Reforma LIE: la certeza de la incertidumbre

El despacho económico que tenía originalmente la Ley de la Industria Eléctrica implicaba tres ventajas principales para los mexicanos. En primer lugar: transparencia. El mercado permitía conocer los costos de generación, y la contratación de energía para suministro básico se hacía por métodos abiertos. En segundo lugar: menores costos. El despacho hacía que se recibiera la energía más barata hasta satisfacer lo que el sistema demandaba, con lo que al irse agregando más generadores de bajo costo, el costo final de la energía tendía a bajar. En tercer lugar: incentivos claros para instalar nueva capacidad de generación renovable. Dado que las renovables tienen los costos variables de generación más bajos, se garantizaba que su energía se recibiera en la red. Si tenían los costos más bajos, la compra de la energía era segura —fuera de un parque privado o de la CFE.

Ilustración: Víctor Solís

Entre 2015 y 2017 se firmaron contratos que comprometieron inversiones para instalar 7 500 MW de capacidad renovable o limpia. En conjunto con proyectos de mercado, la nueva capacidad ronda los 9000 MW de renovables y más de 10 000 millones de dólares de inversión.

¿Por qué se invirtió así? Porque al no tener el costo variable de combustibles, los generadores renovables podían tener el costo más bajo y se garantizaban sus pagos. Era un ganar-ganar, porque estos parques aportaban dos cosas al sistema: energía de bajo costo y, además, limpia. Con ello, se generaba capacidad para cumplir con los compromisos que tiene el país en materia de mitigación de emisiones, el principal esfuerzo en la lucha contra el cambio climático.

El ganador fue la CFE, que consiguió energía a bajo costo que revende más cara. ¿Qué pasará si se concreta la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica? Hay algo real: se usará menos la energía limpia, aunque el gobierno lo haya intentado tapar. De forma falaz, tanto el Ejecutivo como los legisladores aliados, dijeron que se apoyaría a la energía limpia, pues lo primero que se recibiría en la red sería la hidroeléctrica de CFE. Más allá del desperdicio que significa poner a las hidroeléctricas a generar como energía base, y de las complicaciones que esto podría implicar, la realidad es que las hidroeléctricas aportarían, en un caso promedio, 13 a 15 % de la demanda del sistema; poco más de la tercera parte de las obligaciones o compromisos de energía limpia para el año 2024, que es de 35 % del total. O sea: con hidroeléctricas no alcanza ni para la mitad de las obligaciones.

El resto de las renovables sólo se recibiría si todas las plantas de la CFE y las plantas de ciclo combinado de Productores Independientes de Energía no satisfacen el sistema. Ahora bien, ¿surgió el incumplimiento del Acuerdo de París con la reforma a la LIE? No: la cancelación de las subastas en 2019 imposibilitó su cumplimento. El bloqueo de nuevos proyectos mediante la negación de permisos de generación hizo aún más lejana la posibilidad de llegar a las metas del Acuerdo; alcanzar los compromisos del Acuerdo de París ya era imposible.

Con la modificación del despacho, instalar un parque de generación eólica o solar sólo dará la certeza de la incertidumbre. Por ello, no tiene ningún sentido instalar un parque eólico o solar. Los que están ya instalados tampoco tienen garantía de que su energía será recibida. Así, las inversiones en el país quedan inutilizadas, lo que para muchos juristas significa una expropiación simulada, pues los parques perderían su valor. De nada servirá innovar, generar o disminuir costos, pues aun rompiendo marcas mundiales de costos más bajos (como sucedió en 2016 y 2017), no habría garantía de que su energía será recibida. ¿Quién invierte así? Nadie cuerdo.

Aunque tal vez sí haya una forma de tener certidumbre:  negociar con el director de CFE Suministro Básico, llegar a un acuerdo discrecional con él y obtener un contrato de entrega física. Entonces, se podría instalar una central de generación nueva y que la energía generada se reciba. Ojo, lo de acercarse a negociar no es una suposición de quien esto escribe, sino una declaración repetida por el presidente de la República en sus conferencias.

La reforma eliminó la garantía de costos más bajos; al mismo tiempo, eliminó el mecanismo que permitía incorporar más energía renovable a la red. El Acuerdo de París dejó de poder cumplirse hace tiempo. Pero ahora tenemos la garantía de no agregar más capacidad renovable, excepto que sea con el dinero que el gobierno no tiene y que no quiere invertir en renovables (ver plan de negocios de la CFE), o mediante una negociación discrecional. Fuera del estado de derecho, pero dentro del ánimo presidencial.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

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Publicado en: Energía