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Irene Herner. Investigadora de la UNAM. Su último libro es Diego Rivera. Paraíso perdido en el Rockefeller Center (Edicupes, México,1986).

Coleccionistas y dealers Fue una contradicción entre la ley mexicana y la realidad. El «Códice Aubin» -Tonalámatl de Tlaxcala-, salió por primera vez de la Nueva España, entre las maravillas que Lorenzo Boturini llevaba consigo. Boturini iba desterrado de regreso a Europa y tenía aún la esperanza de llevarle personalmente ese maravilloso Códice al Rey Felipe V, pero el barco en que viajaba fue tomado por unos ingleses que le quitaron sus tesoros de las manos. El Tonalámatl estuvo encerrado durante años dentro de libreros de cedro y así fue trasladado a diferentes bibliotecas. En cada cambio de ubicación disminuía de tamaño, hasta que por azares del destino retornó al continente americano.

En 1836 Frederick Waldeck compró el Tonalámatl y se lo vendió a Aubin. Eugene Goupil lo adquirió de Aubin y a su muerte el Códice de Tlaxcala pasó a formar parte de la Biblioteca Nacional de París, de donde lo sacó clandestinamente en 1982 el abogado mexicano José Luis Castañeda del Valle porque, según le escribe al presidente Salinas, considera que «con fundamento en el artículo octavo de la Constitución General de la República, el Códice mexicano, indebidamente denominado Tonalámatl de Aubin, debe ser ratificado como monumento arqueológico, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos en vigor…» Pide que se llame Tonalámatl de México. Se dice convencido de que esto «no significa más que hacernos justicia los mexicanos respecto a algo que nos pertenece de acuerdo a nuestra legislación».

La contradicción entre la ley y la realidad sucede desde el principio de esta historia. La pregunta ha sido siempre la misma: ¿a quién le pertenece este documento de la antigüedad tlaxcalteca? Y al respecto, ¿por qué museos del extranjero que cuentan con obras mexicanas no quieren prestarlas para su exhibición en México?

Después de muchas discusiones y enojos entre funcionarios de la cultura mexicana y francesa, se llegó a un acuerdo diplomático respecto al caso del Tonalámatl: permanecerá en México durante tres años renovables de común acuerdo.

Si se repatriaran los muchos objetos de arte desarraigados de sus lugares de producción o de colección primera, poco quedaría en los grandes museos de Europa y los Estados Unidos. Pero las leyes no son retroactivas.

¿Cuáles son los principios que se aplican para poseer el legado cultural de la nación? ¿Dónde, cuándo y cómo se reubica, estudia, atiende y revalora el pasado nacional?

Un ejemplo, el «Penacho de Moctezuma» -dice Eréndira Salgado, directiva del Jurídico del INAH-, salió legalmente como donación de un emperador en ejercicio a otro. Sin embargo, si pensamos por ejemplo en la banda presidencial, ésta no es donable. «¿Acaso era donable el Penacho?», se pregunta la abogada. «La opción por la que el gobierno mexicano solicita su devolución es la de una petición de buena voluntad, apelando a las relaciones positivas entre este país y el gobierno de Austria».

Otro ejemplo es la obra de Frida Kahlo, uno de los siete pintores que por decreto México reconoce como Monumento Artístico de la Nación: ¿a quiénes pertenece y cuál es su ubicación? Por ley, dice Norma Rojas, directora del Jurídico del INBA, una obra declarada Monumento Artístico de la Nación «es una modalidad de la propiedad. Es una restricción de la propiedad. Son obras que no se pueden vender fuera del país, no se pueden sacar del país, ni restaurar sin intervención del INBA». «No pueden salir a la venta, pero sí pueden viajar con permiso del INBA a exposiciones», especifica Juan Urquiaga, directivo del Patrimonio Artístico del INBA.

