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El 18 de agosto de 1991, al conocerse los primeros resultados del proceso electoral, la reacción de partidos y medios de información fue de sorpresa; no era para menos, el PRI obtenga un apabullante triunfo en la casi totalidad de los distritos electorales del país; en 31 entidades de la República, salvo el caso de Baja California, se enfilaba hacia la conquista de las senadurías en juego, mientras que en las seis entidades en donde junto a la elección federal se realizaron elecciones para renovar el Poder Ejecutivo estatal, obtenía ventaja considerable frente a su más cercano contendiente.

Otras sorpresas depararan los resultados: una Inusitada e Inesperada participación ciudadana, que desbordaba con mucho las previsiones más optimistas al respecto y una relativa tranquilidad en la jornada electoral, aun en las zonas más conflictivas. 

Sin embargo, desde las horas posteriores al cierre de las casillas, una sombra de duda e incredulidad empezó a rodear el resultado de la elección. Jorge Alcocer V. y Rodrigo Morales M. intentan ubicar en este artículo las principales fuentes de impugnación y las evidencias disponibles para separar a la mitología de la realidad en el fraude electoral.

EL PADRÓN ELECTORAL

En los marcos de las negociaciones acerca de la reforma electoral, los partidos opositores plantearon como exigencia la elaboración de un nuevo padrón electoral;(1) entre febrero y mayo de 1990 una subcomisión de la CFE se abocó, en unión de las autoridades del RFE y de especialistas del INEGI, a la discusión sobre la viabilidad de las distintas opciones existentes para la depuración, actualización o formulación de un nuevo padrón electoral. Las resistencias para aceptar un padrón que partiera de cero provinieron de varios sitios. El PRI, tradicionalmente reservado cuando actúa en subcomisiones, optó por adherirse a la posición de las autoridades del RFE que negaban tajantemente la viabilidad de intentar un nuevo padrón que estuviera listo para la elección federal de 1991. La negativa llegó a tal extremo que el director General del Registro aseguró que de tomarse la decisión de hacer un nuevo padrón, él presentaría su renuncia al cargo. En mayo de 1990 el director del RFE presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde diciembre de 1988 y en su lugar fue designado el ingeniero Roberto Wong Urrea.

Jorge Alcocer V. y Rodrigo Morales M. Integrantes del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional, S.C.

En diciembre de 1990 concluyó la fase de planeación del proceso, la cual fue presentada a los partidos políticos. Se trataría de un ejercicio basado en visitas domiciliarias para obtener el registro de cada ciudadano en el Catálogo General, el llenado, con firma y huella digital, de la solicitud de inscripción en el padrón electoral, y la expedición y recepción, en el propio domicilio, de la nueva credencial para votar, requiriéndose de cada ciudadano la entrega de la copia de inscripción en el padrón, y la firma y huella tanto en la credencial como en un recibo. Todos los documentos fuente que demostrarían la legalidad de todo el procedimiento serían conservados por el Registro.

La discusión estuvo centrada en las garantías técnicas y políticas de legalidad, imparcialidad y transparencia en todo el procedimiento. Quizás el acuerdo más trascendente se refirió a la forma de elaborar la clave del elector, que de hecho fue asimilada a una clave de identidad ciudadana, vinculada a los datos personales de cada ciudadano, a su lugar de residencia y a un mecanismo de seguridad que garantizaría, en un altísimo nivel de confiabilidad, la no duplicidad de los inscritos.

Por vez primera los asesores técnicos de los partidos políticos tuvieron acceso permanente a toda la información sobre el procedimiento, participaron en la discusión y toma de decisiones en muchas de las áreas esenciales, incluyendo la selección de los proveedores del equipo de cómputo. Sin embargo, hubo áreas sensibles del proceso en las cuales, desde un principio, quedó claro que las nuevas autoridades del Registro no aceptaban la injerencia de los comisionados y asesores de los partidos opositores; particular importancia tuvo la selección del personal responsable del levantamiento de campo a todos los niveles, en la cual los partidos no pudieron tener injerencia.

Iniciado el trabajo de campo surgieron los primeros problemas. Por un lado, el resultado del primer esfuerzo de empadronamiento superó con mucho las previsiones. Al iniciar la cuarta semana de visitas domiciliarias, las autoridades reportaban más de 12 millones de ciudadanos que habían requisado el formulario de inscripción en el padrón. El sistema había sido desempeñado sobre la base de un principio elemental, pero esencial para el cumplimiento de los tiempos, «primeras entradas, primeras salidas», lo cual quería decir que los primeros ciudadanos empadronados, estarían recibiendo su credencial para votar en un tiempo mínimo respecto del día en que se empadronaron. Sin embargo, cuando el sistema ya tenía registrados varios millones de empadronados, no contaba con los equipos y material necesario para expedir las credenciales. Este fue el primer cuello de botella que se volvió decisivo pues afectó la totalidad del proceso.

Por otro lado, al conocerse los primeros datos globales, por entidad y distrito acerca del avance en el empadronamiento, tanto el PAN como el PRD señalaron que había evidencia empírica de sobreempadronamiento en las zonas de más alta votación por el PRI en 1988, presentándose el fenómeno inverso en las zonas de alta votación por el PAN o el FDN en aquel año. Sin embargo, distintos ejercicios realizados, tanto por los partidos como por analistas, no confirmaron esa afirmación. Lo más significativo fue que ninguno de los partidos denunciantes se retiró del ejercicio. A partir de ese momento, el cuestionamiento acerca de la imparcialidad se volvió el tema número uno en la campaña electoral. No es exagerado afirmar que en los meses de febrero a agosto de 1991, más que debatir en tomo a sus plataformas electorales o propuestas programáticas, los partidos se dedicaron a pronunciarse en torno a la credibilidad o no del nuevo padrón. El debate arreció al momento de entrar al reparto de credenciales.

Una planeación fallida y un sobredimensionamiento de los inevitables errores en el marco de una campaña electoral caracterizada por las denuncias anticipadas de fraude electoral, junto a señalamientos justificados acerca de conductas ilegales o poco transparentes en el operativo de campo, contribuyeron a marcar todo el ejercicio con una gran sombra de duda.

El problema mayor se presentó con la entrega de credenciales para votar. Al retraso originado en el desfase de la planeación respecto de los tiempos reales vino a sumarse lo que parece haber sido la decisión deliberada de frenar y/o dosificar la entrega de credenciales en ciertas zonas y distritos del país. El problema llegó cuando al concluir el plazo de entrega se descubrió un rezago de más del 35 por ciento respecto del total. La situación anterior obligó a un esfuerzo extraordinario en un periodo muy limitado, con el objetivo de llegar a un porcentaje de cobertura superior al 90 por ciento del total. El costo del ajuste en tiempo fue el atentar contra los controles y mecanismos de seguridad diseñados para impedir la expedición de credenciales duplicadas o para garantizar la entrega personal al ciudadano interesado. A lo anterior vino a sumarse un pésimo diseño en el funcionamiento de los módulos, que finalmente originaron un verdadero desorden en el control de entrega de credenciales.

Hasta donde el estado actual de los estudios realizados permite visualizar, tendríamos que convenir en que la fase de levantamiento del catálogo de ciudadanos y del padrón da por resultado un nivel alto de confiabilidad, se respetan las medidas de control y seguridad en los sistemas y se produce un resultado que en general puede considerarse como aceptable. Ello no quiere decir que en esa fase no haya habido problemas, casos como el de la preferencia detectada en varias zonas de empadronamiento temprano de ciudadanos identificados con el partido oficial, revelan que el PRI manejó sus contactos e influencias en el IFE y en el RFE, para obtener un trato preferente hacia sus posibles o asegurados electores.

El problema fuerte se presentó en la expedición y entrega de credenciales para votar en donde las evidencias disponibles apuntan hacia una selectividad intencionada que provoca un alejamiento de las metas preestablecidas, lo que a su vez obliga a un esfuerzo extraordinario que hace inoperantes los controles y medidas de seguridad en el acceso al sistema.

De acuerdo a los datos finales proporcionados por el RFE, el catálogo de ciudadanos llegó a un registro de 42 millones de ciudadanos; el padrón alcanzó 39.2 millones, de los cuales fue posible entregarles su credencial para votar a 36 millones, habiéndose destruido poco más de 3 millones de credenciales.

A las denuncias opositoras acerca de presuntas irregularidades en el manejo de las credenciales vino a sumarse el hecho de que el día de la elección un número de ciudadanos, aún indeterminado, pero significativo, que habían recibido su credencial para votar no aparecieron en los listados definitivos y no pudieron ejercer su derecho al voto, aun cuando algunos de ellos lograron hacerlo en las casillas especiales instaladas para los ciudadanos en tránsito.

La causa más probable de esa anómala situación es precisamente el desorden y la falta de control que caracterizaron la entrega de credenciales en los últimos días del ejercicio, así como la incineración o destrucción precipitada de las credenciales sobrantes. Versiones altamente confiables señalan que hubo estados, como el caso de Michoacán, en dónde fueron incinerados no solamente credenciales no entregadas, sino también los formatos en limpio (cerca de 240 mil micas), listados del padrón, recibos de entrega de credenciales y otros documentos fuente.

A nuestro juicio, el problema del padrón no podrá ser plenamente aclarado en tanto no se termine el trabajo de la subcomisión especial creada por el Consejo General del IFE para tal efecto. Dicha comisión ha acordado realizar un conjunto de pruebas de confiabilidad, entre las que destacan el muestreo de 300 mil casos que daría un altísimo nivel de confiabilidad para determinar el margen de error o distorsión que registra el listado y la entrega de credenciales. A esas pruebas será necesario sumar las realizadas en forma directa por los partidos políticos, así como las auditorías que empresas privadas, como Nielsen Co., IBM, Mackinsey y Asociados y otras han realizado.

Hasta hoy, las evidencias disponibles apuntan hacia la existencia de varios problemas que influyeron en el resultado final, reduciendo la confiabilidad del nuevo padrón y de la entrega de credenciales. El más importante habría sido la supervivencia de una estructura dominada por funcionarios vinculados a los intereses del partido oficial que tomaron decisiones, con anuencia o sin ella de las más altas autoridades del IFE, para favorecer al PRI, atentando y haciendo nulatorios los mecanismos de control establecidos.

EL FUNCIONAMIENTO DEL IFE

El resultado práctico más significativo de la legislación electoral aprobada de común acuerdo por el PRI y el PAN fue la creación del Instituto Federal Electoral, como organismo autónomo permanente, encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia de todas las fases del proceso electoral.(2) El PAN depositó en la creación de ese Instituto la esperanza de que por fin habría en México un cuerpo de funcionarios imparciales, profesionales, capaces de conducir el proceso electoral alejados de partidarismos e intereses ilegítimos o ilegales.

El resultado de la primera experiencia del IFE es desconsolador. El PRD asegura que toda la estructura del IFE fue puesta al servicio del PRI, mientras que el PAN afirma que sólo se salva la actuación de los consejeros de más alto nivel, esto es, quienes se integran al Consejo General del Instituto. Los juicios anteriores están influidos, como es obvio, por la experiencia directa de cada partido, pero de esas afirmaciones cabe extraer una primera y preliminar conclusión: la forma de designación de los funcionarios del IFE, tanto en los niveles superiores como en los intermedios y de base, contribuyó a recrear los vínculos tradicionales entre la estructura del partido oficial y la estructura electoral, de forma tal que esta última terminó por ser subordinada y adaptada a las necesidades del priísmo.

Recordemos que prácticamente la totalidad de los consejeros magistrados y de los funcionarios ejecutivos del IFE tenían claros antecedentes de militancia priísta o procedencia indudable de las altas esferas del poder público. Ello, que en otras circunstancias podría ser discutido, en el caso de México se convierte en fuente de problemas e incertidumbre por la innegable y renovada vinculación entre el aparato estatal y el aparato priísta. Cierto que sería injusto, en este nivel y grado de avance de la investigación, el pasar un juicio sumario a todos los funcionarios del IFE, pero existen suficientes evidencias de que el PRI logró mantener un altísimo nivel de influencia en la actuación de los funcionarios en los 300 consejos distritales y en los 32 consejos locales.

Al menos en dos casos esa influencia se revela como determinante: uno es el trámite para la designación de los funcionarios de casilla en el cual las listas de ciudadanos insaculados, así como el notorio ausentismo o rechazo de miles de ellos, permitió al PRI, con base en encuestas directas, como en el caso del DF, o de simple cruzamiento con el padrón priísta, como sucedió en varias entidades de la República, influir, cuando no determinar, esos nombramientos, esto es, designar a través de los vocales ejecutivos de organización electoral, a los ciudadanos que ocuparían los cargos de mesa directiva de cada casilla.

