A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

CUADERNO NEXOS

La nueva Cámara

Superados los momentos más álgidos de los conflictos postelectorales, planteadas y discutidas las más diversas hipótesis sobre el verdadero significado de los comicios de agosto, acaso sea conveniente volver ahora a lo que en realidad estuvo en juego formal y básicamente en dichas elecciones: la renovación total de la Cámara de Diputados y de la mitad de la Cámara de Senadores. Sin duda la naturaleza semiautoritaria del sistema político mexicano, ligada a la precariedad política y organizativa de los partidos nacionales, explica que buena parte de la atención pública se centre en la limpieza o desaseo, en la equidad o inequidad de los propios procesos electorales. Pero tal concentración en las cuestiones referentes a la credibilidad o no de las cifras corre el riesgo de hacernos olvidar que la agenda de la transición mexicana a la democracia no se agota, ni puede hacerlo, en el problema del sufragio efectivo. Y que los comicios, por importantes que sean, son sólo un procedimiento para elegir representantes y gobernantes.

En este sentido, los sorprendentes resultados electorales de 1988 parecieron abrir grandes oportunidades para reivindicar la autoridad y autonomía políticas del Poder Legislativo, como instancia efectivamente representativa del nuevo pluralismo del país. Más allá de las inútiles y desgastantes disputas sobre la legitimidad del titular del Ejecutivo, la configuración de la LIV Legislatura suponía posibilidades enormes para devolver a la Cámara de Diputados un papel y una función centrales, indispensables si, como se ha dicho, el acotamiento del presidencialismo es un ingrediente esencial para un tránsito efectivo a la democracia. El hecho de que la mayoría priísta fuera incapaz de aprobar por sí sola reformas constitucionales, parecía obligar a un verdadero ejercicio parlamentario -de debate, negociación y concertación- que no sólo implicaba la posibilidad de limitar la discrecionalidad del presidencialismo sino también la de enriquecer la vida política de la nación.

Lo cierto, sin embargo, es que el nuevo pluralismo de la Cámara de Diputados estuvo lejos de cumplir tales expectativas. Por el contrario, la opinión pública pudo observar -cuando tuvo paciencia para hacerlo- un supuesto Poder Legislativo que sólo in extremis y después de opacas y desgastantes negociaciones, era capaz de sacar adelante las reformas a las leyes electorales; unas fracciones parlamentarias dedicadas más al desprestigio recíproco que a las tareas propiamente legislativas; y unos diputados impotentes no sólo para legislar sino para reglamentar el propio funcionamiento interno de la Cámara. Cuando hoy se habla tanto de la restauración de un presidencialismo prácticamente ilimitado, habría que reconocer que buena parte de este fenómeno es responsabilidad de un funcionamiento fundamentalmente negativo, cuando no escandaloso y lamentable, del Poder Legislativo. No parece, en efecto, que la política de las interpelaciones y de las tomas del presidium, pueda dignificar y prestigiar las instancias parlamentarias.

La nueva Legislatura debiera aprovechar las lecciones de su antecesora. En particular las fracciones del PAN y del PRD tendrían que reconocer que la sola política contestataria poco puede servir para dar sustancia y fortaleza al Poder Legislativo y a sus propios proyectos partidarios. Que es necesario, además, asumir las señales de la ciudadanía emergente, así como elaborar y proponer programas legislativos que vayan más allá de las cuestiones puramente electorales y de las denuncias huecas y retóricas. Es indiscutible que los poderes del Ejecutivo deben ser acotados y controlados por una Cámara de Diputados políticamente productiva, capaz de representar y expresar realmente la pluralidad social existente. Pero ello requiere superar una concepción meramente negativa de dicho control, que considera que la función única de la oposición es oponerse.

En este horizonte destaca la propuesta panista para un nuevo consenso nacional. Más allá de las estridencias acostumbradas, el documento de Acción Nacional(1) parece expresar una concepción equilibrada y seria de lo que tendría que ser una política nacional concertada para abordar tanto las tareas relacionadas con la necesidad de dar mayor transparencia y equidad a las luchas electorales, como las referentes a los temas más relevantes de política económica y social en la coyuntura actual. De especial importancia resulta que un partido que en términos generales se ubica en posiciones de centro-derecha, reconozca la urgencia de los problemas laborales, agrarios, educativos y sociales que afectan a nuestro país, así como la necesidad de nuevas políticas redistributivas. Más que conveniente sería que el PRI como el PRD dieran una respuesta detallada y puntual a dicho documento.

El «heredero del 6 de julio», sin embargo, parece hasta ahora incapaz de superar los mitos y reflejos que lo llevaron a desperdiciar la mayor parte de las oportunidades políticas generadas por el alud electoral de 1988. Incapaz de reconocer en los últimos comicios otra cosa que «el mayor fraude de la historia «-lo que ya se asemeja demasiado al grito «ahí viene el lobo»-, la nueva fracción perredista insiste en descalificar y desacreditar sus propios espacios de participación, apostando a una crisis de legitimidad que ponga fin al «régimen de partido de Estado». Resulta casi increíble que el pretendido referente partidario de centro-izquierda agote su agenda legislativa en la necesidad de una nueva ley electoral y en la condena global e intransigente de la política gubernamental, abandonando a las demás fuerzas políticas el campo de cuestiones que debiera ser central para su proyecto político.

Pero la responsabilidad fundamental de la calidad de la LIV Legislatura recae sobre la mayoritaria fracción del partido oficial. Si se mantiene en la tesitura de ser un mero instrumento de las políticas del Ejecutivo y un puro valladar frente a las iniciativas de la oposición, en la expectativa de conservar sus privilegios legales e ilegales; si, además, interpreta los resultados electorales como un cheque en blanco que le permite regresar impunemente a las peores tradiciones de partido casi único, entonces -con independencia de los éxitos espectaculares de la Presidencia- la Cámara seguirá siendo el escenario de una degradación política y ética que sólo puede obstaculizar la modernización efectiva de nuestro régimen político. Continuar con un regateo mezquino para la elaboración de las leyes, insistir en mayoritear sin argumentos, significará mantener el predominio de oscuros intereses creados por encima de las posibilidades de una renovación realmente democrática de la política nacional.

1. «Propuesta para un Consenso Nacional del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional», en La Jornada, octubre 15, 1991.

Luis Salazar C. Profesor del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa