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Era agosto de 2015 y Pablo Gómez, antiguo preso político del 68 y perenne legislador de la izquierda, no estaba contento.

“¡Es un engaño! —dijo Gómez a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes se habían reunido para validar el conteo de las elecciones intermedias que renovarían a la Cámara de Diputados—. ¡Falsifica la Cámara y por ende al Congreso!”.

La causa del enojo de Gómez, quien entonces fungía como representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) frente al INE, era el fenómeno de los “diputados sandía”, así llamados por ser “verdes por fuera, pero rojos por dentro”. En corto: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había postulado a varios de sus militantes como candidatos a diputados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su aliado en una coalición electoral. El problema, según Gómez, era que los militantes del tricolor que habían ganado sus distritos bajo la bandera del Verde no contarían como priistas a la hora de calcular el número de diputados plurinominales que le tocarían a cada partido. Esto, advertía el perredista, le permitiría al PRI evadir la regla constitucional que regula la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados —es decir: la diferencia entre el porcentaje de los votos válidos que un partido recibe y el porcentaje de la Cámara que dicho partido controla que, según la Constitución, en ningún caso puede ser mayor al 8 %— y así hacerse de más curules que las permitidas por la ley.

“Si la autoridad admite el engaño —dijo Gómez a los consejeros del INE, según la versión estenográfica de la sesión— entonces admite que cualquiera puede venir y con su simple dicho violar la Constitución. Estamos simplemente objetando que se le asigne a esos diputados a un partido que no les corresponde, o más bien que no se les reconozca de conformidad con la realidad a qué partido pertenecen, porque si pertenecieran a ese partido, el oficialismo quedaría un poco lejos de la mayoría absoluta de la Cámara”.

Al final, las protestas de Gómez cayeron en oídos sordos. Pese a que la coalición del tricolor y del Verde obtuvo solamente el 37.96 % del voto, el INE le asignó suficientes diputados plurinominales para que la alianza controlara el 50 % de la Cámara y quedara a un voto de distancia de la mayoría simple. Si la autoridad electoral hubiera atendido la queja de Gómez y contabilizado a los “diputados sandía” como priistas a la hora de distribuir las diputaciones de representación proporcional, el PRI y el Verde hubieran recibido ocho curules menos de las que recibieron, de manera que su coalición hubiera controlado el 48.4 % de la Cámara. Enrique Peña Nieto se hubiera enfrentado entonces a un Congreso en el que la oposición habría tenido una mayoría escueta pero significativa.

El estratagema de los “diputados sandía” hubiera pasado a la historia como otro ejemplo más de las turbias prácticas electorales del PRI. En 2018, sin embargo, la advertencia de Gómez al INE sobre los peligros de “admitir el engaño” resultó profética. Para ese entonces, como muchos antiguos perredistas, Gómez se había convertido en militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Lo curioso es que cuando llegó la hora de postular candidatos a legisladores por la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) —conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)— Gómez no fue nominado por su partido, sino por el PT. No estaba solo: Mario Delgado, hoy presidente de Morena, fue postulado por el mismo partido. Muchos otros morenistas destacados, entre ellos Zoé Robledo, fueron nominados por el PES.

Ilustración: Víctor Solís

En otras palabras, la coalición del presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó la misma estrategia por la que Gómez había denunciado al PRI. Los militantes de Morena que fueron electos bajo las siglas de los otros partidos de la coalición no contaron como morenistas a la hora de asignar diputados plurinominales. Fue así que la coalición del presidente logró convertir una minoría de votos (el 43.6 % del total en las elecciones legislativas) en una mayoría de curules (el 61.6 % de la Cámara). La única diferencia con el ardid del PRI estribaba en la escala: mientras que en 2015 la coalición del PRI y el Verde se las arregló para obtener ocho diputaciones de más, equivalentes a una sobrerrepresentación del 9.7 %, en 2018 la coalición de Morena obtuvo 39 curules extra, equivalentes a una sobrerrepresentación del 15.7 % y casi el doble del límite establecido por la Constitución.

Esta crónica cuenta la historia de cómo llegamos aquí. Está basada en la revisión de cientos de páginas de documentos legales, así como en entrevistas con once fuentes cercanas a la academia, a la legislatura, a los partidos, al INE y al Tribunal Electoral, algunas de las cuales solicitaron el anonimato para hablar con candidez. (Lamentablemente, Pablo Gómez declinó mi invitación a conversar sobre el tema de este artículo, diciendo, en una breve conversación telefónica, que esta revista ya había demostrado su intención de publicar “patrañas” sobre la estrategia electoral de Morena). La conclusión que emerge de este reportaje es muy sencilla: la mayoría que Morena obtuvo en la elección de 2018 fue el producto de la explotación de ciertas áreas grises de la ley electoral que durante años permitieron a las coaliciones de partidos violar la letra y el espíritu de la Constitución. El resultado es que el Poder Legislativo, que debería ser un contrapeso al Ejecutivo, está en manos de un grupo político cuya victoria en las urnas fue en realidad bastante menos contundente de lo que nos hemos acostumbrado a pensar.

“Nunca habíamos tenido una distorsión de la representación más drástica que ahora”, me dijo el consejero del INE Ciro Murayama en una entrevista reciente. “Este es el asunto central de la vida política mexicana: que no se distorsione la voluntad popular”.

Lo que está en juego en las elecciones de 2021, entonces, es nada más y nada menos que uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana: el principio de representación, la idea de que cada fuerza política debe tener un número de curules equivalente a la votación que recibe. Si una minoría de los votos se traduce en una mayoría de la Cámara, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes queda en entredicho.

 

La sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados no puede entenderse sin repasar la historia de uno de los debates más importantes de nuestra transición a la democracia: ¿cómo traducir el voto de la gente en escaños en la legislatura?

El primer capítulo de esa historia comienza en 1977. En aquel año el gobierno de José López Portillo, confrontado con una crisis de legitimidad, hizo una serie de concesiones a la oposición, y en particular al Partido Comunista, en el que entonces militaba Pablo Gómez. A través de una reforma a la ley electoral diseñada por Jesús Reyes Heroles, el PRI permitió que los partidos de oposición obtuvieran el registro necesario para participar en la política institucional si ganaban el 1.5 % del voto. El problema era que, incluso si lograban el registro, los partidos de oposición quedaban excluidos del Poder Legislativo. En ese entonces, la Cámara de Diputados consistía de 186 legisladores uninominales, es decir, elegidos por mayoría relativa: el candidato que ganaba más votos en cada distrito resultaba electo, sin importar si había obtenido el 90 % o el 30 % de los sufragios. Esto significaba que los partidos minoritarios, incluso si ganaban el 49.9 % del voto, nunca serían representados en la legislatura.

“El sistema uninominal es una fórmula muy sencilla, muy clara, muy transparente: tú votas por un partido y por una persona”, me dijo el politólogo José Woldenberg en una entrevista. “Pero tiene un grave inconveniente, que es que los votos perdedores nunca tienen representación. Y el efecto acumulado acaba beneficiando a la mayoría y perjudicando a las minorías. En aquellos tiempos hubo elecciones donde el PRI oficialmente obtuvo el 70 % de la votación, pero controlaba más del 90 % de la Cámara”.