Nombrar monumentos artísticos de la nación a las obras de algunos pintores, ¿beneficia a los propios pintores? Los 7 pintores modernos mexicanos cuyas obras están en este caso realizaron buena parte de su producción artística en el extranjero. Sin embargo, el mayor premio oficial para un pintor, de acuerdo a nuestra estructura jurídica, es convenirse en monumento. Por decreto, las pinturas de Frida Kahlo entran en esta categoría para los mexicanos y deben visitarse en México. Sus pinturas logran altos precios en el mercado del arte. Hasta la cantante Madonna quiere ser Frida. 

«Hace 6, 8 años salían los Fridas en veinte mil dólares y de repente la descubren. El caso de Frida es muy especial», dice Mariana Pérez Amor de La Galería de Arte Mexicano. «Su imagen es a tal grado impresionante que desde las subastadoras hasta las feministas, todas la explotan. Incluso nos la revaloran desde fuera». (El millón y medio de dólares en Christie’s N.Y. lo pagó un coleccionista regiomontano para traer la Frida ante el Espejo de regreso a México). «Lo que el agua me ha dado se vendía muy barata en México», cuenta Pérez Amor. «Nadie la compraba hasta que se vendió en Sotheby’s. Frida ya es una marca. En los ‘freeways’ de San Antonio se exhibe su efigie en un cartelón que dice `México Exótico’. Quieren hacer todo de Frida: venden su imagen en suéteres, botones y playeras, como si fuera Tortuga Ninja. Todo mundo sabe quién es Frida Kahlo. En efecto, hay que tratar de que los cuadros de Frida Kahlo estén en México, pero si todos estuvieran aquí, su difusión estaría determinada por la política del país en cada momento».

La muerte reciente de Rufino Tamayo trajo la pregunta de si su obra debe o no ser decretada Monumento Artístico de la Nación de acuerdo a los preceptos de la legislación vigente. ¿Hasta qué punto beneficia y conviene limitar la propiedad y la circulación de la obra de un artista mexicano y a la vez universal como Tamayo? Quizá la muerte del maestro Tamayo sirva para descubrir otros modos oficiales de homenajear, reconocer y proteger las obras de sus artistas sobresalientes, más acordes con la realidad nacional y con la universalidad del arte.

«El mercado internacional del arte es pasajero y se derrumbará», sentencia el museógrafo Miguel Angel Fernández. «La cultura no puede estar determinada por el costo que se impone a los demás valores. No hay que perder la perspectiva. Hay mucha injusticia, el mundo del mercado del arte neoyorkino es descarado y dañino a la cultura». Pérez Amor se defiende: «Los que nos dedicamos al mercado del arte recibimos un trato horrible. La gente cree que nada más especulamos, que somos comerciantes y explotadores y que no hacemos nada por el arte en México. Creo que están bastante equivocados. Si en los años treinta Inés Amor no hubiese comenzado a llevar exposiciones de artistas mexicanos a Estados Unidos, si no hubiera sacado a sus artistas para que los conocieran en otros países, el arte mexicano estaría bastante olvidado».

«Creemos que las obras de arte deben tenerlas quien las admire y pueda protegerlas. Todo el arte del mundo es un legado a la humanidad», opinan Armando Colina y Víctor Acuña de Galería Arvil. «Las piezas claves del patrimonio cultural deben mantenerse en sus países de origen. Que no se lleven a la Coatlicue, pero hay miles de esculturitas de mujeres de Chupícuaro, por ejemplo. ¿Por qué no intercambiar algunas de ellas por algunas piezas de Egipto o de la India? Si todas las obras del arte de México se quedaran aquí, no habría forma de mostrarlas ni de difundirlas».

De acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente desde 1972, se «tiene la visión de los coleccionistas como traficantes. La ley no les da un sitio, no tienen lugar», dice Jorge Alberto Manrique, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. «La ley es indefinida: por un lado habla de comercio ilícito -en el caso de los objetos precolombinos y coloniales- y por el otro habla de traslado de dominio».

