A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Cuauhtémoc Cárdenas. Presidente del Partido de la Revolución Democrática.

Enfrentamos un reto con el que ninguna otra generación de estadunidenses, mexicanos o canadienses se ha encontrado: preparar el futuro creando un marco de auténtica cooperación continental. Si tenemos éxito y establecemos un mecanismo para compartir con equidad nuestros respectivos talentos y recursos, nuestras economías se fortalecerán y nuestros pueblos vivirán mejor, no a expensas de la riqueza del vecino, sino gracias a la prosperidad de todos. Sin embargo, no debemos engañarnos con falsas ilusiones o autocomplacencias: esa prosperidad compatible y equitativa no llegará automáticamente.

Para tener una nueva relación y hacer las cosas correctamente, los mexicanos y los norteamericanos en particular, debemos reconocer que las premisas existentes para nuestra integración económica no son las necesarias para construir una nueva relación, viable y justa. La explotación de mano de obra barata, energía y materias primas, la dependencia tecnológica y la débil protección ecológica, no debieran ser los puntos de partida sobre los que México estableciera sus ligas con los Estados Unidos, Canadá y la economía mundial.

No podríamos estar satisfechos con el tipo de futuro que surgiera de la simple liberalización económica, que sólo extrapolaría las tendencias actuales y agudizaría las fallas. En vez de ello, debemos actuar con visión, tratando de asomarnos y yendo al encuentro del futuro, no simplemente esperándolo. Seamos responsables y prudentes: no cualquier clase de comercio constituye un intercambio mutuamente ventajoso; no cualquier tipo de inversión va a transformar nuestras bases productivas y crear los empleos y los ingresos que queremos para nuestra gente; no cualquier industria va a optimizar el uso de nuestros recursos y proteger nuestro ambiente; no cualquier negocio es una empresa responsable. La liberalización económica no es nuestro objetivo, es sólo una de nuestras herramientas. El desarrollo, la justicia social y un ambiente limpio son nuestros objetivos.

Estamos en favor de un amplio pacto continental de comercio y desarrollo que considere de entrada el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que corresponda, al mismo tiempo, al interés del desarrollo de México y no afecte las normas de bienestar de EU o de Canadá.

Sabemos que hay quienes consideran que cualquier acuerdo es mejor a que no haya acuerdo; que para México cualquier acceso al mercado americano es base suficiente para aceptar indiscriminadamente las demandas americanas, ya que ese acceso es condición tanto necesaria como suficiente para el desarrollo de México. Rechazamos esa posición. El comercio, insistimos, debe ser un instrumento del desarrollo, no un fin en sí mismo.

La inercia de tendencias del pasado y actuales, así como los errores cometidos en la instrumentación de nuestras estrategias de desarrollo -falta de visión, ausencia de toda credibilidad democrática, corrupción, mala administración y demagogia- han dejado al país sin resolver, en buena medida, sus problemas sociales seculares. El régimen de partido de Estado y un desarrollo distorsionado han producido atrasos sociales y la atrofia del Estado, y crearon también empresas y mercados igualmente distorsionados. Hasta ahora, la privatización y liberalización de la economía mexicana no han traído consigo un impulso económico autosostenido, ni mejorado la iniciativa empresarial o la innovación tecnológica nacional, tampoco ha propiciado mercados más libres o más competencia, sino que ha logrado, más bien, mayor concentración de la riqueza en unos cuantos y una dependencia más profunda del capital y la creatividad extranjeros.

Queremos que los mercados mexicanos funcionen, estamos en favor de una mayor y más equitativa competencia dentro de México y entre México y el resto del mundo y sabemos que esto no puede lograrse por el simple hecho de privatizar los monopolios estatales. Es necesario alentar el crecimiento de una clase empresarial progresista, moderna y vigorosa que México nunca ha desarrollado. Una gran parte del sector privado nacional tendrá que aprender a sostenerse por sí mismo y a obtener sus beneficios de su iniciativa y competitividad, y no ya de compartir la corrupción con altos funcionarios del gobierno.