Fue así que Reyes Heroles y su equipo, además de aumentar el número de curules de mayoría relativa a 300, introdujeron las diputaciones plurinominales o de representación proporcional al sistema político mexicano. Estas curules —originalmente 100, hoy 200— no se llenarían con los ganadores de una mayoría de los votos, sino que serían asignadas a los diferentes partidos según la proporción del voto que cada uno hubiera obtenido, independientemente de si sus candidatos habían ganado en los comicios uninominales. Dado que la ley establecía que aquellos partidos que ganaran más de 60 distritos de mayoría relativa no podrían recibir diputaciones plurinominales —cosa que siempre sucedía con el PRI— el resultado era que los escaños de representación proporcional estaban en los hechos reservados para las oposiciones. Fue gracias a estas medidas que, en 1979, Pablo Gómez resultó electo diputado por primera vez bajo las siglas del Partido Comunista.

El propósito de los diputados de representación proporcional, entonces, fue desde el principio servir de contrapeso al poderío electoral del partido dominante y favorecer la representación de las minorías. Con los años, sin embargo, el PRI comenzó a sentirse amenazado por la creciente influencia de las oposiciones. Temeroso de perder el control de la legislatura y por ende la capacidad de gobernar sin contrapesos, en 1986 el régimen introdujo una nueva reforma electoral que incluía una “cláusula de gobernabilidad” que establecía que aquel partido que ganara una mayoría relativa de los votos —que en los hechos era siempre el PRI— tendría garantizado el control de una mayoría absoluta de los escaños de la Cámara. Permitir que los Pablos Gómez del mundo llegaran al Congreso era una cosa, pero de allí a dejar que asumieran control de la legislatura había mucho trecho. El PRI no estaba listo para sacrificar su hegemonía en el altar de la democracia.

La cláusula de gobernabilidad estuvo vigente con algunas rebuscadas modificaciones hasta los años 90, cuando el debate entre el PRI (que favorecía la existencia de mayorías fuertes) y la izquierda (que quería que la Cámara representara la pluralidad política de los mexicanos) llegó a un punto álgido. El partido hegemónico y los partidos minoritarios entablaron una negociación pragmática en la que ambas partes cedieron. El resultado de esa negociación fue la muy importante reforma electoral de 1996, que, además de establecer que ningún partido podría controlar más de 300 diputaciones, introdujo el artículo constitucional que fija el límite de 8 % a la sobrerrepresentación en la legislatura.

La reforma de 1996 estableció el sistema de elecciones legislativas que, con pequeñas diferencias, opera en México hasta el día de hoy. Concluidas las contiendas de mayoría relativa, el INE divide la votación total efectiva —es decir: el total de los sufragios emitidos menos los votos nulos y aquellos por candidatos independientes y por partidos que perdieron el registro— entre los 200 escaños plurinominales. El resultado de esa división es el número de votos necesarios para acceder a una curul de representación proporcional. Cada partido recibe entonces una cantidad de curules equivalente al número de veces que el resultado de la división cabe en el total de los votos que obtuvo.

A lo largo de ese proceso, sin embargo, el INE verifica que la suma de las diputaciones uninominales y plurinominales de cada partido no exceda los 300 escaños ni represente un porcentaje de la Cámara que rebase en más de ocho puntos al porcentaje de la votación obtenida por dicho partido. Así, por ejemplo, un partido que ganó el 30 % del voto no puede controlar más del 38 % de la Cámara. Si algún partido rebasa ese límite, el INE le deja de asignar diputados plurinominales, incluso si de otra suerte la fórmula matemática sugeriría que aún le tocarían más curules. El resultado es que los partidos que ganan muchas diputaciones de mayoría relativa reciben menos diputaciones plurinominales y que los partidos que no ganan muchos distritos uninominales reciben más curules de representación proporcional.

Fue así que el problema de cómo traducir votos a escaños quedó resuelto, al menos en apariencia. El margen de 8 % de sobrerrepresentación constituía un premio a la mayoría y, por lo tanto, favorecía la gobernabilidad; pero también limitaba la distorsión de la voluntad popular que ocurre en los sistemas electorales en los que el ganador en las urnas se lo lleva todo. En los hechos, este arreglo favoreció el surgimiento de gobiernos divididos: a partir de la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo y hasta la elección de 2018, ningún presidente de México pudo contar con una mayoría absoluta de su partido en la Cámara de Diputados. La naciente democracia mexicana había logrado formular un sistema en el que el Ejecutivo y su partido tenían que negociar con las minorías para gobernar.

 

¿Qué sucedió entre 1996 y 2018 que permitió que Morena se hiciera de una mayoría inconstitucional en la Cámara? La respuesta se esconde en las reglas que rigen las coaliciones electorales, las cuales cambiaron de manera significativa dos veces en los últimos años. En primer lugar, en 2007, el Congreso modificó la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que regula la distribución de los logos de los partidos coaligados en las boletas electorales. En segundo lugar, en 2015, el Tribunal Electoral resolvió que los partidos que forman coaliciones pueden postular a candidatos que militan en sus partidos aliados. Juntas, estas dos modificaciones abrieron la puerta para la aparición de los “diputados sandía” en la elección de 2015 y para la sobrerrepresentación de Morena tres años después.

Empecemos con la resolución del Tribunal Electoral. Para entenderla, conviene que nos remontemos a las elecciones para renovar las 25 diputaciones del Congreso local de Coahuila en 2014. En aquellos comicios el PRI —el partido hegemónico en un estado donde hasta la fecha no ha habido alternancia— compitió en coalición parcial con siete partidos pequeños, entre ellos el Verde y varios grupos locales más o menos insignificantes. Juntos, el PRI y su coalición obtuvieron el 63.56 % del voto; mientras que el PAN, la segunda fuerza en el estado, obtuvo el 23.07 %. Estos porcentajes le permitieron al PRI y a sus aliados ganar todas y cada una de las 16 diputaciones de mayoría relativa del Congreso local.

A la hora de distribuir las diputaciones de representación proporcional, sin embargo, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila le asignó al PAN solamente una curul de las nueve disponibles. Los convenios de coalición entre el PRI y sus partidos satélite establecían que el tricolor le transferiría suficientes votos a sus aliados para que cada partido recibiera por lo menos una diputación de representación proporcional. Así, los ocho escaños plurinominales restantes fueron asignados uno a cada uno de los siete partidos aliados del PRI y el último al PRD, que había obtenido el 3.4 % del voto.

