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Lorenzo Meyer lnvestigador de El Colegio de Mexico Acaba de aprrcer su último libro Su Majastad Briánica contra la Revolución Mexicana, 1900-195O (El Colegio de México)

El problema En 1916, el heterogéneo grupo revolucionario encabezado por Venustiano Carranza convocó a elecciones para dar forma a un congreso constituyente que diseñara, entre otras cosas, las reglas fundamentales que habrían de regir el juego político del nuevo régimen. El constituyente revolucionario ni siquiera se planteó la alternativa de sustituir a las elecciones libres como el fundamento primario e insustituible de la legitimidad política: después de todo, la bandera original del movimiento que había puesto fin a la larga dictadura de Porfirio Díaz había sido la exigencia -y promesa – del sufragio efectivo y la no reelección como condición necesaria de esa efectividad. Así pues, en 1917 simplemente se reafirmó el compromiso de la élite política mexicana con la democracia representativa .

Desafortunadamente, la democracia política nunca había tenido una oportunidad efectiva de arraigar en México, y una revolución social triunfante no fue el mejor terreno para que la semilla floreciera Por un lado, al finalizar 1916 no existía en México ningún grupo que ni remotamente pudiera disputar, por las buenas o las malas, el poder a los carrancistas. Y no habiendo fuerza política sustantiva con quien contender, las elecciones de 1916 y las que le siguieron fueron ejercicios meramente formales, pues las fuerzas que podían presentar un proyecto alternativo al de la revolución estaban muy debilitadas, y cuando se propusieron disputar ese poder lo hicieron por la vía armada y fueron derrotadas en toda la línea, como fue el caso de Félix Díaz, Manuel Peláez y, sobre todo, los cristeros. La derrota de estos últimos hizo aún más remota la posibilidad de formular un proyecto alternativo al del grupo que había llegado al poder por la vía de los hechos. En estas condiciones, la disputa por el poder se hizo exclusivamente dentro del grupo revolucionario, y en esa disputa los actores recurrieron a diversos medios pero sólo esporádicamente al de las elecciones, y cuando esto último ocurrió el resultado electoral nunca fue el elemento decisivo.

El gran partido revolucionario que aglutinó a los vencedores, surgió diecinueve años después de iniciado el movimiento revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario (PNR) nació no para disputar con otros partidos el derecho a gobernar, sino como instrumento para institucionalizar las negociaciones internas de la élite política. Sin enemigo democrático externo hasta la creación del PAN en 1929, y sin ninguna tradición democrática de la cual echar mano, el nuevo régimen derivó de manera casi inevitable en una democracia formal y en un autoritarismo real. Un autoritarismo benigno, incluyente y con una amplia base social corporativa desde fines de los años treinta, pero autoritarismo al fin y al cabo.(1)

Si se acepta que 1916 es el año en que realmente el carrancismo se convierte en la fuerza política dominante en México, y si igualmente se acepta que desde ese momento hasta el día de hoy la transmisión del poder a nivel nacional ha tenido lugar dentro del círculo gobernante sin que se haya dado nunca el caso de alternancia por la vía electoral, entonces se tiene en México un sistema de monopolio del poder que es ligeramente más antiguo que el soviético. Desde esta perspectiva es posible comprender las dificultades enormes que enfrenta la supuesta transición política Mexicana del autoritarismo a la democracia de la que hoy tanto se habla en México y en el extranjero. El punto de partida de este supuesto tránsito lo mismo puede situarse en el trágico movimiento estudiantil de 1968 que en el momento en que estalló la crisis final del modelo económico implantado a raíz de la II Guerra Mundial, y que fue catorce años después, en 1982.

Estas páginas pretenden ser un informe de la situación en que se encuentra ese proceso de cambio. Se trata de un proceso cuyo punto final es aún muy difícil de visualizar, y frente al cual con igual legitimidad se pueden adoptar perspectivas. 

Optimistas y pesimistas Ante el proceso político mexicano actual -especialmente a partir de las elecciones presidenciales de 1982 -se puede tomar una de las dos actitudes a las que se hace referencia al confrontar el proverbial vaso de agua que se encuentra con líquido justamente a la mitad: se le puede ver medio lleno o medio vacío. Ambas posiciones son correctas, pero hacen énfasis en posibilidades distintas, opuestas: una subraya las tendencias que permiten suponer que el vaso terminará por estar colmado y la otra aquellas tendencias que amenazan con dejarlo sin una gota.

Quienes optan por la visión optimista, tienden a subrayar el hecho de que hoy la posición de «partido casi único» de que disfrutó el PRI desde su creación, ya cambió, tal y como lo admitió y, en cierto sentido celebrara, el propio candidato priísta, Carlos Salinas de Gortari, inmediatamente después de que tuvieran lugar las controvertidas elecciones presidenciales de 1988. Según este punto de vista históricamente las elecciones en México w han sido competidas pero tienden a serlo y este proceso se ha acelerado a partir de 1988.(2) Es cierto que en 1952, así como antes en 1940 y 1929, México vivió procesos electorales realmente competidos aunque las cifras oficiales no necesariamente lo revelan así, pero sea como fuere esa competencia resultó ser coyuntural y no estructural. Hoy, en cambio, la situación es distinta, pues a tres años de las elecciones de 1988 en que los resultados oficiales dieron el triunfo al candidato de gobierno con la proporción de votos más baja en todo el siglo -50.74% de los sufragios válidos -México se prepara para experimentar nuevas elecciones nacionales legislativas en una situación en donde el ciudadano, sobre todo el que vive en las zonas urbanas, tendrá la oportunidad de manifestar su preferencia por uno de tres partidos con bases sociales importantes y que representan proyectos de gobierno significativamente distintos entre si. Si bien el PRI ha recuperado parte del terreno perdido en 1988, el PAN y el PRD siguen siendo opciones reales y cuyos pro gramas van de una derecha moderada al de una izquierda también modelada.

