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Una supuesta autarquía política fue durante décadas característica del desarrollo mexicano. El origen revolucionario, el partido oficial pluriclasista, la economía mixta y una exitosa combinación de crecimiento con estabilidad eran los rasgos de un régimen que se vanagloriaba de soluciones dictadas por su propia historia y sus propias circunstancias. La satisfacción de poder ostentarse como, algo especial llegó a su fin con la crisis económica de los ochenta. La deuda, el empobrecimiento y la recesión homogeneizaron al mundo latinoamericano, y pese a la empeñosa insistencia en diferenciarnos de los demás, inevitablemente se impusieron las analogías y las similitudes. El autoritarismo mexicano dejó de ser una excepción, y junto con dictaduras militares y oligarquías quedó integrado en la amplia categoría de regímenes antidemocráticos cuyo descrédito se generalizó.

El periodo estuvo dominado por la idea de que, al igual que en muchos otros países que atravesaban graves dificultades económicas, en México la presión social que generaba la crisis también impondría, si no la sustitución de las instituciones políticas, al menos su transformación. Las elecciones que hasta entonces habían jugado un papel relativamente marginal, fueron vistas como el pivote del cambio. Del desmantelamiento del franquismo en España se extrajo el lenguaje de la transición democrática. El fortalecimiento del Partido Acción Nacional y la organización y expresión de múltiples grupos de interés erosionaron el monolitismo del Partido Revolucionario Institucional. La reforma electoral de 1987 del gobierno de Miguel de la Madrid reconoció que la pluralidad social debía expresarse en pluralismo político, y al hacerlo abandonó el argumento central del partido hegemónico, que pretendía representar a una mayoría revolucionaria aunque diversa. La originalidad mexicana había llegado a su fin.

Para muchos la elección presidencial de julio de 1988 fue el paso decisivo hacia un nuevo régimen. Las comparaciones entre este proceso y el fin de las dictaduras militares de algunos países latinoamericanos -o los acontecimientos de 1989 en Europa del Este- inspiraron numerosas reglas generales. Una nueva normatividad se fue imponiendo, como si el camino del autoritarismo a la democracia fuera natural e ineludible. En los últimos tres años, sin embargo, hemos pasado de la certidumbre del cambio a la constatación de las resistencias y escollos de un proceso que tiende a ser un ajuste y ya no una transformación.

Los resultados de los comicios del 18 de agosto de 1991 nublaron el clima de confianza que en el fondo habían creado las experiencias de otros. No obstante las encuestas y los muchos indicios que apuntaban hacia la recuperación del partido oficial, la mayoría de votos que obtuvo fue por lo menos sorprendente, todavía más porque reveló una continuidad con el pasado, justo en el punto donde se habían concentrado los esfuerzos de cambio. De ahí la frustración y la incredulidad de muchos. Fue como si se nos anunciara que el punto de partida era también el puerto de llegada.

Es muy simple suponer que nada ha cambiado y que lo más parecido al México político de 1991 es el de 1961, cuando el PRI registraba mayorías abrumadoras que no daban cabida a la oposición partidista. Pero las cifras electorales no son la reconstrucción exacta del equilibrio de fuerzas en el país; más bien, proyectan una silueta opaca, que no revela su textura, semejante a las que dibuja una linterna mágica. En cambio, los resultados arrojaron una luz clarísima sobre las intrincadas relaciones que unen al partido oficial con el Estado.

Soledad Loaeza es directora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

El problema de este juego de luces y sombras es que envía señales equívocas en cuanto a la utilidad del voto y al alcance posible del reformismo político en México. El único punto sobre el que no queda duda alguna es que el problema de la democracia en México va más allá de las cifras y de la denuncia del fraude en las urnas, porque supone, primero, competencia partidista en condiciones de igualdad, luego, porque la limpieza electoral es un aspecto complementario de la acción de organizaciones sociales distintas de los partidos cuya autonomía reduce las posibilidades de manipulación del voto; por último, los resultados también plantearon los problemas de representación política de una sociedad diversa y desigual.