El problema era que muchos de los candidatos de los partidos aliados del PRI eran en realidad militantes priistas. En los hechos, la asignación de diputados le permitiría al PRI controlar el 92 % de la legislatura tras haber obtenido poco más del 60 % del voto. El PAN, por su parte, controlaría apenas el 4 % del Congreso pese a haber obtenido casi un cuarto de los sufragios. El resultado era claramente violatorio de la Constitución de Coahuila —la cual establece un tope de sobrerrepresentación del 16 %, el doble del límite federal— y reminiscente de las prácticas abusivas y tramposas del viejo priismo: el mismo que Pablo Gómez y sus compañeros de la izquierda combatieron desde los años 70.

El PAN impugnó los resultados de la elección y el caso llegó a la sala del Tribunal Electoral con sede en Monterrey. Allí, los magistrados le dieron la razón al PAN y resolvieron que los militantes del PRI que habían ganado las elecciones bajo las siglas de los partidos satélites deberían contar como priistas para efectos de la asignación de diputados plurinominales; esto, para evitar una sobrerrepresentación inconstitucional. Como consecuencia, la autoridad electoral de Coahuila tuvo que quitarle escaños a dos de los partidos aliados del PRI y al PRD para dárselos al PAN, de manera que al final este último partido llegó a controlar cuatro curules, o el 16 % del Congreso local.

Un año más tarde, la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa resolvió un caso parecido, pero en sentido contrario. El PAN había impugnado el acuerdo de coalición con el que el PRI y el PVEM habían nominado a un militante priista como candidato a diputado federal por Quintana Roo bajo las siglas del Verde. En respuesta, los magistrados de Xalapa consideraron que los estatutos del Verde —los cuales permiten la postulación de candidatos que no sean militantes del partido— invalidaban la queja del PAN, que en su estimación no tenía derecho a entrometerse en los asuntos internos de otro instituto político.

Las resoluciones de las salas de Xalapa y Monterrey eran claramente incompatibles. Así, en 2015, uno de los magistrados de Monterrey presentó una denuncia de contradicción de criterios frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tras analizar el caso, los magistrados de ese juzgado determinaron que el hecho de que un partido postulara a un militante de otro instituto político no resultaba automáticamente en una violación a los límites de sobrrepresentación. Por lo mismo, y basándose en una resolución de la Suprema Corte que establece el derecho de los legisladores a cambiar de partido con absoluta libertad, los magistrados razonaron que el derecho a la libre asociación de partidos y candidatos pesaba más que la necesidad de prevenir posibles abusos que no necesariamente llegarían a concretarse. Así, la Sala Superior decidió que sus colegas de Xalapa habían tenido razón y emitió una jurisprudencia que establece que “los institutos políticos, a través de un convenio de coalición, pueden postular a militantes de otro partido coaligado como candidatos a cargos de elección popular, siempre que la ley y su normativa interna lo permita”.

Hasta allí el primer cambio a las reglas que rigen a las coaliciones electorales. La segunda modificación que tenemos que entender para explicar la mayoría inconstitucional de Morena concierne a la distribución de los logos de los partidos en las boletas electorales.

Hasta hace unos años, los emblemas de los partidos coaligados aparecían todos juntos en un solo recuadro de la papeleta. Dado que esto hacía imposible saber qué porcentaje de los electores había votado por cada miembro de la alianza, la distribución del voto entre los partidos coaligados se decidía en los convenios de coalición que los grupos políticos firmaban antes de las elecciones; es decir, los propios partidos decidían cómo repartirse entre ellos los votos que recibían en común. El resultado era lo que Woldenberg llama una “transferencia de votos”: el partido dominante de la alianza —que en los hechos era por quién la gente votaba— le cedía a sus partidos satélites un cierto porcentaje de los sufragios obtenidos por la coalición, con frecuencia suficientes para que los partidos pequeños conservaran el registro y accedieran a curules uninominales.

Y entonces, en 2007, en un intento de corregir esta situación, la Cámara modificó el Cofipe para establecer que a partir de ese momento los partidos coaligados aparecerían cada uno en un recuadro diferente de la boleta. Para efectos de las elecciones de mayoría relativa, los votos a los partidos aliados se sumarían, pues la coalición postulaba a un candidato común; pero para efectos de la distribución de las diputaciones de representación proporcional, el INE tomaría en cuenta el porcentaje del voto obtenido individualmente por cada partido, pues cada uno de los grupos políticos presentaba su propia lista de candidatos uninominales.

Se trataba de una solución en apariencia elegante, pero que en realidad abría la puerta al abuso. Antes, la autoridad electoral trataba a las coaliciones como si fueran un solo partido para efectos de la sobrerrepresentación, entre otras cosas porque los partidos coaligados presentaban una sola lista de candidatos plurinominales. Ahora, al divorciar la contabilización de los votos de mayoría relativa de aquella de los de representación proporcional, el nuevo esquema hacía posible que las coaliciones registraran a sus candidatos uninominales bajo las siglas de los partidos pequeños; que dichos candidatos ganaran gracias a los votos en favor del partido dominante de la coalición; y que este último partido recibiera las diputaciones plurinominales que le correspondían según su proporción del voto —que podía llegar a ser muy alta— sin ser penalizado por los triunfos de mayoría relativa que sus aliados habían ganado gracias a sus votantes.

Los partidos grandes de las coaliciones, en otras palabras, podían servirse dos veces con la misma cuchara: primero, al obtener la mayoría de los votos en los distritos uninominales; después, al cosechar las diputaciones de representación proporcional que en teoría deberían tocarle a los partidos minoritarios. El tiro de gracia era que la jurisprudencia del Tribunal Electoral permitía que los candidatos de mayoría relativa de la coalición fueran miembros del partido dominante de la alianza incluso si eran postulados por los partidos pequeños. Así, un militante del PRI podía resultar electo gracias a votos en favor del PRI pero no contar como priista en el momento en que su victoria podría costarle curules plurinominales a su partido, todo para al final terminar uniéndose a la bancada del PRI.

La combinación de la reforma de 2008 y la jurisprudencia de 2015 abría la puerta a que las coaliciones pervirtieran el objetivo original de la representación proporcional: restringir a los partidos mayoritarios y reforzar a los minoritarios. Esto fue precisamente lo que sucedió en 2015 con los “diputados sandía”, también conocidos como “cachirules”, por ser hijos ilegítimos de sus partidos. Cuando Pablo Gómez alzó la voz en la sesión del Consejo General del INE para quejarse de ese esquema, la respuesta de los consejeros fue que sus manos estaban atadas: el Tribunal Electoral se había pronunciado al respecto y establecido que la estrategia del PRI y el PVEM era legal. El escenario, entonces, estaba listo para Morena en 2018.

 

En la elección de 2018 la coalición Juntos Haremos Historia presentó candidatos comunes en 292 de los 300 distritos de mayoría relativa (en los ocho distritos restantes los partidos compitieron por separado). El convenio de la alianza establecía que, de resultar electos, 142 de aquellos candidatos serían registrados como parte de Morena, 75 como parte del PES y 75 como parte del PT. Muy pronto, sin embargo, quedó claro que un porcentaje importante de los candidatos postulados por los partidos pequeños de la coalición eran en realidad militantes de Morena.