Otro caso es el de los llamados «coordinadores de zona» que actuaron el día de la elección por un acuerdo unilateral de la Dirección General del IFE que nunca fue conocido y mucho menos sancionado por el Consejo General. Como se recordara, una de las exigencias opositoras en la nueva legislación electoral fue suprimir la figura de los «auxiliares» que actuaban el día de la jornada electoral y a los cuales reiteradamente se acusó de «delincuentes». La oposición obtuvo la eliminación de esa figura, pero la dirección del IFE la restableció a través de los «coordinadores» que estuvieron fuera del control de los consejos distritales, pues sólo respondían a las instrucciones del presidente de cada consejo distrital. Diversos testimonios recogidos el día de la elección apuntan hacia una evidente coordinación entre estos empleados, como los llamó el director del IFE, y los promotores del voto priísta.

Un balance preliminar de la actuación del IFE nos lleva a establecer que el problema de fondo esta en la propia legislación que al crear una burocracia permanente no cuidó de establecer los criterios y mecanismos para su reclutamiento, capacitación y control. El Estatuto del Personal Profesional del IFE esta por ser discutido y expedido, por lo que en la elección de agosto se operó con criterios ad hoc y con un altísimo grado de discrecionalidad por parte de la Dirección General del Instituto, la que, todo indica, terminó por apoyarse en la vieja burocracia que durante años ha transitado del PRI al aparato oficial electoral y a la inversa.

INGENIERÍA ELECTORAL O FRAUDE MAQUINADO

Pocos temas han despertado mayor controversia en estos días que la legalidad y legitimidad de la estrategia priísta para la conquista del voto en zonas urbanas. De acuerdo al plan nacional electoral del PRI, presentado en mayo de 1989, la estrategia contempla la creación de una red de promotores del voto que parte del coordinador estatal -antes delegado-, pasa a un responsable por cada uno de los distritos, de los que dependen en forma directa los coordinadores de sección y los promotores del voto por casilla, manzana y acera.

La estrategia fue diseñada a partir del análisis de resultados en cada una de las casillas electorales del país para los años 1979, 1982, 1985 y 1988, estableciendo el nivel máximo de votación por partido en cada casilla y como resultado de lo anterior el numero mínimo de votos necesarios para que el PRI confirmara su triunfo, o recuperara la mayoría en cada una de ellas. El ejercicio se realizó, al menos, para las 115 ciudades más importantes del país que incluyen la totalidad de los distritos netamente urbanos.

La estrategia se complementó y reforzó con un sistema de encuestas nacionales a nivel de distrito mediante las cuales se estableció el programa de oferta política y clientelar de cada candidato, el tipo de propaganda a realizar y los puntos débiles, y fuentes, de los candidatos opositores. La información estadística fue transformada en un vasto operativo de promoción y control del voto que tuvo como respaldo primordial el compromiso previo de millones de ciudadanos de votar en favor del PRI, compromiso garantizado mediante la acción de los promotores del voto que el día de la elección pasaban casa por casa «invitando» al ciudadano a cumplir con el compromiso previamente establecido, llevándolos a votar, facilitándoles el medio de transporte y reportando a los coordinadores de sección el avance en la meta establecida.

Ha sido posible determinar que para el caso del DF el PRI contó con información oportuna acerca del grado de afluencia ciudadana a las casillas que pudo comparar con el grado de avance en sus propias metas, construido a partir de sus promotores del voto. La pinza fue cerrada con la encuesta de Gallup-Televisa («exit poll») que determinaba, a nivel de distrito, el resultado más probable de la elección.

El ejercicio, pálidamente descrito, supone una capacidad de recursos y de movilización sólo realizable a partir de contar con todo el apoyo del aparato gubernamental. Por desgracia, la discusión de fondo acerca de la Legitimidad y contenido ético de estas practicas se ha desviado por el abuso en los juicios. A fin de cuentas, como señaló Juan Molinar Horcasitas, «lo que importa no son los tamales, sino quien los paga».

