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CUADERNO NEXOS

El PAN: Agenda para la LV Legislatura

La plataforma política del Partido Acción Nacional señala, bajo el enunciado de «agenda legislativa», una serie de propuestas divididas en cinco capítulos precedidos por una introducción que desarrolla las ideas fundamentales que sustentan dichas propuestas, y que se titula «Democracia para la Justicia en la Libertad».

El primero de los capítulos, que se refiere al «Primado de lo Político», enfatiza la tesis del partido sobre la urgencia de los cambios en materia política sin condicionamiento o subordinación a los económicos y, más aún, señalando que ambas reformas son indispensables y necesariamente vinculadas, sostiene la primacía de lo político. Abarca propuestas concretas para una reforma política que haga posible la transición democrática, a cuya búsqueda pacífica y ordenada no hemos renunciado, a pesar de que los hechos electorales representan para nosotros la restauración de un sistema autocrático. Los hechos postelectorales, con todo lo que de ellos se ha dicho, nos animan a pensar que por encima del aparato político hay la intención de reestablecer el camino de la transición. Ya lo veremos.

La agenda en este ámbito se orienta entonces hacia la consecución de una Reforma Política, terminal y definitiva. Esto implica la elaboración de un proyecto de Ley Orgánica del Registro Nacional de Ciudadanos, que logre finalmente un instrumento electoral confiable y fuera de dudas, y cuya propuesta ha sido ya establecida por la propia Constitución. Es sin duda un logro de la Reforma Electoral que no ha sido traducido en ley ni trasladado a la vida práctica, de manera que su establecimiento es urgente.

Se propone la Reforma del marco legal «en aquellos aspectos de la ley que han sido materia de una amplia discusión interna, como la cláusula de gobernabilidad y la integración de los órganos electorales». Además se buscará reformar el carácter jurisdiccional del proceso, suprimiendo la figura del Colegio Electoral y reforzando la labor del Tribunal Electoral -cuya actuación por cierto ha sido tristemente pusilánime- mediante la ampliación del espectro de pruebas admisibles y su valoración, modificación de causas de nulidad de casilla y de elección, y mediante la supresión de las limitaciones que efectivamente tiene. Lo anterior debe ir junto a una agenda política propiamente dicha, que establezca compromisos concretos y verificables con el gobierno y otras fuerzas, para lograr pasos claros y definidos que tienen que ver con el establecimiento real del Registro de Electores, la remoción de funcionarios priístas de la estructura electoral, la credencial electoral de plena identificación, etcétera.

Reforma del Congreso. El Poder Legislativo debe reformar su estructura para ejercer cabalmente sus funciones. Hay algunos rubros en los que debe reasumir su categoría de poder controlador en materia financiera, entre otros los relativos a la deuda pública. En este aspecto hay que recordar lo que claramente establece la Constitución: el Congreso no sólo debe establecer bases para la contratación de empréstitos, que en términos llanos es el establecimiento imperativo de la política de endeudamiento del Estado, no el mero señalamiento de montos, sino además aprobar de manera especifica los empréstitos contraídos, facultades de capital importancia para el equilibrio de poderes y la salud financiera del país, que la ley y la práctica han hecho nugatorias.

En ese orden de ideas, deben modificarse las leyes que le impiden ejercer las facultades que posee en materia de regulación del comercio exterior, que indebidamente han abdicado en favor del Ejecutivo y que le permitirían intervenir, por ejemplo, en el establecimiento de bases mínimas para la celebración de acuerdos comerciales, incluso el de libre comercio. Por otra parte, en materia presupuestal se enfatiza la necesidad de una mayor y más responsable intervención para determinar las prioridades de presupuesto nacional y los criterios de política económica, y que a la fecha son elaborados y considerados íntegramente por el Ejecutivo, limitándose la Cámara de Diputados a aprobar sobre las rodillas. Finalmente, es necesario reformar la ley de planeación a fin de que el Plan Nacional de Desarrollo y sus respectivos programas y seguimiento sean aprobados, y no meramente «opinados» por el Congreso como ocurre hasta ahora. 

En materia de justicia y derechos humanos, proponemos que la Comisión de Derechos Humanos actúe sin las restricciones de competencia que actualmente tiene y se vuelva autónoma (el Poder legislativo sólo debe intervenir en la integración y rendición de informes), y se transforme con ello en una auténtica Procuraduría de Derechos Humanos. Proponemos también la expedición de un Código Penal tipo para toda la República, la reforma y simplificación de los procesos penales, un Código de Ejecución de Sanciones y Tratamiento de Inimputables que modifique el sistema penitenciario. Otro proyecto legislativo es la expedición de una Ley de Policía y Seguridad Pública que considere entre otros los aspectos laborales y la desaparición de cuerpos de vigilancia anticonstitucionales. Asimismo, proponemos la enseñanza obligatoria de los derechos humanos.