EL AMBIGUO PRI

Un efecto notable de las elecciones presidenciales de julio de 1988 fue la inauguración de una vida política multipartidista incluso antes de que se hubiera desarrollado la democracia plural.(1) El espacio que ocuparon las oposiciones en el debate público y en la diaria reconstrucción de las coordenadas políticas del gobierno les atribuyó una posición relativa de igualdad con el partido oficial que se derrumbó durante la campaña electoral. El apoyo totalmente desproporcionado de recursos públicos que recibió el PRI le aseguró una superioridad logística absoluta que, casi inevitablemente, se tradujo en votos. Este fenómeno obliga a mirar menos a la urna, transparente o no, y concentrarse en el problema esencial de la relación entre el partido hegemónico y el Estado.

La recuperación electoral del PRI en agosto de 1991 es inseparable de la restauración de la Presidencia de la República, y también de la rehabilitación del Estado que se produjo desde finales de 1987, con la firma del Pacto de Solidaridad Económica. Aunque la relación entre las dos primeras piezas de esta troika institucional ha sufrido altibajos muy pronunciados en los últimos años, hoy se ha estabilizado: aparentemente el gobierno ha dejado de ver al PRI como un obstáculo para la modernización y se ha convencido de su utilidad, siempre y cuando el partido asuma el papel limitado que se le atribuye como maquinaria de movilización electoral, que es la función que siempre ha desempañado con más éxito que ninguna otra. De hecho, las victorias recientes del PRI se explican también porque se concentró en lo que siempre ha sabido hacer mejor: orientar la participación, sea para contenerla o para articularla.

El cambio de opinión respecto al lugar del PRI en el proyecto gubernamental en marcha desde hace casi diez años, resuelve un foco de tensión en el seno de las élites políticas, pero también pone de relieve las contradicciones de ese mismo proyecto. La elección presidencial de 1988 generó una situación de urgencia política cuya lógica empujó al candidato del PRI a afirmar que habíamos pasado del «partido casi único» al régimen de partidos. El anuncio pareció ser el acta de defunción del partido oficial, o en último caso de nuevas fricciones con un gobierno que llevaría adelante las reformas de su antecesor, las cuales habían provocado distanciamiento entre ambos. La indiscutible asociación del PRI con el populismo y más en general con el Estado que desde 1982 se busca reformar, identificaban al partido con todo aquello que prometía superar la modernización que se proponía.

Pero el ejercicio del poder presidencial obedece a una lógica que está gobernada menos por el compromiso que por la necesidad de la supervivencia, a la que en adelante habrá de agregarse al impulso de la reproducción. Dentro de ésta al PRI le toca un lugar central, que invade los espacios que las oposiciones creían haber conquistado en 1988, antes que nada porque es un instrumento insustituible de concentración del poder. Por otro lado, el partido puede simular con gran maestría el ejercicio de liderazgo político cuya iniciativa ha estado históricamente en manos del Estado, y más precisamente de las autoridades gubernamentales -el Presidente de la República o en su defecto el Secretario de Gobernación- pero éstas se han servido más del PRI que viceversa. Ni siquiera es evidente que el desprendimiento del partido altere, al menos en el corto plazo, la naturaleza del Estado. Por ahora lo importante es que en 1991 el gobierno está viendo con otros ojos la capacidad de organización social del partido y su papel de mediación, y que bajo esta nueva mirada pretende devolverle la calidad de agente de modernización que exhibía en los años de la posguerra y hasta 1968, cuando el PRI era visto como una solución transitoria a los problemas políticos de una sociedad en vías de desarrollo.

La principal dificultad que enfrenta este intento de recuperación estriba en reconciliar con la así llamada oferta modernizadora una estructura que había sido condenada como residuo del pasado. Más todavía porque los rasgos arcaicos del PRI se concentran en su relación de dependencia con el Estado, y tienen menos qué ver con su estructura o con las funciones de organización y articulación que tradicionalmente ha desempeñado. Es decir, para que el partido mayoritario en México se actualice y sea consistente con el proyecto gubernamental de cambio tiene que ser independiente. La reinstalación del PRI como agente modernizador exige ahora que la opinión acepte otra vez esta imagen, con una variante que ha añadido recientemente el discurso de las autoridades políticas: a diferencia de antes, hoy el partido hegemónico se presenta como una institución definitiva, adecuada a necesidades mexicanas que -como se desprendería del argumento- también se consideran permanentes.

