A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

CARLOS SALINAS DE GORTARI

Noviembre 1o, 1991

Honorable Congreso de la Unión, mexicanos:

Asisto a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y presento un informe por escrito en el que manifiesto el estado general que guarda la administración pública. Con ello cumplo un deber constitucional, y ratifico mi convicción en el respeto y la colaboración entre poderes.

En los últimos tres años, los mexicanos hemos reafirmado nuestra formidable herencia cultural. Hemos logrado, con gran esfuerzo, realizaciones significativas, en el combate a las condiciones de pobreza en que muchos viven aún. Este gran trabajo colectivo ha originado un nuevo impacto de México en los asuntos internacionales. Se han renovado nuestros lazos con Iberoamérica, ámbito cultural y político de nuestras afinidades, y es más intensa nuestra relación con los centros más dinámicos de las finanzas, el comercio y las tecnologías: por eso, el país es más respetado en el mundo. Lo sucedido en los últimos doce meses se apoya en el impulso de los dos años previos, lo consolida y permite avanzar hacia la realización de nuevas metas. Al dar cuenta de este periodo reconocemos una etapa del esfuerzo nacional y vamos adelante, con la mirada en el futuro.

EL NUEVO NACIONALISMO EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO

Desde el inicio de mi gobierno los mexicanos reclamaron cambios; cambios en la economía para volver a crecer con estabilidad y crear más empleos; cambios en la sociedad para combatir a fondo la pobreza; cambios en la política para avanzar en la democracia. Señalaron que no quieren cambios superficiales, ni aquellos que provoquen rupturas, conflictos o divisiones. Han exigido evitar modificaciones que dejan todo igual, pero demandan que, al cambiar, se conserven tradiciones, valores, historia y costumbres; es decir, quieren un cambio que fortalezca nuestra identidad y nos permita seguir siendo, con orgullo, mexicanos. Así, cambiamos para fortalecer a la nación y, por eso, el nuestro es un cambio esencialmente nacionalista.

Propuse a los mexicanos modernizar a nuestro país como una manera de dar profundidad y dirección al cambio. La modernización es una estrategia para cambiar en respuesta a nuestras necesidades y al ritmo del pulso del mundo. Pero su objetivo superior es asegurar la permanencia soberana de México. La modernización es nacionalista, y así se expresa en los hechos.

¿Cuál es el papel que tiene el nacionalismo en la última década del siglo? El nacionalismo difícilmente puede expresarse hoy en los mismos términos del pasado. Ya no existe el mundo en el que se formó el Estado mexicano, ni el de las grandes guerras y la depresión de los años treinta, ni el mundo bipolar de la guerra fría. México, a pesar de sus muchas necesidades, ya no es la nación que busca integrarse, dispersa y rural, analfabeta e incomunicada, amenazada en su territorio.

Cada momento de nuestra historia necesitó de los mexicanos una respuesta que privilegiara los intereses nacionales del país que hemos sido, y del mundo en el que hemos vivido. Por eso nuestro nacionalismo se ha expresado de diversas maneras a lo largo de la historia y no se agota en ninguna de ellas. Esas expresiones nunca han sido permanentes o inmutables: siempre han respondido a sus circunstancias. Tienen en común el haber surgido de la fuerza interna y del deseo de ver al país superar sus retos, de ser soberano y justo, porque de ello han dependido las realizaciones personales de cada mexicano. El nuestro es un nacionalismo que se reconoce en todas sus etapas históricas, vinculado no a determinadas fórmulas del poder o dé la producción, sino al interés nacional y a los valores y la cultura que nos constituyen.

Si el nacionalismo define lo que nos ha hecho ser una y la misma nación a través de los siglos, no podemos aceptar que, por atarse a procedimientos del pasado, se le pretenda ver como un obstáculo para nuestro desarrollo. Por el contrario, es lo único que nos garantiza que seremos nosotros, como colectividad, como mexicanos, quienes permaneceremos fuertes en el mundo que se configura. Por eso debemos rechazar las deformaciones que ven en el nacionalismo una propuesta sacramental, congelada, compuesta por políticas públicas de ayer, que hoy son ya inoperantes. También rechazamos el nacionalismo negativo como aquel que fue símbolo de estados excluyentes y opresores en la Europa de los años treinta, o como el que hoy sirve de bandera a regionalismos que dividen y desintegran. La opción no está entre las manifestaciones agotadas del nacionalismo o en el abandono y la entrega. Nacionalista es lo que fortalece a la nación, y no es la añoranza de fórmulas y rasgos de otros tiempos que, en el contexto del mundo actual, lejos de robustecerla la debilitan, la hacen más vulnerable, menos viable.

El nacionalismo mexicano en nuestros tiempos y de cara al siglo XXI, heredero de principios derivados de la historia, tiene que modificar sus expresiones para asegurar el logro de cuatro principios fundamentales: la defensa de nuestra soberanía, el respeto a la libertad, la firme promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general, cada vez mayor, y el desarrollo de la democracia.

Este es el nacionalismo que define nuestra Constitución en su artículo tercero. Nos exige la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica, la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura. También demanda contribuir a la mejor convivencia humana, apreciar la dignidad de la persona y de la familia, y robustecer la convicción del interés general de la nación. De este modo, la Constitución demanda conocernos mejor, proteger apegos, perseguir metas y fomentar convicciones, sin exclusivismos y sin hostilidades hacia otras naciones. Esta es la manera como reconocemos nuestro camino y lo distinguimos del ajeno, y como decidimos educar a las generaciones futuras de mexicanos.

En el mundo de hoy, y en el México de hoy, ¿cómo definir nuestra independencia política y económica, cómo acrecentar nuestra cultura, cómo respetar la dignidad de la persona y de la familia, cómo servir hoy, en este momento de la historia universal al interés superior del pueblo mexicano? En síntesis, ¿qué demanda el interés nacional en el mundo contemporáneo?

Históricamente, el impulso del nacionalismo ha sido la respuesta a un desafío externo. Hoy, ese desafío está en riesgo de quedar fuera, al margen de los nuevos procesos integradores del mundo, de las grandes corrientes del intercambio y de los recursos; eso sería debilitarse y sucumbir. En el breve espacio de dos años hemos visto en diversas latitudes los costos para otras naciones al pretender evitar el cambio y querer mirar sólo hacia dentro. También testificamos la esperanza de construir una nueva civilización. Pero entre los costos y la esperanza permanece, incierto, el tramo que deberá recorrerse; el riesgo de querer cambiarlo todo, en desorden, y quedarse finalmente sin nada. No será cerrando nuestras puertas, pretendiendo ignorar lo externo, como aseguraremos mayor independencia económica en un mundo interdependiente. Por ello, la voz de México tiene que influir más en las decisiones internacionales que, inevitablemente, afectarán a nuestra nación. Por eso, México cuida lo esencial y abre novedosos y mejor definidos vínculos económicos con los nuevos polos de desarrollo mundial, en los cuales se concentra la capacidad financiera, comercial, científica y tecnológica.

En nuestra política exterior contamos con el enorme legado de principios y prácticas que siempre han dado a México respetabilidad en los foros multilaterales. Pero estos principios nunca han sido pretexto para dejar de tomar posiciones frente a los hechos, sino normas que guían la mayor presencia de nuestro país en los asuntos internacionales. Por ello, frente a los conflictos, en las iniciativas regionales e internacionales de México se han aplicado estos principios permanentes, con prácticas renovadas, a las diferentes condiciones externas. Por eso, también, promovemos la participación de México en los nuevos foros regionales.

Somos parte de la humanidad; nuestra cultura ha contribuido al desarrollo del ser humano y nuestros recursos al bienestar material de muchas naciones. También nos hemos beneficiado y transformado con el intercambio. Entendemos que la revolución de las telecomunicaciones acerca a las culturas y multiplica sus influencias mutuas. Muchos de los principios que nos han guiado en nuestra vida independiente, en especial la defensa de los derechos del hombre, se han extendido hoy en la comunidad de naciones. Por eso, al asegurar su valor y vigencia en México, cumplimos con nosotros mismos, con nuestra aspiración histórica y con el mundo al que pertenecemos.

Sabemos que, en lo económico, tenemos que participar de la interrelación para crecer más rápido. Si nuestra economía no generase más empleos permanentes y mayor bienestar duradero para la población, nos debilitaríamos internamente y eso afectaría nuestra capacidad soberana. Sin embargo, la decisión de intensificar la interrelación económica no implica de manera alguna dependencia o integración política. Podemos mantenernos soberanos y con mayores relaciones económicas, porque estamos decididos a crear una sociedad más justa dentro de la libertad y la democracia, a promover mayor movilización popular y a demandar organizaciones políticas maduras.

En México no existen divisiones culturales que quebranten la voluntad nacional. Podemos alcanzar lo que nos proponemos. Tenemos la fortaleza que nos otorga el hecho de que en nuestro país coincidan el ámbito cultural y el de la nación. En ello está la mejor defensa de nuestra independencia política y la manera de asegurar nuestra viabilidad económica. En el continente europeo se ha decidido crear no sólo una zona de libre comercio sino una región común, sin fronteras ni pasaportes, con monedas, banca, parlamento y ejército comunes. A diferencia del proyecto europeo, en México, por razón histórica y por convicción política, sólo promovemos mayor interrelación económica e intercambio más libre con todas las naciones, manteniendo siempre nuestro carácter de país soberano.

En el mundo se está dando una reestructuración supranacional. Algunos países, que no tienen vecinos con capacidad hegemónica, hablan ahora de borrar fronteras. Pero para nosotros la defensa de la soberanía y del Estado nacional no es algo anacrónico, sino un principio toral de sobrevivencia. Reconocemos la necesidad de contar con organismos multilaterales, cuya fuerza pueda contribuir a causas humanitarias, pero no podemos aceptar que se pretenda dárseles facultades para intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Hoy, los actos políticos internos son observados y comentados desde el exterior. Pero el día en que México entregue decisiones políticas internas a árbitros externos habrá puesto en entredicho su soberanía. Por eso, no podemos aceptar que se pretenda dirimir nuestras diferencias políticas en el extranjero. En México existirán siempre medios apegados al derecho y canales de diálogo abiertos para resolver las controversias. Preservar a la patria es nuestra misión.

En lo interno, fortalecemos a México mediante una política de crecimiento sostenido, con estabilidad, generando más empleos, consolidando la apertura a la competencia, elevando el ahorro, la promoción de la inversión, el acceso a las nuevas tecnologías y una orientación exportadora. También lo hacemos al propiciar la transformación de prácticas políticas para garantizar la legalidad y el acuerdo en las reglas de la competencia por el poder del Estado. Sobre todo, fortalecemos al país con una nueva política social, fiscalmente responsable, que fomenta la participación y eleva, en los hechos, el nivel de vida. Esta es nuestra forma nacionalista de actuar en un mundo interdependiente y, así, nos adecuamos a los cambios para fortalecer a la nación.

La sociedad mexicana se ha transformado de modo vertiginoso. Las grandes divisiones del pasado se desdibujan ante los efectos de los procesos de urbanización, de los nuevos modos de producir y de las tecnologías. Sin embargo, persiste una gran línea divisoria que limita directamente a la integración nacional en el sentido que reclama el nacionalismo mexicano. Esta línea es la pobreza. La única acción que el Estado y la sociedad no pueden ignorar, por razones de justicia y por razones de nacionalismo, es la de romper en definitiva esa barrera que puede impedir que la vinculación a las corrientes del cambio mundial beneficie efectivamente a todo el país.

Por eso, el nuevo nacionalismo de la última década del siglo XX debe convertir en interés nacional el abatimiento de la pobreza. Los sentimientos nacionalistas, como elementos de cohesión social, son, por ello, sentimientos de solidaridad. No es extraño que el lema del combate a la pobreza extrema sea precisamente el de «solidaridad». El objetivo es asegurar la viabilidad económica y la estabilidad política en un clima de amplias libertades, como condición indispensable para emprender lo importante. Esto significa integrar en forma masiva a la población en la vida activa, económica y política de la nación. Dicho sencillamente, se trata de lograr mayor justicia: justicia social. Esta justicia no puede reducirse a un mero esquema redistributivo de transferencia de recursos. El nacionalismo demanda la participación organizada para definir la pobreza misma y emprender la acción común en su contra. La mejor distribución del ingreso y la promoción de la justicia constituyen compromisos irrenunciables del Estado mexicano. El nacionalismo de la última década del siglo es democrático, participativo, tolerante, defensor de libertades, productivo y promotor de la justicia en la realización del interés nacional.