Por primera vez en la historia política de México del siglo XX, a un candidato presidencial de oposición -Cuauhtémoc Cárdenas se le reconoció oficialmente una votación equivalente al 31% del total; también por primera vez se aceptó la victoria de la oposición en un gobierno estatal y en un estado importante como lo es Baja California, además varias alcaldías de ciudades importantes como Mérida o San Luis Potosí son también gobernadas por la oposición. Por lo que se refiere al poder legislativo, el partido oficial mantiene su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados pero con la proporción más pequeña desde el surgimiento del partido (52%), y aunque en la Cámara de Senadores esa mayoría es aplastante, también ahí hubo cambio, pues con cuatro senadores de oposición se rompió d monopolio absoluto del cual disfrutó el partido del Estado en esa área desde su creación y por 59 años.(3)

La presidencia sigue siendo, y con mucho, la institución política más fuerte del sistema de poder en México, pero a diferencia del pasado ya no ha podido pasar automáticamente las enmiendas constitucionales que deseaba como era el caso; ahora ha debido negociar esa legislación con un sector de la oposición. En efecto, los cambios legales que permitieron el retorno de la banca a manos del sector privado y la reforma a la legislación electoral , fueron el resultado de un acuerdo entre el gobierno y el PAN. Como resultado de este proceso, en 1990 se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que, pese a mantener en manos del gobierno el control del proceso electoral, ya no permite la mayoría automática del PRI dentro de los órganos electorales. Esto dio forma también a un Tribunal Federal Electoral (sustituto del poco útil Tribunal de lo Contencioso Electoral) y, además, introdujo la presencia de representantes de los ciudadanos como una forma de afirmar la imparcialidad del proceso. En 1991, y a instancias de los partidos de oposición, se está llevando a cabo la confección de un nuevo padrón electoral y los partidos registrados han tenido acceso al proceso. Finalmente, el PRI mismo se ha transformado, y de acuerdo a sus nuevas reglas internas y bajo determinadas circunstancias, las bases decido pueden ser las que elijan por votación directa a sus candidatos; hasta ahora y desafortunadamente la elección directa de candidatos en el PRI ha sido más la excepción que la regla.

En resumen, para los optimistas, si bien es verdad que México aún no tiene un sistema político que pueda considerarse realmente democrático,-todo apunta a que más pronto que tarde las últimas resistencias del viejo autoritarismo cederán el paso a la modernidad política y se completará la transición mexicana a la democracia. Quienes sostienen este punto de vista consideran que el cambio económico que México ha experimentado a partir de 1982 -el neoliberalismo -no puede menos que ejercer una presión sobre la organización política de tal naturaleza que ponga al mercado político a tono con el económico, es decir, lo abra y liberalice. José Woldenberg resume bien esta posición al señalar que: «No se trata de decretar la alternancia ‘desde arriba’ o ‘desde abajo’. El Estado el PRI, la clase política mexicana se han modificado bajo la presión de una sociedad diferenciada en lo político. Esa sociedad, a través de su prensa, partidos, organizaciones sociales, etcétera, esta remodelando el espacio del quehacer político y colocando las condiciones y posibilidades de la alternancia en una perspectiva cada vez más cercana».(4)

Para aquellos que ven el vaso medio vacío, son varios los elementos que apuntan no a un tránsito a la democracia sino a lo que bien se podría llamar una situación semiautoritaria Y en este trabajo se va a poner el acento justamente en las tendencias y elementos que impiden que la llamada transición mexicana desemboque en la plena democratización política y en cambio tiendan a dejarla a medio camino, es decir, en el semiautoritarismo.

La definición clásica de autoritarismo la formuló hace 27 años Juan Linz.(5) El eje de su definición es el limite que desde la cúspide de la pirámide de poder se impone al pluralismo político. En este modelo, el poder ejecutivo es la variable independiente y la red de grupos y organizaciones que representan los diversos intereses sociales son la dependiente. La unidad básica del sistema no es el individuo sino el grupo o la corporación. El control de esas organizaciones políticas y sociales es vertical y el centro político trata de evitar la existencia de relaciones horizontales. Los liderazgos intermedios deben su posición menos al consentimiento de las bases y más a la aprobación y apoyo del poder central. La función central de esos líderes intermedios no es tanto expresar las demandas de su membresía sino moldearlas y controlarlas según los intereses y proyectos de la cúpula de la pirámide de poder. En estas circunstancias, el ejercicio del poder es básicamente patrimonial y clientelístico.

Una característica y condición indispensable para el funcionamiento de los sistemas autoritarios es la preservación de una baja movilización política -baja tanto en intensidad como en extensión -y controlada. Y es justamente en este aspecto donde la situación mexicana ha sufrido un cambio, pues a raíz de las elecciones de 1988, e impulsada por las condiciones creadas por una crisis económica de seis años, se dio una movilización electoral que echó un puñado de arena en los engranes de la vieja y bien aceitada máquina del autoritarismo Mexicano. Fue pues la movilización a que dio lugar el proceso electoral de fines de los años ochenta, el factor que abrió las puertas al cambio político Mexicano; un cambio que al principio los observadores supusieron que iba a desembocar en otra transición latinoamericana del autoritarismo a la democracia pero que hoy se ve que no es necesariamente el caso.

En la actualidad, es claro en México que los limites del pluralismo se mantienen, pero igualmente resulta claro que esos límites y mecanismos de control de la presidencia -el centro vital del autoritarismo Mexicano -ya no son tan efectivos como lo fueron hasta principios de los años ochenta. De ahí que no sea aventurado calificar a la coyuntura política Mexicana actual como semiautoritaria. A la desmovilización sistemática dominante en lo que podemos llamar el periodo del autoritarismo clásico -1940-1982 -, le siguió una movilización electoral sorprendente, que llegó a su punto culminante en 1988, y que a partir de entonces volvió a disminuir pero cuyas consecuencias perduran. Esa movilización de los años ochenta revigorizó al PAN y permitió la creación, después de las elecciones, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que hoy representa una opción sustantiva de centro-izquierda que realmente no existía antes del 88.

Hasta 1988, México tenía lo que Huntington ha llamado sistema de un solo partido, es decir uno en que pese a la existencia de otros partidos políticos minoritarios, no había ninguno que realmente tuviera la capacidad de alterar el curso de las decisiones y los eventos políticos tomados y controlados por los dirigentes del partido oficial, un verdadero partido de Estado.(6) Como ya quedó señalado, a partir de 1988 algunas de las iniciativas de legislación gubernamentales importantes se lograron justamente porque el PRI tuvo que negociar con el PAN, y aunque este tipo de negociación no se dio con el PRD, éste último mantiene una presencia en algunas entidades y en el congreso federal lo suficientemente importante como para que el gobierno lo deba de tener en cuenta al momento de planear y poner en práctica su estrategia macropolítica o sus políticas en los estados y municipios controlados por la oposición.

En realidad se podría argumentar que México pasó de ser un sistema autoritario basado en un partido único a un sistema democrático de partido dominante si la actual división del poder fuera resultado de elecciones creíbles, pero ese no es el caso. El dominio actual del PRI, y el semiautoritarismo, se basan esencialmente en la existencia de:

Elecciones increíbles Entre 1952 y 1982 las elecciones nacionales mexicanas, así como la gran mayoría de las locales, tuvieron lugar dentro de un marco formalmente multipartidista pero sin competitividad efectiva; se trató de las clásicas elecciones sin competencia analizadas por Guy Hermet, es decir, aquellas donde el elector carece de alternativas reales que se disputen su voto.(7)

En las elecciones presidenciales de 1988 se produjo un espectacular rompimiento dentro de la élite política y que se unió a otro rompimiento anterior que había tenido lugar entre esa misma élite política y la económica como resultado del populismo practicado durante el sexenio de Luis Echeverría y la sorpresiva expropiación bancaria de fines de agosto de 1982 y decretada por José López Portillo.