“Estábamos en campaña y empezamos a ver las asignaciones de los distritos de la coalición”, me dijo Balam Garcés, asesor de la diputada independiente Lucía Riojas. “Lo que queríamos en ese momento era visibilizar lo más posible la agenda antiderechos del PES. Pero entonces, cuando empezamos a mapear a la gente que estaba registrada en el convenio de coalición para los 300 distritos, nos dimos cuenta de que no es que fueran 142 para Morena y 75 para el PES y el PT, sino que en más o menos 220 o 215 distritos los candidatos eran gente de Morena, que incluso había participado en el proceso interno de Morena, y que ahora estaba haciendo campaña con la imagen gráfica de Morena”.

Todas mis fuentes coincidieron en que el arquitecto de esta estrategia fue Horacio Duarte, un abogado morenista que se hizo notorio al defender a López Obrador durante el desafuero de 2005 y que actualmente se desempeña como Administrador General de Aduanas del SAT. Duarte —quien no respondió a mis solicitudes de entrevista, pero a quien una legisladora de oposición me describió como “un tipo brillante” y “un abogado electoral muy capaz”— fue el representante de Morena frente al INE durante la elección de 2015. En ese entonces Duarte, como Pablo Gómez, registró su descontento con los “diputados sandía”, a los que llamó “delincuentes de cuello verde” y a quienes acusó de haber creado un “modelo de defraudación electoral”.

Tres años más tarde, sin embargo, Duarte —como Gómez— al parecer decidió que las demandas de la realpolitik pesaban más que aquellas de la consistencia ética. Poco importaba que el principio de representación proporcional hubiera sido una de las conquistas más importantes de la izquierda histórica: lo esencial ahora era tomar el poder a como diera lugar.

“Unos lo llaman pragmatismo”, me dijo José Woldenberg sobre la decisión de Morena de adoptar la estrategia del PRI. “Yo le llamo cinismo. Si le conviene a los otros, estoy en contra. Si me conviene a mí, está perfecto”.

Sea cual sea que haya sido el razonamiento con el que Gómez y Duarte justificaron su cambio de parecer, el hecho es que su estrategia dio frutos. Los partidos de Juntos Haremos Historia obtuvieron el 43.5 % del voto en las elecciones legislativas, suficiente para ganar en 212 distritos. Sumados a los ocho distritos que Morena ganó individualmente, estas victorias constituían 220 diputaciones uninominales, o el 73.3 % del total. La repartición de esas curules entre los partidos de la alianza se hizo siguiendo lo establecido en el convenio de coalición: 106 fueron asignadas a Morena, 58 al PT y 56 al PES.

Gracias a la nueva distribución de los logos de los partidos en las boletas, sin embargo, sabemos que el factor determinante en todos y cada uno de esos 220 distritos fue el voto en favor de Morena. Mientras que el partido de López Obrador obtuvo por sí solo el 37.16 % de la votación, el PT y el PES obtuvieron respectivamente apenas el 3.93 % y el 2.41 %. Los partidos pequeños de la alianza no ganaron por sí solos ni una diputación: todos sus triunfos de mayoría relativa se debieron a votos en los que los electores tacharon el logo de Morena. Esta situación tuvo consecuencias curiosas: por sí solo, el PES no consiguió suficientes votos para conservar su registro, pero de igual modo ganó 56 diputaciones de mayoría relativa; por su parte, el PT ganó la cuarta parte de los sufragios que obtuvo el PRI, pero de igual modo se quedó con 51 curules más de las que le tocaron al tricolor.

El asunto se complicó aún más cuando llegó la hora de repartir las 200 diputaciones de representación proporcional. Como sucedió con los “diputados sandía” en 2015, las victorias que el PES y el PT obtuvieron gracias a los votantes de Morena —y en muchos casos con candidatos morenistas— no contaron contra el límite de sobrerrepresentación del partido de López Obrador. Así, Morena llegó a la ronda plurinominal cargando con las 106 victorias uninominales que el convenio de su coalición le había asignado de jure en lugar de con los 220 triunfos que sus votantes le habían dado de facto. El resultado fue que, mientras que el PES no recibió ninguna diputación plurinominal, pues había perdido el registro, y mientras que el PT excedió el límite de sobrerrepresentación y por lo tanto recibió sólo tres curules adicionales, el INE le asignó a Morena 85 escaños de representación proporcional.

Fue así que el partido que había obtenido la mayoría de los votos en siete de cada diez distritos uninominales terminó recibiendo más diputaciones de representación proporcional que cualquier otro instituto político y más del doble que el PAN, la segunda fuerza electoral. Al final, la coalición de López Obrador terminó con un total de 308 diputaciones: 191 de Morena, 61 del PT y 56 del PES, suficientes para controlar el 61.6 % de la Cámara.

 

Las quejas de los otros partidos no se hicieron esperar. Curiosamente, los quejosos incluían no sólo a los grupos políticos opuestos a la coalición de López Obrador, sino también al PT, el cual presentó al INE un oficio en el que pedía que un cierto número de candidaturas de mayoría relativa que habían resultado ganadoras bajo sus siglas fueran contabilizadas como triunfos de Morena —pues ese era el verdadero origen partidista de los candidatos— para que así el PT recibiera nueve en lugar de tres curules de representación proporcional.

En su sesión del 23 de agosto de 2018, la misma en la que sus consejeros habrían de validar la asignación de diputados plurinominales, el Consejo General del INE respondió al PT que su queja era improcedente, pues el propio partido había aceptado postular a militantes de Morena en el convenio de coalición que había firmado meses antes y que tenía carácter definitivo. Además, el INE mantuvo que no estaba legalmente obligado a verificar la afiliación partidista de los candidatos —cosa que en todo caso sería responsabilidad de los partidos—, sino que debía atenerse a lo establecido en el convenio de coalición. Así, la autoridad electoral confirmó la asignación de diputados plurinominales que le otorgaba 85 escaños a Morena con diez votos a favor y uno en contra.

Las oposiciones, sin embargo, no se dieron por vencidas. Con la excepción de Morena y el PES, representantes y candidatos de casi todos los partidos —incluyendo al PRI, al PAN, al PRD, al Verde, al Movimiento Ciudadano e incluso al PT— además de varios ciudadanos de a pie, entre ellos Garcés, el asesor de la diputada Riojas, pidieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral que reconsiderara la asignación de diputados plurinominales que el INE había aprobado. Por su parte, Horacio Duarte solicitó que se le reconociera como tercero interesado en calidad de representante de Morena.

Los argumentos esgrimidos por los quejosos variaban de demanda en demanda. El PRI, el PAN y el Verde, por ejemplo, argumentaron que el INE había aplicado correctamente la fórmula de asignación de diputaciones de representación proporcional, pero que había usado datos equivocados al contar ciertos triunfos de mayoría relativa como si fueran victorias del PT y del PES cuando en realidad habían sido de Morena. Los recurrentes pedían que el factor determinante a la hora de decidir a qué partido le correspondían los triunfos de mayoría relativa no fuera lo estipulado en el convenio de coalición, sino el voto de la gente. Si un candidato abanderado por el PES había ganado gracias a votos en favor de Morena, razonaban los inconformes, su triunfo debería contar contra el límite de sobrerrepresentación de Morena en lugar de contra el del PES.