Sobre las obras de los pintores declarados Monumento Artístico de la Nación, y también respecto a la obra colonial, Juan Urquiaga, directivo del Patrimonio Artístico del INBA, ratifica que «el coleccionista es el único dueño de la obra, la puede vender. Lo único que no puede es exportarla o restaurarla sin permiso del INBA».

Para Josué Sáenz, con cuya colección de arte prehispánico se estableció el nuevo Museo Amparo de Puebla, un coleccionista es «o un enfermo mental que quiere tener para sí las piezas y para nadie más, o un individuo que a través de lo que gasta busca prestigio social, status y publicidad. En los países donde se deducen impuestos por donativos a los museos, es un buscador de beneficios fiscales. Estas motivaciones pueden confluir o ir por separado. Pero el coleccionista es, ante todo, un enamorado del arte que hará todo lo posible por conservarlo y protegerlo. La mayoría de los coleccionistas desean compartir su goce con otra gente».

«El coleccionista es un benefactor», dice Manrique, «porque se preocupa por juntar y recoger objetos que quizá se habrían perdido o salido del país. Museos como el Franz Mayer, el Tamayo, el Amparo, los de Diego Rivera, de Rafael Coronel, etcétera son instancias de esto. La ley supone que el coleccionismo propicia el tráfico y el saqueo, lo cual también es cierto. Ese es el problema. La obra de arte es objeto de comercio. El productor de arte tiene derecho a vivir muy bien, no sólo a sobrevivir de sus obras». Para que esto sea posible, insiste Manrique, «se requiere el sistema de comercialización que son las galerías de arte, los corredores, las casas subastadoras. Si no hubiera dealers, por ejemplo, Tamayo no hubiera sido quien fue». (Su dealer era la Marlborough Gallery de Londres y Nueva York).

«La promoción del arte que llevan a cabo las galerías engloba intereses económicos y comerciales, pero los rebasa», asegura Armando Colina de Arvil. «Las galerías son organismos gratuitos de exhibición, difusión e información al público. Invertimos y pagamos gastos, damos a conocer a los artistas. nos arriesgamos por nuestra cuenta. Somos museos sin costo con nuestra experiencia. Además producimos divisas».

El patrimonio a cargo El INAH es la institución responsable de todos los llamados Monumentos Históricos, es decir, de todo lo que se ha producido desde antes de Hernán Cortés hasta lo hecho en 1899. Lo producido a partir de 1900 se denomina Monumento Artístico de la Nación, no Histórico, y su custodio es el INBA. Para decirlo claramente: aunque sea artístico lo hecho antes del siglo veinte, en México es considerado histórico por decreto; y aunque no sea artístico, sino histórico, el objeto realizado después de 1900 es artístico porque así lo establece la ley publicada el 6 de mayo de 1972, vigente a la fecha. «Es una división un poco elemental de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos», apunta Juan Urquiaga del INBA. «La Ley contempla más la protección de lo precolombino que la de lo novohispano», plantea Jaime Ortiz Lajous, titular de la coordinación del Patrimonio Cultural de CONACULTA. Y apunta sobre las dependencias que tienen relación con el patrimonio: «Inicialmente se crea en los años veinte el Departamento de Bienes Nacionales que dependía de la Secretaría de Hacienda. En la época de Cárdenas se creó por decreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el presidente Miguel Alemán creó en 1946, también por decreto, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)». El objeto era salvaguardar los valores antropológicos, históricos y artísticos del país. «En el ámbito federal», continúa Ortiz Lajous, «el Departamento de Bienes Nacionales resultó insuficiente para controlar todos los bienes y a principios de los cuarenta se creó una nueva secretaría de Estado, la Secretaría del Patrimonio Nacional, que tenía bajo su jurisdicción desde el petróleo hasta el arte. Esta secretaría cambió de nombre: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y ahora Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La SEDUE se hace cargo de los monumentos federales dentro de la Dirección General de Bienes Inmuebles y la Dirección General de Monumentos. El fundamento jurídico de la legislación sobre el patrimonio cultural se encuentra en la Ley General de Bienes Nacionales».