Acaso la más rica de nuestras tradiciones sea la de mantener vivo nuestro pasado como parte del presente; es decir, la costumbre de no desechar lo viejo por lo nuevo, ni de inmovilizarnos ante lo novedoso por el peso de lo antiguo, sino de conservarnos y afirmarnos en el cambio. Nuestra cultura no es, no puede ni debe ser un catálogo muerto o intocable de triunfos pasados, inamovibles; no puede pretender tampoco que será impermeable al intercambio con otras culturas, que hoy se aviva con la intensa comunicación. En la perspectiva histórica, nuestra cultura es dinámica y flexible, no rígida e inmutable; su profundidad y su densidad es tal que estas influencias la enriquecerán. Nuestra cultura es rica acumulación de experiencias y de vivencias; es el fruto del cambio y del contacto constante con otras culturas y con los rasgos disímbolos, a veces contradictorios, de su propia diversidad y, en ocasiones, ha sido influencia decisiva para otros pueblos. Así se hizo nuestra cultura, con capas sedimentadas de muchos pueblos aborígenes y extranjeros, y es nuestra de manera inconfundible, como seguirá siéndolo en el cambio.

LOS HECHOS (1988-1991)

Las nuevas vinculaciones con el mundo

La imagen, la voz, la participación de México en el exterior se ha transformado de manera significativa en los años recientes. El país, relativamente aislado de las tendencias europeas, ausente de los foros de cooperación en la Cuenca del Pacífico, avanzando poco en la integración de Latinoamérica, distanciado de los Estados Unidos, conocido en el mundo, sobre todo, por ser el gran deudor, ha dado una vuelta decidida, activa y dinámica a su presencia y a su capacidad de acción.

Nuestra estrategia fundamental ha sido la de diversificar las relaciones externas. La Cumbre Iberoamericana simboliza el paso histórico de un primer diálogo entre todos los países de América Latina, además de España y Portugal. Hoy, México tiene una comunicación del más alto nivel con la Comunidad Europea y con la mayoría de sus integrantes. Participamos en sus organizaciones y hemos precisado los términos del intercambio y del acceso a este gran mercado. En el Pacífico, somos miembros de los foros más importantes. Con Latinoamérica recuperamos la iniciativa y hemos dado pasos concretos, realistas, en la integración económica como lo demostramos al firmar el Tratado de Libre Comercio con Chile, en los acuerdos con Centroamérica y en las iniciativas con Colombia y Venezuela. Hemos abierto una nueva etapa de relaciones con la Unión Americana, basada en el respeto y en la cooperación. Llevamos a cabo negociaciones para establecer, con los Estados Unidos y con Canadá, el Tratado Trilateral de Libre Comercio que nos permitirá crecer más de prisa y con solidez, crear empleos mejor remunerados y elevar el bienestar de la población.

Durante tres años, con fundamento en más de 143 encuentros en el exterior, y en México con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, se ha podido establecer un nuevo diálogo político para articular compromisos y sumar voluntades, basado en las razones del país. En 1991 recibí a 29 mandatarios y realicé visitas a ocho países de Europa y de nuestro continente. México tiene hoy iniciativas relevantes y así se reconoce en el exterior.

En julio pasado llevamos a cabo en Guadalajara la primera Conferencia Iberoamericana de la historia. Con la presencia en la reunión de todos los jefes de Estado de América Latina, así como del Rey de España, el Presidente del Gobierno español, el Presidente de Portugal y el Primer Ministro de esa nación, se manifestó la capacidad de convocatoria del país y se institucionalizó la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual se reunirá anualmente. Esta Cumbre ha demostrado ser fuente concreta de oportunidades para el país, mecanismo para fortalecer nuestra seguridad y medio para canalizar nuestra solidaridad en la región. Esta iniciativa política, de amplísimas posibilidades, fortalece al país en sus negociaciones con otras naciones, y lo sitúa como vínculo con América Latina y con los países europeos.

En Europa contamos ya con un acuerdo marco con la Comunidad y con varios acuerdos bilaterales que facilitan nuestro acceso a sus mercados y promueven la inversión en el país. Participamos, como miembros fundadores, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y asistimos a mesas de trabajo en la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Este intenso diálogo ha propiciado el interés de los empresarios europeos, quienes están concretando ya inversiones que pueden ser cuantiosas en los próximos años.

En el contexto bilateral realicé fructíferas visitas oficiales a Alemania, a la República Federativa Checa y Eslovaca, a Italia y a la Unión Soviética. Con el presidente Gorbachov sostuve largas conversaciones, pudiendo verificar las enormes tensiones generadas durante el proceso de reforma de la Unión Soviética, y los límites a que ésta había llegado, realidad confirmada durante el diálogo con el presidente Yeltsin. El efecto de estos cambios en la estabilidad europea y en el entorno mundial, es evidente. Establecimos relaciones diplomáticas con Estonia, Letonia y Lituania. Durante el viaje a Europa visité el Vaticano, y en la conversación con el papa Juan Pablo II pude ratificarle el cariño y el afecto que le guarda el pueblo de México, y sentí el aprecio que él tiene por nuestra patria.

El Pacífico asiático posee los centros más dinámicos del comercio y de la tecnología, además de una disciplina probada de trabajo y ahorro, por lo que es, sin duda, una región fundamental en la configuración del mundo del próximo siglo. Por ello, a México le interesa reivindicar su presencia como nación del Pacífico. Ingresamos en la Conferencia Económica de la Cuenca del Pacífico, organizamos la XII reunión del PBEC y esperamos ser, pronto, miembros del Consejo Económico Asia-Pacífico (APEC). Las inversiones de la región, particularmente de Japón, prometen un alto crecimiento. Como en el caso de Europa, la perspectiva de la zona de libre comercio en América del Norte representa para las empresas asiáticas un aliciente decisivo. Contamos con el apoyo de los gobiernos de esa zona para vincularnos con los sistemas de distribución de estos países y derribar las barreras que dificultan el acceso a sus mercados. En septiembre, recibí la visita del Presidente de la República de Corea y del Primer Ministro de Malasia. Con ambos países se consolidaron lazos en todos los ámbitos.

En América Latina, tierra de nuestros afectos y afinidades, México ha reafirmado no sólo el diálogo político cercano con los gobiernos, sino también la disposición favorable de sus pueblos. México promueve una relación especial con sus vecinos del sur. En febrero me entrevisté con el Presidente de Guatemala para examinar los temas bilaterales, y en septiembre realicé una visita de Estado a Belice, en ocasión del décimo aniversario de su independencia. En este viaje se suscribió un acuerdo amplio de comercio e inversión.

En enero recibí en Tuxtla Gutiérrez a los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, donde suscribimos un Acuerdo General de Cooperación y un Acuerdo de Complementación, los cuales conducirán a la plena liberalización de nuestras relaciones comerciales. Con Costa Rica, en particular, hemos intensificado vínculos en todos los ámbitos y en febrero nos visitó el estimado Presidente de ese entrañable país. Con Honduras y con Nicaragua hemos encontrado soluciones a la deuda con México, y avanzamos hacia una mayor cooperación. Conjuntamente con Colombia, España y Venezuela respaldamos las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas en favor de una solución pacífica al conflicto en El Salvador y hemos apoyado las conversaciones de paz en Guatemala.

Proseguimos ampliando y profundizando nuestras relaciones con las naciones caribeñas. Participamos en la Conferencia Económica Regional en Jamaica, aumentando la presencia en esta área que es nuestra tercera frontera. Esperamos que las reformas indicadas en Cuba pronto permitan una dinámica de mayor acercamiento con América Latina y, también, un clima de menores tensiones con los Estados Unidos. En ello coincidimos los presidentes del Grupo de los Tres en la reunión reciente que celebramos en Cozumel.

Durante la visita del presidente Fujimori del Perú, se suscribió un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. Apoyados en proyectos concretos y en la claridad de los objetivos hemos impulsado la transformación del Grupo de Río en un marco de acciones políticas de la región en conjunto. El sistema de integración reconoce en nuestro país a un promotor de la unidad que se sustenta en los hechos.

Respecto al norte, vivimos sin duda una nueva etapa en nuestras relaciones con Canadá y los Estados Unidos. Con Canadá se ampliaron y se estrecharon las relaciones durante varias reuniones con el primer ministro Mulroney, particularmente sobre las perspectivas del Tratado Trilateral para América del Norte. En Monterrey y en Houston sostuve entrevistas con el presidente Bush y visité, en abril y en septiembre, varias ciudades de la Unión Americana. La actitud respetuosa del gobierno de los Estados Unidos hacia México y una nueva disposición, ajena a mitos y prejuicios, ha permitido cambiar nuestras complejas y difíciles relaciones, al destacar las coincidencias y al aprender a dirimir y respetar nuestras diferencias.

Hemos avanzado prácticamente en todas las áreas de beneficio mutuo mediante el mecanismo de la Comisión Binacional: en la cooperación respecto al ambiente y al narcotráfico, en el comercio y las finanzas, en la cultura y los problemas migratorios. Hemos iniciado una respetuosa e intensa relación con la comunidad mexicano-americana. Sin duda, muchos aspectos demandan aún nuestra atención más decidida, de manera prioritaria la defensa de los trabajadores migratorios mexicanos. No cejaremos en la protección de los connacionales en nuestro país y cuando trabajen en otras naciones. Laboran con honestidad y dignidad, y deben respetarse sus derechos laborales y humanos.

Por eso promovimos, junto con otros países, que la organización de las Naciones Unidas adoptara la Convención Internacional sobre Protección de Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Apoyamos las medidas que tomó dicha organización para oponerse a la flagrante violación de la soberanía de Kuwait por parte de Irak, y nos pronunciamos por el inmediato restablecimiento de la legalidad internacional. México siempre abogará en favor de un orden internacional basado en el derecho, como forma de armonizar la defensa escrupulosa de la soberanía, dando atención a los nuevos problemas globales. Buscamos que la organización de Estados Americanos se constituya en instrumento de apoyo efectivo a los Estados miembros para superar la pobreza extrema y las desigualdades tecnológicas que hoy limitan la integración económica, la seguridad continental y la plena soberanía. Así, México ha tenido en su política exterior una poderosa herramienta para hacer valer su presencia en el mundo, para ser respetado y favorecer el contexto de sus cambios internos.

La fortaleza de la nación descansa segura en nuestras fuerzas armadas. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México resguardan el territorio, los recursos naturales del país y las instalaciones vitales para la economía nacional. Con su vocación permanente de servicio a la comunidad, sus integrantes recorrieron el país, proporcionando atención médica y medicinas a la población que lo requería. Estuvieron presentes, como siempre lo han hecho en caso de necesidad, en las inundaciones que afectaron a 13 estados de la República. El compromiso permanente de México en la lucha contra el narcotráfico encontró un eficaz brazo de combate en las fuerzas armadas. En arriesgadas acciones perdieron la vida soldados mexicanos que reciben el permanente homenaje de sus compatriotas.

La modernización de las fuerzas armadas de México es una actividad permanente por el gran valor que representan para la nación. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada mejoran sus escuelas y actualizan constantemente los planes de estudio y de operación, los métodos de adiestramiento y las estructuras de los organismos militares. Hemos puesto en marcha un programa de vivienda para las fuerzas armadas que ha permitido entregarles este año un número de casas habitación casi equivalente a las construidas para ellos en los 50 años anteriores. La nación cuenta con una defensa flexible, operativa en cualquier circunstancia y equipada de manera congruente con las necesidades del país. Reitero a las fuerzas armadas el aprecio por su lealtad y por su noble labor de ayuda a la población y de defensa permanente de nuestra patria. Así lo reconoce el pueblo de México.

Democracia y gobierno

Internamente, el país ha vivido en paz. La intensa movilización para competir por el poder político, para avanzar contra la inflación y hacer eficiente nuestro aparato productivo, para mejorar las condiciones de vida de la población, ha permitido conformar nuevos consensos, una concordia no exenta de pasión y debate, pero comprometida con el diálogo permanente.