En materia de política internacional, de la cual se ocupa el segundo capítulo, buscamos revalorar la función orientadora del Senado, el reforzamiento de las organizaciones internacionales, y una política activa de integración iberoamericana. En un subcapítulo se hace referencia al Descubrimiento de América. «Esta conmemoración debe perseguir un fin fundamental: estrechar y fomentar las relaciones que naturalmente tenemos con España, pero siempre referidas a la integración latinoamericana, como pueblos herederos de esta cultura occidental».

Como materia de un amplio tercer capítulo proponemos una serie de reformas sustanciales que resumiría así:

Reforma Económica. Consideramos que la intervención que el Congreso deba tener en presupuesto, política fiscal, deuda, planes de desarrollo, coordinación fiscal a los estados, etcétera, debe estar regida por una política económica eminentemente distributiva. Sostenemos que la fuente de crecimiento económico se encuentra fundamentalmente en la iniciativa de la sociedad y no del Estado y que el esfuerzo de éste debe orientarse a corregir los graves desequilibrios y desigualdades de la sociedad mexicana.

Proponemos que PRONASOL se transforme y que, sin merma de su eficacia, se trasladen sus recursos a los estados y municipios. Se busca una política fiscal encaminada a lograr una mejor distribución del ingreso por estados y regiones, que revierta la tendencia centralizadora y desnaturalizadora del sistema federal. El gasto en educación y salud debe tender a ajustarse a los porcentajes del Producto Interno Bruto que señala la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud como necesarios para países en desarrollo.

Reforma Comercial. Se requiere reformar la legislación comercial a fin de suprimir los burocratismos, promover la verdadera competencia y establecer una legislación antimonopólica eficaz. Consideramos necesario reformar el régimen de inversión extranjera, no para legislar de acuerdo a los intereses de ésta, sino para proteger y dejar bien claros los intereses nacionales. La certidumbre en las reglas de inversión, fijada por la ley y no por el capricho de una Secretaría de Estado, beneficia tanto al inversionista como al país receptor y sobre todo propicia la inversión verdadera y a largo plazo. Los principios a seguir establecer prioridades a la inversión generadora de empleos -la que aporte tecnología de punta-, privilegiar la inversión física respecto de la mera adquisición de activos y controlar severamente lo relativo al medio ambiente.

Reforma Fiscal. Buscamos que se simplifique la miscelánea y se haga comprensible, que tienda a reducir la carga impositiva al consumo equiparándola a las de niveles internacionales. Se requiere un régimen fiscal que estimule también la inversión y también la producción, para lo cual habrá que revisar impuestos como el que se aplica a los activos.

Reforma Agrícola. Para mejorar las condiciones de vida del campesino, dar seguridad en la tenencia de la tierra que genere inversión y productividad en el campo, promover las formas de asociación productiva entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios e inversionistas y desterrar la manipulación política en el área rural.

Más que aparecer o desaparecer al ejido o a cualquier forma de producción, se requiere que exista seguridad en la tenencia y con ello se atraiga la inversión. Paralelamente, deberá propiciarse el desarrollo de las comunidades agrarias y generar fuentes de trabajo en el área de comercio y servicios que absorban mano de obra del sector primario.

Reforma Laboral. Para que no se siga deteriorando el salario del trabajador con la inflación y se vincule la remuneración del trabajo a la productividad. En este rubro, propondremos una nueva forma de retribuir el trabajo, mediante un salario integrado por diversos conceptos variables: una parte mínima sujeta a la variación de una canasta básica que se determine para tal efecto, a fin de aislar el salario de los efectos inflacionarios. Otra parte determinada por la productividad del trabajo realizado, y finalmente otro rubro que tome en cuenta las circunstancias de la empresa misma, su volumen de capital, utilidades, razones financieras, etcétera, a fin de que el trabajador participe en forma justa de la riqueza que genera. Queremos establecer las bases que nos permitan en el futuro iniciar formas que logren el acceso del trabajador a la copropiedad y a la cogestión de la empresa y a la vez se fomente la responsabilidad en el trabajo. Se requiere que la reforma laboral garantice la vida democrática y honesta en los sindicatos y los libere de la manipulación política. Finalmente, es primordial aumentar de inmediato las percepciones de los jubilados y pensionados.

El cuarto capítulo establece una serie de propuestas de carácter social. Unicamente anotaré la que para el PAN ha sido, desde hace tiempo, la más importante: la reforma educativa. Para lograr el acceso de todos los mexicanos a la educación y capacitación, mejorar las condiciones de la enseñanza elevando el nivel de vida de los maestros y garantizar el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos. Es fundamental que el Estado no sólo tolere sino que inclusive fomente un verdadero pluralismo educativo, donde todos los grupos culturales o ideológicos del país tengan la posibilidad de participar en la educación conforme sus convicciones.

Finalmente, en el quinto capítulo se hace referencia a la problemática peculiar del área metropolitana, enfatizando la necesidad de modificar la ley y la de constituir, con el propósito amplio de restituir los derechos políticos plenos de los ciudadanos del Distrito Federal y establecer mecanismos administrativos eficaces de coordinación. Se trata de que esta legislatura enfrente con éxito grandes transformaciones que marcarán muy probablemente la vida del país de manera definitiva.

Felipe Calderón Hinojosa es diputado por el PAN para la LV legislatura.