EL ENIGMA DE LOS NÚMEROS

Pocos asuntos tuvieron tanta, y tan mala repercusión sobre la credibilidad de los resultados de la elección presidencial de 1988 como la ya famosa «caída del sistema» y el posterior, y hasta hoy no resuelto, ocultamiento de los resultados de más de 30 mil casillas. No es ocioso recordar que buscando dar satisfacción al justificado reclamo de opositores y no opositores a este respecto, en su discurso de toma de posesión como presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari dijo:

…Tácticas preelectorales de algunos opositores y deficiencias en el mecanismo oficial de información no explicadas a tiempo por autoridad competente, contribuyeron a dejar dudas en algunos grupos sobre el resultado de la elección.

Lo cierto es que las deficiencias nunca fueron subsanadas, y pese a que el Código Federal Electoral (1986) señalaba expresamente la facultad de la CFE para «dar a conocer los resultados de la elección por secciones» (art. 170, fracción XXIX), esos resultados nunca fueron dados a conocer.

Con ese antecedente, el nuevo Código, por exigencia opositora, dispuso la creación de un sistema de información de resultados preliminares que la noche misma de la elección deberían ser transmitidos desde los consejos distritales a la dirección del IFE en la ciudad de México, para que ésta los comunicará al Consejo General, a los partidos políticos y a los medios de información. Al igual que en 1988, las autoridades aseguraron a los medios de información que al filo de la 1 am del 19 de agosto estarían en posibilidad de entregar primeros resultados para tal efecto se dispuso la creación de un sistema especial de recepción y procesamiento de los resultados, al cual los partidos políticos tendrían acceso a través de las pantallas conectadas al procesador central.

La historia es conocida: a las 3 am del lunes 19 de agosto el director del IFE debió informar al Consejo General que debido a problemas técnicos y de recepción de la información, sólo era posible dar cuenta del resultado de 2,500 de las más de 88 mil casillas instaladas en todo el país, y ello en voz alta, pues no se contaba con copias para los partidos y las pantallas electrónicas no funcionaban. Las razones que obligaron a esa conducta seguirán siendo un enigma. Las autoridades aseguran que se trató de problemas técnicos y de retraso originado en el barroco procedimiento que debe seguirse en los consejos distritales. Testimonios como el aportado por uno de los autores del presente artículo dan cuenta de algo más que de problemas técnicos.(3)

Más allá de lo ocurrido en las horas siguientes al cierre de casillas, lo cierto es que para el martes 20 a las 20 horas, 48 horas después del cierre de casillas y con la totalidad de los consejos distritales en receso, el sistema de información preliminar del IFE apenas pudo entregar 18 mil casillas, agrupadas siempre por distritos electorales, y para el miércoles 21, día en que se realizaron los cómputos en los 300 distritos electorales, el IFE, en su sexto y último reporte, entregó datos correspondientes a poco más de 61 mil casillas, menos del 70 por ciento del total. Jamás se ha dado una explicación satisfactoria de cuál fue la razón por la que nunca se pudo completar la información.(4)

Es evidente que de haber existido algún problema técnico, éste se habría subsanado en las primeras horas del lunes 19, sabemos también que el sistema siguió funcionando hasta después del miércoles 21, pues por esta misma vía se recibieron los informes de los cómputos definitivos. Existe un hecho que puede contribuir a dar luz acerca de lo ocurrido: en una decisión contraria a las normas de operación y seguridad del sistema de información preliminar, la dirección del IFE acordó que los técnicos responsables de la transmisión de los datos desde los consejos distritales hacia el SIRE (Sistema de Información de Resultados Electorales) quedaran, el día de la elección y los días subsiguientes, bajo el mando de los presidentes de los Consejos Distritales, los cuales les ordenarían cuándo podían transmitir la información a la ciudad de México. En el diseño original del sistema, esos técnicos estaban bajo el mando de los coordinadores del SIRE ubicados en la ciudad de México.

Hoy sabemos, por el testimonio de observadores y representantes de partidos políticos, que en muchos distritos los presidentes de los Consejos decidieron detener el envío de información. Pero lo peor, por sus efectos en la credibilidad ciudadana, fue que el IFE, pese a contar con ellos, se ha negado hasta hoy a publicar los resultados casilla por casilla, los que además es posible que nunca se conozcan pues el COFIPE, como su antecesor, dispone la publicación de resultados sólo a nivel de sección electoral.