Desde el inicio de mi gobierno he señalado que ninguna forma de impunidad será tolerada; que nadie está por encima de la ley ni tiene, en su aplicación, prebenda alguna para violar los derechos humanos. Nuevas reglas dan a las personas más eficaces derechos procesales; la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, respetada y activa, vigila y atiende con creciente eficacia las quejas por presuntas violaciones a tales derechos. Durante 1991 la Comisión recibió 3 374 denuncias. El nivel de desarrollo no determina el número de éstas o el estado de los derechos humanos. Muchos factores deben tomarse en cuenta. Lo importante es nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad; más de la mitad de dichas denuncias han sido satisfactoriamente resueltas. He prometido una respuesta eficaz a las recomendaciones de la Comisión; éste es un compromiso fundamental del gobierno de la República.

El narcotráfico se combate sin cuartel, desmantelando organizaciones, decomisando estupefacientes y castigando a culpables en grados y niveles sin precedente en nuestra historia. Reconocemos el esfuerzo realizado y las vidas sacrificadas en el cumplimiento del deber. Hemos decomisado, en tres años, 1 500 toneladas de mariguana, más de 122 toneladas de cocaína pura, cerca de 10 mil vehículos y más de 20 mil armas. En este periodo se detuvo a más de 45 mil personas. En 1991 se decomisaron 40 toneladas de cocaína pura. El valor de lo incautado este año, a precio de mercado, es equivalente a la deuda externa del país. Pero el fin no justifica los medios; si en la persecución de narcotraficantes, si en esta guerra en tiempos de paz se violan los derechos humanos, los responsables seguirán siendo severamente castigados.

En la procuración y administración de justicia, en la vigilancia permanente para evitar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, en la plena libertad de expresión y de prensa, de tránsito y de petición, el cambio ha significado dar pasos decisivos para construir una relación del Estado con la sociedad. Por ello se reformaron las leyes sobre los procedimientos penales que eliminan aprehensiones ilegales e interrogatorios violentos, determinan los requisitos para que las confesiones tengan valor legal, evitan la incomunicación del acusado y protegen a los indígenas involucrados en procesos penales, asistiéndolos en su propia lengua. Se beneficiaron del indulto y de la amnistía 631 personas, mayoritariamente indígenas.

Durante los últimos tres años la nación ha logrado innovaciones políticas. Ha aumentado el consenso sobre los cambios estructurales necesarios para el desarrollo del país. Se han ido superando las situaciones de polarización y hemos sido testigos de nuevos reencuentros entre la sociedad y el gobierno. La más alta responsabilidad pública es, ahora, ampliar las posibilidades de cohesión de la sociedad.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que todo cambio genera movimientos. Es positivo que se discuta, que se tomen posiciones. Hoy tenemos paz social, estabilidad, discusión; hay partidos políticos con posiciones propias; existe respeto pleno a las libertades públicas; se pone nuevo énfasis en la protección de los derechos humanos, y hay también mayor demanda social de responsabilidad entre quienes actúan en la vida pública.

La voluntad de los mexicanos se expresó en elecciones competidas y en todo el país. En 1991 se realizaron 557 elecciones municipales, 285 de legislaturas estatales en 13 entidades federativas y siete gubernaturas. El 18 de agosto pasado el país vivió, además, una jornada electoral federal intensa, en la que los ciudadanos de la República dieron una prueba ejemplar de civismo en una de las elecciones intermedias más concurridas en tiempos recientes.

La nueva organización electoral incorpora en mayor medida a la sociedad por medio de dos mil representantes ciudadanos en sus órganos colegiados. Un nuevo tribunal de pleno derecho atendió los recursos e inconformidades de los partidos. Los partidos políticos, responsables también de la movilización en pro del voto, ejercieron sus derechos y promovieron sus programas y a sus candidatos en todo el país; aprovecharon las prerrogativas que les concede el nuevo Código Electoral, y recibieron, oportunamente y en conjunto, más de 100 mil millones de pesos de recursos públicos que les entregó la autoridad electoral.

Casi 24 millones de mexicanos votamos el 18 de agosto. Se instaló cerca de un 60% más de casillas por mandato de la nueva ley, y por eso se encontraron más próximas a nuestro domicilio. La votación fue copiosa -más del 64% de las listas- y estuvo vigilada por 700 mil ciudadanos de los más de cinco millones insaculados y casi medio millón de representantes de los partidos políticos.

Aprendimos que se requiere perfeccionar algunas disposiciones electorales. En particular, si bien se entregaron más de 36 millones de credenciales -el 92% del padrón- la presión ocasionada por los tiempos provocó ciertas deficiencias. El sistema de información señalado por la ley no fue suficientemente ágil. El padrón, realizado puerta por puerta, hecho sin precedente en otros países, requiere dar pasos adicionales de verificación y mejoramiento. Convoco, por ello, a los partidos políticos a estudiar y proponer las modificaciones apropiadas para perfeccionar el marco electoral y adoptar métodos análogos a los que utilizan muchos países avanzados con el fin de proporcionar los resultados el mismo día de la jornada electoral. Además, tenemos que cumplir la exigencia legal de establecer la credencial con fotografía y la cédula de identidad ciudadana. Sin duda, así, en el diálogo podremos mejorar nuestros mecanismos y procesos. La responsabilidad en el análisis y en el cambio legislativo, en su caso, corresponde a este honorable Congreso.

En el cambio, las formas tradicionales son rebasadas por la realidad y las prácticas nuevas conllevan riesgos. En tales circunstancias, puede suceder que los cambios demandados no se reconozcan ni se ubiquen en su real dimensión. En estos tiempos de transformaciones no es posible gobernar un país como el nuestro con hipótesis o prácticas políticas de decenios anteriores. Juzguemos los resultados con suficiente visión y distancia frente a los hechos. La política tiene la responsabilidad de convertir el conflicto en diálogo, y de llegar a acuerdos en el marco de la ley. Si logramos dar acomodo a las inquietudes de una sociedad abierta, si las fuerzas políticas del país siguen demostrando su capacidad para encauzar las disidencias, habremos superado la lógica de la cerrazón y nos habremos colocado en una postura histórica distinta. Tendremos espacios internos y externos más amplios para seguir venciendo los retos que nos plantea la modernización. Respondamos todos a un diálogo nacional para que, con franqueza y buena fe, encontremos juntos el camino de la concertación para afrontar los grandes retos nacionales.

La responsabilidad de los tiempos actuales es la transformación nacional. Es positivo que se discuta, que se tomen posiciones. Sin debate o sin pasión, no puede haber una vida política rica que exprese a una sociedad tan diversa y responda a cambios tan profundos y complejos. Además de cambiar el discurso hay que comprometerse a incidir verdaderamente en las prácticas. Tenemos que transformar nuestra acción y darle marcos nuevos, distintos y duraderos. La nación ha elegido el camino del cambio político, del cambio ordenado, del cambio democrático.

La economía del crecimiento

La economía mexicana ha recuperado su estabilidad, se transforma en sus estructuras y ha crecido, durante este gobierno, casi al doble de la población. La clave ha sido y seguirá siendo la permanencia de la política económica, el estricto control del gasto público, un sistema fiscal competitivo, la reducción de la deuda, la apertura comercial y la desregulación y la promoción de la inversión y de las exportaciones. En sólo tres años la economía de México es más sana y tiene mayor capacidad de dar respuesta al reclamo de los mexicanos por más empleos mejor remunerados. Todavía falta mucho para recuperar lo que perdimos a causa de la crisis, pero trabajamos para que los beneficios de la recuperación lleguen a mayor número de compatriotas y a más regiones del país.

El crecimiento económico, que en el primer semestre de 1991 fue casi del 5% anual, ha sido el más alto para este periodo en los últimos 10 años. La inflación acumulada en los primeros nueve meses es la menor en 16 años. Por primera vez en la historia tuvimos en los primeros meses un superávit fiscal que alcanza casi 10 billones de pesos. En este resultado influyó de manera particular el ingreso por la venta de Teléfonos de México y de los bancos. Pero aun sin considerar dichos ingresos, el resultado fiscal del primer semestre mostraría un importante saneamiento de las finanzas públicas, con la reducción real de su déficit en más del 50% 0respecto al mismo periodo de 1990. Estos resultados sientan las bases para dar el paso definitivo hacia la estabilidad.

El gasto presupuestal se redujo 16% real en relación al primer semestre de 1990. Dentro de este gasto destaca la reducción real de casi 50% del destinado al servicio de la deuda pública. En el marco de la estricta disciplina fiscal hemos abierto espacio para un crecimiento positivo del gasto social. Así, este gasto, que incluye salud, educación, desarrollo urbano y regional y Solidaridad, habrá pasado de representar 32% del gasto programable en 1988 a 44% del presupuestado para 1991. Las participaciones y estímulos a los estados y a los municipios registraron un crecimiento significativo de 18% en términos reales durante el primer semestre de 1991.

Los ingresos del sector público entre enero y junio de este año fueron superiores en 14%, en términos reales, a los del mismo lapso de 1990. Este comportamiento se enmarca en un sistema fiscal más equitativo, con tasas impositivas inferiores a las de hace tres años, y con mayor simplificación administrativa que alienta el cumplimiento de los contribuyentes.

Pocos países han realizado un ajuste de tal magnitud en unos cuantos años. El aumento de los ingresos, la reducción del servicio de la deuda y la selectividad al asignar los recursos han permitido, al mismo tiempo, eliminar el déficit público y fortalecer la atención a las áreas prioritarias de la actividad gubernamental.

Logramos abatir la inflación, que en 1987 superó el 150%, a un nivel cercano a la meta establecida para este año. El éxito del pacto durante casi cuatro años muestra que los compromisos se cumplen cuando hay diálogo, ideas claras y decisión de los grupos sociales. La prórroga del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, vigente hasta el 31 de diciembre de 1991, permitió la reducción del desliz del tipo de cambio de 80 a 40 centavos en promedio por día. Nuestra meta es reducir aún más la inflación y mantenerla en los niveles de las naciones con quienes más comerciamos.

Los principales promotores de la expansión económica son, en la actualidad, las exportaciones y la inversión. Mientras el consumo se recupera gradualmente, el crecimiento de la inversión en los últimos años ha triplicado al de la economía, al registrarse aumentos reales superiores al 12% anual. Con estas inversiones el país fortalece su capacidad para generar empleos, para satisfacer las aspiraciones de progreso de la población y para competir con productividad creciente en un mercado mundial cada día más integrado. Las perspectivas son alentadoras. Así lo han percibido los inversionistas de México y del mundo al decidirse a canalizar a nuestro país montos importantes de sus recursos para inversión.

La apertura a las inversiones extranjeras tiene como objetivo atraer recursos, tecnología y capacidad de exportación. Por eso la promovemos decididamente. Pero no se pretende que, mediante ella, los extranjeros compren en forma generalizada empresas existentes y que los empresarios mexicanos se vuelvan rentistas o gerentes. Para ello deberemos fortalecer el diálogo entre el gobierno y el sector privado con el fin de que las políticas públicas de competitividad sean más efectivas y que las alianzas estratégicas entre los empresarios mexicanos y los del exterior permitan especialización, escalas y acceso a los mercados.

La recuperación de la actividad económica se refleja directamente en los niveles de empleo. Entre enero y agosto la tasa promedio de desempleo abierto en las principales ciudades del país fue del 2.6% frente al 3.6% que se registró en promedio durante 1988; sin embargo, persisten fenómenos de subempleo. El número de asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó casi 8% en el mismo periodo respecto al año pasado. De manera simultánea se ha logrado detener el descenso del salario medio real en la industria manufacturera que existía hasta hace tres años, y en algunas ramas y regiones se empieza a observar una recuperación moderada.

En congruencia con las mejores perspectivas de la economía, las tasas de interés han bajado considerablemente. Hoy, los réditos disminuyen a la par que se incrementa el ahorro. La tasa de Cetes a 28 días se redujo del 27% en octubre de 1990 a cerca del 17% este mes, al tiempo que el saldo real del ahorro financiero aumentó 13% entre septiembre de 1990 y de 1991. La mayor estabilidad y las mejores perspectivas han propiciado un plazo mayor en la captación del ahorro: en un solo año, el plazo promedio de vencimiento de la deuda pública interna pasó de 223 días a más de mil.

En la balanza de pagos encontramos una situación nueva que requiere explicarse en forma adecuada. Antes, cuando la cuenta corriente mostraba déficit y no se podían obtener mayores empréstitos del exterior, las reservas bajaban; ahora la situación es la opuesta. El déficit en cuenta corriente está creciendo, las reservas internacionales también están aumentando, el sector público no se endeuda y el gasto público no presiona las importaciones. La dinámica de tales importaciones proviene del incremento de la inversión privada, que ha contratado su financiamiento, y del flujo de la inversión extranjera. Es decir, las mayores importaciones necesarias para ampliar la base productiva del país, llegan acompañadas de su propio financiamiento en divisas. Situación similar sucedió en España durante su notable recuperación.

