La parte del Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari que trata sobre la modernización y la reforma del Estado constituye, desde mi punto de vista, un documento político de la más alta trascendencia. Esa importancia se debe a varios factores: el tema y contenido del documento, a los que me referiré en estas notas, el hecho de que lo emita el Presidente de la República, lo que no debe ni puede olvidarse, y la forma clara y precisa en que está elaborado, con un lenguaje accesible que invita a la reflexión y al debate.

La reforma del Estado es un tema inscrito profundamente en la vida social de nuestro país, que envuelve a todos sus ciudadanos de manera directa, cotidiana y prioritaria. Los movimientos políticos y sociales más notorios de los últimos tiempos se explican como reacciones o iniciativas que desembocan en la reforma del Estado. La importancia y urgencia de la cuestión no se ha traducido, sin embargo, en un debate general. El mensaje del Presidente toma la iniciativa y abre la posibilidad de colocar a la reforma del Estado en el centro de la discusión nacional, justo donde debe estar.

El retraso para discutir a fondo la reforma del Estado puede explicarse en parte por el arrastre de viejos debates que acumulan argumentos pero que no desembocan en propuestas. Todavía se discute el “modelo de desarrollo” como diez años atrás, ignorando que la “reforma estructural” promovida o sucedida durante la crisis es ya un hecho cumplido, un dato de la realidad que resolvió muchos de los temas de esa discusión. No todos. Quedó sin resolver el gran tema: el de la justicia. Esa cuestión la retoma el planteamiento de reforma del Estado que hizo el Presidente. Parte de ella para sustentar su propuesta de un Estado que promueva la justicia general por encima de los intereses particulares de los aparatos gubernamentales, retomando el camino de la revolución.

La discusión sobre la democracia es la más vigorosa y actual. Tal vez por eso es la que incluye y a veces confunde más temas y dimensiones, tantos que no pueden desahogarse en un único debate. Por una parte el tema de la democracia se traduce en reforma electoral, que exige su propia arena y que tiene por interlocutores a los partidos políticos. Esa esfera de la democracia ya se está traduciendo en leyes y acciones. El otro tema es la democratización de las instituciones estatales, tan importante y urgente como la reforma electoral, que no había encontrado el espacio adecuado para discutirse. La reforma del Estado, cimentada en justicia y democracia en el planteamiento presidencial, es su arena natural. En ella se profundizará el debate sobre la democracia que ya está agotando, por el momento, su dimensión electoral. Queda otra esfera, la más profunda y difícil en el debate sobre la democracia, que se refiere a las instituciones de la sociedad, desde la familia y las pequeñas comunidades hasta las empresas privadas y las iglesias, que no ha encontrado todavía un espacio de expresión. Desafortunadamente, la disputa sobre la democracia ha quedado confinada al espacio estatal. Por ello la pertinencia del planteamiento presidencial.

Más que la persistencia de viejos y nuevos debates han sido los intereses los que han promovido el retraso en el enfrentamiento de la reforma del Estado. El mensaje presidencial identifica esos intereses como la minoría que se beneficia con el statu quo. La burocracia y su interés gremial, de clase podríamos decir, aunque reconociendo su estratificación y diversidad. También sectores importantes de la empresa privada, beneficiados con la protección estatal y con los subsidios de la empresa pública, así como con el seguro de compra por el Estado en caso de fracaso, se expresan como defensores del estado de cosas y promueven el crecimiento de los intereses particulares del Estado, al fin casi idénticos a los propios. Lo han sido en el pasado. Esos grupos, poderosos en todas las esferas, son los más amenazados por la reforma del Estado. Son ellos los que han confundido los intereses administrativos con las políticas de estado y han identificado justicia social con propiedad estatal. Son los que han tenido éxito al confundir estatismo con posiciones revolucionarias, creando un pesado mito conservador con añeja retórica progresista. El mensaje del Presidente procura aclarar esas confusiones, a mi manera de ver de manera irrebatible, y propone un nuevo contenido para las posiciones progresistas, fieles al mandato original de la revolución mexicana.

Esa propuesta merece la más alta y seria atención. Sería triste que la discusión pudiera desembocar en un enfrentamiento entre las bondades intrínsecas y evidentes de la propiedad estatal frente a la privada, o en darle un signo ideológico y moral opuesto a los bandos enfrentados. Todos los intereses conservadores estarían felices con esa solución. Creo que en el debate sobre la reforma del Estado la propiedad que interesa es la originaria, la que corresponde a la nación. En tanto ésta se preserve, fortalezca y se ejerza atendiendo al interés público, la rectoría estatal no está restringida ni amenazada. Sobre el cimiento de la propiedad originaria, la propiedad de bienes o empresas por parte del Estado no es más que una vía para el cumplimiento de las funciones estatales. Si en el pasado esa fue la vía privilegiada, lo mismo por necesidades reales y evidentes que por intereses particulares, no parece serlo en la actualidad. La propiedad estatal como lo dijo el Presidente, no sólo se tradujo en una carga financiera insoportable sino también en un abandono de funciones obligatorias y en una perversión administrativa del quehacer político. La propiedad estatal concentró recursos, poder y autoridad que se transmiten por mecanismos cerrados, ajenos a toda participación democrática. Esa concentración del poder al margen de todo control por parte de la sociedad, y no el de propiedad, es el tema relevante de la reforma del Estado, que debe traducirse en propuestas y acciones para su democratización.

