En su discurso al recibir el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Brown, el cinco de octubre de 1989, y aproximadamente un mes después, en su Primer Informe de Gobierno, el presidente Carlos Salinas de Gortari habló de la necesidad de una reforma del Estado, la necesidad de “plantearse a fondo cuáles son las responsabilidades fundamentales de un Estado moderno”. Frente a esta cuestión decisiva, nexos ha invitado a varios intelectuales, de las más distintas corrientes, tendencias, especialidades y disciplinas, para que opinen sobre la reforma del Estado. e ahí las reflexiones que siguen y que dejamos en manos del lector. El litigio del Estado: un asunto que nos acompañará en los años inmediatos y un asunto, por lo mismo, ideal para entrar con nuestros lectores a los años noventa.

En su Primer Informe de Gobierno, el Presidente Salinas de Gortari hizo una formulación y una propuesta que entrañan un gran compromiso para él y su administración. La noción de reforma del Estado resume ambas y a ella dedicó el Presidente una parte sustancial de su discurso.

Como toda incursión de este tipo en lo que podría llamarse “ingeniería histórica”, la del pasado primero de noviembre no puede circunscribirse a la racionalidad instrumental del costo y el beneficio. Los medios y los fines, siempre distinguibles, se entrecruzan a la vez y exigen de un esfuerzo argumentativo complejo, que, precisamente por ello, no puede arrojar resultados contundentes, mucho menos grandes verdades monolíticas.

Se trata, inevitablemente, de un ejercicio de retórica y política que tiene que echar mano de principio a fin de la ética, la historia y la exposición comprometida de alternativas sobre lo que es bueno o malo para la colectividad, sobre el bien común, la justicia social y los fines mayores del Estado. Es ese el contexto obligado de una reflexión como la emprendida por el gobierno y a esta suerte de criterios cualitativos, histórico-políticos, tiene que rendir cuentas y referirse por fuerza. Las contabilidades, incluida la que lidia con la macrofinanza y la economía global, tienen que inclinarse con respeto ante el discurso y la ciencia del Estado y la conducción de la sociedad, ante la política y la economía política con mayúsculas.

No tiene caso, sin embargo, quedarnos es los aspectos que más se destacaron ese día en la argumentación presidencial. Mucho menos volverlos punching bag. Tampoco vamos muy lejos haciendo exégesis de lo dicho hasta el grado de proponer que el Presidente en realidad no dijo lo que dijo. En particular, la visión dicotómica expuesta en Bellas Artes, entre propiedad y justicia, introduce más problemas de los que resuelve, en los propios términos del alegato presidencial.

En efecto, ni analítica ni históricamente, mucho menos desde el punto de vista de la hermenéutica constitucional mexicana, puede argumentarse satisfactoriamente que el sistemático incumplimiento estatal de sus compromisos con la justicia, a secas y social, se explica de modo predominante por el hecho de haberse vuelto un Estado “propietario”, o empresario o como quiera llamársele por el hecho de no haberse reducido a ser un simple gendarme de la propiedad privada y el mercado. La vorágine empresarial del Estado, en caso de haber realmente tenido lugar, fue en todo caso subsidiaria a una distribución de recursos dominada por las exigencias, reales o atribuidas, de la acumulación de capital, o de plano, por la búsqueda de ganancias fáciles por parte de la alta burocracia, coludida o no con negociantes privados. Se puede, es cierto, llegar a una situación de “suma cero”, entre teléfonos y pan, por ejemplo, pero no ha sido éste el caso más general.

Con todo, la fórmula y la proposición se mantienen a pesar de la argumentación ineficaz, o mejor: insuficiente, que se eligió para presentarlas. Tanto desde la sociedad, como desde el propio Estado, voces y demandas de cambio a fondo en la operación y conformación de las instituciones estatales se han escuchado y planteado con insistencia de tiempo atrás y las respuestas producidas han sido, hasta hoy, no sólo insatisfactorias sino a ve de plano contraproducentes.