El desarrollo debe traducirse en el surgimiento de economías de escala; firmas grandes donde la producción y la comercialización lo requieran y empresas medianas y pequeñas regadas por todo el país. La preservación del núcleo de la capacidad reguladora del Estado mexicano no debería ser una cuestión a negociar. Es necesario instrumentar una estrategia nacional de desarrollo, superar el atraso social y transformar el sistema económico en su conjunto.

Es absolutamente inadmisible que en la división internacional del trabajo entre los tres países, se asigne a México el papel de suministrador permanente de mano de obra barata. Elevar los niveles salariales y las condiciones de trabajo en la dirección general de los usuales en Estados Unidos o Canadá, en lugar de sistemáticamente reducir nuestros salarios e ingresos para atraer a inversionistas renuentes, es una razón principal para buscar nuevas formas de integración económica.

Sabemos que el reto de hoy es convertir el combate contra la pobreza en un verdadero esfuerzo económico, mediante el cual la riqueza no sólo se distribuya sino que se genere por el esfuerzo mismo de erradicar la miseria. Para hacer eso sabemos también que no debiéramos confundir la inversión productiva con la inversión social, y no pedir a una lo que sólo la otra puede dar.

El desarrollo no es solamente el asunto de desarrollar países. Hoy está claro para todos, pero sobre todo para los norteamericanos, que no pueden aislarse de la miseria, las carencias, la injusticia y la degradación ambiental de sus vecinos. Si el norte no adopta de nuevo un ideal humanista de desarrollo, la cooperación internacional se verá obstaculizada por la contaminación, el deterioro urbano, el crimen, el consumo de drogas y la intolerancia. Y la responsabilidad de resolver estos problemas vinculados entre si no es únicamente del mercado.

Lo que también debemos encontrar es cómo hacer que el proceso de desarrollo sea compatible tanto para los millones de mexicanos empobrecidos como para los intereses y el bienestar norteamericanos y canadienses. El núcleo de un pacto para el desarrollo debe ser la creación de empleos bien remunerados en México y el incremento de la productividad del trabajo en los tres países.

Falsos profetas del determinismo económico dicen que no tenemos otra opción, sino enrolarnos en un bloque internacional determinado. Sin embargo, hay una cosa respecto a la cual los países como México no tienen otra opción: redistribuir el ingreso y promover el desarrollo social concibiendo nuevas estrategias en consonancia con la economía mundial. No podemos aceptar el orden actual sin tratar de negociar las mejores condiciones posibles para nuestra gradual integración internacional. El pacto continental de comercio y desarrollo que proponemos ofrece una oportunidad para realizar un nuevo diálogo norte-sur, no ya más con el solo propósito de redactar declaraciones, sino para firmar pactos económicos y compartir compromisos de desarrollo reales. Lo que queremos crear no son bloques defensivos o clubes exclusivos sino un nuevo sistema de cooperación entre países desarrollados y en desarrollo.

El reciente tropiezo de la Ronda de Uruguay del GATT ha estimulado a los sostenedores del bilateralismo en las relaciones comerciales. No deberíamos caer en esa tentación. Rechazamos la noción de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México sea el primer paso de una serie de tratados bilaterales de libre comercio entre los EU y sus vecino latinoamericanos. La verdadera dimensión hemisférica de un pacto continental debe basarse en el principio del multilateralismo. Si México, los Estados Unidos y Canadá son capaces de moldear sus respectivos objetivos de desarrollo en un entendimiento que no tenga precedentes, ese consenso debiera tornarse en el centro de un nuevo proceso alternativo de negociarse multilaterales para la integración hemisférica. El Caribe y Centroamérica podrían incorporarse primero, seguidos después por la naciones andinas y del cono del sur de Sudamérica, que podrían simultáneamente avanzar en sus proyectos regionales de integración económica.