La posibilidad de que esta propuesta se mantenga y sea exitosa se funda en el hecho de que, contrariamente a lo que ocurrió a los Partidos comunistas que al iniciarse el cambio de 1989 se desmoronaron en poco tiempo, en los últimos meses el PRI demostró algo que había aparecido durante la XIV Asamblea que se reunió en 1990: que es un animal vivo, con una gran capacidad de recuperación, que dispone todavía de un importante capital de militancia y de simpatizantes. A partir de ahí puede intentar una restauración, aunque sería muy aventurado esperar que el partido rehaga sin más una hegemonía de largo plazo. Tal vez este es un buen momento para que empiece a hacer «solitos», con la ventaja indiscutible que supone ser el partido en el gobierno, pero sin la desmesura que acarrea ser partido de Estado.

Suponer que el monolitismo priísta puede reconstruirse en los mismos términos que hace veinte años, es hacer a un lado un hecho incontrovertible: para conquistar la mayoría absoluta en la Cámara en 1991, el PRI puso en juego una gran cantidad de recursos materiales y humanos, y llevó a cabo una movilización electoral sin precedente. A diferencia del pasado, los resultados que obtuvo el partido oficial en esta ocasión no fueron gratuitos. Se comportó como un auténtico partido en campaña, reconociendo al hacerlo, la existencia de una ciudadanía cuyo apoyo explícito en las urnas necesitaba para seguir gobernando. Pensar que el mandato que recibió el 18 de agosto es una adhesión definitiva y de largo plazo de los votantes sería un grave error, en vista de que, como se ha dicho repetidamente, su victoria obedeció en primer lugar a razones circunstanciales: la popularidad del Presidente de la República y la estabilización de la economía, y en cierta forma también de la política.

Es muy probable que los electores que votaron por el PRI en las elecciones de agosto de 1991, hayan expresado así su satisfacción con la actuación del Presidente Salinas de Gortari, al hacerlo quizá también manifestaron aprobación a sus políticas, pero es más dudoso que con su voto hayan querido apoyar un régimen de partido oficial. En los últimos años nos hemos familiarizado tanto con el lenguaje democrático, la necesidad de la competencia partidista o la pluralidad social como un dato real y respetable, que los costos de la vuelta de la intolerancia resultan prohibitivos. La aparición de la incertidumbre en los cálculos electorales del propio PRI es una buena medida de los cambios que nos separan del México de los años sesenta.

LAS URNAS Y EL CAMBIO POLÍTICO

El segundo punto de reflexión que ofrecen las elecciones de agosto de 1991 se refiere al alcance de las urnas como instrumento de cambio político. En la década de los ochenta la limpieza de los comicios fue vista como condición suficiente para transformar el autoritarismo. De la eficacia del voto se esperaba no sólo el relevo de los gobernantes o la alternancia partidista, sino la formación de oposiciones creíbles, el fortalecimiento del poder legislativo, y controles efectivos al poder presidencial. Es cierto que la honestidad de los procesos electorales es un buen comienzo para lograr todos esos objetivos, pero desde luego no basta, sino que es complementaria de otros aspectos de la estructura política cuya modificación puede ser todavía más significativa.

La fuerza insustituible del voto como fuente de legitimidad democrática sólo es comparable a la vulnerabilidad de las restricciones que la pobreza impone sobre la condición ciudadana. Mucho se le ha reprochado al gobierno utilizar el Programa Nacional de Solidaridad en beneficio del PRI; difícilmente se podría reprochar a quienes se han beneficiado de Pronasol haber votado por el partido con el que identificaron ese programa. En Colombia y en la India, países que en numerosas ocasiones han sido citados como un ejemplo de democracia no obstante la pobreza, la venta de votos al mejor postor es una práctica común.