Por su parte, el PT argumentó que al menos 7 de los 58 diputados de mayoría relativa que habían resultado electos bajo sus siglas no eran en realidad militantes de sus filas; y que el hecho de que un candidato hubiera sido postulado por un partido distinto al que se encontraba afiliado no implicaba necesariamente que su elección debería ser computada como un triunfo del partido que lo postuló en lugar de como una victoria de su partido de origen. La consecuencia de asumir lo contrario, argumentaba el PT, sería que Morena tendría más legisladores de los permitidos por la ley, resultando en una “simulación”, pues era “un hecho público y notorio que al menos 42 diputados electos siglados formalmente como PT se incorporarán al grupo parlamentario de Morena”.

El PRD, por otro lado, mantenía que si bien era cierto que la ley permitía a los partidos postular a candidatos de sus aliados, la verdadera intención de Morena al registrar a sus militantes bajo las siglas del PT y del PES había sido evadir el límite constitucional de sobrerrepresentación y así cometer un “fraude a la ley”. Para sustentar esta afirmación, el PRD presentó evidencia tomada de Facebook que, según el partido inconforme, demostraba que muchos de los candidatos del PT y del PES habían participado en el proceso de selección interna de Morena. El INE, concluía el PRD, había incumplido con su obligación de verificar la verdadera militancia de los candidatos de la coalición antes de repartir las curules plurinominales.

En general, la Sala Superior resumió las demandas diciendo que “los recurrentes sostienen que la Coalición está sobrerrepresentada si se valora la votación obtenida por todos sus integrantes como si fuera un solo partido”, y que la petición de los quejosos se reducía esencialmente a que el Tribunal Electoral revocara “la asignación de diputados por el principio de representación proporcional efectuada por el Consejo General del INE”.

A la hora de decidir el caso, sin embargo, los magistrados de la Sala Superior, como los consejeros del INE antes que ellos, resolvieron que las quejas de los inconformes eran improcedentes. Las elecciones en México, dijeron los magistrados, se rigen por el principio de definitividad: una vez que una etapa del proceso electoral ha concluido, ya no es posible revertir o cambiar sus efectos. Los partidos de Juntos Haremos Historia decidieron cómo repartirse los distritos de mayoría relativa en los que presentaron candidatos comunes en el convenio de coalición que firmaron durante la etapa preparativa de las elecciones; y esa etapa había terminado meses antes de que los inconformes presentaran sus demandas. Así, la pregunta de a qué partido deberían contabilizarse los triunfos de mayoría relativa de la coalición quedó resuelta de manera irrevocable mucho antes de la repartición de las curules plurinominales. El momento adecuado para impugnar la verdadera militancia de los candidatos, dijeron los magistrados, había sido cuando la coalición registró su convenio.

Además, la Sala Superior estableció que la verdadera afiliación partidista de los candidatos uninominales era irrelevante para efectos de la asignación de las diputaciones de representación proporcional. El INE, dijeron los magistrados, no estaba obligado por ley a “analizar de forma especial y cabalmente el origen y adscripción de los candidatos postulados por una coalición”; sino que su deber consistía simplemente en “determinar con sustento [en] lo estipulado en el convenio de coalición […] a qué partidos políticos les correspondió el triunfo en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa”. Para efectos legales, en otras palabras, los candidatos de Juntos Haremos Historia pertenecían a los partidos que los habían postulado, sin importar si antes de la elección habían militado en otro instituto político o si pensaban cambiar de bancada una vez concluidos los comicios.

Al final, seis de los siete magistrados de la Sala Superior votaron por desechar las quejas de los partidos políticos inconformes y así confirmar la asignación de diputados plurinominales que el INE había certificado. El único disidente fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En un voto particular, Rodríguez Mondragón argumentó que el INE sí debió verificar que los candidatos de la coalición fueran en verdad militantes de los partidos que los postulaban; esto para evitar que los partidos coaligados eludieran el límite de sobrerrepresentación. Por lo mismo, argumentaba el magistrado, el momento oportuno para impugnar las candidaturas de “cachirules” no era el registro de los convenios de alianza, como querían el resto de sus colegas en la Sala Superior, sino la asignación de diputados de representación proporcional, pues sólo entonces podía saberse si las candidaturas de militantes de otros partidos —que en sí mismas eran perfectamente legales— resultarían en una violación a los limites de sobrerrepresentación.

El voto particular de Rodríguez Mondragón, sin embargo, no alteró el fallo de la mayoría de la Sala Superior. Así, el 28 de agosto de 2018, la asignación de diputados que le otorgaba a Juntos Haremos Historia el control de casi dos terceras partes de la Cámara quedó firme e inapelable.

“Uno no se da cuenta de los problemas que uno crea hasta que uno está metido en ellos”, me dijo una persona cercana al PRI, reconociendo que su partido había creado un monstruo.

 

En todo caso, cualquier duda que pudiera existir sobre la verdadera afiliación partidista de los candidatos de Juntos Haremos Historia quedó resuelta poco después de la elección. La composición de la Cámara aprobada por el INE en agosto de 2018 comprendía a 191 diputados de Morena, 61 del PT y 56 del PES. Para el 5 de septiembre de ese mismo año, sin embargo, la bancada de Morena contaba con 252 diputados, la del PT con 31 y la del PES con 30. Los morenistas que habían sido electos bajo las banderas del PES y el PT —entre ellos Pablo Gómez, Mario Delgado y Zoé Robledo— cambiaron de bando casi de inmediato para regresar a su verdadero hogar. Además, un puñado de diputados del Verde y del PRD decidieron unirse al grupo parlamentario de Morena. Gracias a estos “chapulines” —como se conoce a los diputados que cambian de partido—, el instituto político de López Obrador sumó a su bancada 61 legisladores más de los que había ganado en las urnas.

El resultado fue que, a partir de la primera semana de la LXIV Legislatura, el partido del presidente, que por sí solo obtuvo apenas el 37.16 % del voto, tuvo el control del 50.4 % de la Cámara Las consecuencias de esta mayoría iban más allá de la capacidad de legislar sin tener que negociar con las oposiciones: las leyes que regulan el funcionamiento interno del Congreso establecen que aquel partido que obtenga la mayoría absoluta de la Cámara podrá presidir la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la legislatura, una posición administrativa que le permite a Morena controlar “la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a los grupos parlamentarios”. El dinero de la Cámara, en otras palabras, está en manos de Morena gracias a los diputados que se unieron a su bancada después de la elección.

La pregunta que surge entonces es por qué los otros partidos, que semanas antes habían batallado contra la asignación de diputados plurinominales, no protestaron contra este nuevo atropello. Al fin y al cabo, en las elecciones legislativas los partidos de oposición ganaron en conjunto el 51.4 % del voto, 7.9 % más que Juntos Haremos Historia. Uno podría argumentar que esta mayoría opositora —dispersa entre los diferentes partidos, cierto, pero mayoría a fin de cuentas— constituía un mandato popular para servir de contrapeso a la coalición del presidente. Las vías de impugnación del derecho electoral se habían agotado, pero lo mismo no podía decirse de los medios del derecho parlamentario. La lucha contra los “cachirules”, en otras palabras, había fracasado, pero la batalla contra los “chapulines” no había siquiera comenzado.

Y, sin embargo, la batalla nunca comenzó: ninguno de los partidos opositores tomó medidas legales para impugnar la conformación de la Cámara después de la elección. Mis fuentes no coincidieron en sus explicaciones de esta aparente derelicción política. Una persona cercana al INE me dijo que el PRI no protestó porque el expresidente Peña Nieto había hecho un trato con la nueva administración que incluía una promesa de no tocar la distribución de la Cámara. Otra fuente —un alto funcionario del tricolor— sugirió que la orden de bajar la guardia venía en efecto de Peña Nieto. Sin embargo, una tercera fuente, ésta también cercana al PRI, negó que hubiera instrucciones del expresidente, pero admitió que la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales había sido “avasalladora” y que por lo mismo “no había apetito para pelearse”.

Por su parte, Raymundo Bolaños, secretario jurídico del PAN, me dijo que su partido no había impugnado la conformación de la Cámara porque no existen medios legales para combatir al “transfuguismo”, que es el nombre técnico de los cambios de bancada de los diputados “chapulines”.

“Ninguno de los medios de defensa constitucional tiene alcance sobre este tema”, me dijo Bolaños. “La controversia constitucional exige que exista una esfera de competencia de un poder a otro, pero la realidad es que en el transfuguismo dentro de la Cámara no hay una esfera de competencia de ninguna otra autoridad. El amparo tampoco aplica porque el amparo por definición es improcedente contra cualquier acto de naturaleza electoral o parlamentaria, y porque necesita que exista un daño personal y directo, y el que un legislador se cambie de bancada no daña por sí mismo los derechos de terceros. Entonces, estamos en un estado absoluto de indefensión”.

Por otro lado, una fuente cercana al Tribunal Electoral me dijo que la razón por la que la oposición no ha denunciado la sobrerrepresentación de Morena desde las elecciones es que el partido del presidente ha negociado con sus opositores.

“Los del PRI dicen que ya tienen hecha la demanda”, me dijo la fuente. “Pero no la presentan. ¿Por qué? Porque negociaron con Morena para que la Mesa Directiva de la Cámara no se fuera al PT, sino a Laura Rojas. Me lo dijo gente de la dirigencia del PRI: si no nos cumplen lo de la mesa directiva, presentamos la denuncia, pero si nos cumplen, no la presentamos”.

La situación, a decir de esta fuente, es que las dinámicas de poder de la Cámara crean incentivos para que los partidos de oposición no recurran al derecho parlamentario para solventar sus diferencias. El resultado es que nadie quiere impugnar la mayoría anticonstitucional de Morena, so pena de quedar excluidos de las negociaciones internas de la Cámara.

“Todos lo permitimos”, me dijo la fuente. “La sobrerrepresentación que hoy tiene Morena es resultado de la jurisprudencia de 2015, de que el INE no quiso entrarle al tema, de la sentencia de la Sala Superior en 2018 y de que los partidos no denuncian porque prefieren negociar con Morena”.

 

Por otro lado, ¿no estamos siendo injustos con Morena? El objetivo fundamental de todo partido político es conquistar el poder para gobernar de acuerdo a su ideología. En ese contexto, ¿tiene sentido quejarse de que el partido del presidente haya usado todos los medios a su disposición para acceder al mayor número posible de diputaciones? Pese a que el resultado final fue una mayoría contraria a la Constitución, la estrategia electoral de Juntos Haremos Historia había sido avalada por las autoridades jurídicas y administrativas: tanto el Tribunal Electoral como el INE decidieron permitir las candidaturas “cachirules”. Por su parte, la Suprema Corte ha dicho que el “chapulineo” es parte de los derechos políticos de los legisladores y no puede restringirse. Morena y sus aliados, en palabras de una legisladora de oposición, “jugaron en la rayita de la cancha”.

Además, a decir de algunos militantes de Morena, el argumento de que los institutos políticos que integran su coalición deberían ser considerados como un solo partido para efectos de la sobrerrepresentación ignora el hecho de que Morena, el PES y el PT son, en realidad, grupos profundamente distintos.

“Cuando tratas con diputados del PES o el PT, ellos se asumen como parte de sus partidos”, me dijo una persona cercana a la bancada de Morena en la Cámara. “Hay gente de Morena que ganó por los otros partidos, y eso sí se ve como una cosa electoral. Pero también hay mucha gente que sí se asume como parte del PES o del PT porque tienen valores distintos: el PES es más conservador y el PT es más de izquierda que Morena”.

A decir de esta fuente, la percepción dentro de Morena es que la estrategia de postular candidatos “cachirules” fue un simple cálculo de realpolitik que a estas alturas está completamente normalizado: nadie se detiene a pensar sobre las implicaciones de que Mario Delgado, por poner un ejemplo, haya sido electo bajo las siglas del PT. Del mismo modo, esta fuente considera que el “chapulineo” es un fenómeno perfectamente natural, pues volverse parte del grupo parlamentario del partido en el poder le abre muchas puertas a los legisladores que se cambian de bancada.

“Quizá decirlo sea soberbia, pero el hecho es que somos la mayoría, y eso tiene un peso”, me dijo la fuente. “La verdad es que, si estás con nosotros, tienes muchas más ventajas. Porque, al final, tenemos un presupuesto mucho más grande, y puedes negociar más cosas si vas por Morena, porque vas con la mayoría. Además, Morena tiene cercanía al presidente; ser un diputado de Morena te acerca al presidente. No es como que al PES o al PT no se les escuche, pero pertenecer a Morena te da más acceso”.

La mayoría inconstitucional de Morena, entonces, no es el producto de un fraude electoral al viejo estilo: nadie rellenó urnas ni desapareció votos ni sobornó o intimidó a los electores. Al contrario: se trata del resultado aberrante de la aplicación al pie de la letra de una serie de normas bizantinas que hemos ido heredando a lo largo de incontables reformas electorales, cada una de las cuales pretendía parchar los agujeros de la anterior. En nuestro afán de perfeccionar un sistema democrático nacido de la gradual erosión de una hegemonía corporativista y autoritaria, hemos creado una serie de áreas grises que nuestros actores políticos, criados en una cultura en la que “si no chingas, te chingan”, han aprendido a aprovechar al máximo.

