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México, D.F., 15 de mayo de 1991.

Dr. Héctor Aguilar Camín

Director de la revista nexos

Presente

Estimado Héctor

He leído con gran interés el expediente que me remitió Luis Miguel Aguilar. Estas son mis consideraciones:

1. Las detenciones, las torturas y el sometimiento a juicio de los tres inculpados constituyen severos abusos de autoridad y graves violaciones a los derechos humanos. Por justicia debiera ejercitarse acción penal contra los responsables.

2. Los abusos no sólo fueron cometidos por quienes realizaron las aprehensiones, sino por el agente del Ministerio Público que engañó, sin duda, a inculpados que no sabían leer, haciéndolos suscribir declaraciones que no habían hecho. Además, formuló conclusiones acusatorias cuando estaba perfectamente probado que los plantíos de mariguana eran inexistentes.

3. En cambio, dos servidores públicos cumplieron plausiblemente con su deber: la defensora de oficio, que ofreció inteligentemente pruebas que permitían acreditar la inocencia de los acusados, principalmente la inspección ocular en los supuestos sembradíos del estupefaciente, y el juez de la causa que absolvió a los tres enjuiciados valorando adecuadamente las pruebas que obran en la causa penal. El mérito de ambos servidores merece destacarse. Por lo que se refiere a la defensora (cuyo nombramiento fue inexplicablemente revocado hacia el final del proceso), es de observarse que por el exceso de trabajo y los malos salarios, los defensores de oficio suelen ser figuras meramente decorativas; no fue el caso de esta abogada. Por lo que se refiere al juzgador, es de destacarse que en asuntos presuntamente vinculados al narcotráfico, se sabe que por consigna se acostumbra condenar, invariablemente, aun cuando no exista elemento probatorio alguno en contra de los procesados. Si bien es cierto que el juez dictó auto de formal prisión, es preciso aclarar que para tal auto basta con que existan indicios de la posible responsabilidad de los imputados, lo que obviamente no implica que sean culpables. La culpabilidad o la inocencia se determina en la sentencia. Al sentenciar, el juez absolvió, conforme a la razón y al derecho, a los enjuiciados.

4. Al margen de las consideraciones sobre el expediente, no puedo dejar de expresar mi horror (creo que esta es la palabra más adecuada) ante las terribles arbitrariedades cometidas, sin motivo alguno que las justificara o al menos las explicara, contra personas inocentes. En el caso que nos ocupa, no había siquiera denuncia en contra de los inculpados ni elemento de prueba alguno que permitiera sospechar que estaban vinculados a la siembra o cosecha de mariguana. Se trata de campesinos sumamente pobres que cultivan productos tales como el maíz. En la inspección ocular se encontró que en los terrenos no había residuo alguno de mariguana. Se acreditó también que uno de los ejidos señalados en el parte militar ni siquiera existe.

5. Pero lo que ocurrió después del juicio, según lo narra en su carta David Werner, es monstruoso. La muerte, precedida de atroces torturas, de uno de los absueltos -Liberato Ribota Melero – forma parte de la historia universal de la infamia.

Esperando que le resulten útiles los anteriores comentarios, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.