Si tuviéramos superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, México estaría exportando capitales al resto del mundo. Lo que necesitamos es exactamente lo contrario: obtener recursos del exterior que complementen el ahorro interno. Por ello, a pesar del buen comportamiento de nuestras exportaciones no petroleras, que crecen casi un 14% real, seguiremos observando el déficit en cuenta corriente, el crecimiento de la inversión foránea y el aumento de las reservas internacionales. Prueba de ello es que el 1° de noviembre de 1989 anuncié que las reservas internacionales del país ascendían a 7 324 millones de dólares y un año después a 8 415 millones de dólares. Ahora, a partir de esta última cifra, las reservas se han duplicado en un año y han alcanzado el nivel más alto en la historia del país. Informo a esta Soberanía que el día de ayer el monto de las reservas internacionales en el Banco de México alcanzó 16 710 millones de dólares. Esto confirma la solidez de nuestra moneda.

La economía mexicana está ahora mejor preparada ante las fluctuaciones en los mercados del exterior, y el esfuerzo por alcanzar el crecimiento sostenido con estabilidad se desarrolla sobre bases más firmes. Este fortalecimiento financiero de la economía mexicana se refleja, principalmente, en una reducción significativa del endeudamiento público tanto interno como externo. En términos netos, la deuda externa del sector público ha pasado de representar el 54% del producto del país en 1987, a 23% en 1991. Por su parte, la deuda interna ha disminuido a 15% en el mismo lapso. En proporción al tamaño de la economía, la deuda pública total se ha reducido a menos de la mitad en tan sólo cuatro años. Así, la economía es más grande y la deuda es más pequeña.

El desendeudamiento del país ha sido posible gracias a la prudencia con que se han manejado los recursos adicionales y la oportunidad con que se han enfrentado situaciones externas inciertas. A finales del año pasado, el precio del petróleo se elevó rápidamente por la incertidumbre de la guerra del Golfo Pérsico, pero anticipábamos que al solucionarse el conflicto disminuiría su precio. Dimos, entonces, tres pasos previsores: para este año estimamos un precio promedio del petróleo equivalente a la mitad del que se observaba en el mercado; adquirimos opciones en futuros de petróleo para garantizar los ingresos proyectados y decidimos canalizar la casi totalidad de los recursos provenientes de la privatización al Fondo de Contingencia. La decisión resultó acertada; el precio del petróleo se abatió, pero, al estar preparados, pudimos proteger nuestros avances y mantener nuestro programa económico.

Los recursos derivados de las privatizaciones que se canalizaron al Fondo de Contingencia se han aplicado a cancelar pasivos por 20 billones de pesos que el gobierno federal tenía con el Banco de México. Esta operación permitió a la vez incorporar a las reservas del país los recursos en dólares que se encontraban en ese Fondo. El gobierno ha considerado inconveniente aplicar ingresos que se perciben por única vez, como los provenientes de la venta de empresas, al financiamiento de gastos permanentes. Ahora, el hecho de destinar recursos del Fondo a la reducción de la deuda interna tendrá como consecuencia un ahorro permanente en los intereses que paga el gobierno, y abrirá mayores márgenes para el gasto social. De esta manera, los ingresos de las privatizaciones se destinarán a programas de beneficio popular, no sólo durante un año sino de manera continua. Los mexicanos más necesitados saben que su gobierno, en lugar de acumular propiedades, responde a las comunidades trabajando más para los que menos tienen. La reforma económica alcanza, por eso, consenso y base social.

Con objeto de que la recuperación económica no sea concentradora de oportunidades, pusimos en marcha un programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresas. Sin trabas burocráticas, con tasas accesibles, con crédito oportuno y con asesoría administrativa, tecnológica y comercial, se ha apoyado en sólo 12 meses a más de 50 mil empresarios del país. Se trata de un paso fundamental en la reforma del Estado. Al inicio de mi gobierno, Nacional Financiera, un banco para el desarrollo, canalizaba sus recursos a subsidiar cuatro paraestatales. Ahora, con la reforma, apoya a miles de pequeños y medianos empresarios, en un acto de confianza hacia ellos. Alentamos, así, la formación y la organización de uniones de crédito. Los pequeños y medianos empresarios mexicanos seguirán contando con el apoyo del gobierno de la República.

Hemos afianzado la apertura económica con los acuerdos de libre comercio, firmados y en negociación. Durante el pasado mes de septiembre concluimos el Tratado de Libre Comercio con la República de Chile, en el que se garantiza tanto la apertura de los mercados como el otorgamiento de plazos de transición para evitar desbalances sectoriales.

Al incorporar temas adicionales sobre servicios, inversión y propiedad intelectual que sean compatibles con el GATT, el Tratado con la República de Chile resulta, sin duda, de vanguardia. Una comisión administradora permitirá la comunicación para lograr la eficacia del Tratado. Tenemos el instrumento y, sobre todo, la disposición amistosa de elevar el comercio y el beneficio para nuestros pueblos.

Después de amplia consulta pública, realizada por el Senado de la República, iniciamos la negociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Ahora la negociación se ha intensificado. Se han establecido 18 grupos para tratar los temas sustantivos; los de más intenso debate son los relativos al mecanismo de resolución de controversias, a los asuntos arancelarios y a los periodos de transición. Por México participan conjuntamente y como frente unido el gobierno, representantes de empresarios, de obreros y campesinos, investigadores y académicos y un sólido grupo de abogados y tratadistas. Mantenemos permanentemente informado al Senado de la República y al público en general, y ofrezco ampliar esta información a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados.

Nuestros negociadores actúan con seriedad, responsabilidad y profundo patriotismo. Saben que los acuerdos que se tomen influirán por muchos años en el desenvolvimiento económico del país. En virtud de que se trata de una negociación para obtener acceso a otros mercados, tendremos que facilitar el acceso al nuestro. Pero como lo he reiterado en diversas ocasiones, en el caso del petróleo y de la electricidad no propondremos modificaciones a la disposición constitucional que reserva al Estado la propiedad y el control sobre nuestros energéticos. Hace unos días, en Zacatecas, los negociadores de los tres países intensificaron su trabajo, pasando así a una nueva etapa de la negociación en la que ya se iniciaron las revisiones de los textos. Sin embargo, procederemos sin prisas, buscando obtener el mayor beneficio para la nación y evitando también que la negociación se prolongue innecesariamente.

Con el sector exportador se concertaron 28 medidas estratégicas de desregulación. Estas acciones han comenzado a propiciar el mejoramiento corresponsable de servicios como el transporte ferroviario, la operación portuaria, la generación de electricidad y la operación de las aduanas. Es notable la nueva capacidad productiva y de exportación de varios sectores industriales y de servicios.

En estos tres años hemos concluido 266 procesos para desincorporar empresas públicas no consideradas estratégicas por nuestra Constitución, mediante los cuales el gobierno ha recibido cerca de 40 billones de pesos. En lo que va de 1991, por medio de un sistema transparente de subasta convocada públicamente con calificación previa de los grupos interesados, se vendieron ocho bancos de un total de 18. Este proceso ha logrado diversificar el capital, ya que el número de accionistas de los ocho bancos desincorporados pasó de aproximadamente 9 500 en 1982 a 32 mil en la actualidad, sin incluir la gran cantidad de personas que participaron por intermedio de sociedades de inversión. También participan otros empresarios de distintas regiones del país. La desincorporación bancaria es un paso más en el proceso de modernización financiera que se realiza dentro de un marco jurídico y reglamentario de vanguardia. Así, se diversifica el capital, se aumentan las oportunidades de invertir para los particulares y el Estado fortalece su vigilancia, conducción, promoción y orientación por la vía legal y reglamentaria.

La recuperación en marcha se da, a diferencia de otras épocas, en casi todos los sectores de la economía. Destaca en especial el crecimiento, durante el primer semestre, de casi 7% real del sector agropecuario, crecimiento significativo después de tantos años de estancamiento y sector agropecuario, crecimiento significativo después de tantos años de estancamiento y declive. A pesar de esta notable recuperación, el proceso de modernización iniciado por el gobierno de la República tiene, en el agro, uno de los retos más complejos y más urgentes. El propósito central de modernizar el campo consiste en aumentar simultáneamente la producción y la justicia. Hemos avanzado en lo primero, pero hace falta mayor justicia en el campo mexicano.

Dar certidumbre en la tenencia de la tierra es el propósito central de la política agraria. Hemos reducido significativamente el rezago histórico en la ejecución de las resoluciones presidenciales existentes al inicio de la presente administración. En el periodo de este Informe se regularizó la situación de un millón 25 mil hectáreas correspondientes a 21 mil familias campesinas, como resultado de la ejecución de 226 resoluciones. Se expidieron 107 mil certificados de derechos agrarios, 50 mil de bienes comunales y 300 mil de inafectabilidad agrícola, ganadera y agropecuaria.

La actividad productiva del campo se ha recuperado: después de una caída de 4% en 1989, se observó un crecimiento de más del 3% en 1990 y se espera uno superior para 1991. La balanza agropecuaria pasó de 186 a 334 millones de dólares entre enero y agosto de 1990 y 1991, respectivamente. Los precios de concertación han constituido una herramienta que apoya el tránsito hacia una economía de mercado. Buenas lluvias y sobre todo mucho trabajo en el campo permiten esperar este año una producción, de los 10 principales cultivos, del orden de los 26 millones de toneladas. Los precios de garantía del maíz y del frijol han contribuido a elevar la producción de maíz a 13 millones de toneladas y la de frijol a más de un millón, así como a una mejoría en el ingreso de los productores. Por primera vez en dos decenios hemos logrado dejar de importar estos dos productos esenciales. Este esfuerzo extraordinario se aprecia mejor si se considera que ahora producimos todo el maíz y el frijol que demanda una población 35 millones mayor que hace 20 años, última época en que dejamos de importar estos productos básicos. Expreso mi reconocimiento a los campesinos y productores que han logrado tan elevadas cosechas en estos dos últimos años. El reto consiste ahora en hacer permanente este resultado.

En el ámbito pecuario se ha fortalecido la producción de huevo y de carne, y se inició la recuperación de la industria lechera que tuvo un incremento de casi 10% en 1990. Se ha logrado garantizar el abasto de carne de res y contar con un excedente exportable. En materia de pesca se encuentra en marcha la modernización de las cooperativas, el impulso a la acuacultura, una mayor vigilancia e inspección en los litorales de México, la reestructuración de la deuda de la flota camaronera y el aumento de la flota pesquera. Hemos adoptado un programa para eliminar la mortalidad incidental de los delfines en la pesca del atún. La tortuga marina tiene veda permanente y hemos iniciado trabajos para aplicar métodos de pesca, que no afecten a la tortuga, en las embarcaciones camaroneras, en el Golfo de México y en el Caribe. Los mexicanos queremos una economía fuerte y productiva, pero nunca a costa de la destrucción del entorno. 

En materia de energéticos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han realizado importantes inversiones para satisfacer la demanda interna y las exportaciones de hidrocarburos. La colocación de bonos por parte de Pemex ha tenido una respuesta positiva de los inversionistas nacionales y extranjeros. Con reglas cada vez más claras se ha logrado, con financiamiento y construcción de particulares, poner en marcha nuevos proyectos en las ramas de electricidad, petroquímica y fertilizantes. Quiero reiterar que mantendré firme el compromiso de que la nación conserve el manejo exclusivo de sus recursos energéticos. Debemos, sin embargo, alcanzar eficiencia total en Pemex y en la CFE, el gran sector energético de los mexicanos. Hay márgenes de productividad y eficiencia que todavía podemos aprovechar. Estoy seguro de que trabajadores y empresa alcanzarán metas superiores para beneficio de nuestros compatriotas.

En lo que resta del sexenio, la demanda interna de energía habrá de crecer a una tasa superior al 5% anual. Existen bases suficientes para responder a las exigencias del corto plazo, pero será necesario canalizar al sector de energía recursos adicionales para atender los retos que plantea la recuperación económica. Durante este año, la producción de crudo aumentó en 1.3%, y ampliamos los volúmenes de exportación, aprovechando así la mayor estabilidad del mercado internacional. Sin embargo, el consumo interno de gasolina sigue creciendo a tasas todavía muy altas y requiere de importaciones que este año son equivalentes a más del 10% del valor total de las exportaciones petroleras.