En el México contemporáneo, por cierto, el reclamo de “dejad hacer” no ha provenido exclusivamente de la clase propietaria, que después de todo ha hecho siempre mucho de lo que ha querido. Se trata, tanto en la producción como en la política de los consumos colectivos, de una demanda de amplios grupos sociales, populares y de los sectores medios, que no puede interpretarse como una simple exigencia liberista, sino como un deseo de contar con un mejor Estado, más social y menos burocrático.

Habría que recordar, asimismo, que las primeras y radicales ticas del régimen de empresas públicas realmente existente, vinieron del corazón mismo de la empresa estatal. Los ferrocarrileros hace treinta años, y sobre todo Galván y sus compañeros electricistas en los años setenta, advirtieron sobre desnaturalizaciones, dilapidación y enquistamiento de intereses en el sector público que hoy adquieren, irónicamente, carta de ciudadanía estatal.

No hay, por tanto, una necesidad de defender al Estado impuesta por una congruencia progresista. El Estado crece en México sobre todo por adición, “por añadidura”. Sin plan ni designio claros, mucho menos afirmados en un consenso efectivo. Lo peor es que sin llegar nunca a poner manos a la obra, la burocracia dirigente y media genera reflejos y creencias sobre su omnipotencia, que es vista como omnipotencia del Estado, lo que leva al conjunto estatal a descuidar su papel rector, conductor y regulador de la economía mixta, es decir, de mercado, que es que realmente surgió y se desarrolló a partir de los años treinta. La confusión mental y de diseño, que de aquí surge dentro y fuera del Estado, se vuelve colosal, casi colosalmente destructiva, cuando se entroniza el activismo y el petróleo lleva a pensar una auge sin límites.

Salinas busca dar curso a esa voz y esa insatisfacción colectiva y heterogénea. Su voluntad de síntesis y riesgo deben servir, sobre todo, para abrir un momento de revisión y recreación, del depuración y redefinición del Estado que para ser todo ello tiene que darse en un cuadro de amplia e intensa participación y polémica.

“Hacer punta” compromete al Presidente y su gobierno, pero el proyecto extiende sus implicaciones a toda la comunidad, desde luego a las fuerzas políticas, muy lentas en su crítica y prácticamente omisas en lo que toca a propuestas de fondo. Las debilidades argumentativas que se pueden detectar en la exposición gubernamental, no le han quitado ni la iniciativa ni la ventaja de una memoria reflexiva sobre el tema que, a pesar de todo, y vaya que hay de qué lamentarse, el Estado mexicano ha acumulado y da muestras de querer y poder usar en esta fase ahora sí explícita de autocrítica y propuesta desde el propio Estado. El discurso de Manuel Camacho del pasado 20 de noviembre, una glosa y desarrollo de las elaboraciones presidenciales, es una buena muestra de esto. No estamos frente a ocurrencias o salidas de ocasión sino a un proyecto que quiere y se piensa como de gran aliento.

Para algunos, hoy tal vez muchos, reforma del Estado quiere, decir simple y llanamente su “jibarización”, edulcorada como subsidiariedad. Es el mito del Estado vigilante, que el gobierno de Reagan puso de nuevo a circular mientras reducía impuestos a los ricos, gastaba a lo bestia en armas y volvía al déficit fiscal americano un auténtico hoyo negro.

Esperemos que los que encabecen desde el gobierno el diseño y puesta en acto de la reforma del Estado, conozcan bien su historia política y económica, de México y los Estados Unidos, y coadyuven a que el mito y la creencia en “the magic of the market place”, ocupen su lugar para siempre dentro del panteón de la mitología clásica y moderna de la economía política. De otra suerte, los costos serán mayores, y serán juzgados en el futuro con la misma severidad con que ahora se pasa revista a la etapa “estatólatra” que se quiere superar.

Las organizaciones complejas y crecientes, como los estados o las corporaciones modernos, tienden a generar ineficiencias y desastres. Resulta pueril a estas alturas del partido entre lo público y lo privado, que es de eso que se trata la reforma estatal en curso, proponer que bien organizado el Estado puede hacer todo y de todo. No se requiere ponerle veladoras a Adam Smith para saber que ello no es así.