El golfo que se abrió entre las cúpulas política y económica en los años setenta y principio de los ochenta, desembocó, entre otras cosas, en la decisión de un buen número de empresarios de convertir al PAN en algo más que el grupo de presión de una derecha moderada y democrática que había sido desde su creación en 1939. El llamado neopanismo se nutrió de la energía y recursos de un buen número de empresarios que en otras épocas habían aceptado como normal y benéfica la tradicional división del trabajo dominante en México: los políticos profesionales se encargaban de administrar el poder público y los empresarios a administrar el poder privado.(8) Manuel J. Clouthier, el candidato panista en las elecciones de 1988, fue el arquetipo del neopanista, dispuesto a desafiar a los políticos profesionales en su propio campo para lograr poner limites a la irresponsabilidad con que se había manejado la cosa pública. Y el resultado fue impresionante. En 1983, el panismo revigorizado y buscando hacer pagar a la élite política los agravios recibidos, ganó las elecciones capitalinas de Durango y Guanajuato y, lo más importante de todo, obtuvo el triunfo en los once municipios del estado de Chihuahua que concentraban el 70% de la población de una entidad a la vez fronteriza, relativamente desarrollada, muy golpeada e irritada por la crisis económica y con alta concentración urbana (9)

La reacción gubernamental fue la de optar por no aceptar el desafío de las elecciones competitivas y preferir la seguridad de la victoria aunque esta careciera por entero de credibilidad. Y en 1986, el PRI volvió a ganar el control de Chihuahua pero a costa de su imagen nacional e internacional porque, entre otras cosas, las tendencias demográficas no correspondieron a los resultados electorales, lo que permite dar una base empírica a lo obvio: que fue un voto rural inflado por el fraude el que dio el triunfo al PRI sobre el PAN y ello fue posible gracias a la manipulación oficial del padrón de ciudadanos y del control gubernamental sobre las instituciones encargadas de la calificación de las elecciones.(10) 1986 mostró que a la competitividad de las elecciones el partido del Estado iba a responder con resultados oficiales increíbles cuyo resultado fue un ambiente enrarecido, una verdadera «asfixia electoral».(11) Las elecciones presidenciales de 1988 no reintrodujeron el oxigeno político que la salud cívica demandaba sino que llevaron la asfixia -la incredulidad- a niveles sin precedentes desde 1952.

Como bien han señalado Juan Molinar y Alberto Aziz, las elecciones del 6 de junio de 1988 mostraron que «el sistema político electoral mexicano no está diseñado para digerir y asimilar una elección competida» y la incredulidad que se había experimentado en d caso de Chihuahua simplemente se extendió a toda la nación, dejando como resultado «una atmósfera de imposición» que aún no se disipa.(12)

Los observadores y analistas académicos del fenómeno electoral del 88 coinciden en subrayar la imposibilidad de saber, desde fuera del centro del poder gubernamental, cuáles fueron los verdaderos resultados electorales del 88, entre otras razones porque nunca se entregaron las actas de 24, 643 casillas, que constituían el 45% del total, ni los legisladores priístas permitieron que se abrieran los paquetes electorales para enmendar la falla limpiando la elección.(13) En su «tomografía del fraude», Molinar y Aziz muestran que aun sin esas actas, es posible concluir que el fraude electoral de 1988 fue masivo, producto de una operación de Estado, y que se llevó a cabo básicamente en las zonas rurales de ocho entidades donde se encuentran los 58 distritos electorales donde hay motivos para sostener que tuvieron lugar alteraciones mayores.(14) Estas alteraciones-pudieron o no modificar el sentido mismo de la elección presidencial -los cardenistas aseguran que el triunfo correspondió a su candidato y no a Carlos Salinas – pero de lo que no hay duda es que alteraron sustancialmente la composición de la Cámara de Diputados, pues de haberse anulado los 58 distritos bajo sospecha, el PRI hubiera sido minoría en esa institución.(15)

Una vez concluido el tormentoso pasaje de la presidencia de Miguel de la Madrid a la de Carlos Salinas, las elecciones siguieron siendo un problema para el gobierno y para el sistema político justamente porque siguieron manteniendo su carácter de competitivas, al menos en algunas regiones. La «política moderna» anunciada por Carlos Salinas en su campaña electoral, esa donde «no hay más voluntad de decisión que la que finalmente cada mexicano con derecho a votar decide cuando se enfrenta a las urnas»,(16) no se dio. La competitividad cargada o deformada por la «asfixia electoral» se presentó en algunas de las elecciones locales que marcaba el calendario electoral a partir de 1989. Y además de la de Baja California en julio de ese año, donde desde el centro las autoridades se apresuraron a reconocer la victoria del candidato panista, la competencia se hizo presente en el «cinturón cardenista» de Michoacán, Guerrero, Morelos y Estado de México. En los dos primeros estados la reconquista y el triunfo relativo del partido oficial se hizo en medio de actos de violencia y de poca credibilidad en los resultados, en Morelos y el Estado de México, la reconquista del PRI se caracterizó por el alto grado de abstención. En el Estado de México, por ejemplo, con zonas de fuerte presencia de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, las elecciones del 11 de noviembre de 1990 registraron un triunfo del PRI con el 58.6% en tanto que el PAN disminuyó su proporción respecto de 1988 en 52% y los partidos que entonces formaron el FDN tuvieron una caída aún mayor: 76%. Las grandes variables socioeconómicas que pudieran explicar, aunque fuera parcialmente, tan dramático cambio en las preferencias ciudadanas -crecimiento del PIB per capita inflación, desempleo, calidad de vida, etcétera -no variaron ni remotamente en una proporción que las hiciera congruentes con el dramático cambio en las preferencias ciudadanas que supone el resultado electoral. A las múltiples acusaciones de fraude en el Estado de México por parte de la oposición uso de la fuerza para controlar casillas y contra la oposición, «carruseles», «ratones locos», uso indebido de recursos estatales por parte del partido oficial, irregularidades en el padrón electoral, irregularidades en el uso de credenciales electorales y otros similar se agrega un hecho más significativo y que juega un papel muy funcional para el mantenimiento del control priísta: el retorno de la desmovilización. En efecto, el abstencionismo en el Estado de México fue del 69% del padrón electoral, lo que significa que la votación en favor del PRI en noviembre del año pasado y que le dio el control político de esa estratégica entidad vecina a la Ciudad de México, representó únicamente el 19% del padrón, que, a su vez, listó a poco menos del 50% de la población total del estado cuando se supone que ésta representa alrededor del 55% del total. (17)