Respecto de la Ley Federal vigente, cuenta Josué Sáenz que se elaboró durante el gobierno de Díaz Ordaz pero no se promulgó a pesar de que la aprobó el Congreso y la firmó el Presidente. Lo que pasó fue que al Secretario de Hacienda, Ortiz Mena, le pareció demasiado proteccionista. Dieron marcha atrás y formaron una Comisión presidida por José López Portillo para realizar otro proyecto de ley. Sin embargo, al llegar a la presidencia Luis Echeverría, aprobó la ley de Díaz Ordaz y ante las protestas de diversos grupos en 1972, aprobó un nuevo proyecto de legislación que en realidad se mantuvo bastante cercano al de 1970, excepto que cancelaba la protección con carácter de monumento a las colecciones numismáticas, a las obras de pintores extranjeros que se encontraran en México y a algunos otros objetos. «Fue desde entonces», dice Josué Sáenz, «que salieron del país las grandes colecciones, entre ellas la de Natasha Gelman».

Además de la Ley Federal, existen siete decretos presidenciales, con valor de ley, que consideran Monumento Histórico de la Nación a las obras de los pintores fallecidos: José María Velasco a partir de 1943, Gerardo Murillo Coronado (Dr. Atl) a partir de 1964, José Clemente Orozco y Diego Rivera a partir de 1959, y Monumento Artístico de la Nación a la obra de David Alfaro Siqueiros a partir de 1980, la de Frida Kahlo Calderón a partir de 1984 y la de Saturnino Herrán a partir de 1987.

Se les considera Monumentos Históricos y no Artísticos aunque están bajo la custodia del INBA porque «cuando se decidió proteger la pintura en los años cincuenta, la ley no contemplaba lo artístico como bien sujeto de protección. Sólo fue así hasta 1970», explica Eréndira Salgado del INAH.

«El último invento de institución para proteger el patrimonio cultural de la nación», dice Jaime Ortiz Lajous, «es la Comisión de Protección del Patrimonio Cultural de México, dentro de las tareas del CONACULTA. Surgió de la preocupación de cómo hacer para poder intervenir ante las instancias oficiales ya establecidas en pro de la salvación del patrimonio cultural. Víctor Flores Olea seleccionó 32 personas destacadas en la defensa de la cultura para conformarlo. Entre ellos Pedro Ramírez Vázquez, Chávez Morado, Silvio Zavala, Efraín Castro, Beatriz de la Fuente. Se trata de crear una Comisión que tenga autoridad moral y pueda intervenir sin las cortapisas de la burocracia del INAH, del INBA y de SEDUE. Que pueda intervenir directamente con los directivos de estas instituciones solicitando y llamando la atención sobre problemas concretos respecto al patrimonio cultural. Se busca la participación de la sociedad en la defensa del patrimonio cultural de la nación, propiciando la creación de comisiones locales a nivel nacional, desde pequeños poblados, municipios y estados. Hacemos recomendaciones a nivel nacional. Escribimos a gobernantes, hablamos con la gente, proponemos patronatos». No manejan presupuesto ni tienen poder de actuar directamente.

El 3 de julio pasado La Jornada informó: «El PRI retira su iniciativa sobre la ley de monumentos». Hasta ese momento, nadie sabía nada de ninguna iniciativa de reformar la Ley Federal sobre Monumentos Históricos. Los antropólogos y funcionarios del INAH protestaron porque, según Eréndira Salgado, «se trataba de un documento realizado por un diputado veracruzano, y firmado por 17 diputados del PRI». Las reformas propuestas «quitaban la competencia federal respecto de la conservación y la restauración de los monumentos históricos. Quedaba fuera la normatividad del INAH al respecto. El INAH es el único que debe emitir la normatividad técnica, no realizar las obras», asegura la funcionaria. «El INAH dice en cada caso lo que sí y lo que no se autoriza en la legislación, y la comisión hace más flexible la aplicación de las normas del INAH».