Ayuna de información, la opinión pública quedó a merced de las versiones de cada partido y el debate se volvió asunto de iniciados o de creyentes. Así, el PAN sostuvo que en Guanajuato el candidato a gobernador del PRI tenía más de cien mil votos por arriba del candidato a senador de su mismo partido, o que en 500 casillas el resultado era todo para el PRI, cero para la oposición (casillas zapato); versiones similares se difundieron con respecto de la elección local a gobernador en San Luis Potosí,(5) pero nadie mostró las actas, nadie aceptó su cotejo, las autoridades electorales, federales y estatales, expidieron las constancias de mayoría, los tribunales locales desecharon los recursos interpuestos por los opositores y los colegios electorales locales confirmaron el triunfo de los seis candidatos priístas a igual número de gubernaturas. Sólo que en Guanajuato el PRI, el Presidente de la República, o el gobernador electo, decidió que éste no se presentara a tomar posesión y dio paso al segundo gobernador, interino, del PAN. Con ello se dio cauce a la beligerancia panista y se mantuvo la alianza estratégica entre el salinismo y el PAN, pero se dio al traste a cualquier pretensión de credibilidad ciudadana en los resultados.

VENCER SIN CONVENCER, LOS RESULTADOS DEL PRI

En el cuadro que presentamos al final de nuestro artículo mostramos los resultados a nivel de distrito en 1988 y 1991 para diputados de mayoría relativa del PRI.(6) La desagregación por distritos nos entrega una primera geografía de la recuperación priísta. Como puede verse, esa recuperación resulta sorprendente por su consistencia y por su extensión territorial. Un primer resultado verificable es que muchas de las hipótesis electorales se vinieron abajo. Antes de los comicios, por ejemplo, se tenía la certeza de que a mayor abstención mayor fraude, o para decirlo sin carga, a mayor abstención, mayor el porcentaje de voto para el PRI y menor para la oposición. Recordemos también que la mayoría de los pronósticos electorales anticipaban una participación en el mejor de los casos similar a la de 1988 en términos relativos; se recordaba el argumento de que las elecciones intermedias nunca habían interesado demasiado a la ciudadanía. Nada de eso sucedió, lo que nos hace reconocer que aún tenemos mucho por aprender acerca del comportamiento electoral. En 1991, en las tradicionalmente «despreciadas» elecciones intermedias, hubo un nada despreciable 66.1 por ciento de participación ciudadana (lo que significa 16 puntos porcentuales por arriba de la participación en las elecciones presidenciales de 1988). Seis entidades registraron, en 1991, una afluencia mayor al, hasta hace poco inimaginable 70 por ciento y sólo siete cumplieron con el pronóstico generalizado de tener menos del 60 por ciento de participación. Esa no fue la única sorpresa: el partido que prácticamente monopolizó las preferencias de estos nuevos electores fue el PRI. No hubo reparto para los demás partidos, que en el mejor de los casos conservaron su volumen de votación o, como en el caso del PAN, lograron incrementos absolutos que no mejoran su posición relativa. Caso aparte es el del PRD que comparado con la votación por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 pierde casi cuatro millones de votos, pero comparado con el PMS, su más cercano antecesor, gana más de un millón.

En tres años el PRI «conquista» casi cuatro millones y medio de votos, lo que supera por medio millón a todos los electores del PAN, su más cercano contendiente. Es decir, sólo con los votos nuevos que cosechó el PRI le hubiera bastado para ganar las pasadas elecciones. Por lo demás, para abonar en contra de la vieja idea de que la abstención era el principal aliado del PRI, en el cuadro podemos ver que precisamente ahí donde el incremento en términos relativos del PRI rebasa el 100 por ciento es donde coincide con una alta participación ciudadana. A nivel nacional, esos cuatro y medio millones de votantes «nuevos» o «recuperados» suponen un incremento de 46.62 por ciento en relación a lo obtenido en 1988, y son más de cuarenta los distritos donde el crecimiento es mayor al 100 por ciento. Sólo en dos entidades (Baja California y Distrito Federal) el porcentaje del PRI del total de la votación no rebasó el umbral del 50 por ciento de los votos. Impresiona lo bien que le salieron los datos al PRI.