Si como señalara Juan Linz, los sistemas autoritarios sólo pueden prevalecer en un ambiente de desmovilización política, entonces resulta que tras la «rebelión de las urnas» de 1988, la tradicional apatía ciudadana está retornando a México. Pero ese retorno no es algo inesperado sino resultado consciente de la acción estatal. El típico votante de la oposición mayoritaria de 1988, la del FDN, no tiene el arraigo que da medio siglo de trabajo político sistemático del PAN; se trata, en cambio, de un hombre joven, que pertenece a los sectores sociales menos favorecidos y que votó por primera vez en 1988. En esas condiciones, la posibilidad de desalentar por medio del fraude una nueva participación es muy alta, pues el fraude más o menos abierto resulta ser un poderoso mensaje desmovilizador del poder establecido al votante que experimenta por primera vez las posibilidades democráticas pero que tiene una cultura cívica propia no del ciudadano sino del súbdito. En las elecciones locales de Morelos de 1991, el abstencionismo fue superior al 80%, pero no afectó por igual al PRI y a la oposición sino que golpeó básicamente a ésta última, pues mientras el PRI sólo perdió 10 mil votos respecto a 1988, el PRD y sus antiguos aliados perdieron una cifra diez veces superior, pérdida que llevó a darle un vueleo completo en favor del PRI a la situación local.(18) Pero la desmovilización por la vía del fraude no sólo afecta a las capas populares, también a las clases medias, como bien lo mostró el alto abstencionismo en Chihuahua en los procesos electorales posteriores a 1988, abstencionismo que Alberto Aziz denominó «la fatiga electoral» y que jugó en favor del PRI.(19)

Desde 1983 y hasta ahora, el proceso electoral en el nuevo entorno político Mexicano -nuevo por los brotes de competitividad -se puede caracterizar como de democracia selectiva. A la oposición de centro derecha que disputa al grupo en el poder su derecho a gobernar pero que, a la vez, le apoya en su proyecto de modernización económica neoliberal, el gobierno le puede reconocer ciertos triunfos siempre y cuando el PAN tenga la capacidad de defender el voto logrado, como ocurrió en Baja California y, más recientemente, a fines de 1990, en Mérida -un municipio tradicionalmente bipartidista-, donde la alcaldía la ganó la candidata neopanista Ana Rosa Payán, gracias a que su partido pudo hacer algo que le resultó imposible en los municipios con fuerza panista en el Estado de México: una alta movilización pre y postelectoral, no exenta de violencia, y que en los días que siguieron a la elección le permitió salir triunfante en lo que un dirigente panista ha llamado «la batalla de las actas y las cifras».(20) Fue esa movilización -la capacidad de la organización del PAN para contar con copias firmadas de la mayoría de las actas de votación-, aunada a una fuerte división entre la élite priísta local que habría de llevar poco después a la renuncia del gobernador, más una relativa independencia frente al PRI de algunos de los medios masivos de comunicación -particularmente del Diario de Yucatán y en menor medida del Canal 3 y la XEZ, lo que permitió que el PAN remontara los obstáculos que se le pusieron: «carruseles», ausencia de actas en ciertas casillas, información falsa a los representantes del PAN, etcétera El triunfo de la oposición en Mérida deja en claro, entre otros, un hecho fundamental: en la situación de elecciones competidas, la oposición no obtiene el triunfo únicamente con inducir a sus partidarios a acudir a las urnas sino, sobre todo, con la organización y movilización posterior a la votación, que puede durar toda una semana como sucedió en Mérida, o meses, como fue el caso de ciertos municipios de Guerrero y Michoacán donde el PRD se negó a aceptar los resultados electorales oficiales.

La oposición triunfante sin aceptación oficial o las movilizaciones postelectorales en busca del reconocimiento de ese triunfo, llevan siempre la posibilidad de la violencia. Un ejemplo de lo primero se tiene en el caso de «Aguililla», municipio rural michoacano ganado por el PRD, pero cuyas autoridades sufrieron una agresión posterior a manos de la policía judicial, y que llevó a la cárcel a su alcalde y a varios correligionarios más acusados de narcotraficantes. Fue necesaria una movilización nacional promovida por la dirección nacional del PRD y de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para demostrar lo infundado de los cargos y forzar a las autoridades federales a poner en libertad al presidente municipal preso en la Ciudad de México -y restituirlo en su cargo. Ese esfuerzo, sin embargo, ha resultado insuficiente para obtener la libertad de otros dos perredistas para quienes la CNDH también solicitó su libertad.(21) El caso de Tejupilco, en el Estado de México, muestra que los costos de la movilización postelectoral para la defensa del voto pueden resultar muy altos, pues el 12 de diciembre de 1990 al día siguiente de las elecciones -tuvo lugar en ese poblado un choque entre los participantes en un mitin convocado por el PRD y la policía, con un saldo de tres muertos dos policías y un civil -y en donde, finalmente, también, debió intervenir la CNDH para deslindar responsabilidades pero sin que realmente pudiera cerrarse el caso.(22)

En conclusión, en las elecciones sin competencia que aún tienen lugar en una buena parte del país -ejemplos de ellas serían las de Campeche en el sur, Zacatecas en el centro y Baja California Sur en el norte sigue vivo el viejo sistema de control del pluralismo. Y en aquellas regiones, particularmente las urbanas pero no exclusivamente, donde a raíz de la crisis del modelo económico de sustitución de importaciones y de las transformaciones sociales profundas, surgió la competencia electoral, la manipulación de las elecciones mediante métodos crudos o sofisticados -relleno de urnas o manipulación del padrón -constituyen la respuesta de un sistema de monopolio político que se resiste a modernizarse, a transitar del autoritarismo a la democracia política. Ahora bien, las elecciones competidas pero sin credibilidad sólo se pueden sostener porque detrás de ellas esta la fuerza de:

Un presidencialismo sin contrapesos El momento cumbre del poder presidencial en México es aquel en el cual el mandatario saliente decide quién habrá de sucederle. Es por ello que el presidencialismo mexicano llegó a su clímax en 1958, pues fue entonces cuando Adolfo Ruiz Cortines pudo controlar absolutamente todos los hilos de su sucesión y ninguno de los múltiples actores políticos centrales – secretarios de Estado, gobernadores, líderes de las organizaciones de masas, dirigentes empresariales, legisladores, directores de los medios de comunicación -puso en duda el derecho del presidente a nombrar a su sucesor ni nadie se opuso cuando el nombre de éste fue revelado: todos le dieron su apoyo abierto. La disciplina frente a la voluntad presidencial se convirtió entonces en la regla de Oro del sistema político mexicano.(23)

El gran movimiento estudiantil de 1968 en demanda de una democracia política efectiva fue un desafío a ese presidencialismo creciente que se había montado no sólo en un partido prácticamente único sino en un aparato estatal en expansión constante y que dominaba los aspectos centrales de la economía y la cultura mexicanas. La respuesta brutal de la presidencia al reto la matanza del 2 de octubre de 1968 y su repetición a escala menor el jueves de corpus de 1971 -le dio una victoria absoluta a corto plazo pero a la larga le hizo pagar un costo muy alto en legitimidad, al menos entre las clases medias estratégicas, particularmente entre la intelligentsia y los profesionistas.