Sabemos bien, además, que no se puede postergar por mucho tiempo el requisito de eficiencia sobre el quehacer estatal so pretexto de que lo que importa es la eficacia, el logro de fines sin considerar la cuantía de los medios. Sin eficiencia, la eficacia pronto deja de serlo y se vuelve simplemente horror burocrático.

La cuestión así, se centra en qué debe hacer primordialmente el Estado, sin que ello conlleve una nueva definición dogmática de fronteras predeterminadas. Donde menos se espera salta la liebre y más vale no fijarle tallas a la iniciativa pública. Lo que hay que encontrar son maneras efectivas, atractivas y creíbles, de tenerla bajo control y vigilancia social, única manera de resolver todos los días, sin llegar nunca a una solución final, el siempre vivo desafío que le plantean a la ciudadanía las jerarquías y los mandos, los expertos, los planificadores y los contralores alojados en el Estado irremediablemente por una modernidad implacable.

Un tema central, soslayado por las polaridades con que se inicia la discusión, es el de la acción del Estado en materia industrial. Si no se trata de discutir principios, porque éstos quedan a salvo, sino prioridades, acentos y preferencias, no se puede introducir de contrabando la idea de que las prioridades las definirá el mercado, sin más. El Estado tiene que estar listo para intervenir, promover, dirigir, inducir. Así y solo así podrá mostrar su eficacia y, lo que es tal vez más importante, su flexibilidad. Es suicida renunciar a la intervención, incluyendo en ella la creación de empresas. Lo que se requiere es saber cuándo entrar, entrar cuando se requiere y salir a tiempo. No se trata de tener para siempre empresas públicas, que acaban merced a la inercia y los apetitos individuales y burocráticos por ser un usufructo privado. Pero para ello la renuncia dogmática no es el mejor camino; inscribir el fomento, la protección y la propia empresa pública en un horizonte definido, claro y estricto de mercado, es en todo caso el reto para un Estado reformado y modernizador.

Concentrar la atención, el interés y los recursos públicos que administra el Estado, en los fines de justicia social, en un escenario y un horizonte dominados por la escasez, implica necesariamente, en efecto, sacrificar otros campos de actividad. Pero también, y sobre todo, plantea desde el principio un diseño y un compromiso explícitos del gobierno en cuanto al cómo, cuándo y cuánto en materia de política social. El “paquete” social deja de ser un renglón más de la actividad estatal y se vuelve el eje que articula su acción.

Si no es así, entonces no hay compromiso, lo que hay es simplemente retirada estatal, fe en el mercado y esperanza en la caridad del crecimiento para, ahora sí, “gotear” sus frutos a los más desvalidos.

Junto con lo anterior, es o debería ser obvio que en nuestro caso la justicia tiene que empezar por lo básico que aquí siguen siendo los impuestos.

Ello, junto con un gasto público reorientado y administrado de forma distinta conforme a los compromisos justicieros enunciados, nos lleva directamente a la cuestión democrática, vertiente crucial de una reforma estatal como la sugerida.

“No taxation without representation” se extiende el campo todo de la gestión pública, porque sólo saltando la trampa funesta de representación política en la que seguimos presos, será factible, realista, que la reforma dé paso a una efectiva capacidad estatal de integración política de la pluralidad, responda a la exigencia colectiva y angustiosa de una intervención estatal que realmente combine eficacia con eficiencia, y se vuelva sin más, la fuente transparente de justicia y bienestar seguros para los más. En esta perspectiva, lo que está a debate no es cuánto Estado sino los modos, la calidad, de sus acciones, intervenciones y decisiones.

Es probable, desde luego deseable, que México dé fin a una estatolatría que acabó siendo el culto casi secreto y exclusivo de sus principales oficiantes y sacerdotes. Habrá llegado la hora del Estado moderno. De la estatolatría al estatismo, pues.