El logro de ésta y otras metas, es un reto a nuestra habilidad para ir un paso adelante de nuestro tiempo. Lo que necesitamos no es un Tratado de Libre Comercio rígido, que reproduzca el poco satisfactorio modelo de TLC ya suscrito por los EU con Canadá; ni tampoco podemos seguir un modelo convencional de mercado común. Si la inclusión de Canadá en las pláticas significa que México va a ser simplemente un firmante más del TLC entre Canadá y Estados Unidos, con pocos ajustes y modificaciones, en ese caso, nos opondremos enérgicamente a ese acuerdo. Los pactos existentes constituyen sólo referencias vagas para lo que realmente necesitamos. En el caso de México, los EU y Canadá, enfrentamos un intento sin precedentes para alcanzar acuerdo entre tres economías agudamente diferentes.

Proponemos una negociación ambiciosa con base en un planteamiento coherente, integrado, global, que conduzca a un pacto de libre comercio y desarrollo amplio, visualizado a largo plazo y de alcances continentales. El TLC propuesto, que hoy está sobre la mesa, aun cuando no tiene la amplitud del que proponemos, no es en sentido estricto un trato de comercio. Incluye la agenda norteamericana ligada al comercio -inversión, servicios, propiedad intelectual, energía-, pero deja afuera la agenda mexicana vinculada al comercio ‑inversión compensatoria, movilidad laboral, ecología, un compromiso social.

El tratado alternativo que proponemos consiste en cinco paquetes de negociación claramente definidos, uno, las materias estrictamente comerciales; dos, la adopción y armonización de las normas en las áreas siguientes: inversión, reglamentación antimonopólica, un compromiso social, la ecología y la propiedad intelectual; tres, inversiones compensatorias; cuatro, mecanismos para el arreglo de controversias; y cinco, movilidad laboral.

COMERCIO

Los criterios guía para que se dé el libre comercio deben ser que la reciprocidad no es aplicable todavía, salvo en circunstancias muy especificas y excepcionales; que el acceso norteamericano y canadiense a los mercados mexicanos en aquellas áreas aún protegidas debe ser gradual, selectivo y amortiguado con los adecuados recursos adicionales; y en cuestiones estrictamente comerciales, que este pacto debe ser más que nada un acuerdo que quite o reduzca las barreras no arancelarias de los EU.

Debido a las disparidades existentes entre las dos economías y al hecho de que México, correcta o equivocadamente, ha hecho ya tanto en términos de conceder acceso a sus mercados, debiera tener más tiempo que los Estados Unidos para eliminar subsidios, remover las restricciones que aún quedan y poder proteger no sólo industrias nacientes, sino ramas completas de la industria y los servicios mientras determina cuáles partes de su actividad económica pueden ser competitivas en la economía mundial, y desarrolla nichos para ellas. México es particularmente vulnerable en el área de servicios, donde una competencia total con firmas norteamericanas -en la banca, ingeniería, seguros y otros campos- podría destruir partes vitales de sus servicios.

Es a menudo el ingenio, la iniciativa o aun razones arbitrarias, así como las oportunidades creadas por el comercio internacional, lo que determina los nichos en un país dado. México tiene algunas áreas donde ya es competitivo: vidrio, cemento, cerveza, partes automotrices. Hay otras que están determinadas naturalmente. La más significativa es la del petróleo, desde la energía hasta la industria petroquímica. En el campo de los servicios, México tiene un amplio horizonte por delante. El tratado debiera incluir provisiones que permitieran a México seleccionar aquellas industrias y determinar cómo y cuándo desarrollarlas.

De igual modo, debieran establecerse provisiones mediante las cuales las políticas sociales de México -subsidios, educación, vivienda, salud- no debieran considerarse como prácticas comerciales desleales durante un periodo importante.