Pero, para parafrasear al presidente, que algo sea legal no quiere decir que sea moral. El enorme triunfo de López Obrador nos ha cegado ante el hecho de que la victoria de su coalición en las elecciones legislativas fue mucho menos contundente de lo que lo fue en las elecciones presidenciales. Los números no mienten: unos cinco millones de electores que votaron por López Obrador no votaron por su partido en las elecciones legislativas. De no ser por los cachirules y los chapulines, una parte de esos cinco millones de votos se habría asignado a la oposición en la Cámara de Diputados. Las reformas constitucionales que la legislatura controlada por Morena ha aprobado hasta la fecha —desde la creación Guardia Nacional hasta la reforma educativa— hubieran entonces quedado en entredicho, lo mismo que el discurso triunfalista que nos hace pensar que Morena es, para citar al clásico, “políticamente indestructible”.

 

La intención de Morena y sus aliados de repetir la estrategia de los “cachirules” quedó en evidencia el 19 de marzo de este año, cuando el Consejo General del INE se reunió para votar el acuerdo administrativo que regulará la distribución de las diputaciones plurinominales en la elección de 2021.

Desde meses atrás los consejeros habían discutido diversas posibilidades para evitar que cualquiera de los partidos volviera a aprovecharse de las áreas grises de la ley para obtener una mayoría inconstitucional en la Cámara. Las atribuciones del Instituto para tomar cartas en el asunto eran claras: la misma sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que confirmó la legalidad de los “diputados sandía” en 2015 establece que “la ejecución del acuerdo [de coalición] deberá ajustarse por la autoridad administrativa electoral a los parámetros constitucionales para evitar la sobre y subrepresentación de los órganos legislativos”.

Entre los posibles “ajustes” discutidos por los consejeros estaba una propuesta, impulsada por Ciro Murayama, que habría establecido un “test doble” de sobrerrepresentación: en primer lugar a los partidos individualmente, como ya se hace, y en segundo lugar a las coaliciones en conjunto.

“Hay un montón de obligaciones de los partidos que no desaparecen cuando se vuelven coalición”, me dijo el consejero Murayama. “Por ejemplo: no rebasar el tope de campaña. Cuando un candidato es candidato de una coalición, pues no puede gastar el tope de un partido y luego el de otro partido. No multiplicas el dinero que se puede recibir. Así, no es como que el tope de 8 % de cada partido sea cumulativo, porque entonces estarías permitiendo hasta el 24 % de sobrerrepresentación si van tres partidos juntos”.

La propuesta de Murayama, sin embargo, no prosperó. En su lugar, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó un proyecto impulsado por el consejero Martín Faz —quien fue nombrado en 2020 por la legislatura dominada por Morena—, que introducía el concepto de “afiliación efectiva” a la distribución de las diputaciones plurinominales.

En 2015 y 2018 la sobrerrepresentación fue posible porque los triunfos de mayoría relativa de los candidatos de coalición contaron en favor del partido político señalado en el convenio de la alianza. En lugar de este sistema, el proyecto impulsado por Faz proponía que las victorias uninominales contasen para el partido al cual el candidato hubiera estado afiliado en el momento del registro de la candidatura. En los casos en los que la afiliación del candidato no pudiera establecerse —porque el candidato no aparecía en el padrón de ninguno de los partidos de la alianza, por ejemplo— se tomaría en cuenta lo dicho en el convenio de coalición.

El proyecto de acuerdo tenía la virtud de respetar la libertad de los partidos de postular a militantes de sus aliados, pues a partir de 2007 las coaliciones van juntas solamente en las elecciones uninominales al presentar cada uno su propia lista plurinominal. De igual modo, las quejas de Morena no se hicieron esperar.

“Alerta”, tuiteó el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, pocos minutos antes del inicio de la sesión en la que el Consejo General habría de votar el acuerdo propuesto. “Ciro Murayama y Lorenzo Córdova quieren A TODA COSTA que Morena tenga menos diputados federales bajo su falsa campaña de ‘sobrerrepresentación’. Hago un llamado a tod@s: no permitamos otro abuso del INE”.

Poco importó que el proyecto en cuestión no fuera de la autoría de Murayama o de Córdova, sino el producto de una decisión colegiada por parte de una comisión del Instituto en la que ninguno de los consejeros mencionados por Gutiérrez Luna participa. Siguiendo la línea del presidente López Obrador, quien semanas antes había fustigado al INE por haber intentado limitar el uso electoral de sus conferencias mañaneras, otras personalidades del morenismo se sumaron a la presión contra el Instituto.

“Otra vez Ciro Murayama haciendo política desde el INE en vez de ser árbitro del proceso”, tuiteó Citlalli Hernández, secretaria general de Morena. “Está operando todo lo posible para detener la mayoría de Morena en el Congreso. Lo encubre diciendo que en 2018 quedamos ‘sobrerrepresentados’. No respeta la voluntad del pueblo”.

Algunos morenistas llegaron a sugerir que el proyecto de acuerdo representaba una conspiración contra el partido del presidente.

“Murayama prepara un fraude anticipado para robar la mayoría del Congreso”, tuiteó Gibrán Ramírez Reyes. “Son élites pluralistas, pero jamás demócratas”.

Con todo, la sesión comenzó en relativa calma. La consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz expusieron los pormenores del proyecto y explicaron sus razones para apoyarlo. El acuerdo propuesto, dijeron los consejeros, atendía las demandas de los representantes de prácticamente todos los partidos —desde Morena y el PT hasta el PRI y el PAN—, quienes en diversos momentos se habían quejado de la sobrerrepresentación que resultaba de las candidaturas de coalición.

“El acuerdo que hoy se pone a consideración de este pleno —dijo el consejero Faz— no añade requisito alguno para la libre postulación de candidaturas de los partidos políticos que decidan coaligarse, no restringe el derecho a la libertad de afiliación, ni se entromete en el derecho parlamentario de que los diputados y diputadas electas puedan pertenecer a la fracción parlamentaria que decidan. No introduce modificaciones a la configuración legal ni al procedimiento de asignación establecido en la ley”.

Y entonces, Gutiérrez Luna —quien resultó electo diputado plurinominal como suplente de Horacio Duarte y ascendió al cargo cuando este último pidió licencia para incorporarse a la administración federal— pidió la palabra. Blandiendo copias impresas de algunos tuits en los que Murayama se pronunciaba contra la sobrerrepresentación, Gutiérrez Luna acusó a dicho consejero y a Lorenzo Córdova de estar “obsesionados” con detener a Morena.

“Usted, consejero Ciro Murayama, y usted, consejero Lorenzo Córdova —dijo Gutiérrez Luna— traen esta idea donde a toda costa quieren impedir que Morena gane la mayoría. Saben que en los votos el pueblo se va a expresar por la mayoría. Lo quieren parar ustedes en la mesa con reglas arbitrarias”.

Gutiérrez Luna también recordó que tanto Murayama como Córdova votaron en favor de la asignación de diputados plurinominales en 2015 y 2018, cuando las reglas permitían las candidaturas “cachirules”. ¿Por qué, preguntó el representante de Morena, lo que había estado bien en ese momento ahora estaba mal?

Poco después, el representante del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, pidió la palabra para secundar la posición de Gutiérrez Luna —cosa curiosa, considerando que en 2018 su propio partido se había quejado frente al INE y al TEPJF de que la postulación de candidatos morenistas bajo sus siglas le había costado un buen número de diputaciones plurinominales—.

“En los más de 35 años en que hemos participado de manera pacífica en los asuntos públicos del país —dijo Vázquez González— no habíamos visto semejante serie de violaciones a las normas establecidas tanto en la Constitución como en las disposiciones secundarias sobre el cambio de criterios para la asignación de diputaciones de representación proporcional”.

Más adelante, el consejero Murayama respondió a las acusaciones de Gutiérrez Luna, diciendo que, en efecto, lo que estaba mal en 2021 había estado mal en 2015 y en 2018, y que él y sus colegas del Instituto habían errado al aprobar la distribución de diputados plurinominales en dichas elecciones.

“Se ha dicho que en el INE no hay autocrítica”, dijo Murayama. “Este acuerdo es un claro mentís a esa afirmación. Estamos haciendo una severa autocrítica reconociendo que en 2015 y 2018 no dimensionamos hasta dónde se podía alterar la representación popular por la vía de la sobrerrepresentación, afectando el sentido de los votos depositados en las urnas al crear mayorías y minorías artificiales. Nos equivocamos, sí, una vez no frenando la sobrerrepresentación de unos y otra vez no limitando la de otros. Fue un error sin sesgo ni favoritismo, pero error. Ahora, sería grave permitir que ocurra de nuevo independientemente de quién pueda verse beneficiado, que cerremos los ojos ante la evidencia, que renunciemos a hacer valer la Constitución cuando sabemos que puede vulnerarse su letra, como consta que ha pasado”.

Hacia el final de la sesión, el consejero presidente Lorenzo Córdova presentó sus razones para apoyar el proyecto. Repasó la historia del principio de representación proporcional para argumentar que el acuerdo era un esfuerzo de hacer valer el espíritu de las reformas políticas que habían terminado con la hegemonía del PRI, y concluyó que, en un mundo ideal, México debería dejar atrás las elecciones de mayoría relativa en favor de un sistema de representación proporcional perfecta parecido al de Alemania.

Terminada la intervención de Córdova, Gutiérrez Luna solicitó hacerle una pregunta al consejero presidente.

“Estaría tentado, por el tono irrespetuoso de su intervención, a no aceptarla —dijo Córdova— entre otras cosas porque tengo la responsabilidad legal de procurar la cordialidad en los trabajos de este órgano. Pero como no quiero ser acusado de censurar o de alimentar la polarización que aquí se ha planteado, la acepto con mucho gusto”.

“Muchas gracias por aceptarla, consejero presidente”, dijo Gutiérrez Luna. “Y nunca le falté al respeto. Comenté la verdad con hechos. En la intervención del consejero Ciro Murayama dijo algo, una autocrítica, y con todas sus palabras lo dijo: nos equivocamos. Se refería al 2018 y al 2015. Yo le pregunto a usted, consejero presidente, ¿usted acepta que se equivocaron en el 2018 y en el 2015?”.

“La respuesta es muy clara y sencilla: no”, dijo Córdova, visiblemente molesto.

Pese a los choques entre Gutiérrez Luna y Córdova, la discusión también tuvo momentos de seriedad. La consejera Adriana Favela, por ejemplo, expresó que no podía acompañar el proyecto porque éste llegaba demasiado tarde, después de que los partidos políticos hubieran presentado sus convenios de coalición. Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas, quien fuera militante del Partido Comunista en los años de lucha por la representación proporcional, dijo que apoyaba el acuerdo propuesto porque éste representaba una defensa de los principios democráticos por los que él y muchos otros habían peleado a lo largo de décadas. Al final, después de seis horas de discusión, el Consejo General del INE aprobó el proyecto en lo general con nueve votos a favor y dos en contra, y en lo particular con ocho a favor y tres en contra.

La implementación del acuerdo en las elecciones de 2021, sin embargo, seguía siendo incierta al cierre de esta edición. Es prácticamente seguro que Morena y sus aliados impugnarán el acuerdo frente al Tribunal Electoral, tal como lo hicieron cuando el INE intentó limitar el uso electoral de las conferencias del presidente. Si bien a estas alturas es imposible predecir el sentido de la eventual decisión de los magistrados, el fallo reciente de la Sala Superior en el caso de las mañaneras sugiere que el Tribunal, que como el INE está bajo inmensa presión por parte del presidente y sus aliados, podría darle la razón al oficialismo.

En todo caso, la reacción de Gutiérrez Luna y otros morenistas al acuerdo del Instituto sugiere que el partido no está seguro de poder ganar una mayoría en la Cámara sin el uso de candidaturas “cachirules”. Según el convenio que la coalición Juntos Haremos Historia presentó al INE en diciembre del año pasado, la alianza —compuesta esta vez de Morena, el PT e irónicamente el PVEM— competirá con candidatos comunes en 183 de los 300 distritos de mayoría relativa, de los cuales 88 serán registrados como parte de Morena, 50 del PT y 45 del Verde. Aunque la identidad de los candidatos de coalición no aparece en el convenio, uno no puede evitar preguntarse cuántos de los nominados por los partidos satélite serán militantes del partido del presidente.

Eso sí: el distrito de Pablo Gómez —el 23 de Ciudad de México, que comprende a buena parte de Coyoacán— está registrado en el convenio como una candidatura de Morena.

 

Nicolás Medina Mora
Ensayista y editor.

La realización de este trabajo se enmarca en el programa de promoción al periodismo de investigación apoyado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).


Anexo documental utilizado en la elaboración de este reportaje

Contradicción de criterios. Expediente: SUP-CDC-8/2015 (PDF, 127 KB).

Juicio de revisión constitucional electoral. Expediente: SM-JRC-13/2014 (PDF, 2.1 MB).

Juicio de revisión constitucional electoral. Expediente: SM-JRC-7/2014 (PDF, 748 KB).

Voto particular que formula el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en relación con el recurso de reconsideración SUP-REC-934/2018 y acumulados (PDF, 841 KB).

Versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 19 de marzo de 2021, versión estenográfica (PDF, 336 KB).

Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 23 de agosto de 2015 (PDF, 681 KB).

Convenio de coalición Juntos Hacemos Historia (PDF, 431 KB).

Partido del Trabajo, padrón de afiliados (XLSX, 13.1 MB).

Partido Verde Ecologista de México, padrón de afiliados (XLSX, 18.4 MB).

Morena, padrón de afiliados (XLSX, 13.4 MB).

Juntos Hacemos Historia, lista de candidatos (PDF, 1.2 MB).

 

Un comentario en “Fabricando mayorías

  1. Felicidades por tan buena descripción de un proceso que es “oscuro” para la mayoría de los ciudadanos de a pie, la realidad es que cada partido político o incluso empresa privada que puede torcer el espíritu de la ley lo va a hacer si se benefician de ello, eso de la superioridad moral de cualquier partido o empresa es un cuento infantil. Felicidades de nuevo.