La puesta en entredicho de los grandes poderes constitucionales y metaconstitucionales de la presidencia mexicana coincidió con el principio de la crisis del modelo económico mexicano, un modelo de industrialización imposibilitado para generar las divisas necesarias para sostener su gran demanda de importaciones de bienes de capital e intermedios.(24) La incapacidad de las presidencias de Luis Echeverría (1970-1976) y de José López Portillo (1976-1982) para llevar a cabo el conjunto de cambios sustantivos que demandaban los sistemas económico y político, aunada a la ineptitud personal de ambos personajes, desembocó en endeudamiento excesivo, estancamiento económico, fuga de capitales, inflación y, finalmente, pérdida del sentido mismo de la acción gubernamental. A través de los efectos de los descalabros económicos en el bienestar colectivo, el cuestionamiento de la legitimidad del presidente y del sistema presidencialista mismo -la imposibilidad de exigirle cuentas y responsabilidades -que inicialmente surgió de los sectores medios, se desparramó hacia arriba y hacia abajo de la pirámide social, es decir hacia los sectores empresariales primero y a los populares después.(25)

Toda la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) se puede caracterizar como un esfuerzo por usar el poder presidencial para reintroducir la viabilidad al sistema económico por la vía del neoliberalismo, que era el modelo dominante en el ámbito internacional.(26) En sus propios términos, el esfuerzo delamadridista tuvo éxito, pues el papel económico y social del Estado se redujo, la privatización de la economía avanzó, y de la sustitución de importaciones se pasó a la apertura irreversible de la economía -en 1986 México entró al GATT -con el objeto de hacer del mercado externo, y ya no del interno, el motor del desarrollo futuro. Claro que el costo social fue enorme, pues durante el sexenio delamadridista el gasto social se redujo, el salario perdió la mitad de su poder adquisitivo -los salarios pasaron de representar el 36% del PIB al 29% -, el PIB se estancó, la inflación no se detuvo (en 1983 fue del 80% y de 159% en 1987) y la economía informal creció ante la imposibilidad de que el sector formal generara el empleo demandado por la expansión demográfica de la población en edad de trabajar.

Un indicador de la pérdida de poder del presidencialismo se tiene al comparar 1987 con 1955. Miguel de la Madrid no pudo controlar ya todas las etapas del proceso político al interior del partido del Estado y, ante la marginación a la que sometió a una parte de la clase política tradicional, en 1986 surgió una corriente política dentro del PRI -la llamada Corriente Democrática (CD) encabezada por el ex gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y por el ex secretario de Estado y el presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo -que abiertamente demandó una disminución del control presidencial sobre la vida interna del partido. La demanda de la CD equivalía no sólo a abrir la discusión sobre el nuevo modelo económico sino, sobre todo, a cuestionar el viejo modelo de presidencialismo autoritario al buscar interferir en la designación de sucesor a la presidencia y en la de la multitud de candidatos a puestos de elección. Miguel de la Madrid se negó a renunciar a cualquiera de sus poderes metaconstitucionales y el resultado fue la salida de la CD del PRI en 1987 y la formación de una coalición de partidos de centro izquierda, hasta ese momento marginales, que presentaron a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo como sus candidatos presidencial y a senador por el Distrito Federal, respectivamente.

Una vez libre de la presión de los contestatarios internos, el PRI llevó a cabo una selección de su candidato en un proceso que pretendió ser una respuesta a las demandas de la CD, y que consistió en la presentación pública en agosto de 1987 de seis precandidatos para que los militantes del partido y la opinión pública en general, expresaran sus preferencias. Sin embargo, esta modalidad del viejo «destape» no pudo ocultar que todo el proceso se encontraba bajo el control presidencial, y que finalmente fue la decisión de Miguel de la Madrid el factor fundamental y definitivo que hizo que Carlos Salinas, el secretario de Programación y Presupuesto, y en gran medida artífice de las reformas neoliberales del delamadridismo, fuera designado como candidato presidencial del partido oficial aunque en medio de una serie de equívocos provocados por la indisciplina de algunos de los aspirantes derrotados.(27)

El presidencialismo, aunque desgastado, mostró su verdadero poder no tanto en la designación de Carlos Salinas como sucesor en 1987, sino en la forma como se impuso en 1988 a la movilización electoral y a la sorpresa que causó la capacidad de Cárdenas y su Frente Democrático Nacional para obtener un respaldo de tal magnitud. Fue el poder de la presidencia la fuerza que permitió al gobierno declarar en la noche del día de las elecciones, y ante un público incrédulo, que no era posible saber los resultados provisionales de la votación debido a que el sistema de cómputo «se había caído», lo que le permitió posponer por varios días el anuncio de los resultados y manipular las cifras en favor de los candidatos oficiales. Fue igualmente ese poder el que permitió al gobierno resistir las demandas de la oposición para llevar a cabo la revisión de los paquetes electorales, y fue finalmente también ese poder presidencial el que permitió al grupo en el poder resolver de manera adecuada a sus intereses la amenaza de una crisis constitucional que planteó el proceso de calificación de la elección presidencial al finalizar 1988.(28)

Una vez ya en la presidencia, Carlos Salinas no perdió tiempo en un esfuerzo por recuperar el poder que la institución presidencial parecía haber perdido. Una serie de medidas espectaculares, que se iniciaron con el encarcelamiento en enero de 1989 del poderoso líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, símbolo de la corrupción de las estructuras corporativas y notable por su reticencia a aceptar a Carlos Salinas como el líder indiscutible de la clase política. La acción penal que en ese mismo año se siguió contra un miembro de la poderosa familia Legorreta por su responsabilidad en la caída de la bolsa de valores en octubre de 1987, se vio como una advertencia a la clase empresarial. Junto a estas medidas de mano dura, la presidencia buscó llegar a un entendimiento con la oposición que compartía su proyecto económico: el PAN, de tal manera que se hiciera cada vez más difícil una verdadera unidad de las oposiciones; el rápido reconocimiento de la victoria panista en Baja California en 1989 fue interpretado como el resultado de un acomodamiento exitoso entre la presidencia y la oposición de centro-derecha, situación que permitió aislar a la oposición que representaba el mayor peligro a la presidencia por disputar al PRI sus bases mayoritarias y por oponerse abiertamente al proyecto económico neoliberal: el cardenismo, que además dejó de tener como base a la coalición original y formó su propio partido, el PRD, del cual se distanciaron los aliados ocasionales, es decir, el PPS, el PARM y el PFCRN, que volvieron a rehacer sus lazos de dependencia con el gobierno.