Como estrategia general de desarrollo, el objetivo de México debiera ser cambiar todo el esquema de las maquiladoras, como un primer y muy importante paso. Reglas de origen debieran diseñarse con este propósito. Después de más de veinticinco años de operación, las ligas de las maquiladoras con el aparato productivo mexicano siguen siendo virtualmente inexistentes. Las maquiladoras han creado cerca de medio millón de empleos en veinticinco años y han generado algún apoyo a la balanza de pagos. Sin embargo, muchas de ellas provocan fuertes daños ecológicos, y en ninguna parte es tan grave como en ellas la distancia existente entre el crecimiento de la productividad y el de los salarios, ni tan largo el periodo en el que los salarios reales han permanecido tan bajos, comparados con los de cualquier otro sector. Esto prueba que bajo este tipo de arreglo no puede esperarse que los salarios y las condiciones de vida en México se eleven significativamente.

La agricultura de subsistencia, que produce la mayor parte de los granos básicos de México, debe retirarse de la mesa de las negociaciones. Millones de campesinos se verían echados de sus tierras si sus formas de producción ineficientes, atrasadas y no competitivas se ven de repente expuestas al volátil mercado mundial de los bienes de consumo. La modernización de la agricultura mexicana no se va a lograr siguiendo una trayectoria que cualquier país industrializado exitoso rechazaría para sí México no puede ir en agricultura más aprisa que el GATT, y debiera probablemente proceder aun con más lentitud dada la migración y los efectos sociales que sin duda tendría la deserción en masa de las tierras sin riego, de muy baja productividad. Necesitamos una política agrícola radicalmente nueva, que haya mucho más allá de la liberalización comercial.

NORMAS

Inversión. Los movimientos de capital, particularmente las inversiones extranjeras directas, son un componente central de la nueva sociedad continental que queremos construir. La cultura mexicana contraria a la inversión extranjera está muy arraigada y en mucho se justifica por nuestras amargas experiencias históricas. Debemos aprender a ver a la inversión extranjera no como un mal inevitable sino como una oportunidad deseable y aun como un instrumento necesario para atraer recursos, para cerrar brechas tecnológicas y para moverse decisivamente hacia los mercados mundiales. La sociedad que queremos no se creará si no redefinimos las reglas que gobiernan las inversiones extranjeras en México. El sistema actual es ambiguo y casuístico. El papel de la inversión extranjera en nuestra economía debiera ser claro y sus límites inequívocos. Esa amplia redefinición debiera surgir de un debate nacional franco, verdaderamente abierto y plural.

Aquellas secciones de las leyes y reglamentos que limitan la inversión extranjera en México, que creemos deben mantenerse, tienen que ver con el acceso a los recursos naturales y a los sectores estratégicos de la economía, principalmente el petróleo. El monopolio estatal existente en la exploración, extracción, refinación y transformación industrial del petróleo mexicano debe permanecer intacto y excluirse de cualquier negociación. Esto incluye, obviamente, desde nuestro punto de vista, cualquier compromiso para garantizar el suministro de petróleo a Estados Unidos, en contraste con b que Canadá aceptó en el TLC con EU. Respecto al petróleo, la posición negociadora de México debiera ser inflexible; cualquier desviación de esta norma es inaceptable y podría conducir a hondas divisiones políticas. La industria petrolera es a México lo que las industrias militar y aeroespacial son a los EU, esto es, cuestión de seguridad nacional.

El compromiso social. Las disparidades existentes entre las tres economías implican que un objetivo central, sustantivo de las negociaciones, debiera ser la estandarización gradual, pero decisiva, de las normas relativas al comercio. La primera y principal entre ellas debe ser un compromiso social, que asegure que los trabajadores en los tres países gocen de las mismas condiciones reales -no en el papel- de trabajo, derechos de negociación colectiva, marco legal y condiciones de seguridad ocupacional e higiene, de modo que se evite la explotación de los mexicanos y la actual competencia desleal con sus contrapartes americanos y canadienses. Los salarios no pueden decretarse uniformes, pero las condiciones en las que se establecen, y el marco de trabajo en el que se dan las relaciones entre patrones y trabajadores, pueden armonizarse.