Para realizar tareas de exploración se han celebrado contratos de servicio con empresas particulares, como se viene haciendo desde hace decenios. Se paga puntualmente por obra realizada, sin comprometer los recursos del subsuelo; es decir, no hay ni habrá contratos denominados de riesgo, sólo de servicios. En petroquímica promovemos las inversiones como condición indispensable para elevar su capacidad de competencia y para atender mejor las necesidades de la demanda doméstica y de la internacional. Hemos adecuado la industria al avance de la tecnología y se han acelerado los trámites para el otorgamiento de permisos en la petroquímica secundaria.

En el presente año, la generación de electricidad aumentó 5.6%, y hemos avanzado en la restructuración administrativa, operativa y financiera del sector eléctrico. Esperamos incrementar los recursos propios para asegurar la expansión sana de este sector estratégico. En el marco de la ley, procuramos que participe el sector privado en el financiamiento y en la construcción de proyectos que respondan a la necesidad de aprovechar el potencial de generación. Las instalaciones serán operadas por la CFE y pasarán a formar parte de sus activos, una vez liquidados los financiamientos que se han canalizado a dichas plantas.

En 1990 se expidió el nuevo Reglamento de la Ley Minera que elimina procedimientos, trámites y trabas burocráticas que restaban oportunidad en el otorgamiento de concesiones y asignaciones. A la demanda de 7.8 millones de hectáreas acumulada hasta 1989 se ha respondido con concesiones por casi siete millones, abatiendo así el rezago en casi un 90%. Con el concurso de los mineros de México, en este año se invertirán casi tres billones de pesos, cantidad que duplica la inversión realizada en el ejercicio anterior. Asimismo, para favorecer el aprovechamiento de los recursos mineros se acelera la desincorporación de los terrenos disponibles, proceso que habrá de alcanzar dos millones de hectáreas al cierre del presente año.

Para construir el sistema carretero que exige el desarrollo del país se convocó a toda la sociedad a participar en un programa de alcance nacional. La respuesta ha sido muy positiva y ha permitido que cuantiosos recursos privados se destinen a las grandes obras de infraestructura caminera. Recordemos que durante 36 años únicamente se pusieron en operación mil kilómetros de carreteras de cuota de cuatro carriles; tan sólo entre 1989 y 1991 se han puesto en servicio, principalmente con inversión de los particulares, 1 800 kilómetros adicionales de autopistas de cuota, lo que permite, a ritmo creciente y acelerado, dotar al país de la infraestructura moderna de comunicaciones. A la vez, se han reconstruido 2 700 kilómetros que se encontraban en condiciones críticas, y se ha intensificado la reparación de otros 15 mil kilómetros dañados en forma severa. También se ha procedido a reestructurar los Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la participación de sus trabajadores, y se avanza en la modernización del sistema postal y telegráfico mexicano.

El Sistema Portuario Nacional es un elemento clave para la economía del país. En el puerto de Veracruz, el más importante de la República, se eliminaron las prácticas de ineficiencia y de corrupción que lo aquejaron por decenios y se han sentado las bases para lograr su modernización a corto plazo. La nueva organización del puerto incluye sistemas operativos de alta eficiencia y una mejoría sustancial de las condiciones laborales para los auténticos trabajadores portuarios; así Veracruz alcanzará, en breve, niveles internacionales de servicio. Además, el país cuenta con dos nuevos puertos: Pichilingue, en el estado de Baja California Sur, y Topolobampo, en Sinaloa. Estos dos nuevos puertos abren formidables perspectivas al desarrollo regional y nacional. En Ensenada se concluyó un nuevo acceso para cruceros turísticos. Durante 1991 la productividad del Sistema Portuario Nacional aumentó un 100% en el manejo de contenedores y un 50% en el de graneles. Todavía existe amplio margen para elevar su indispensable eficiencia.

La comunicación telefónica constituye una actividad central de las telecomunicaciones; por eso se desincorporó la empresa Teléfonos de México mediante un proceso transparente y cuidadoso que garantiza la expansión y el mejoramiento gradual de la calidad de los servicios, asegura la participación accionaria de los obreros en la empresa y mantiene el control de los mexicanos sobre este servicio. La decisión de lanzar un nuevo sistema que cuadruplica la potencia de los satélites Morelos obedece a la necesidad de ampliar los servicios de telecomunicaciones, en cuyo diseño participan técnicos y científicos mexicanos.

En los últimos tres años, México recibió a más de 19 millones de turistas extranjeros, y divisas por más de 10 mil millones de dólares. En el transcurso de los ocho primeros meses de 1991 la balanza turística registró un saldo favorable por más de 1 400 millones de dólares. El turismo interior -33 millones de turistas- significa un 12% más que el que se registró al inicio de la presente administración. Está en ejecución un número sin precedente de grandes proyectos turísticos en todos los litorales del país, que permitirán a México aumentar sensiblemente su captación de turistas en los próximos años y, con ello, generar más empleos, promover el desarrollo regional y obtener divisas.

En síntesis, hemos avanzado en la recuperación, pasando del estancamiento al crecimiento económico sano y sostenido. Nuestras finanzas públicas son estables gracias a un esfuerzo como pocos en el mundo. Canalizamos mayores recursos al gasto social con estricta disciplina fiscal. Tenemos un país en crecimiento por tercer año consecutivo, sin déficit público, con la inflación más baja en más de un decenio y, por primera vez, con superávit fiscal. Consolidamos la apertura y la desregulación. Diversificamos nuestras relaciones comerciales. El aparato productivo se moderniza y exporta más. El Estado ha desincorporado prácticamente todas las empresas no estratégicas que le impedían concentrar su atención y sus recursos en las obligaciones primarias. La inversión ha crecido en México a ritmos acelerados con la consecuente creación de empleo. El salario promedio ya no decae, sino que se recupera gradualmente por regiones. Producimos más y con mejor calidad.

La transformación económica se está realizando en paz. Esto ha sido posible por la vitalidad de las instituciones, por el ejercicio de la política y por la responsabilidad de la sociedad. No hubiera ocurrido así sin instituciones capaces de concertar pactos y compromisos con los factores de la producción. Tampoco hubiera sido posible afianzar las reformas económicas si éstas no hubieran generado mejores expectativas para todos los ciudadanos, y sin las nuevas fórmulas participativas de la sociedad, como la de los sindicatos en los procesos de privatización. Menos aún hubiera sido posible sin un clima de tranquilidad en las ciudades y en el campo, producto del ejercicio permanente del gobierno y de la política. Las reformas económicas no se consolidan sin instituciones y sin política, de la misma forma como es imposible garantizar la transformación política de largo plazo sin solidez en la economía y sin políticas sociales que compensen los desequilibrios y las desigualdades.

El reto, sin embargo, sigue siendo muy grande. Los beneficios de la recuperación no se reflejan todavía de manera evidente entre gran número de compatriotas. Fue mucho lo que la crisis redujo en el nivel de vida de los mexicanos. Los rezagos económicos implicaron costos sociales elevados en extremo. Muchas demandas siguen superando a nuestros recursos. De una crisis tan profunda no se sale en pocos años. Por eso, aunque mucho hemos logrado, más aún tenemos que avanzar para que el bienestar se refleje efectivamente en la vida diaria del pueblo mexicano.

LA NUEVA POLÍTICA SOCIAL

Los avances sectoriales

Buscamos el crecimiento económico, pero sobre una base de mayor justicia. Estamos construyendo una política social nueva que requiere de la participación de poblaciones y grupos, que de manera transparente, directa y sin trabas burocráticas apoye, con recursos, lo que decida y haga la comunidad. Esta nueva política social armoniza democracia con justicia, compromiso con hechos, y da prioridad a lo urgente y a quienes más lo necesitan.

Se ha puesto particular empeño en vigilar la observancia de las normas laborales y los derechos del trabajador, en promover mayor seguridad en el medio laboral, en estimular la productividad y en fomentar una relación obrero-patronal más sólida. Dentro del proceso de modernización -en el que el sector productivo ha debido afrontar cambios profundos en sus esquemas organizativos- la procuración de la justicia laboral ha dado prioridad a la conciliación. En esta materia, entre más de cinco mil emplazamientos recibidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sólo llegó a la huelga un 2%. Las condiciones en que se realiza el trabajo, la seguridad y la salud del trabajador son responsabilidad permanente del gobierno, por lo que entre enero y julio de este año se incrementó en 17% el número de visitas de inspección.

El cambio del país pasa por la modernización educativa. Concertadamente, con la participación de diversos maestros, padres de familia, expertos y grupos sociales, se han precisado los problemas y se ha propuesto un programa general, programas estatales con compromisos precisos, programas para la educación superior y la investigación científica. Esta propuesta está abierta al diálogo para perfeccionarla. A la vez, se rehabilitan escuelas, se les dota de equipo y materiales, se mejora la situación de los maestros y se debate libremente en todo el país esta gran reforma educativa de México.

La lucha del gobierno de la República contra el analfabetismo ha sido permanente. Durante el lapso que cubre este Informe se alfabetizó a más de medio millón de personas. Se está construyendo un modelo pedagógico nuevo, que articule los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, evitando posibles traslapes y lagunas entre ellos. En el nivel medio superior fueron atendidos, en el ciclo escolar 1990-1991, dos millones 100 mil alumnos. Para el presente ciclo se estima que en los bachilleratos propedéuticos, bivalentes y terminales la inscripción ascienda a 2.2 millones de educandos, 100 mil más que en el periodo anterior. Destaca en este nivel la iniciación de servicios por parte de nuevos colegios descentralizados de educación tecnológica.

No habrá educación de calidad sin mejorar el nivel de vida de los maestros. Por ello, partiendo de niveles muy bajos al inicio de mi administración, en los últimos 35 meses los salarios de los maestros han crecido 151%, y los seguiremos mejorando para llegar al salario profesional. Reitero mi respeto a las maestras y a los maestros de México y mi reconocimiento por su trascendental labor en favor de la nación.

En las instituciones públicas de educación superior radican muchas esperanzas para elevar la competitividad del país y para garantizar la permeabilidad social. En particular, se han fortalecido los programas de posgrado buscando niveles de excelencia. También se ha creado un sistema de universidades tecnológicas, orientado a la solución de problemas reales del sector productivo. Han iniciado sus operaciones las nuevas universidades tecnológicas de Ciudad Nezahualcóyotl y de Aguascalientes, y próximamente lo hará la de Tula. Paralelamente, se pusieron en operación 12 institutos tecnológicos, que ya funcionan en diversas entidades federativas, con base en esquemas educativos más flexibles y adaptables a los requerimientos del sector productivo. Destacan los nuevos tecnológicos de Zitácuaro, La Piedad, la Mixteca y Ecatepec, entre otros.

Es cada vez más evidente el carácter estratégico de la ciencia y de la tecnología en el proceso de modernización nacional. Por ello es prioritaria la canalización de recursos públicos a dicho sector. En 1991, estos recursos crecieron en casi un 20% en términos reales, alcanzando cerca de 2.5 billones de pesos. En el mes de marzo, siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de Ciencias, se establecieron cuatro fondos adicionales para fomentar la investigación básica y aplicada, para evitar la emigración de muchos de nuestros científicos y para desarrollar la capacidad de investigación en la industria.

La cultura se amplía por el contacto con el mundo. Estos intercambios son materia de nueva creación. No podemos ni debemos eludir este diálogo, que es probablemente el signo más acabado de los tiempos nuevos. México, en su historia, siempre lo ha hecho así. Mantendremos los apoyos para difundir el producto de nuestra creatividad, alentar a nuestros artistas y promover su presencia en el exterior. Este ha sido el propósito de los programas de becas y de los fondos para la promoción de la cultura. Hemos visto un incremento significativo de visitas de grupos de artistas del extranjero. Además, se amplió la red de bibliotecas al incorporarse 157 más, con la que suman un total de 3 390 y llegarán a cinco mil al término de este gobierno.

Por medio de la Comisión Nacional del Deporte se ampliaron las oportunidades para practicarlo tanto en las escuelas como fuera de ellas. Así, se ponen en operación centros de iniciación deportiva, módulos de recreación y fomento a la salud, módulos laborales de autogestión y centros de desarrollo deportivo municipal. Mediante el Programa Nacional de Solidaridad se han construido a la fecha más de 700 unidades deportivas. Se consolida el deporte también como una expresión propia de nuestra cultura. Hay, sin duda, especialidades deportivas de las que el mexicano espera mucho y mejores resultados. Con mayor esfuerzo, seriedad y organización, pueden cumplirse estas expectativas deportivas. 