Eréndira Salgado está de acuerdo en que hay cosas que la ley actual no contempla. Por ejemplo, «se debe pensar en las contradicciones respecto a la competencia y responsabilidad de las diversas instituciones encargadas de la conservación del patrimonio nacional. Hay fricciones entre instituciones nacionales, federales, estatales y municipales». Hay problemas de coordinación. Cada vez que un particular, poseedor de un bien que es monumento nacional quiere restaurarlo, ampliarlo o poner ahí un restaurant o una tienda, sus gestiones entran a los laberintos burocráticos de varias instituciones. Unas autorizan lo mismo que otras prohiben.

De acuerdo a la ley «Se supone», dice Eréndira Salgado, «que de acuerdo a la ley la gente no debe tener cosas arqueológicas en sus casas; pero a veces se las dejan en custodia porque la gente tiene un sentido de pertenencia con ellas. Son cosas de sus antepasados. Es el caso de Ixtacamaxtitlán, Puebla, en que la gente del pueblo empezó a comprar obras para que no sacaran las cosas de ahí. Le pidieron su museo al INAH que está trabajando dentro de un extemplo sin techo. El pueblo ofreció mano de obra, vigas y el permiso del sacerdote».

Los coleccionistas de obras precolombinas y coloniales fueron considerados traficantes al día siguiente de poner en práctica la ley de 1972. Si ahora quieren registrar sus obras corren el peligro de que se las confisquen. «Todo México es un cementerio arqueológico», asegura Josué Sáenz. «Hay más de cuarenta mil zonas precolombinas». Eréndira Salgado dice que «hay aproximadamente cinco millones de zonas arqueológicas, que van desde tumbas sencillas hasta zonas ceremoniales. Exploradas, sólo hay 135, las monumentales».

«Mi esposa Jacqueline y yo», apunta Josué Sáenz, «fuimos comprando piezas en el transcurso de cuarenta años. Empezamos en 1944 hasta formar una colección importante de arte prehispánico en nuestra casa, siempre abierta al público. Cuando se estableció la ley de 1972 registramos toda la colección y dejamos de comprar en vista de que todo lo arqueológico era propiedad de la nación, excepto lo registrado. Dejamos de comprar porque no había previsiones en la ley para el registro de piezas adquiridas o encontradas después de esa fecha. La ley acabó con el coleccionismo lícito, pero no se resolvió el problema de la conservación del patrimonio arqueológico de la nación». El problema de la conservación (difusión, posesión y saqueo», continúa Sáenz, «se puede enfrentar desde cuatro aspectos básicos. Lo primero es proteger y conservar lo ya descubierto. El segundo aspecto es acelerar la exploración de lo no descubierto. Los montículos no explorados son una tentación. En el primer caso se trata de un problema policiaco y financiero. Si sólo pensamos en la vigilancia de zonas para proteger el patrimonio arqueológico, se necesita a todo el ejército mexicano. El segundo es un problema financiero, la necesidad de recursos económicos. El tercer aspecto se refiere a cómo resolver el problema de los hallazgos accidentales. Es inevitable encontrar de esa manera gran cantidad de piezas arqueológicas. Cuando las encuentran, unos las consideran suyas o de sus ancestros; otros las ven como solución económica para obtener una regadera o un tractor, como intercambio para sus necesidades».