El medio ambiente. La armonización de normas también debiera instrumentarse con relación a la ecología. El acuerdo debiera fijar límites a las partes respecto a su acceso a los recursos naturales. México no puede transformarse en el depósito de desechos químicos y el basurero de las industrias americanas o canadienses que tratan de dar la vuelta al cumplimiento de las restricciones ambientales en sus países. La laxitud en el cumplimiento de las leyes en la materia en México, debe cesar como una ventaja comparativa para las compañías que invierten en nuestro país. Una de las contribuciones principales de un pacto continental a la cooperación internacional sería el acuerdo entre las partes respecto a que las responsabilidades y costos de proteger el medio ambiente se consideren como costos e inversiones del desarrollo.

También es necesario armonizar las normas de protección al consumidor, es inaceptable que productos, sustancias o procedimientos que se consideren peligrosos, inadecuados o tóxicos en las naciones industrializadas, se consideren apropiados para las subdesarrolladas.

La armonización de normas ecológicas no significa la adopción inmediata de exactamente las mismas normas por los tres países, sino su más rápida evolución posible en la misma dirección.

Consideración especial debe darse al capítulo de la propiedad intelectual, un asunto que Estados Unidos ha demandado desde el principio se incluya en las negociaciones con México. Dado el hecho de que la legislación internacional existente en la materia es de muchas maneras negativa para las necesidades de desarrollo de México en áreas sociales fundamentales, debiera hacerse un esfuerzo para adoptar un conjunto de normas que crearan un sistema más equitativo de transferencia de tecnología y derechos intelectuales.

FINANCIAMIENTO COMPENSATORIO

En un proceso de integración económica como el que está en curso, la economía con más desventajas inevitablemente es la que tiene que hacer los mayores y más costosos ajustes. También sufre más dislocaciones en el corto plazo. Los efectos derivados tienden a ser de naturaleza global, inmediata, mientras en las economías más ricas tienden a ser limitados y puede manejárseles en el largo plazo. Las disparidades entre las tres economías significan que por encima de los fondos inducidos por el mercado, que podrían llegar como consecuencia del TLC, México requerirá recursos importantes para financiar, primero, el proceso de ajuste, incluyendo las inversiones necesarias en infraestructura y educación, de manera que se desarrolle la capacidad para absorber nuevas inversiones adicionales; segundo, la armonización de normas; y tercero, las provisiones del compromiso social.

Sabemos que financiar no es fácil, pero hacer de la disparidad fundamental entre las tres economías la primera piedra del acuerdo, significa hacer del financiamiento compensatorio su pieza central.

ARREGLO DE LAS CONTROVERSIAS

Con respecto a las controversias directamente relacionadas con el comercio, el mecanismo que se establezca, en adición o en sustitución al mecanismo del GATT, debe incluir provisiones mediante las cuales los tres países puedan recurrir a ese mecanismo en términos de igualdad. La verificación internacional y la obligatoriedad de cumplimiento de los procesos acordados de armonización de normas, es también necesario. La forma de lograrlo es simplemente la de extender la autoridad del mecanismo tripartita para el arreglo de las controversias comerciales. El instrumento básico para exigir el cumplimiento debiera ser la exclusión de los beneficios del tratado. Al mismo tiempo deben adoptarse provisiones que permitan mecanismos de verificación social de cumplimiento, como acceso en condiciones de igualdad a los mecanismos de arreglo de controversias para todas las partes interesadas: productores, agricultores, sindicatos, asociaciones ecológicas, grupos de consumidores, agrupaciones de defensa de derechos humanos, etcétera. Junto con estas entidades trilaterales, el recurso a organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, OIT para cuestiones laborales o UNEP para controversias específicas de carácter ambiental, pueden servir como canales para encontrar soluciones justas a estos problemas.