La manipulación del voto es un fenómeno que debe analizarse no sólo como prueba de la perversidad estatal, sino en términos de las limitaciones de una democracia encerrada en las urnas. La insurrección electoral de los años ochenta, que es el antecedente inmediato de los ajustes de ahora, estuvo encabezada por el PAN cuyo tema histórico es el sufragio efectivo. Su influencia aumentó al ritmo que se acrecentaba el desprestigio del socialismo y la devastación de las creencias y los símbolos de la izquierda. Esta corriente de pensamiento, en México tradicionalmente dispersa y débil, en esos años estuvo paralizada por el peso de la crisis de conciencia y de identidad, y ante el horrible vacío que le produjo el descarrilamiento de los países socialistas, adoptó el tema de la limpieza electoral y concentró en él todas sus energías, sobre todo después de 1988. Esta conversión a la democracia representativa significó la renuncia a intentar siquiera desarrollarse en terrenos que le son más afines, por ejemplo, los sindicatos; por otra parte, el aprendizaje de los hábitos parlamentarios y electorales también demandaba mucha de su atención, tanta que sólo de manera entrecortada se relacionaron con organizaciones populares.

No obstante la relación casi automática que se establece entre organizaciones de trabajadores y los partidos de izquierda, la observación a propósito de su ausencia de la perspectiva partidista también puede hacérsele a Acción Nacional que, encajonado en su reacción individualista al corporativismo, ha dejado pasar una y otra vez la oportunidad de trascender los limites de una clientela de clase bastante reducida. Mientras el PAN siga siendo el partido de la pequeña burguesía, el PAN será el partido del veinte. (Del 20% de los votos.)

La única manera de impedir que el voto se convierta en una mercancía es ofrecer a los ciudadanos instancias distintas de las electorales para negociar con el Estado la satisfacción de sus demandas no políticas. Una visión más amplia de lo que supone el cambio en México parece también la vía más segura para evitar que la lógica política someta a la estadística y a la jurídica. Si los partidos pusieran sus miras más allá de las urnas no se concebirían a si mismos en primer lugar como maquinarias electorales; entonces quizá formularían programas de gobierno no sólo para conquistar electores sino para ofrecer un contrapunto a las políticas gubernamentales que fuera una referencia obligada para el propio gobierno.

Una ampliación de la propuesta del cambio político beneficiaría incluso al PRI que por este camino podría distanciarse del gobierno, sobre todo cuando éste adoptara políticas que le son ajenas a sus militantes.

Las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores jugaron un papel central en la transición española, que muchos presentan como una experiencia ejemplar para México y para otros países latinoamericanos. El derrumbe del Partido Socialista de los Trabajadores Polacos se inició con la conquista de la autonomía sindical que logró Solidaridad. Lo que Garton Ash llama la Revolución que se produjo en Polonia y en Hungría, la mezcla de un elemento de cambio fuerte y esencial «desde arriba», conducido por una minoría ilustrada de los partidos comunistas aún en el poder, y de un elemento vital de presión popular «desde abajo», todavía no se ha producido en México.(2) Tal vez porque hasta ahora las oposiciones que aquí se han comprometido con la democracia parecen haber luchado antes que nada por integrarse al primer factor de esta ecuación, tratando entonces de promover el cambio también desde arriba.

Como lo demuestran la mayoría de los países donde el autoritarismo ha sido desmantelado sin desbordamientos, sin que ello afecte el alcance del cambio, las negociaciones y los pactos son posibles aun cuando se inician en el marco de una amplia movilización sindical. Es esperable que el retroceso electoral del Partido de la Revolución Democrática en los comicios de agosto sea una llamada de atención para sus líderes, así como para los nuevos reclutas que recientemente ha adquirido Acción Nacional, en cuanto al pobre atractivo de la intransigencia como bandera de lucha política. Un indicador de la preferencia por las soluciones de conciliación es simplemente la participación electoral que está registrando una consistente tendencia a aumentar. No obstante que numerosos conflictos electorales han provocado en todo el país incidentes violentos, toma de presidencias municipales, bloqueo de carreteras, enfrentamientos entre militantes de organizaciones rivales, el temperamento radical sigue siendo una rara avis en la política mexicana. Esta es una virtud que habría que proteger.

