puede afectar la consistencia interna del propio partido. De hecho, la hegemonía Priísta pone en juego la credibilidad de Acción Nacional.

Pese a las dificultades a las que el PAN se ha enfrentado por efecto de su política de colaboración con el PRI, también ha obtenido grandes ventajas de su relación con el poder, de la cual se desprende con claridad la paradoja que pesa sobre las oposiciones de México: La fuerza política de Acción Nacional es muy superior a su fuerza electoral, mientras que para el Partido de la Revolución Democrática el dilema se plantea exactamente al revés, porque su fuerza política es muy inferior a la fuerza electoral que su líder logró articular en 1988.

El abastecimiento también ha impactado de manera significativa la fuerza de los partidos porque, contrariamente a lo que dejó esperar la última elección presidencial, la movilización electoral no sobrevivió a la rutina del poder gubernamental y al peso de los hábitos de la no participación. Así, los numerosos comicios que se han celebrado desde entonces, muchos de ellos extraordinariamente conflictivos, en vista también de las inercias priístas, han estado marcados por tasas de participación muy bajas.

El proyecto pluripartidista no ha sido descartado ni mucho menos. Tan es así, que a todo lo largo de 1991 el gobierno salinista destinó una gran cantidad de recursos a la elaboración de un nuevo padrón electoral y a la promoción del voto. Sin embargo, es probable que estas políticas estén orientadas a colmar la laguna de legitimidad electoral que julio de 1988 ha dejado en la historia del gobierno salinista. Es más, es previsible que el PRI restaure su hegemonía electoral, pero ya no a costa de los abstencionistas, sino a través de una importante movilización de votantes.

En 1991, más de diez organizaciones pretendían estar representadas en el Congreso; sin embargo, el régimen mexicano de partidos hoy día parece encaminarse hacia un modelo de partido dominante, que en el ámbito nacional enfrenta la competencia muy limitada del PAN y del PRD y negocia el apoyo de pequeñas formaciones francamente incipientes como el Partido del Trabajo (PT) o de organizaciones como el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), cuya fuerza depende esencialmente de su cercanía con el poder. Dentro de este gran esquema encuentran cabida subsistemas regionales bipartidistas, donde el PAN, el PRD e incluso partidos como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) representan fuerzas locales auténticas y bien organizadas, que han logrado desplazar al PRI.

Aquí se ha tratado de explicar algunos de los escollos del pluripartidismo, pero para redondear la argumentación sería necesario preguntarse si la misma heterogeneidad social, que no sólo no ha sido superada, sino que parece haber ganado complejidad, no impone un régimen simplificado de partidos. Es posible que la fragmentación que acecha a toda experiencia fallida de pluripartidismo sea una amenaza pendiente que favorece la concentración de las fuerzas políticas. También habría que preguntarse si el éxito de la ofensiva de la Presidencia de la República no obedece también al enorme valor que tiene la estabilidad en una sociedad como la mexicana, que, en su diversidad, cuenta con grupos que, en un cambio, tienen mucho que perder. La frustración del movimiento cardenista también puede explicarse por los temores que despertó entre numerosos grupos de la sociedad que se habían beneficiado de la prosperidad de los años setenta.

En México los partidos políticos no cumplen, como se espera, la función de transformar al régimen. Si algo ha quedado demostrado en los últimos tres años ha sido la debilidad del voto como único instrumento de transformación. Sin embargo, es indudable que comicios con vitalidad y organizaciones partidistas estables pueden amortiguar crisis profundas y orientar el tránsito hacia momentos más propicios para el crecimiento económico y la estabilidad de largo plazo.