MOVILIDAD LABORAL

Una verdadera negociación entre México y los Estados Unidos no puede concebirse si evita la controvertida cuestión de la movilidad de trabajadores a través de la frontera. Los trabajadores constituyen el intercambio económico, social y humano más significativo entre nuestros dos países y por lo tanto razón suficiente para colocar a la migración al principio de nuestra agenda.

Quienes proponen un Tratado de Libre Comercio estrecho, abogan con fuerza porque se retire este tema de la búsqueda de cualquier acuerdo comercial, argumentando que impide iniciar todo trato y que contaminará el proceso de negociación en grado tal, que al final de cuentas se haría imposible el tratado. De hecho, el tema de la movilidad laboral ha quedado ya explícitamente excluido de las negociaciones en curso entre los gobiernos de México y EU y quien insiste en su inclusión es visto como un enemigo del libre comercio.

Entendemos las dificultades y reconocemos que existen profundas sensibilidades sociales y aun resistencia racista respecto a la inmigración mexicana y latinoamericana.

De manera ideal, los mexicanos no debieran verse forzados a dejar su país para encontrar empleos en los Estados Unidos. La creación de oportunidades económicas para todos es sin duda nuestra mayor aspiración. Un TLC es visto por muchos, en ambos lados de la frontera, como una medida económica audaz, necesaria para detener los flujos migratorios en su origen al crear empleos para los mexicanos en México. Además, algunos creen que un TLC sin condiciones sociales agregadas a él, creará el mejor de los mundos para la industria norteamericana: acceso directo a una fuente permanente de mano de obra barata, al otro lado de la frontera Sin embargo, el solo libre comercio puede muy bien dar impulso al proceso migratorio en vez de acabar con él.

Según todas las cuentas, en los últimos años, desde que empezó la liberalización económica de México, la migración a Estados Unidos ha aumentado sustancialmente. Las tendencias demográficas y la escasez de mano de obra en los Estados Unidos ofrecen amplias oportunidades de trabajo a los migrantes. Toda la evidencia empírica recogida por investigadores norteamericanos y mexicanos muestra que el factor que por sí solo influye más en las decisiones de los mexicanos para emigrar es el salario, esto es, un salario más alto. Hoy el perfil típico del nuevo migrante económico que llega de México no es el del desempleado iletrado, sino el del trabajador semicapacitado que se mueve de un empleo con pago muy bajo en México a uno con un pago muy superior en los Estados Unidos. Por si mismo, un simple acuerdo de comercio libre difícilmente podría cambiar esta situación.

Es comprensible que muchos americanos no quieran una frontera abierta con México. Es igualmente comprensible que los mexicanos quieran acabar con los controles y limitaciones humillantes y a menudo represivos en el cruce de la frontera. La razón obligada para negociar sobre esta materia es encontrar un campo común, intermedio, entre fronteras abiertas y la inmigración ilegal, benéfico para ambas partes. Acceso legal y amplio para los trabajadores mexicanos al mercado de trabajo norteamericano que proteja los derechos de los mexicanos en Estados Unidos en términos reales y socialmente aceptables tanto desde un punto de vista americano como desde uno mexicano, seguramente es posible.

Un tratado continental de desarrollo y comercio tomará su tiempo para construirse; nuestros dos países tienen ese tiempo, aun si la actual administración mexicana no lo tiene. Un buen acuerdo, que tome más tiempo para alcanzarse, es mejor que un mal acuerdo logrado bajo la coacción y las presiones del tiempo. El avance en las cuestiones que interesan a un país, debiera estar ligado al avance en las cuestiones que son del interés del otro.

Un Tratado de Libre Comercio carente de previsión, estrecho, sólo dará prosperidad a unos cuantos y hará perder la esperanza a los más. Una liberalización comercial concebida y conducida en el marco de una alternativa real de desarrollo movilizará el entusiasmo y el compromiso de numerosos grupos sociales en México que hoy se ven excluidos de todo beneficio. Estamos obligados a tener éxito en esta oportunidad de lograr un progreso auténtico y una cooperación fructífera entre nuestras naciones.