El posible acuerdo sobre la conveniencia de restringir la propiedad de bienes y empresas del Estado a los casos en que sea la vía más adecuada para el cumplimiento de las funciones estatales, no debe desembocar en la privatización como única alternativa. La propiedad originaria, pese a todos los pesares, se ha traducido efectivamente en tres modalidades: privada, estatal y social. La economía mixta, reducida por intereses conservadores coincidentes a una mezcla entre propiedad privada y estatal, requiere la reconsideración y el fortalecimiento del sector social. La empresa social, por su propiedad pero sobre todo por su manejo, es la que tiene la capacidad para incidir poderosamente en la redistribución de riqueza y poder. Es la que puede articular eficiencia con justicia y constituir un tercer polo regulador y moderador de las tendencias expansivas del sector privado y estatal. Su viabilidad y autonomía son más relevantes que su tamaño en el debate sobre la reforma del Estado. Las relaciones entre empresa social y Estado, que debe promover las condiciones para su desarrollo y los recursos para su fundación, son también parte obligada de la discusión.

La procuración de la justicia en su más amplio sentido como la función privilegiada del Estado en nuestro tiempo, señala el rumbo que debe iluminar la discusión sobre la reforma del Estado. Está por encima de la eficiencia y la moralidad, que son temas importantes pero derivados, a la misma altura que la democracia. Son las dos caras de la misma moneda: ni democracia formal injusta ni justicia autoritaria. Difícil pero indispensable equilibrio que debe orientar la reforma del Estado. Esta carece de sentido si no se dirige clara y francamente a la erradicación de la pobreza. También pierde sentido si por erradicar pobreza avasalla pluralidad y diferencia, restringe libertad y participación. Muchos, frente al dilema, se preguntan por la secuencia y hay quienes se pronuncian por justicia y otros por democracia. Me parece que no hay secuencia y que la contradicción es un dato constante que no se resuelve pero que puede dirimirse en el marco de un Estado crecientemente democrático. El nuestro, para serlo, tiene que reformarse a fondo, para que el tamaño y la acción se deriven de la función y no se impongan sobre ella. Sólo así podrá garantizarse la soberanía. Cuando el Presidente dice en su mensaje que no todos los estados actuales persistirán está describiendo un proceso que puede constatarse. La certeza en un Estada por encima de todas las fuerzas y circunstancias está agrietada.

Asistimos al sepelio del Estado desarrollista, aquel que en lo que hoy parece ingenua secuencia evolucionista puso la acumulación por encima de todo, como el fin eminente de la vida social. Aquel que postergó justicia y democracia hasta después del crecimiento y creyó que todo se derramaría desde arriba hacia abajo, hasta producir una sociedad homogénea y parejita. Sus promesas y profecías no se cumplieron. Se culpó a los hombres, que fueron sustituidos por otros iguales. Se intentó educar a los pueblos para que fueran la materia prima del desarrollo. No se logró, salieron respondones, diversos, impacientes. No tienen el tiempo ni las ganas para esperar a que se cumpla el proceso de acumulación. Están hartos de ser excluidos. Las barreras a su participación se localizan en las instituciones estatales, lo mismo en las gubernamentales que en los partidos políticos, que en diferente grado han sido parte funcional del estatismo y portavoces de sus intereses. La corrección de la exclusión política y económica transita por la reforma del Estado. La propuesta que hizo el presidente Salinas de Gortari, un buen epitafio para el Estado desarrollista, corresponde a esa demanda generalizada. Como yo la entendí, la propuesta tiene un doble carácter: por un lado es una ponencia para un gran debate nacional, por el otro es un programa de acción con rumbo claro pero con amplios espacios para asimilar las propuestas emanadas del debate. La reforma ya es un proceso en marcha, pero es un proceso abierto que sólo podrá concretarse con la participación de la sociedad. Hace rato que no enfrentábamos una posición tan clara y, al mismo tiempo, una estrategia tan abierta. Hay que aceptarlo, ni modo, ahora tenemos la palabra. Mal están a desperdiciarla en revivir viejos debates, en sostener viejas diferencias, cuando tenemos la oportunidad de superarlas o, de perdida, renovarlas.