La profundización del proceso privatizador de la economía -en particular la reprivatización bancaria-, el mantenimiento de la disciplina fiscal y la continuación de una política de contención salarial, fueron algunos de los, elementos centrales que llevaron a un estrechamiento de los lazos entre el liderazgo del sector empresarial y la presidencia. La invitación del gobierno al Papa para que efectuara una nueva visita a México, así como una mayor relación pública entre la presidencia y las altas autoridades eclesiásticas -que incluyó el nombramiento de un representante personal del presidente ante el Vaticano-, activó el apoyo político de la Iglesia Católica a la presidencia, apoyo nada desdeñable en un país eminentemente católico.

La sólida base de apoyo social para la presidencia que era el aparato corporativo del PRI -las organizaciones laborales, campesinas y de clase media agrupadas en el CT, la CNC y CNOP, respectivamente -se vio duramente golpeada y debilitada, por el hecho de que sus agremiados fueron obligados a pagar una parte importante del costo social de la crisis económica y, también, porque en el modelo neoliberal de economía, los trabajadores deberán negociar sus salarios y prestaciones desde el punto de vista de la productividad y no de su papel político dentro del partido del Estado, como hasta entonces había sido el caso.(29) Sin embargo, ante la imposibilidad leal de las estructuras burocráticas oficiales obreras y campesinas organizadas de encontrar un sitio mejor para negociar sus demandas y cuotas de poder, los sindicatos debieron de permanecer al interior del PRI y, sobre todo, abiertamente subordinados a la línea política trazada desde la presidencia, independientemente de los efectos de ésta sobre las bases de las grandes organizaciones corporativas; la lección que el liderazgo obrero recibió tras la caída de Hernández Galicia y Jonguitud Barrios fue asimilada totalmente. En resumen, el corporativismo se debilitó con el cambio económico, pero no desapareció y siguió jugando el mismo papel que antaño en relación al poder presidencial: el de apoyo subordinado.

La necesidad de recuperar electoralmente a esa amplia faja de votantes de las clases populares que en 1988 manifestaron su descontento votando por el cardenismo, llevó a que el programa de austeridad en el gasto gubernamental tuviera un área de excepción, se trató del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), un programa administrado directamente por los representantes de la presidencia y que en la actualidad maneja un presupuesto superior a los cinco billones de pesos. Su objetivo inmediato es hacer frente a algunas de las demandas más apremiantes de los sectores populares a cambio de que éstos se organicen para llevar a cabo tareas especiales -tendido de redes de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado, etcétera -y aporten una parte del costo de la obra. PRONASOL, sin muchas dificultades, se ha convertido en un arma partidaria y, sobre todo, en vinculo de liga directa de la presidencia con los sectores populares, pasando por sobre las maquinarias de los gobiernos locales y camarillas de poder. Es claro que PRONASOL ha dirigido una buena parte de sus recursos a beneficiara sectores con capacidad de respuesta política; el programa de rehabilitación de Chalco, una zona urbana del Estado de México que en 1988 mostró fuertes simpatías por el FDN, recibió atención especial del programa de solidaridad y en las elecciones locales de 1990 el PRI lo pudo recuperar gracias a la acción social directa de la presidencia.

Ni la alianza de las cúpulas nacionales -empresarial, sindical, profesional, intelectual y eclesiástica -con la presidencia, ni los efectos positivos (¿populistas?) del PRONASOL en los sectores mayoritarios son suficientes para explicar la rapidez con que la presidencia de Carlos Salinas recuperó su capacidad de control sobre los procesos políticos centrales mexicanos. Para tener esa explicación es necesario referirnos al:

Factor americano El factor extremo ha jugado un papel fundamental en las transiciones del autoritarismo a la democracia La transición clásica, la española, se inició con la muerte del generalísimo Francisco Franco y concluyó en menos de diez años con el ascenso al poder del lider del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Felipe González. Esta transición fue tan rápida y completa porque, en buena medida, el grueso de la clase política española -los herederos del franquismo, así como sus opositores de derecha, centro e izquierda sabía perfectamente que las puertas de la comunidad europea no le serian abiertas a España tampoco a Portugal -mientras no modernizara su sistema político, es decir, mientras no dejara a un lado el autoritarismo y lo sustituyera por un régimen de democracia liberal compatible con los valores e instituciones dominantes en el resto de la Europa occidental. En América Latina, el factor externo fue igualmente importante en la transición chilena, pues el régimen encabezado por el general Augusto Pinochet, producto de un cruento golpe militar, y sostenido par un aparato de seguridad notable por la facilidad con que violaba los derechos humanos, se vio imposibilitado de negociar con fluidez su relación diplomática e incluso económica con Estados Unidos y Europa mientras no aceptara someter su permanencia a una consulta electoral, consulta que finalmente perdió. Un caso más claro fue el de la Nicaragua sandinista, pues el gobierno norteamericano le hizo objeto de una hostilidad sistemática, que incluyó el financiamiento de un ejército contrarrevolucionario, en tanto el gobierno revolucionario no refrendara su derecho a permanecer en el poder mediante elecciones libres y competidas; como sabemos, el resultado fue la victoria electoral de la oposición nicaragüense.

El caso mexicano, en contraste, ha recorrido otro camino. Desde las elecciones de 1985 y sobre todo con las de Chihuahua el año siguiente, la prensa internacional puso en entredicho la limpieza del proceso electoral mexicano, y por tanto la legitimidad del gobierno y del régimen mismo.(30) La controversia entre el gobierno y su partido y la oposición en relación a la credibilidad -o falta de la misma -de los resultados oficiales de las elecciones de 1988, fue difundida por la prensa internacional y recogida por los académicos. (31) En contraste, la actitud de la mayoría de los gobiernos con los cuales México mantenía relaciones, fue la de hacer explicita su aceptación de los resultados electorales oficiales y aceptaron la petición mexicana de extender sin dilación sus felicitaciones a Carlos Salinas. Para la toma de posesión del nuevo mandatario en diciembre de 1988, se congregaron en la Ciudad de México lo mismo el líder cubano Fidel Castro y Daniel Ortega, presidente de la Nicaragua sandinista, que los representantes de Estados Unidos y los países latinoamericanos, europeos y Japón. La unanimidad de la comunidad internacional en su apoyo al sucesor de Miguel de la Madrid fue verdaderamente notable, especialmente por el hecho de que la guerra fría aún no se daba por concluida y la reunión en la Ciudad de México fue una tregua en el último capítulo de esa guerra.