Le preguntamos a Sáenz cuáles son las alternativas para alguien que encuentra o tiene un objeto precolombino: «Llevarlo a una autoridad para que lo entregue a la nación», contesta Sáenz. «Eso es lo que estipula la ley. Pero le puede suceder o que lo acusen de saqueador o que la persona a quien se lo entrega lo venda o se quede con él. Entonces, mejor conserva la pieza o se la vende a un extranjero que se la paga de contado, la mete en su maleta y la saca del país, sin dejar huella. Por eso hay que crear una demanda interna por parte del gobierno o de particulares para que las piezas de hallazgo accidentales se queden en el país. Un mercado abierto nacional con posibilidad de registro es una alternativa, quizá no la mejor. La otra posibilidad es un sistema de compras por parte del gobierno. Que quien se encuentre una pieza se la pueda vender al Estado, de acuerdo con las estimaciones del valor del mercado. El gobierno no necesita comprar todo lo que se encuentra, sólo tener la opción de compra, el derecho del tanto, como se hace en Inglaterra. El hallador de piezas, después de registrarlas y en el caso de que el gobierno no las quiera, podrá pagar un impuesto de legitimación. Con ese dinero el gobierno puede reunir fondos para comprar las piezas que sí le interesan».

«En Egipto, Grecia, e Irán sucede como aquí: todas las obras son propiedad de la nación y a quien se le encuentre en posesión de una pieza lo castigan. La consecuencia de esto es que los museos y las galerías del mundo están llenos de obras egipcias, griegas, iraníes, salidas de esos países de forma clandestina. En Italia, donde se aplica el sistema de opción para el gobierno, se han conservado más las piezas dentro del país».

«Otra posibilidad», continúa Sáenz, «es que el gobierno, al comprar las piezas que le sean presentadas, venda o intercambie algunas de ellas, las de segunda o tercera categoría, por supuesto no las más importantes. Intercambiarlas, por ejemplo, por obras de museos extranjeros. Ese es el cuarto aspecto del problema. Impedir o dificultar que salgan del país las cosas importantes». Y conocer su paradero.

Préstamos e intercambios También se puede pensar en préstamos o renta de piezas del arte mexicano a diversos museos a largo plazo, como otra forma de atraer divisas para dedicarlas, como una de las formas del autofinanciamiento de la cultura, a la protección de las obras que se encuentran en el país.

Para luchar contra los saqueos existen tratados internacionales que México ha suscrito. Hay acuerdos firmados entre México y la UNESCO, entre México y Estados Unidos y entre México y algunos países de Centroamérica. Para eso también está el tratado de París de 1970.

«Los grandes saqueos», afirma el arqueólogo Julio César Olivé, que participó en la elaboración de la ley vigente, «corresponden a las expansiones imperialistas, a la incapacidad de defensa de los propios pueblos y a la falta de organismos nacionales e internacionales de protección a los patrimonios culturales. La conciencia contemporánea ha cambiado a través de la UNESCO y de los servicios nacionales. Hay una conciencia nacional e internacional de la necesidad de conservar y mantener en los propios países el patrimonio cultural y combatir el tráfico clandestino de los bienes. Definitivamente no nos interesa que se consideren bienes de comercio las obras arqueológicas. Si estas ventas quedaran prohibidas en todo el mundo, la única manera en que se podrían difundir sería a través de intercambios culturales con museos e instituciones científicas. El interés por las piezas del pasado prehispánico no va ligado al mercado, a su valor económico, sino a su valor cultural. La ley actual es eficiente. No debe tratar de abrogarse. Necesitamos mejorar los sistemas de aplicación de la ley y dar recursos suficientes a las instituciones que tienen esa responsabilidad como el INAH.

Para enviar una exposición de obras precolombinas al extranjero se tienen que pagar seguros; éstos valoran las piezas de acuerdo a los precios del mercado internacional del arte. En este mercado, como todos sabemos, tienen mucho éxito las ventas de arte precolombino, aunque el Código de Comercio del país declara fuera de comercio todos los bienes arqueológicos. Sólo en el mes de mayo pasado Sotheby’s de Nueva York realizó una venta amplísima de obras antiguas de todo el territorio abajo del Río Grande.