En este aparente derrumbe de alguna parte de la mitología electoral, la única fuerza política cuyas predicciones coincidieron con la realidad fue, de nuevo, el PRI. Ya había advertido que su trabajo político, más que abocarse a contender por los votos «duros» de los otros partidos, se centraría en seducir a la abstención. No le creímos demasiado. Para ello, sin embargo, montó un impresionante operativo que ahora arroja sus primeros frutos. Primero un padrón priísta, después un sistema de información electoral con los resultados, por casilla, de las elecciones más recientes; más adelante, con ese mapa en las manos, se designaron responsables desde el más alto nivel hasta el microscópico nivel de manzana y aún acera. Semanalmente se reportaban los avances en el convencimiento priísta. Para amarrar variables o aumentar controles, se puso en práctica otro Sistema de Información de la Opinión Pública que iba monitoreando o fiscalizando el trabajo realizado por el área electoral. Todo ello permitía producir proyecciones y ajustar campañas. Y ponerle cifras a la victoria: las estimaciones de las encuestas del PRI tienen una gran exactitud para prever, en términos relativos, el voto priísta; no así el volumen de votación ni los porcentajes de los partidos de oposición donde hay subestimación de afluencia y de la votación opositora.

Dibujos de Germán Vegas

Siguiendo con las advertencias el PRI había anunciado que concentraría su esfuerzo en las 115 ciudades más importantes del país, y ahora podemos constatar lo dicho. Por las características mismas del operativo, podemos imaginar que el objetivo central lo constituye precisamente el voto urbano, y aquí es donde cae otro mito: «el PRI gana por el voto rural». En el cuadro podemos constatar de nuevo que lo espectacular de la recuperación priísta, en términos relativos se explica por los distritos urbanos. Sin embargo hay excepciones ya que en términos absolutos, de los veinte distritos que le dieron más votación al PRI, si bien hay una composición mayoritariamente urbana (Estado de México, DF y algunas capitales) también se cuelan en la lista algunas zonas rurales de Chiapas. Otro hecho curioso es que la composición de los veinte distritos de más bajo porcentaje para el PRI es bastante parecida a los veinte primeros: 16 de ellos los acaparan el Estado de México y el DF.

Ahora bien, si la recuperación la medimos a través de los distritos que le dieron al PRI más votos «nuevos», tenemos en primerísimo lugar al XL del DF con un crecimiento relativo de 268.47 por ciento y un total de 120 mil 421 votos nuevos y en segundo lugar al «distrito de solidaridad», el XV del Estado de México, Chalco, que le aportó al PRI 110,138 votos de los cuales 83,461 son «nuevos», lo que supone un crecimiento respecto a 1988 de 312 por ciento. Por otra parte, los distritos donde la composición relativa fue más favorable al PRI (aquellos 21 donde el PRI triunfo por más del 80 por ciento) son preponderantemente reales. Y de nuevo los distritos donde el PRI tuvo 45 por ciento o menos son más bien urbanos.

Otra evidencia que se desprende de las cifras es que en lo que se denominaba zonas de alta competitividad el PRI concentra su mayor recuperación relativa (DF, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos). Más allá de las irregularidades que se vayan descubriendo y documentando, hay que reconocer que al PRI el 88 no le pasó de noche, que a lo largo de tres años se prepara para recuperar los distritos perdidos. El caso de Michoacán es de las muestras más espectaculares que ofrece la reciente elección; ahí en ninguno distrito dejó el PRI de por lo menos duplicar su votación de 1988 y hubo casos extremos como el III que tuvo un incremento de 1,423 por ciento; el resultado es que la entidad aumentó su preferencia priísta en un 253 por ciento. Otra discusión, en la que habrá que profundizar, es si fueron lícitos todos los recursos empleados por el aparato oficial.

Tomando las cifras oficiales, si bien el cuadro nos entrega la expresión de un cambio sustancial en la geografía política del país, la nueva situación no está exenta de capítulos chuscos o apartados de oda lógica. Además, con las cifras distritales de 1991 surgen como fantasmas las evidencias del fraude perpetrado en 1988. Por ejemplo, aquellos distritos que en aquel año registraban índices de participación sospechosamente altos aparecen ahora como aquellos donde el PRI pierde el mayor número de votantes. Para ponerlo en otras palabras, si quitamos Nuevo León (cuya escasa votación quizá se deba explicar por lo reciente de la elección de gobernador) el PRI tiene 38 distritos donde su votación en términos absolutos decrece, destacándose que esos distritos son los que en 1988 fueron firmes bastiones de su votación (se recomienda ver distritos de Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo o Puebla para documentar cómo conservando el 80 por ciento de la votación se pueden perder electores). El punto aquí es: ¿perdió electores en sus plazas incondicionales o éstas simplemente empiezan a ofrecer datos reales? ¿Por distritos una correlación pertinente sería a menos recuperación relativa mayor fraude en 1988? y en estos contrastes ¿cuáles de los datos hoy ofrecidos no conocerán en tres años un vuelco que de nuevo atente contra toda lógica? ¿Dónde ubicamos el punto de partida para trazar una geografía electoral confiable?