Para Estados Unidos y las otras grandes potencias, lo verdaderamente importante del cambio de gobierno en México en 1988 fue la derrota de la izquierda y la seguridad de la continuación de las reformas económicas. Frente a ese cambio histórico en el modelo económico mexicano, la continuación del régimen autoritario era un problema menor para Estados Unidos y el resto de las grandes potencias industriales. El interés nacional norteamericano, y por ende el del resto de los países que seguían su línea política y mantenían intereses sustantivos en México -Europa occidental y Japón – fue apoyar activamente a la administración de Carlos Salinas y dejar al fondo de su agenda mexicana, o de plano fuera, el tema de la democracia(32) En realidad, el embajador norteamericano de ese momento, el señor Charles Pilliod, hizo un esfuerzo notable por dejar constancia que, desde el punto de vista de Washington, México era ya una democracia y que, por tanto, lo consideraba un país con un régimen afín.

A mediados de 1990, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaran que estaban iniciando las negociaciones para dar forma a una zona de libre comercio entre los dos países. El apoyo del presidente George Bush a la iniciativa mexicana de firmar un tratado de libre comercio entre ambos países y con Canadá fue entusiasta y sin reservas. Y si a mediados de 1991 surgieron dudas en algunos sectores norteamericanos sobre la conveniencia de seguir adelante en este proyecto – sindicalistas, ecologistas, grupos religiosos-, en ningún caso se puso sobre el tapete de la discusión las diferencias en los regímenes políticos de México por un lado y Estados Unidos y Canadá por el otro. La visión oficial es que esas diferencias en realidad no existen, aunque, desde luego, la naturaleza autoritaria del sistema político mexicano resulta evidente para los analistas que apoyan la idea de la integración económica mexicano-americana pero que no tienen su sede en las oficinas del Washington oficial.(33)

La explicación de la buena relación actual México-Estados Unidos no se encuentra, como algunos pretenden, en el respeto norteamericano por el principio de no intervención en los asuntos internos Mexicanos, pues la esencia de esa relación no es la neutralidad norteamericana frente al sistema político mexicano, sino el apoyo activo al liderazgo salinista a pesar de que este mantiene y revigoriza algunos de los rasgos autoritarios tradicionales en el ejercicio del poder en México. En tres años, los presidentes Carlos Salinas y George Bush se han reunido siete veces; en todas y cada una de las ocasiones el entusiasmo del ejecutivo norteamericano por las acciones y proyectos de su colega Mexicano ha ido en aumento. En resumen, la reafirmación de la fuerza de la presidencia Mexicana a partir de diciembre de 1988 tiene una de sus explicaciones en el apoyo externo, en particular norteamericano, que no tiene precedentes desde aquel que Franklin D. Roosevelt le diera a Manuel Avila Camacho después de su dudoso triunfo electoral en 1940, pero que se explica por la necesidad de contar con la buena voluntad mexicana ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

***

Se puede decir que por el momento la movilización política de la sociedad mexicana que tuvo lugar en los años ochenta ha disminuido. Y con esa baja en la intensidad del reclamo democrático por la vía electoral, también han disminuido las presiones para modificar sustancialmente la naturaleza autoritaria de la estructura de poder que ha caracterizado a México desde la consolidación de la hegemonía liberal en el siglo XIX.

La transición Mexicana hacia la democracia aún se mantiene como una posibilidad, pero en caso de que finalmente se materialice, no será de la manera dramática y clara como ocurrió en España, Chile o Nicaragua, sino que será gradual y se completará en un plazo mediano o largo. Sin embargo, no debe descartarse el hecho de que México se estacione en el semiautoritarismo en el que hoy se encuentra especialmente si la economía vuelve a repuntar con bases sólidas y el mundo externo encuentra conveniente seguir sosteniendo la ficción de que México es ya una democracia.

Para quienes han optado por ver el vaso medio lleno, el semiautoritarismo, es decir, la ampliación de los limites del pluralismo mexicano, es un hecho positivo y de gran importancia histórica dado el punto de arranque: una cultura atávica de raíces coloniales y a la que nunca ha nutrido una experiencia democrática sostenida; desde esta perspectiva, cualquier avance es de aplaudirse. Por el otro lado, para aquellos que persisten en no darse por satisfechos con nada que no sea el vaso democrático lleno resulta desalentador comprobar que, después de todo, la sociedad mexicana no tuvo la capacidad de organización ni la voluntad suficientes para aprovechar la crisis económica de los años ochenta – inesperada oportunidad de cambio político por la que se pagó un costo social altísimo -para producir el vueleo definitivo en la naturaleza autoritaria del presidencialismo mexicano. Para estos últimos, la democratización sigue en la agenda pero las posibilidades de que esa prioridad sea asumida como propia por un número tan grande de mexicanos, como ocurrió en 1988, son muy pocas.

(1) Una discución sobre el proceso histórico que llevó a la formación y consolidación del autoritarismo revolucionario se encuentra en Lorenzo Meyer «Historical Roots of the Authoritarian State in Mexico», en José Luis Reynosa y Richard W. Weinert (eds.) , Authoritarianism in Mexico, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues ,1977, pp 3-22

 (2) La lenta pero creciente competitividad electoral se basa en la caída paulatina de la votación en favor del partido oficial , el PRI, a lo largo de tiempo, como lo demuestra el cuadro siguiente:

Por ciento de la votación total en eleciones de diputados federales en favor del PRI 

Año  % voto total  Año  % voto tolal

1961     90 2 1976 80.1

l964     86.3 1979 69.7

1967     83.3 1982 69.3

1970     80.1 1985 64.8

1973     69.7 1988 51.1

Fuente: Comisión Federal Electoral.

 (3) Durante el sexenio del presidente Jose López Portillo, un dirigente del partido popular Socialista. Jorge Cruickshank García, llego al senado como presidente de Oaxaca pero de trato de una candidatura apoyada por la coalición del PRI con el PPS, y en ese sentido la presidencia del lider Oaxaqueño en la Cámara alta no significó la ruptura del monopolio priísta en esa área del poder legislativo.