«Con frecuencia nos avisan de subastas en París y en otras parles y no podemos hacer nada», apunta Eréndira Salgado. «No creo que a nadie le quiten sus piezas arqueológicas si las trae al INAH. Esta institución no es una instancia confiscatoria ni persecutoria, a menos que haya daños a la propiedad de la nación. Además, las bodegas que tenemos también tienen una capacidad determinada y cuesta mucho tener las piezas ahí. Si a cada mexicano se le diera un monumento y en verdad lo valorara, ni siquiera se necesitaría seguridad. Ahora: debería haber más material en poder de particulares pero los arqueólogos nos cuelgan si reformamos la ley. Tal vez se requeriría un acuerdo para abrir un periodo extraordinario de registro de piezas del patrimonio cultural. Algo para evitar que los coleccionistas se sientan tratados como delincuentes. Pero -eso sí- sólo para aquellos que no hayan omitido el registro en ese entonces (antes de 1972), porque de otra forma estaríamos regularizando a gentes que cometen ilícitos».

En ese caso, ¿las obras precolombinas deberán entregarse o registrarse? «La ley no prevee que se queden con ellas particulares, aunque gracias a muchos coleccionistas las piezas se quedaron en el país», concluye Eréndira Salgado. Todas las piezas precolombinas importantes han salido del país antes de 1972.

Respecto a los tratados internacionales, «Francia e Inglaterra se han negado a firmarlos», dice Josué Sáenz. «Por otra parte hay un problema de orden ético: ¿dónde le hace más beneficio Nefertiti a Egipto? ¿En Egipto, mal cuidada y expuesta a guerras, o en Berlín?

Esa es la «falacia que levantan los coleccionistas: los propios pueblos no pueden conservar su patrimonio; está mejor en los museos extranjeros», afirma Julio César Olivé.

«La legislación mexicana es muy estricta respecto a la protección de nuestro patrimonio cultural», afirma Beatriz de la Fuente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. «Yo parto del principio de que es nuestro patrimonio cultural, pero también de la humanidad. Así están declarados los sitios arqueológicos en la UNESCO». La ley ya debe tener modificaciones. Vivimos un mundo plural, universal, abierto. Resultan ya un tanto obsoletas las restricciones en que se forman estancos o propiedades particulares. «El INAH o el INBA manejan los bienes culturales bajo su custodia un poco en el sentido de propiedad particular. Hay la convicción de que es suyo y ellos son los encargados, como un apostolado, de salvaguardarlos contra viento y marea».

«La ley actual tiene el enorme defecto de ser irreal», asegura Josué Sáenz. «El objetivo es bueno. Ha tenido éxito respecto a las piezas grandes e importantes. Ha logrado conservarlas y arraigarlas. Pero ha fallado en la conservación de las piezas chicas; y existe un mercado clandestino muy extendido. Entre los años cuarenta y los setenta se formaron en México colecciones muy importantes, y todas forman ya parte de museos. La ley es irreal porque declara Propiedad de la Nación a todos los bienes arqueológicos. En la práctica, esto no resuelve las cosas. No hay un sistema de control efectivo. El gobierno también es propietario, pero no tiene los medios para manejar las trescientas mil o más iglesias del país, ni para llevar registro y control de lo que hay dentro de ellas. Debería haber un banco de datos sobre todos los tesoros artísticos de la nación. Si se quieren acrecentar los museos, el gobierno no debe atarse a sí mismo de manos con posiciones demagógicas del tipo: «ícómo vamos a comprar algo que ya es nuestro por ley!».