Se ha procurado mayor cobertura en las acciones y programas de salud y seguridad social en el país. La población amparada por el IMSS en su régimen ordinario alcanzó a 38 millones de personas, casi 9% más que en 1988. Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incrementó en el mismo lapso en casi 15% su población de asegurados, llegando a más de ocho millones de personas. Se han atendido y controlado diversos problemas de salud pública y de interés epidemiológico. Por más de un año, México no ha tenido un solo caso de poliomielitis y disminuyeron el sarampión y la tos ferina en 96 y 84%, respectivamente. El programa de vacunación universal, que consiste en aplicar todas las vacunas a todos los niños, concluirá a fin de año en 14 entidades federativas y en el Distrito Federal.

El cólera llegó a América Latina hace ocho meses. Es bien sabido que cuando se presenta en un continente se extiende por todo su ámbito. Se han detectado casos de cólera en 14 países, desde Brasil hasta los Estados Unidos y Canadá. La preparación para su inevitable llegada consistió en aumentar sustancialmente los sistemas de agua potable y su tratamiento con cloro. A México llegó hace 16 semanas. Desde entonces las autoridades de salud han detectado y atendido dos mil casos, y en el mismo lapso ya se habían presentado 223 mil casos en el primer país latinoamericano donde se suscitó. Gracias al esfuerzo del personal del sector salud y de la Comisión Nacional del Agua, ya regresó a sus labores normales el 99% de los enfermos que se atendieron en México. Mantendremos nuestra acción preventiva y curativa ante los casos aislados que ocurran, y seguiremos atentos a su evolución en el resto del continente. El sida constituye un problema reducido pero creciente de salud pública. Los avances en las acciones de atención médica, detección oportuna de casos y difusión de información al público están rindiendo resultados positivos; sin embargo, las autoridades de salud tendrán que reforzar sus acciones.

Como parte de los compromisos para ampliar la infraestructura del Sistema Nacional de Salud, en el periodo se concluyeron 10 nuevos hospitales generales y 67 unidades de primer nivel. Además, se inició la construcción de otros dos hospitales y de 19 unidades de primer nivel, y continúa la de 14 hospitales generales y seis centros de salud. Al mismo tiempo, se realizan actividades de rehabilitación, ampliación, conservación y mantenimiento en más de 100 unidades de atención. Todo ello con el propósito de incrementar la cobertura, la calidad y el acceso a los servicios que se ofrecen tanto a la población abierta como a la que tiene derecho a la seguridad social.

Adicionalmente, la atención a los minusválidos constituye una actividad prioritaria del quehacer asistencial; por eso durante este periodo se otorgaron más de 600 mil consultas para atender la invalidez, así como más de un millón y cuarto de consultas de terapia rehabilitadora, que permitirán la incorporación a la vida productiva y social de las personas que enfrentan estos padecimientos. Por conducto del DIF se brinda en forma permanente ayuda alimentaria y de desarrollo integral a niños, adolescentes, mujeres, ancianos, minusválidos y personas de escasos recursos. Como parte de la ayuda alimentaria se distribuyeron más de 118 millones de desayunos en escuelas.

Se ha buscado promover la eficiencia de los mercados de alimentos básicos. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) reorientó su presencia en la comercialización de granos, participando selectivamente en la adquisición de maíz y frijol, únicos productos sujetos al régimen de precios de garantía. Asimismo, se mantuvo en niveles adecuados la reserva técnica reguladora de estos granos. Mediante la Tarjeta Solidaridad se ha beneficiado a más de dos millones de familias con tortilla a precios subsidiados en más de 200 ciudades. Se han puesto en servicio 7 500 tiendas Conasupo, con lo que suman ya 20 mil rurales y cinco mil urbanas en las zonas de menores recursos.

Hemos actuado para que la recuperación del desarrollo se refleje en cada uno de los estados de la República. Aproximadamente más del 60% de la población vive hoy en las zonas urbanas, y para el año 2000, esta proporción podría elevarse al 80%. Mientras la población total crece a 1.9%, las áreas rurales lo hacen hoy en día por debajo de este promedio nacional, y las ciudades medias crecen a una tasa superior a la de las grandes urbes. La vida futura de nuestro país será irrevocablemente urbana. Trabajamos en la consolidación de un sistema de ciudades que permita aprovechar el potencial económico y la disponibilidad de suelo, agua e infraestructura en los 80 centros de población más importantes del territorio.

Enfrentar el reto habitacional constituye una prioridad de mi gobierno. Logramos aplicar durante este año más de 12 billones de pesos a construir y entregar más de 150 mil viviendas. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) otorgó más de 77 400 financiamientos y el Fondo de Vivienda (Fovi) financió más de 90 casas habitación. Así, durante estos tres años se habrán ejercido 29 billones de pesos y se habrán construido 400 mil viviendas, número sin precedente que habremos de incrementar. 

Desde hace poco más de una década iniciamos en México un proceso institucional, serio y consistente, para atacar los problemas del entorno. Estamos avanzando en la solución de cuestiones ancestrales que han ocasionado la depredación de los recursos naturales y un deterioro progresivo de la calidad de vida en las principales ciudades del país, particularmente en la zona metropolitana de la ciudad de México. Por eso, hemos hecho obligatorio que las diversas dependencias y empresas federales integren el criterio ambiental en todos sus proyectos y actividades. Muestra de ello ha sido la decisión que tomamos de cerrar la Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, en cuyo lugar se asentará un parque, espacio de recreación para los habitantes y nuevo pulmón para la ciudad. Esta decisión implicó la pérdida de seis mil empleos directos y un costo superior a 1.5 billones de pesos. Pero con esto atendimos un reclamo justo y establecimos un ejemplo a seguir. La meta es desconcentrar progresivamente, sin detrimento de las actividades productivas ni de los derechos de los trabajadores, todas aquellas empresas que dañen las condiciones ambientales.

Se han puesto a disposición del aparato productivo nacional líneas de crédito para la incorporación de dispositivos anticontaminantes. Contamos ya con un marco normativo más preciso para este propósito, con normas técnicas para aire, agua y suelo. Se han realizado más de siete mil inspecciones en todo el país. En su caso se han decretado clausuras parciales o totales a aquellas empresas que en forma reiterada violan las normas establecidas.

Gracias a un gran esfuerzo tecnológico y de producción, el contenido de plomo de las gasolinas se ha reducido en un 85%. Desde el pasado 6 de junio se dispone de gasolina Nova con un 50% menos de plomo, y en la nueva gasolina Magna Sin prácticamente se ha eliminado. Este año reforestamos 93 mil hectáreas, cifra que representa más del doble del promedio anual de los últimos ocho años.

Nuestro país se ha adherido a la Convención Internacional del Tratado de Especies en Riesgo de Extinción (Cites). Con ello México no sólo defiende recursos que pertenecen a los mexicanos sino que contribuye a asegurar la permanencia de cadenas biológicas esenciales para la vida en el planeta. México no será receptor de nuevas industrias que contaminen y que, por esta razón, no aceptan en otros países. Así como no queremos una industria sucia ni obsoleta, tampoco deseamos ver nuestro territorio ni nuestros mares convertidos en basureros propios o ajenos, particularmente en la zona fronteriza. Para esta franja se ha establecido un plan integral que cubre el lapso entre 1992 y 1994, y que pone énfasis en el tratamiento de la basura y de las aguas residuales. El propósito es contar con una reglamentación ecológica estrictamente aplicada, apoyada con recursos y equiparable en ambos lados de la línea fronteriza, protegiendo el entorno de los mexicanos.

La ciudad de México, la más grande concentración industrial y urbana, ha iniciado la transición de una economía altamente destructora del ambiente a otra con desarrollo equilibrado. Mucho se llegó a dudar sobre el futuro de la ciudad; muchos son y seguirán siendo sus problemas, pero no cabe duda de que, en la gran capital de la nación, existen enormes reservas sociales e institucionales para mejorar la calidad de la convivencia. De nuestra metrópoli podemos estar orgullosos todos los mexicanos.

Se ha establecido también un equilibrio nuevo en las relaciones de la ciudad capital con el resto de los estados de la República. Mediante un esfuerzo fiscal extraordinario que habrá de mantenerse, los subsidios y las participaciones fiscales excedentes que iban a la ciudad de México pueden hoy canalizarse a otras regiones para elevar en ellas el nivel de vida, aumentar el empleo y la productividad y, con ello, romper el círculo vicioso de las migraciones hacia el centro del país.

La administración del Distrito Federal ha dado prioridad a tres asuntos: primero, mantener un clima de tranquilidad que reconozca el pluralismo y que permita el amplio ejercicio de las libertades y mayor cercanía del gobierno con los ciudadanos; segundo, mejorar la administración de los servicios públicos, haciendo frente a los problemas financieros que enfrentan y ampliando la capacidad de respuesta institucional en los asuntos que interesan a la población, como la regularización de la tenencia de la tierra, drenaje, agua, basura, transporte y seguridad, y tercero, tomar las decisiones estratégicas de las cuales depende la viabilidad de la zona metropolitana. Se han expropiado terrenos de los que depende la recarga del acuífero; se han establecido límites a la expansión de la mancha urbana sobre los bosques, y está en marcha uno de los más ambiciosos programas anticontaminantes del mundo. Plantamos 12 millones de árboles y haremos mucho más en los próximos tres años. Esta acción para mejorar el entorno es indispensable, pues la ciudad sigue enfrentando serios problemas en su ambiente.

En el Distrito Federal ha sido posible combinar acciones que eran urgentes con decisiones de largo plazo, una visión de la ciudad en su conjunto con las pequeñas decisiones que son importantes para sus vecinos. Hoy existe mejor ánimo en la ciudad, niveles crecientes de responsabilidad ciudadana y mayor confianza en su futuro.

El Programa Nacional de Solidaridad

No seríamos una generación digna de nuestra historia si como sociedad consintiéramos la pobreza de muchos compatriotas. Los mexicanos son y han sido siempre generosos, humanitarios, capaces de ver su suerte en la fortaleza de los demás y no en su debilidad. Este es un hecho de nuestra cultura, de nuestro ser más íntimo. El mexicano es un pueblo solidario por experiencia de siglos, pero también un pueblo digno que no quiere obsequios ni que lo ignoren para resolver sus problemas. Quiere ser actor y sujeto de los cambios.

Al inicio de mi gobierno la atención se concentró en los rezagos más apremiantes. Necesitábamos entonces, y seguimos necesitando, establecer un nivel básico por debajo del cual no viva una familia mexicana. Es, sencillamente, iluminar la oscuridad con energía eléctrica y contrarrestar la insalubridad con agua potable y drenaje, así como con la atención cálida de los servicios de salud; la inseguridad con iluminación y pavimentación; la incertidumbre con escrituras públicas; la arbitrariedad con justicia, y fundar el futuro de nuestros hijos con escuelas dignas que nadie tenga que abandonar, en la primaria, por falta de recursos económicos.

Para afrontar el reto de la justicia hemos convocado a la solidaridad y hemos creado un programa de gobierno para alentarla y apoyarla, sumándonos a la iniciativa de los grupos de nuestra sociedad. El Programa Nacional de Solidaridad, se me ha dicho a lo largo del país, es ya del pueblo, no del gobierno. Esta afirmación reiterada expresa que hemos encontrado un instrumento adecuado, una forma de trabajo en la que se enlazan demanda social y servicio público, democracia y actos concretos de justicia del gobierno. Ese resultado nos estimula y nos obliga a avanzar más rápido, perfeccionando el funcionamiento del Programa.

Los grandes aspectos del Programa Nacional de Solidaridad nacieron en las comunidades y no en escritorios burocráticos; surgieron de la movilización popular, de las plazas y calles, de los pueblos y las comunidades. Lo escuché de su propia voz en cada una de las 168 giras que he realizado dentro del país desde diciembre de 1988. Al atender los servicios básicos se sumó, espontáneo, el reclamo y la organización de las comunidades. A los servicios indispensables para su progreso se unió la demanda de la actividad productiva que haga permanente el bienestar. Solidaridad incorporó el reclamo de fuentes de empleo. Ese fue el origen de los fondos para la producción, para los pueblos indígenas, para grupos de campesinos y pescadores. En unos cuantos meses, uniéndonos los mexicanos con respeto y trabajo, hemos hecho lo que a muchas naciones les ha tomado decenios.

En Solidaridad, el mejor discurso son los hechos, y éstos hablan así:

Más de 64 mil comités de Solidaridad se han establecido en colonias populares, comunidades rurales y pueblos indígenas de todo el país, los cuales han realizado más de 150 mil acciones en los casi tres años que tiene de operar el Programa. En ese lapso, incorporamos a más de seis millones de mexicanos a los servicios de salud, y la infraestructura de atención a población abierta se incrementó un 40% respecto de 1988; ocho millones más de compatriotas cuentan con agua potable; se electrificaron más de 10 mil comunidades, dando este servicio a 11 millones de mexicanos; se realizaron trabajos de pavimentación de calles en más de tres mil localidades urbanas y rurales, y se construyeron, rehabilitaron y mejoraron 14 mil kilómetros de caminos en beneficio de casi dos millones de habitantes.

Asimismo, un millón 400 mil niños se forman en los nuevos espacios educativos construidos; se han rehabilitado 50 mil escuelas con la ayuda de padres de familia y de maestros mediante el Programa para una Escuela Digna; casi un cuarto de millón de niños recibe ahora una beca en efectivo para terminar su educación primaria sin tener que desertar por falta de recursos de sus padres; se les proporcionan despensas y atención médica, y más de 350 mil jóvenes prestadores de servicio social han participado en el desarrollo de sus comunidades.

Se ha más que duplicado el número de lecherías populares y casi siete millones de niños tienen acceso a este alimento básico; 27 millones de personas cuentan con el servicio de tiendas populares y se han establecido mil cocinas populares, y con apoyo del Programa se da servicio postal a cuatro millones de habitantes de colonias populares y de zonas rurales.

Los fondos municipales de Solidaridad operan en el 76% de los municipios del país; más de 600 mil campesinos que laboran en dos millones de hectáreas participan en el Fondo de Solidaridad para la Producción; se apoya también a 190 mil productores de café en 12 entidades de la República y a 87 organizaciones de productores forestales en 21 estados; cerca de mil organizaciones indígenas en 24 entidades federativas han emprendido 991 proyectos productivos; alrededor de 2 500 indígenas han sido liberados con las acciones de procuración de justicia, y se ha mejorado el 80% de los albergues indígenas.

Hemos entregado más de un millón 200 mil escrituras a igual número de familias en colonias populares y sólo en tres días entregamos más escrituras que en una década. Las escrituras dan a sus poseedores un soporte de seguridad que los alienta a invertir incluso en proyectos productivos. Reitero que vemos en estos millones de mexicanos que viven en nuestras colonias populares a los herederos genuinos de aquellos que por la posesión de la tierra hicieron la Revolución Mexicana. Les respondemos hoy como la reforma agraria les respondió a sus abuelos campesinos.

Del 9 al 14 de septiembre se llevó a cabo en todo el país la Segunda Semana de la Solidaridad. Más de 13 millones de compatriotas participaron en ella, se evaluaron los resultados de los programas en marcha y se propusieron opciones para mejorar su ejecución.

Estos son los hechos que ahora integran un discurso nuevo, con un contenido diferente: el de la corresponsabilidad, la autoestima y la dignidad. Las metas alcanzadas por Solidaridad son un ejemplo de la capacidad del pueblo organizado y participativo. En todos los aspectos de bienestar social estamos incrementando los servicios a un ritmo mayor que el crecimiento de la población, lo que nos está permitiendo abatir rezagos y atender a los nuevos mexicanos que nacen cada año.

Estos hechos, convertidos en un discurso nuevo, el de la promesa cumplida, nos dan también un sustento ideológico nuevo. Esta forma novedosa de hacer las cosas, con participación, con organización, con verdadero sentido democrático, nos dota de una base moral nueva. Por eso es importante el intercambio directo de bienes y servicios entre campesinos y obreros, una forma de pacto en que ambos ganan y se fortalece la nación en eficacia y equidad. Así también promete vivificar a México la organización territorial de Solidaridad en una coordinación nacional. La contraloría social da la transparencia financiera al Programa y es la manera de ratificar el control comunitario de su destino, manteniendo los controles presupuestales establecidos por la ley. Solidaridad funciona porque entrelaza lo nuevo de nuestra compleja sociedad con las prácticas tradicionales y permanentes de participación popular que nos ha enseñado la historia, y que hoy practican las comunidades. Solidaridad es la reforma democrática de las bases populares a lo largo de nuestra patria que da una dimensión nueva a nuestro nacionalismo. Nos está dando la estabilidad y la paz social de largo plazo que merece nuestra patria; ha creado nuevos vínculos entre instituciones y servidores públicos, vínculos que son parte de la reforma del Estado que propuse a todos los mexicanos para acercar la acción del gobierno a la sociedad. Solidaridad es el movimiento que emplea el lenguaje de los hechos sociales y de la participación popular. Por eso, la esperanza que ahora nos rodea tiene sólido fundamento.

LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

Honorable Congreso de la Unión, compatriotas:

El nacionalismo mexicano de hoy emerge renovado, se expresa en el respeto a la dignidad de las personas y edifica un nuevo basamento social para las familias que menos tienen. Es un nacionalismo nuevo que construye caminos de progreso, decididos por la comunidad; que se manifiesta en la participación organizada y en la unidad de las voces diversas de la sociedad, la región, la comunidad. Es un nacionalismo democrático que fortalece la soberanía popular y, con ella, la soberanía nacional ante el mundo. El nacionalismo es la pasión de los mexicanos por construir su historia.

La elección nos ha dado un mandato para el cambio, y nuestro nacionalismo nos señala el camino que habremos de seguir en todos los frentes. Hoy nos demanda consolidar las nuevas vinculaciones hacia el exterior y las nuevas relaciones del Estado con la sociedad para continuar con el diálogo y la concertación. Mantendremos así la tarea de reconciliación con las diversas fuerzas políticas y con todos los sectores sociales, en el ámbito interno y externo, que he llevado a cabo desde el inicio de mi administración. Tenemos el mandato de cambiar para permanecer, pero no para que todo siga igual. Por eso, por la vía del diálogo, continuaremos con los cambios y con su consolidación.

En el exterior, seguiremos promoviendo la diversificación de nuestras relaciones por medio de un intenso diálogo político con nuestros vecinos del norte -los Estados Unidos y Canadá-. Al sur del continente, nuestro propósito esencial de integración es con América Latina, además de con España y Portugal. Por eso ampliaremos nuestras iniciativas diplomáticas en la región y negociaremos acuerdos de libre comercio para asegurar que en el exterior no se limiten los esfuerzos que hacemos dentro. Profundizaremos los vínculos con Europa y con la Cuenca del Pacífico. Al establecer nuevos canales de diálogo, al abrir nuevos mercados, al atraer inversiones y tecnologías y al crear empleo, la acción al exterior fortalece al país en el mundo contemporáneo. En la unipolaridad de hoy, la confrontación pone en riesgo inútil la soberanía. La firmeza y la diversificación de relaciones es indispensable para fortalecer la independencia. Acercamiento y diálogo respetuoso con el norte; profunda intensificación de relaciones con el sur; mayor acercamiento al este y al oeste. Estas son, por eso, políticas nacionalistas para nuestro momento; nacionalistas en el mismo sentido en el que otros comportamientos fueron nacionalistas para su tiempo y, con seguridad, igualmente decisivas para la permanencia de México en el futuro.

En el interior, tenemos que seguir ampliando la concertación entre las fuerzas políticas del país para asegurar que las normas electorales respondan plenamente a las expectativas de la población. En la defensa de los derechos humanos vamos a fortalecer la capacidad de los órganos de procuración de justicia, a promover la más pronta respuesta a las decisiones del Poder Judicial Federal y a poner a la consideración de ustedes, señores legisladores, elevar a rango constitucional la protección que brinda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Trataremos que en la lucha contra el crimen las libertades y garantías de toda persona en México siempre serán respetadas, y que su violación o la tortura serán. firmemente sancionadas conforme a derecho. Seguiremos atacando la impunidad decididamente.

En mi discurso de toma de posesión propuse modernizar las relaciones con las iglesias. Partidos políticos de las más opuestas tendencias han señalado también la necesidad de actualizar el marco normativo. Recordemos que, en México, la situación jurídica actual de las iglesias derivó de razones políticas y económicas en la historia y no de disputas doctrinarias sobre las creencias religiosas, por lo que su solución debe reconocer lo que debe perdurar y lo que debe cambiar. Por experiencia, el pueblo mexicano no quiere que el clero participe en política ni acumule bienes materiales, pero tampoco quiere vivir en la simulación o en la complicidad equívoca. No se trata de volver a situaciones de privilegio sino de reconciliar la secularización definitiva de nuestra sociedad con la efectiva libertad de creencias, que constituye uno de los derechos humanos más importantes. Por eso convoco a promover la nueva situación jurídica de las iglesias bajo los siguientes principios: institucionalizar la separación entre ellas y el Estado; respetar la libertad de creencia de cada mexicano, y mantener la educación laica en las escuelas públicas. Promoveremos congruencia entre lo que manda la ley y el comportamiento cotidiano de los ciudadanos, dando un paso más hacia la concordia interna en el marco de la modernización.

En lo económico nos proponemos seguir creciendo gradualmente a tasas sostenidas. Queremos que este crecimiento sea con estabilidad para asegurar mayor bienestar entre las familias mexicanas. Por eso, en los próximos años vamos a redoblar los esfuerzos para disminuir la inflación a menos del 10%. Reforzaremos la disciplina fiscal y promoveremos la renovación del Pacto con los ajustes concertados que reclaman las circunstancias actuales y las metas para el próximo año. El Pacto, como mecanismo de diálogo, ha probado ser un instrumento invaluable para tener mayor certidumbre, estimular la inversión y lograr mejor resultado en el esfuerzo que se realice.

Para impulsar la inversión y ampliar la creación de empleo debemos elevar el ahorro interno, sobre todo mediante fondos de pensiones que favorezcan a los trabajadores y a las clases medias. Necesitamos crecer. Así lo reclaman más de 82 millones de compatriotas y los casi dos millones que cada año se nos unen. Pero los mexicanos no quieren un crecimiento a cualquier costo. No será un crecimiento concentrador de la riqueza sino uno que haga avanzar la justicia. No será un crecimiento depredador de la naturaleza y de la gran diversidad biológica que tiene México y que aporta al mundo. No será para unas regiones nada más o para algunas ramas o sectores. Será un crecimiento limpio, más equitativo y equilibrado a lo largo del país. Este es el desafío que la nación asume y que va a superar.

Por eso, frente a los retos nuevos y viejos del país, debemos profundizar la respuesta inmediata y avanzar en los cambios estructurales de largo plazo que nos exige el interés nacional, no sólo de esta generación de mexicanos, sino de las siguientes. Sabemos, por la experiencia de otras recuperaciones económicas del pasado, que sus beneficios no se reflejan de inmediato para todos; por eso, además del crecimiento, promovemos el desarrollo social a fin de no quedarnos esperando y desesperando la paciencia de la población. Tampoco echaremos por la borda lo que tanto trabajo ha costado alcanzar: estabilidad, baja inflación, eliminación de la pesada carga de la deuda. Por eso tenemos una propuesta social en marcha para actuar desde ahora con la población y para su bienestar. Esta es Solidaridad. Me propongo continuar con el Programa durante toda mi administración mediante recursos crecientes para beneficio del pueblo mexicano.

Estructuralmente existe un reclamo generalizado de que se actúe en dos áreas fundamentales para la viabilidad futura de nuestra nación: el campo y la educación.

Las luchas agrarias han sido esenciales en la formación de nuestro país. Han sido batallas por libertad y justicia en el campo. De ellas tenemos lecciones útiles que aprender. Entre los hombres y mujeres del campo la ignorancia no fue la causa de sus luchas, pues éstas se dieron como respuesta a realidades del país. La pasión ha existido en sus movimientos, pero sobre todo la inteligencia y la razón; manifestaron una fe trascendente en el poder transformador de la ley y han contribuido al progreso de la nación. Así, el movimiento campesino del Plan de Ayala de 1911 fue fundamento de la Revolución, ganó dimensión constitucional en el artículo 27, logró la primera codificación establecida al inicio de 1934 y, con toda razón, tomó forma masiva en la reforma agraria institucional por medio de las dotaciones ejidales y de las definiciones de la pequeña propiedad a partir de los años treinta.