LA RESTAURACIÓN DEL PRI Y LA REPRESENTACIÓN 

En el muy corto plazo los resultados electorales de agosto de 1991 crearon un problema de representación que fue explícitamente reconocido por las autoridades políticas casi al día siguiente de los comicios. Las declaraciones oficiales en el sentido de que las minorías nada tienen que temer, que la negociación y el diálogo seguirán dictando el tono de las relaciones políticas y que todos los grupos sociales estarán representados, incluso la renuncia del gobernador electo de Guanajuato Ramón Aguirre, revelan que aun obteniendo la mayoría el poder tiene la conciencia de que públicamente no puede admitir que va a gobernar solo, aunque pretenda hacerlo.

Los triunfos del PRI sugieren que el Presidente Salinas, a través de Pronasol y de su propio estilo, ha logrado restablecer la alianza entre el Estado y las clases populares, así sea temporalmente. La desventaja de este resultado es que dejó fuera a sectores importantes de la clase media que están en la oposición, que son articulados, saben hacerse oír, y que tienen una considerable capacidad de influencia política. El dilema que enfrenta el gobierno en este momento es cómo integrar a esos grupos finalmente minoritarios, pero cuya autonomía política es un reto a una estabilidad construida sobre la hegemonía del partido oficial.

Esta disposición de las alianzas políticas tiene antecedentes interesantes: los gobiernos del Presidente Calles y del Presidente Cárdenas, respectivamente, excluyeron de la participación política a las clases medias que se oponían al autoritarismo del Estado revolucionario. Pero entonces cran más minoritarias que ahora y sobre todo, en tanto que actores políticos e interlocutores del poder, carecían de la legitimidad que han acumulado desde los años cuarenta. Por otro lado, estos grupos no parecen estar dispuestos a dejarse marginar; de suerte que si el gobierno intentara limitar su participación es muy posible que se produzca algún enfrentamiento de graves consecuencias sobre el proceso de cambio.(3)

Es posible que con el respaldo de esa mayoría el Presidente intentara retomar el monopolio de la reforma «desde arriba»; el problema es que los grupos excluidos pueden optar por organizar la resistencia ahora sí «desde abajo», entre otras razones porque arriba no tuvieron cabida. Así pues, lo que las últimas elecciones también revelaron fue la insuficiencia de la representación mayoritaria en una sociedad desigual en la que los grupos de privilegio, que son también minoritarios, reclaman el derecho a la representación. En estas condiciones quizás ha llegado el momento de discutir la vieja propuesta panista de la representaron proporcional como fórmula única de integración de los órganos legislativos.

La fuerza electoral del partido oficial no parece contribuir a la seguridad del gobierno en sí mismo. De hecho, las secuelas del 18 de agosto de 1991 parecen ser más dilemas e interrogantes que certezas. Tan angustiados parecían los ganadores como los perdedores. Unos, porque no podían justificar la contradicción entre el arcaísmo de los recursos que habían puesto en marcha para lograr el apoyo a su propuesta de modernización y la propuesta misma. Otros, porque si los grandes números no están con ellos y tampoco les asiste un contexto internacional cada día más tolerante, de nuevo, las soluciones particulares, entonces probablemente estén preguntándose de dónde vendrá ahora el impulso para el cambio. El peligro está en que entre un autoritarismo de excepción y una democracia de excepción las diferencias pueden ser insignificantes.

(1). Timothy Garton Ash describe en estos términos lo que ocurrió en Hungría después de la Conferencia de mayo de 1988 del Partido Socialista Húngaro de los Trabajadores, que permitió la formación de grupos de oposición y la organización de demostraciones públicas, pero hasta enero de 1989 se votaron las garantías a la libertad de reunión y de asociación, y no fue sino hasta meses después que el Parlamento aceptó en principio el multipartidismo. Ver: Timothy Ganon Ash, We the People. The Revolution of 89, Cambridge, Granta Books, 1990.

(2). Ibid., p. 14.

(3). Soledad Loaeza, Clases medias y Política en México. La querella escolar 1959-1963, El Colegio de México, México, 1987.