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CUADERNO NEXOS

El campo: Tierra y tenencia

El debate sobre la tenencia de la tierra, que ha estado presente desde que se inició la actual administración, cobró mayor intensidad durante el mes de octubre, ante la inminencia del próximo periodo legislativo durante el cual seguramente se presentarán propuestas que de alguna forma afectarán la estructura agraria.

El incidente que alimentó el debate fue la propuesta del Secretario General de la Confederación Nacional Campesina. El senador Silerio propuso -por lo visto sin consultarlo ni siquiera con la cúpula de la organización que dirige- que la tierra ejidal sea propiedad (y no sólo posesión) de los ejidatarios. Es decir, que quede abolida la restricción jurídica que hace que la propiedad de la tierra ejidal sea inalienable, intransferible, inembargable e imprescriptible.

De hecho, el cuestionamiento a la propiedad social de la tierra, al ejido como institución, ha estado presente desde que éste se creó. Los argumentos han variado, según los aires de los tiempos: desde señalar que se trata de un robo hasta que es estructuralmente ineficiente.

A partir de las medidas para estabilizar y restructurar la economía mexicana que se inician en 1982, muchos observadores (y también tomadores de decisiones) supusieron que la abolición de todas las restricciones a la propiedad privada de la tierra sería una pieza indispensable en esa restructuración. En esa visión, se asimila ejido a propiedad estatal, lo que es erróneo por todos los conceptos, y se sustenta en las enormes atribuciones de distintas instituciones estatales en cada momento de la vida productiva y social del campo, en la forma de operar de estas instituciones y en la manipulación política de la demanda agraria.

Así, el Programa Nacional de Modernización del Campo plantea como una de sus estrategias el «eliminar todas las restricciones a la libre circulación de los factores». Asimismo, en una importante reunión preparatoria de la Catorceava Asamblea Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional el año pasado, se propuso eliminar la figura ejidal. De vez en vez, organismos financieros internacionales hacen propuestas similares, sin insistir demasiado en ellas.

Estas aproximaciones parecen anunciar una embestida definitiva contra la propiedad social agraria.

En ello se inscribe el incidente del segundo tercio de octubre protagonizado por el senador Silerio. Pero eso dio lugar a que organizaciones campesinas, agrupaciones empresariales, funcionarios e intelectuales, manifestaran o reiteraran sus proposiciones. Por cierto que las organizaciones campesinas, sobre todo en el Congreso Agrario Permanente y durante los últimos años, no dejan de insistir en sus propuestas para la modernización del ejido.

Es una polémica polarizada, no exenta de cargas ideológicas y de posiciones extremas. Si para algunos la propiedad privada de la tierra es una panacea que traerá como consecuencia que fluya capital en abundancia a la agricultura, para otros acarreará automáticamente la reconstrucción de los latifundios. En ambos polos se desestima el testimonio que da el actual minifundismo en el país, que caracteriza la mayor parte de los predios privados. Estos nunca han logrado ni atraer inversiones, ni concentrar la propiedad rústica ni siquiera para superar su excesiva parcelización.

Con todo y que el debate se ha polarizado, de los argumentos surgen por lo menos dos puntos de acuerdo: a) la excesiva ingerencia de diversas instituciones estatales es una camisa de fuerza que impide el despliegue de la potencialidad productiva en el campo, y b) es urgente flexibilizar las regulaciones para fomentar la libre asociación entre productores.

Es muy probable que el avance en ese sentido tenga un impacto favorable sobre la producción. No obstante, cualesquiera que sean las decisiones, no pueden perder de vista dos características de origen. Por una parte, la actividad agrícola en general tiene una menor rentabilidad, lo cual, por cierto, explica el alto nivel de subsidio en los agricultores de los países ricos. En el caso de México esa situación de menor rentabilidad agrícola se agrava por la pobreza de una buena parte de nuestra superficie agrícola. Lo más probable, de acuerdo con los referentes internacionales, es que más que la tenencia sea eso lo que detenga el flujo de inversión privada al campo. Por otra parte, la agricultura mexicana es muy heterogénea en cantidad y calidad de recursos, tecnología, organización y formas de vinculación con el mercado. Por ello no puede haber soluciones universales. Las respuestas a los cambios serán muy disímbolas.

La institución ejidal, con todos sus problemas, restricciones y desviaciones, ha sido el núcleo social básico en el campo, aun para la enorme población rural que no tiene derechos agrarios. Este es un recordatorio obligado, porque no puede pensarse que la abolición de la propiedad social rural sea lo mismo que privatizar empresas paraestatales. La inestabilidad social que se generaría ¿compensaría el supuesto incremento en la producción?

Rosa Elena Montes de Oca. Economista. Ha publicado diversos ensayos sobre la problemática rural.