En la actualidad, las luchas por libertad y justicia en el campo siguen siendo de enorme importancia y, por su moral histórica y su verdad, siguen y seguirán mereciendo nuestro profundo respeto, así como un apoyo apasionado y eficaz. Hoy los campesinos nos muestran en su esfuerzo cotidiano y en sus prácticas diarias que estas luchas se dan de manera diferente, con reclamos distintos, con dominio directo y social, construyendo en los hechos una nueva reforma campesina. Precisamente por eso, y como lo han hecho en otros tiempos los gobiernos de la Revolución, el gobierno, representante de la nación y al lado de los campesinos, tiene que tomar hoy en cuenta las condiciones de la República y del mundo para responder a las luchas agrarias de esta generación.

Debemos partir del reconocimiento de nuevas realidades: nuestra población está creciendo, pero nuestro territorio es el mismo. Sólo en el campo viven hoy 25 millones de compatriotas, casi el doble de la población que había en todo el país en 1910, y su número va en aumento. Existen 25 millones de hectáreas de labor, de ellas cinco millones son de riego, mientras que la fuerza de trabajo en la agricultura es ya de seis millones de productores. Ha crecido la producción pero la productividad no es suficiente. El minifundio se extiende tanto entre ejidatarios como entre pequeños propietarios y los campesinos tienen que trabajar más para sacar menos. En nuestro campo todavía hay mucha miseria.

El reparto agrario establecido hace más de 50 años se justificó en su época, y es reconocido hoy en día por su compromiso con los campesinos. En su momento llevó justicia al campo; pero pretender, en las circunstancias actuales, continuar por el camino de antes ya no significa prosperidad para la patria ni justicia para los campesinos. No porque haya fallado la reforma agraria, sino por la propia dinámica social, demográfica y económica a la cual contribuyó la Reforma. Hoy la mayoría de los ejidatarios o de los pequeños propietarios es de minifundistas; dos terceras partes de los campesinos que siembran maíz en la nación tienen menos de tres hectáreas de tierra de temporal por familia; muchos sólo poseen surcos. Así no pueden satisfacer sus propias necesidades. El gobierno está obligado por mandato constitucional a seguir repartiendo tierras, pero desde hace años los efectos del reparto son contrarios a su propósito revolucionario, y cumplirlo no responde al espíritu de justicia de la propia Constitución. Antes, el camino del reparto fue de justicia; hoy es improductivo y empobrecedor. Seguir por esa ruta sería traicionar la memoria de nuestros antepasados revolucionarios, defraudar a los campesinos ya beneficiados por el reparto y burlar a los que esperan nueva tierra, hombres y mujeres de carne y hueso, de ideas y sueños. Con toda razón se indignarían ante repartos de pura estadística, en el papel. Nos exigen claras opciones productivas con su participación en el trabajo y para el progreso nacional.

Por eso llegó el tiempo de cambiar nuestra estrategia en el campo. Este es un momento clave. Consecuentes con los propósitos originales de libertad y justicia de la Revolución, por medio de nuestras mejores instituciones vamos a sumarnos a las nuevas luchas de los campesinos. Promoveré un programa integral de apoyo al campo con recursos adicionales para capitalizarlo, abrir opciones de proyectos productivos y de asociación, y proteger la vida en comunidad. Esto requiere también de reformas a la legislación agraria que mantengan claramente lo ya ganado y que faciliten las luchas futuras del pueblo campesino por su dignidad y bienestar. En ello la decisión habrá de corresponder a la Soberanía de este Congreso. No se trata de soluciones absolutas; tampoco de resolver el minifundio volviendo al latifundio. Pero sí de sembrar una nueva semilla de libertad y de autonomía en el campo para que los campesinos puedan defender sus intereses y obtener bienestar, por ellos mismos, con el apoyo y el respeto del Estado. Todo esto para que sus poblados, ejidos, comunidades, rancherías y otras formas de convivencia en el campo sean más democráticos y sólidos, y para que el esfuerzo de su trabajo les dé mayores beneficios. Ratificaremos la vigencia de las tres formas de propiedad que establece la Constitución para el campo: ejidal, privada y comunal. El ejido permanecerá, pero promoveremos su transformación.

En 1915, la Ley Agraria zapatista tuvo por lema: «Reforma, libertad, justicia y ley». En este espíritu y con el mismo fin, pero ante nuevas circunstancias y diferentes retos -los de nuestros tiempos-, proponemos reformas para garantizar de nuevo la libertad de los campesinos mexicanos en sus luchas por la justicia y por un bienestar que redunde en bien de nuestro país.

La educación tiene que ser otra de las grandes prioridades de la acción del gobierno y de la sociedad. Los grandes momentos de la educación en México: la creación de las instituciones con Guillermo Prieto, Joaquín Baranda y Justo Sierra; la gran ofensiva contra el analfabetismo y en favor de la integración nacional de Vasconcelos, y la lucha por la cobertura de educación básica, las grandes definiciones de la educación y la creación de materiales educativos de Torres Bodet, se produjeron con una profunda motivación nacionalista. Buscaron forjar e integrar una nación, y preservarla de las amenazas externas y de la dispersión interna. La unidad que buscaron era el remedio para la disgregación, el aislamiento, las discordias de su tiempo. Por eso, la centralización federal a la que contribuyeron permitió unir a la nación en torno de valores comunes, de una misma lengua, de una historia propia. Por el camino de la educación fortalecimos la integración nacional. La educación fue un instrumento de justicia que abrió oportunidades donde no las había, que eliminó cotos y frenos locales, que formó profesionales de la educación con seguridad en sus empleos y que dio un principio de equidad para todo mexicano.

Este esfuerzo, que prácticamente resolvió el problema de cobertura educativa básica con el tiempo y como efecto de sus propias bondades, reconoce ahora sus límites y demanda el cambio. Necesita una reforma de calidad y vinculación con la comunidad en donde ocurre. Si estamos creando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, ésta es una de las más significativas. Por eso, su camino futuro exige de la reformulación de los contenidos y métodos educativos con base en un principio nacionalista y con un nivel de calidad competitiva en el mundo. Su vinculación a la sociedad que educa debe transformar su estructura, su equipamiento y su financiamiento. La gran tarea de evaluar el sistema educativo está completa y tenemos ahora no sólo un diagnóstico verídico y confiable de los problemas de la educación en todo el país, sino también diversos programas y métodos para lograr la educación que México necesita en las próximas décadas.

Somos una nación, y tenemos un sistema educativo apoyado en la portentosa red de escuelas en todo el país. Pero para la sociedad justa que queremos y para las exigencias del mundo de hoy, debemos acelerar los cambios. Mantendremos el sistema educativo nacional, pero acercaremos la autoridad educativa a la escuela, alejada por el centralismo, y mejoraremos la administración. La educación pública seguirá siendo laica, gratuita y en la primaria obligatoria, medio por excelencia de movilidad social. Recogeremos la riqueza de la diversidad regional. Fortaleceremos los procesos de evaluación, involucrando más a la comunidad y a la familia con la escuela. Acrecentaremos el uso de medios tecnológicos en la enseñanza. Atenderemos la seguridad en el entorno escolar.

Comprometeremos recursos presupuestales crecientes en términos reales para el sector educativo, canalizando más a resultados educativos de excelencia; haremos corresponsable a la sociedad en la provisión de recursos para la educación. Se profundizará en la interrelación curricular de los ámbitos nacional y regional, preservando y actualizando el libro de texto gratuito y ratificando la libertad de educación. Pondremos énfasis en los ejes básicos del currículum, destacando la historia, el idioma, las ciencias, las matemáticas y el civismo. También pondremos énfasis en el carácter académico del director y fortaleceremos el Consejo Técnico de las escuelas para que apoye el trabajo docente. Vincularemos más el sistema educativo medio y superior a la estructura productiva del país.

Debemos crear las condiciones para promover el movimiento hacia la excelencia educativa. La educación en México es una facultad concurrente entre la federación, los estados y los municipios, y así seguirá siendo. Tendrá ahora, sin duda, un peso nuevo orientado en mayor medida hacia el municipio y los estados, y no hacia la federación. Nuestro sistema educativo cuenta con muchos maestros de gran preparación y con maestras de excelente capacidad. Seguiremos elevando su nivel de vida para que alcancen el salario profesional. La propuesta de cambio permitirá que la del maestro sea una profesión apreciada y respetada socialmente, y que nuestros niños y jóvenes estén mejor preparados para el México del futuro.

Vamos a apoyar a las universidades públicas con el equipamiento que tanto necesitan. No se trata de subsidios abiertos e indiscriminados, sino de recursos destinados a proyectos probados de mejoría académica y a rehacer la infraestructura deteriorada por los años de crisis.

Mejor educación significará mejor distribución del ingreso, y permitirá aprovechar las oportunidades que nos abre la interrelación económica. No olvidemos que a las potencias económicas de Europa y de Asia las ha colocado en un lugar de privilegio la enorme calidad de su sistema educativo. Nuestro propósito es alcanzar esa calidad.

Mexicanos:

En nuestra nación hay vitalidad y esperanza fundada. Los cambios que hemos emprendido y los que tendremos que realizar amplían las oportunidades para la mayoría de los mexicanos. Algunos llevarán más tiempo que otros; todos requerirán de trabajar más, de redoblar el esfuerzo, de seguir actuando decididamente. Reafirmo que el país no se inicia ni concluye con una administración. Trabajamos para el presente y, sobre todo, para un mejor futuro. En el mundo de hoy una revolución que no cambia, sucumbe ante la fuerza de las transformaciones; pero revolución que cambia abandonando sus principios pierde su esencia y también sucumbe. Por eso, los cambios que estamos llevando a cabo permiten mantener viva a la Revolución Mexicana; cambiamos los procedimientos porque vivimos nuevas realidades internas y externas. Pero son precisamente estos medios renovados los que nos permitirán acercarnos más a los fines permanentes que nos marcó la gran Revolución de 1910: defender la soberanía y la integridad de nuestra nación; ampliar la justicia y las oportunidades para nuestros compatriotas; respetar la libertad y la dignidad del ser humano, y expandir la democracia y la participación organizada.

Pocas revoluciones de principios de siglo perduran todavía; hemos asumido el desafío de modernizar la nuestra por la vía nacionalista y popular, y vamos a triunfar. Lo haremos sentando mejores bases para muchos años por venir; lo haremos con objeto de construir mejores tiempos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.

Avanzaremos con el pueblo y para beneficio de los mexicanos: de los indígenas, los campesinos, los obreros, los empresarios -incluidos los pequeños y medianos-, los profesionistas, los intelectuales, los artistas y las clases medias. Para los jóvenes, abriremos la educación de calidad y las oportunidades de empleo que demandan. Con las mujeres construiremos una sociedad que les dé seguridad y respeto, y que aproveche sus enormes talentos. Demos a los estados y municipios las posibilidades reales de desatar su gran riqueza y creatividad local, para que la diversidad, canalizada a dar respuesta a los desafíos del país, sea la fuente renovada de la unidad nacional.

Habrá que trabajar más, pero en condiciones más dignas de vida; habrá que seguir esforzándonos, pero con acciones de bienestar al alcance de los mexicanos; habrá que seguir actuando, pero con resultados tangibles que muestren un horizonte mejor a las familias. A lo largo de la historia, la tenacidad y la laboriosidad nos han permitido alcanzar nuestros anhelos y esperanzas.

Como Presidente de la República seguiré gobernando para todos mis compatriotas, sin distingos y sin excepciones, pero trabajaré más para los que menos tienen. Iniciada la última mitad del periodo constitucional de mi mandato, mantendré un apego permanente a la realidad, sin olvidar lo mucho que falta por hacer, con mi lealtad inquebrantable a la nación. Exigiré de mis colaboradores estricta disciplina, trabajo redoblado y entrega, sin distraer la atención del despacho que les ha sido encomendado para servir a la población. Procuraré siempre que mi esfuerzo se refleje en la mejor calidad de vida de mis compatriotas.

Nuestra patria ha realizado grandes hazañas a lo largo de su historia. Hoy tiene confianza en su vitalidad y está decidida a avanzar aún más, a realizar un esfuerzo superior con el ánimo puesto en un mejor porvenir. México tiene voluntad de unidad y de progreso. Nuestras causas son de justicia y de orgullo; nuestro propósito es el bienestar del pueblo mexicano.

Hay esperanza en nuestra patria. Juntos, hagámosla realidad. Vale la pena. Es por nuestros hijos. Es por México.