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CUADERNO NEXOS

¿La ofensiva final?

Después del «baldazo» de agua fría que constituyó para muchos miembros de la jerarquía católica el anuncio de que no se pretendían establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede durante la reciente visita del presidente Salinas al Vaticano, las expectativas de una modificación legal de las relaciones Estado-lglesia en México parecían haberse alejado, incluso para el resto del sexenio. Sin embargo, de manera previsible, apenas recuperada de la sorpresa, una parte de la jerarquía católica, auxiliada por algunos sectores de la opinión pública mexicana, vuelve a la carga, en lo que se podría catalogar como «la ofensiva final» para la recuperación de su reconocimiento jurídico. Por lo menos así parecerían entenderse las ocho columnas dedicadas el 14 de octubre por el periódico El Universal a dicho tema y las posteriores declaraciones del Cardenal Corripio, acerca de la necesidad de que se modifique el artículo 130 y el resto de los artículos anticlericales de la Constitución.

Es evidente que a la jerarquía católica no le interesa el estatuto del resto de las confesiones, sino su propio fortalecimiento en tanto que Iglesia y en tanto que cuerpo rector de los destinos de la misma. Lo anterior no significa que el episcopado mexicano carezca de razones doctrinales que motiven sus acciones y que en gran medida expliquen su obstinación respecto al tema.

En efecto, si la Iglesia católica mexicana ha podido, pese a todas las limitaciones jurídicas que se le han impuesto, desarrollar sus actividades sociales con una relativa libertad, si la legislación anticlerical es en la mayoría de los casos letra muerta, cabria entonces preguntarse el porqué de la insistencia de la jerarquía católica, particularmente en el reconocimiento jurídico. ¿Qué diferencias reales podrían existir con este cambio legal para la vida interna de la Iglesia?

La posición de la jerarquía católica encuentra su fundamento, tanto en razones de índole doctrinal como en motivos de orden práctico, relacionados con su particular concepción de la estructura eclesiástica. Las razones doctrinales se pueden encontrar en la Declaración Dignitatis humanae, documento emanado del Concilio Vaticano II, el cual resume la posición de la Iglesia católica respecto al derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa.

En cuanto a las razones de índole práctica, la jerarquía sabe perfectamente que, si bien hasta ahora ha sido un interlocutor privilegiado del gobierno, tanto en términos del conjunto de las Iglesias como del conjunto de los católicos, dicho papel puede variar según las circunstancias del momento. Es claro también que su posición se vería reforzada por el hecho de asumir, de manera oficial, el papel de representante legítimo de los intereses de los católicos, por lo menos en materias de índole moral. Sin embargo, en la medida en que dichas materias tienden a permear otros temas de carácter social y político y que aparecen regularmente en los grandes debates nacionales, la representatividad de esta jerarquía se presenta como un asunto extremadamente ambiguo. Por otro lado, si hasta ahora muy poco se ha cuestionado la representatividad del episcopado en relación al conjunto de los feligreses, nada nos dice que esta no podrá ser contestada en un futuro, tanto por los mismos miembros de la Iglesia católica, como por el resto de las confesiones existentes en el país, las cuales, si no aspiran a un trato igualmente estrecho con el gobierno, por lo menos desconfían de cualquier relación que tenga carácter de privilegiada.

Así, podemos concluir razonadamente que el problema clave del reconocimiento jurídico de las agrupaciones religiosas no reside en la reintegración de los derechos religiosos de una entidad abstracta denominada Iglesia, sino en la representatividad supuesta de un grupo de miembros de esta Iglesia que pretende actuar en nombre de la misma o del conjunto de los creyentes.

Veamos un caso hipotético concreto: un partido o el mismo gobierno lanza una iniciativa en el Congreso para legislar sobre el aborto. Los diputados estarán interesados en conocer el conjunto de las opiniones sobre el tema. Se pensará evidentemente en la Iglesia católica. Para que alguien exponga su opinión y se invitará al Arzobispo Primado de México o al Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien hablará en nombre de los católicos. Difícilmente el Congreso pensará en invitar a los miembros de otras confesiones religiosas, pues su gran número y su excesiva fragmentación harían difícil cualquier intento por escuchar a una muestra representativa del conjunto de las confesiones. Se podría pensar que esta situación provocaría el reagrupamiento de las confesiones evangélicas en una especie de Consejo Mexicano de Iglesias Protestantes. Sin embargo, aún esta asociación carecería de representatividad política o doctrinal, salvo para cuestiones muy generales. Además, una organización de este tipo dejaría fuera al creciente número de nuevos movimientos religiosos o agrupaciones paracristianas denominadas peyorativamente sectas, como la Sociedad de la Atalaya y la Biblia (testigos de Jehová) o la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Ultimo Día (mormones).

El problema de la representatividad se plantea de manera igualmente problemática dentro de la misma Iglesia católica. La concepción teológica conciliar de «Pueblo de Dios», que de alguna manera sustituye a la noción de la Iglesia como «Cuerpo Místico de Cristo», permite a muchos miembros y grupos católicos el defender su derecho a participar de manera activa en los destinos de su Iglesia. Por lo tanto, crecientemente cuestionan el modelo de Iglesia y los postulados doctrinales sobre los cuales hasta épocas muy recientes la jerarquía pretendía tener absoluto control.

De esa manera, si regresamos a nuestro ejemplo concreto de la iniciativa para legislar sobre el aborto, en el mejor de los casos el Congreso tendría que escuchar las opiniones, no solamente del conjunto de las confesiones existentes en el país, sino también la de todos los grupos católicos y no católicos que divergen de los puntos de vista de sus respectivas jerarquías. Además, en un tema de esta naturaleza, los miembros de las Cámaras tendrían que considerar a todos aquellos sectores secularizados de la sociedad que no se sienten identificados con ninguna confesión religiosa y que sin embargo algo tendrían que decir respecto a un tema con implicaciones éticas.

Desde esa perspectiva, la solución que hasta ahora el Estado mexicano dio al problema de la representatividad eclesial no parece tan descabellada ni premoderna, sino todo lo contrario: el Estado mexicano no trata (es decir, no las reconoce jurídicamente) con corporaciones eclesiales, sino con individuos religiosos, los cuales deben tener todos los derechos y libertades modernas que muchas veces les niegan las mismas iglesias. En todo caso, el garantizar de la mejor manera posible el respeto a dichas libertades antagónicas sería la función de un verdadero Estado Laico.

Roberto Blancarte. Investigador y coordinador académico de El Colegio Mexiquense.