La correlación entre alta participación ciudadana y recuperación del PRI, tiene pues sus excepciones que la confirman. Según la información proporcionada por el IFE hay distritos de gran educación cívica donde la gente no se equivoca al votar y por tanto no hay ni un sólo voto nulo. En fin, el 18 de agosto estuvo salpicado de eventos «inexplicables», hay gobernadores (de nuevo se recomienda ver Chiapas) que saben «cumplir con hechos…» y no pierden la oportunidad de demostrar su eficiencia, si efectivamente hay un conjunto de cifras que son poco creíbles, un subproducto, acaso imprevisto por los estrategas priístas, es que los contornos del fraude de 1988 se confirman en este mapa de alto contraste. La intención de publicar, junto con estas notas, el cuadro de resultados es precisamente dejar que los lectores hagan sus propias indagaciones y comparaciones, para que cada quien pueda establecer el juicio que le merecen los datos oficiales.

El entramado institucional electoral, si bien conoce avances respecto al pasado inmediato, nos parece que no logró desterrar la suspicacia. El quebrantamiento de los mecanismos de seguridad planteados para el padrón, el cruce de acusaciones y denuncias no desmentidas, aunque hasta hoy no documentadas, el flujo constante de funcionarios del partido oficial al aparato estatal electoral y viceversa, son prácticas que sólo potencian la desconfianza. Se llega al paradójico caso de que el PAN, al anunciar la intención de usar padrones propios en las elecciones locales de Baja California (y posiblemente Guanajuato), emplaza al Registro Federal de Electores a competir en transparencia y confiabilidad, y sin embargo echa atrás uno de los mayores logros de la oposición en la elaboración del padrón que es precisamente la federalización del mismo.

El PRI se recuperó, es un hecho. Pero el escenario y las cifras repiten el viejo formato de vencer sin convencer. La sensación (y constatación en el caso de Guanajuato) de que hay un aparato multifacético y poco homogéneo que por encima de las urnas decide sus contenidos es una constante que no se pudo despejar. Si la apuesta de las elecciones recientes era recuperar votos para el PRI, el 18 de agosto cumplió sobradamente su cometido; si además había la intención de ganar en credibilidad, nos parece que esa sigue siendo una asignatura pendiente. El horizonte que esta situación nos hereda, antes de restablecer confianza entre los actores, ha potenciado desconfianzas e incertidumbres y a lo más ha sido ocasión para actualizar la mitología del fraude. Nos queda mucho por recorrer, si de elecciones limpias y resultados creíbles hablamos, por lo pronto más nos vale intentar entender lo que pasó, y lo que no pasó, ese 18 de agosto.

Elecciones Federales de Diputados de Mayoría Relativa

(1). Esta parte se apoya en la documentación oficial sobre el tema, en el artículo de Orlando Espíritu «El Nuevo Padrón» (nexos 164), en los trabajos de Guadalupe Pacheco y en los juicios de Jesús Zambrano y Roberto Morales recogidos en Memoria, No. 34, CEMOS.

(2). Para un análisis incompleto del tema ver: Alcocer J., «IFE, legalidad y conflicto, en nexos 164.

(3). Grupo de observadores, CEPNA, fotocopia, inédito. Una versión fiel de dicho testimonio en La Jornada, 23 de agosto de 1991, nota del periodista René Delgado.

(4). SIRE, IFE. Reportes de Resultados Preliminares de la elección del 18 de agosto de 1991.

(5). La Jornada, ediciones del 20 al 25 de agosto de 1991.

(6). Todos los resultados de la elección de 1991 proceden de SIRE, IFE. Agradecemos al Lic. Emilio Chuaffet el habernos proporcionado copia de 105 resultados oficiales.