Los excesos proteccionistas Alejandro Gertz Manero, que participó en 1972 con el entonces procurador Pedro Ojeda Paullada en el proyecto de equilibrar la Ley Federal vigente de los excesos proteccionistas que instauró Echeverría en 1970, afirma que «esta ley y su reglamento de 1975 entran en el campo de la utopía. El problema toral del asunto es que los dueños del patrimonio son la burocracia arrogante y altiva que hemos creado para ello. El nacionalismo trasnochado no resuelve este problema, tampoco la ley. Es evidente que no se han podido mantener bien ni siquiera las zonas y los monumentos arqueológicos que están descuidados y dañados. El saqueo continúa. Se trata de un problema de fondo. Mientras los mexicanos no sintamos nuestro ese patrimonio, no habrá nada que impida su destrucción. Es un problema de moral social. Quizá lo conveniente sería que el gobierno limitara la vigilancia y protección a las obras y a los sitios más sobresalientes y a los que pueda atender. Que lo poco que el Estado pueda cuidar lo haga con muestras de excelencia y respeto como en el caso del Museo del Virreinato en Tepozotlán «.

Cuando las comunidades o los pueblos valoran sus bellezas, encuentran formas de protegerlas. El año pasado a la hora en que quisieron trasladar la pila bautismal del pueblo de Tecali para su exhibición en la exposición del Metropolitan, el pueblo se negó rotundamente a que esta pieza abandonara su sitio, y ahí se quedó.

Miriam Molina, directora de Artes Plásticas y del Museo de Bellas Artes, al referirse a las obras plásticas comenta que «se está buscando un mecanismo legal para invitar a que la gente registre sus obras sin tanta desconfianza y temor. Simplemente para tener un banco de información. Cuando queremos armar exposiciones retrospectivas es muy difícil sin los registros de obras. Tenemos que rastrear, ir preguntando, con muchos trabajos».

«Se puede declarar por decreto tesoros artísticos nacionales a determinadas obras de arte y ordenar que salgan del mercado internacional, pero no se puede controlar el mercado internacional», dice Martha Fernández del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. «Por eso la ley actual no resuelve el problema y tiene que haber una modificación, pensando que vamos a ser un país abierto». Manrique opina al respecto: «Tendría que haber una reforma a la ley. Pero me preocupan las reformas, es peligroso modificar la ley. De todas formas, los sistemas de control o son internacionales o no funcionan».

«Las revoluciones siempre han sido peligrosas, pero han tenido que darse», dice Sergio Saldívar, responsable de la protección de los monumentos federales de SEDUE. «Modificar leyes en paz es mucho más sano. No modificarlas puede dar lugar a una inoperancia y a tensiones negativas». Lo malo es que «los legisladores en México no consultan con los técnicos para hacer leyes sobre cuestiones técnicas y acaban enredando las cosas». Sería importante descentralizar las instancias de protección patrimonial y profesionalizar cuadros. «La restauración -por ejemplo- es una especialidad de la ciencia de la construcción. Es pefectamente trasmisible como conocimiento».

«La ley del 72 debe ampliarse», opina Jaime Ortiz Lajous, Coordinador del Patrimonio Artístico del CONACULTA. «Del 72 para acá, el país es otro».

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos plantea que aquellos que «posean» monumentos del patrimonio artístico o histórico de la nación deberán conservarlos y restaurarlos de acuerdo con la institución competente. El artículo décimo inscribe la obligación del «propietario» del monumento (es decir, de aquel que es, pero que a la vez no es el dueño, porque es propiedad federal) de restaurarlo, conservarlo y atenderlo. Y, en caso contrario, de que no lleve a cabo por propia iniciativa estas obligaciones: «El instituto competente procederá a efectuar las obras de conservación y restauración de un bien inmueble declarado monumento histórico o artístico. La Tesorería de la Federación hará efectivo el importe de las obras».

Esto no se ha podido llevar a cabo jamás. «¿Cómo se hace eso en la práctica?», pregunta Manrique. «¿Cómo se meten a embargar o restaurar un inmueble?». Tiene que haber una forma legal para hacerlo, un juicio, o algo que no está establecido ni en la ley ni en el reglamento de la ley. Por lo demás, «ante la corrupción ningún sistema funciona».