 (4) Esta visión que tiende subrayar los avances en el proceso de democratización mexicano se encuentra bien reprecentada en los materiales publicados por la revista E xamen. un órgano teórico del PRI. Un posición más atemperada, pero finalmente positiva, del cambio político experimentado en México a partir de 1988, Se encuentra en José Woldenberg, «La democracia revisitada» , en nexos no. 159, marzo, 1991, y es a este artículo al que corresponde la Cita.

(5) Juan Linz, «An Authoritarian Regime :Spain», en Erick Allardt e Yrje Liuunen (eds.), Cleaveges Ideologics and Party Systems Contributions to Comparative Political Sociology, Transactions of The Westmark Society, vol X (1964), pp. 291-342

(6) Samud P. Huntington, «Social and Institutional Dynamics of One-Part Systems» en Huntington y Clement la Moore (eds) Authoritarian Politics in Modern Society The Dynamic of Established One-Parl Systems, Basic Books, Nueva York, 1970, p 5. 

 (7) Guy Hermet, «State-Controlled Elections a Framework»» en Hennet Richard Rose y Alain Rouquié (comps ), Elections Wifhouta Choicc Wiley, Nueva Yolle, 1978, p. 17. 

 (8) Para una exploración del fenómeno neopanista véase, entre otros trabajos, el de Alberto Aziz Nassif, «Neoparusrno y Neoprilsmo en Chihuahua» en Cuadernos de la Casa Chata, no 151, México, 1987- María Amparo Casar, «Empresarios y democracía en México», en Rolando Cordera, Raúl Trejo Dedarbre y Juan Enrique Vega (coords ), México: el reclamo democrático. México, Siglo XXI 1988, pp. 165-174.

 (9) La idea del agravio gubemamental a la sociedad civil como accidente de la movilización electoral se encuentra desearrollada en Enrique Krauze, Por una democracia sin adjetivos, Joaquín Mortiz/Planeta, México, 1986. 

(10) Esa es la hipótesis bien fundada de Juan Molinar en «Regreso a Chihuahua», nexos, no 111, marzo, 1987. Por lo que hace la credibilidad en los resultados del proceso electoral, o falta de ésta, en el exterior, véase a Soledad Loaeza, «Nacionalismo y democracia en México tensión entre dos ficciones», en Cordera, Trejo y Vega (coords ), op cit, pp. 98-105. 

(11) Juan Molinar, nexos, no 123, marzo, 1988. 

 (12) Alberlo Aziz Nassif y Juan Molinar Horcasiu-, «Los resultados electorales», en Pablo González Casanov- (coord ), Segundo informe sobre la democracia México, el 6 de julio de 1988, Siglo XXI, México, 1990, p. 138. 

 (13) Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer. A la sombra de la Revolución Méxicana, Cal y Arena, México, 1989, p. 284.

(14) Los estados donde el fraude fue mayor, con casillas «zapato», es decir en donde d 100% de los votos fue para el PRI, fueron Chiapa-, Nuevo León, Guerrero, Oaxcaca, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Yucatán Molinar y Aziz, op. cit., p. 170

(15) Idibem, pp. 167-168

(16) Carlos Salinas de Gortari, Por la política moderna, «Partido Revolucionario Institucional, México, 1987, p 44

(17) Los datos fueron tomados de Este País, no. 1 abril, 1991.

(18) Colectivo Tona, «Del fraude a la defraudación» en La Jornada Semanal, no 99, 5 de mayo, 1991, pp. 23-26.

 (19) Albeno Aziz, «La fatiga electoral», ponensia presentada en le seminario sobre procesos electorales en la frontera norte, celebrado en mayo de 1990 en El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana , Baja California.

 (20) Un muy buen análisis del proceso electoral de Mérida se encuentra en Carlos Castillo Peraza, «La Batalla de Mérida», en nexos, no 158, febrero, 1991.

 (21) Véase al respecto el informe sobre el caso aguililla de la CNDH en nexos, no 157, enero, 1991. 

(22) El informe de la CNDH sobre el caso de Tejipulco se encuentra en nexos, no 160, abril, 1991.

(23) José Luis Reyna, «Las elecciones en el México institucionalizado, 1946-1976» en Pablo González Casanova (coord.), Las elecciones en México, Evolución y perspectivas, Siglo México, XXI, 1985, pp. 105-110.

(24) El catálogo de los grandes poderes constitucionales y metaconstitucionales del presidente mexicano en de México posrevolucionario se encuentra en Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, México, 1978 

 (25) La crisis del presidecialismo está expuesta y explorada en Luis Javier Garrido, Mexico’s Alternative  Political Futures, en Wayne Comelius, Judith Gentleman y Peter la Smith (eds), Center for U.S – Mexican Studies, Universidad de California, San Diego, Cal ,1989, pp 417-434 

 (26) Soledad Loaeza, «Delamadridismo, la segunda modemización mexicana» (manuscrito)

(27) Peter H Smith, «The 1988 Presidential Succession in Perspective» en Comelius Gentelman and Smith (eds), op. cit.,  399-403.

 (28) La naturaleza del problema constitucional derivado de la impugnación de los resultados electorales oficiales por el PAN y, sobre todo, por el FDN, se encuentra en Federico Reyes Heroles, «La crisis constitucional El clima político de la transición», en Pablo González Casanova (coord ) Op. cit., pp. 122-l37.

(29) Graciela Bensusan Areus y Gerardo Zamora Fernández de Lara: «Política laboral y proyecto de gobierno» en Manuel Canto Chac y Víctor Durand Ponte (coords ), Política y gobierno en la transición mexicana, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1990, pp 83-115

(30) Blanca Torres, «La visión estadunidense de las elecciones de 1985: ¿presión de coyuntura o preocupación de largo plazo?» en Gabriel Székely (comp ), México-Estados Unidos, 1985, El Colegio de México, México, 1986, pp 45-62; Soledad Loaeza, «Nacionalismo y democracia en México tensión entre dos ficciones» en Colden, Trejo y Vega (coords) , op cit, 99-105.

(31) Peter Smith, op. cit., 407-411

 (32) Una expresión suscinta de esta posición se encuentra en el ensayo de Susan Kaufarm Purcell «U.S -Mexican Relations An Optunistic View» en journal of International Affairs, vol. 43, n 2, invierno de 1990, pp 423-429 

(33) Un buen ejemplo es Sidney Weintraub, economista de la Universidad de Texas y entusiasta partidario del acuerdo de libre comercio con México. Para el profesor Weintraub, la ausencia de un sistema democrático en México es un problema real, y para que la apertura económica hacia Estados Unidos, iniciada en los ochentas, sea viable, deberá ser acompañada de una apertura política-, es decir, de una democratización: A Marriage of Convenience Relations Between Mexico and the United States, Oxford University Press, Nueva York, 1990, pp 50-51