A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Por más retórica que se use, la política energética del actual gobierno está basada en mantener a los hidrocarburos como centro del sector energético y base fiscal del gobierno. Lo anterior, con la esperanza de sembrar (inyectarle recursos a Pemex) para después cosechar (recuperar mediante renta petrolera). El problema es que esta visión se enfrenta a la realidad por varias razones.

Primera: si bien el covid-19 puede considerarse como una condición extraordinaria, puede también ser una proyección del futuro de los costos de crudo por la caída en la demanda. Según proyecciones de IHS Markit, el precio de la mezcla mexicana de exportación difícilmente superará el rango de los 50 dólares por barril en 2022. Para que sea negocio, el reto será producir con costos de venta —no sólo extracción— menores a eso.

Segunda: el petróleo de fácil extracción en México se agota. Las rondas petroleras permitirán extraer hidrocarburos de campos nuevos y más complejos, pero los costos tienden a crecer. Además, Pemex lleva retrasos importantes en sus campos prioritarios.

Tercera: por naturaleza las fuentes renovables de energía (solar y eólica, principalmente) no usan combustibles. Además, su economía de escala ha permitido bajar los costos de la tecnología. Por tanto, han llevado a los costos de energía eléctrica más bajos donde se utilizan de forma masiva.

En México, la realidad puede incluso palparse: mientras la producción de petróleo mexicano caía y se encarecía, en 2017 nuestro país tuvo, en el contexto de las subastas de energía eléctrica de largo plazo de ese año,1 el costo de energía eléctrica más bajo del mundo con contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La energía limpia cayó a precios de 384 pesos por megavatio-hora entregado a la red —615 pesos considerando Certificados de Energía Limpia (CEL) ligados a la energía—, mientras que el costo de generación por combustóleo en CFE sin CEL supera los 1900 pesos.2

Abandonar ese impulso para mantener el uso de carbón, combustóleo, nucleoeléctrica (en México se considera limpia) o hidroeléctrica de grandes presas, además de ser insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París, limitará la competitividad nacional y mantendrá los costos de energía en niveles altos en comparación con cualquier país con el que México compita.

Muchos países decidieron reforzar la transición mediante el “regreso verde” posterior al covid-19. Por su parte, México intentó frenarla, precisamente con el pretexto de la pandemia. La apuesta parece precipitar la caída de competitividad mexicana. Hay que recordar que incluso la industria petrolera está cambiando a petroquímica3 sus sistemas de procesamiento de hidrocarburos de refinación, mientras que adquiere activos de generación por renovables.4 Además de los obvios daños ambientales que impulsaron la transición energética, el contexto económico también apunta hacia el sentido contrario de la política energética mexicana.

 

Ilustración: Víctor Solís

La narrativa del gobierno y quienes se han opuesto a la integración de nueva capacidad de generación renovable fue coronada por el presidente de la República al calificar a las energías limpias como sofismas. El término inquieta y, a la vez, complementa la realidad, pues el cambio climático no es un tema dentro de la agenda del presidente. Muy probablemente porque la lucha contra el cambio climático choca de frente con su visión petrolera del mundo energético.

En cambio, la información que se repite desde el sector energético del gobierno mexicano muestra una serie de verdaderos sofismas respecto de las renovables, principalmente contra la eólica y la solar. Hagamos un repaso breve. Las renovables son intermitentes. Sería necio negarlo; la generación de electricidad por medio solar y eólico depende de recursos naturales variables, no almacenables. Sin embargo, la demanda eléctrica siempre ha sido intermitente, lo que hace necesaria la variación en generación. En México, la combinación de fuentes eólicas y solares ofrece energía a las horas de más alta demanda del sistema. Además, los países que toman en serio el compromiso de la transición energética (casi todos con menores potenciales solares y eólicos que México) trabajan en adaptar sus sistemas eléctricos a la intermitencia. Una de las formas es fortalecer la red de transmisión, originalmente construida para funcionar con generadores basados en combustibles, pero que evolucionan para integrar más fuentes renovables.

Otro sofisma: la intermitencia lleva a la necesidad de contar con respaldo de fuentes firmes: muy caras y sólo las aporta CFE. ¿Es cierto? No. La integración de más fuentes renovables permite mitigar progresivamente los efectos nocivos de la intermitencia en la red; además, puede integrarse almacenamiento para mitigar sus efectos.

La legislación mexicana incluyó la contratación de potencia (sistemas que pueden ofrecer energía en cualquier momento) como parte de lo que puede exigir el operador del sistema en contratos de largo plazo. Esto significa que el marco jurídico vigente —suspendido e incluso violentado por el actual gobierno— ofrece mecanismos para mitigar el impacto de la intermitencia. Pero se ha renunciado a usar los mecanismos para, después, criticar el resultado: una profecía autocumplida.

La sobrecapacidad de generación también ha sido una de las falacias más usadas por el gobierno. En realidad se refiere a la cantidad de permisos de generación de energía eléctrica otorgada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De ninguna forma esto significa exceso de capacidad, pues los permisos no significan capacidad instalada. Además, no todos los permisos se concretarán en infraestructura; mucho de lo ahora instalado debería salir de operación —por caro y sucio— en algunos años, sobre todo lo que usa carbón, diésel y combustóleo. Y, como la propia intermitencia lo dice: un megavatio de capacidad instalada no significa generación las 24 horas del día.

El concepto usado por las autoridades es que hay permisos por más de 100 GW5 de capacidad de generación, cuando la demanda máxima de electricidad no supera los 40 GW. Sin embargo, la capacidad de generación instalada real es ligeramente superior a los 80 GW,6 pero además hay un asunto mayor que es el costo y la eficiencia. Lo explico: supongamos que el sistema demanda 1 GW, ¿le conviene al consumidor mexicano tener 3 GW de capacidad de generación, uno eólico, uno solar y uno hidroeléctrico en lugar de uno solo? Sí, pues la red recibirá la solar cuando hay sol, la eólica por la tarde y noche (horas de generación eólica en México) y todo esto se complementa con hidroeléctrica. Así, se logra abatir costos. Esto requiere también flexibilidad del sistema que las termoeléctricas de carbón o combustóleo no pueden aportar.

La intermitencia, el respaldo y la sobrecapacidad han sido verdaderas falacias o sofismas, considerando que se pueden ir solucionando incluso sin inversión del Estado. Tal parece que en realidad lo que hay es un proyecto de aprovechar la infraestructura de CFE, incluso traer a operación generadoras viejas y poco eficientes al costo que sea. De hecho, la CFE ha invertido casi 25 000 mdp en recuperar capacidad de generación,7 bajo el pretexto de la confiabilidad del sistema. Sin embargo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reportó, en su programa de ampliación y modernización de redes, edición 2019, que las generadoras firmes de la CFE tenían cada vez más salidas no programadas de operación, lo cual disminuye su uso como factor de confiabilidad. La confiabilidad fue sólo un pretexto.

 

A inicios de su gobierno, el presidente Donald Trump habló de recuperar la industria del carbón en Estados Unidos e incluso habló de “clean coal” o carbón limpio. Sin embargo, el bajo costo de las renovables hizo que, con todo y discurso presidencial, la energía solar y eólica siguieran creciendo, impulsadas también por las autoridades locales como operadoras de sus sistemas eléctricos.

Fuera de ese discurso, no parece haber algún gobierno que apueste a mantener la dependencia de los combustibles fósiles en el largo plazo.

Incluso en América Latina, Costa Rica apuesta ya no sólo al uso de renovables en electricidad, sino a electrificar el 70 % de su transporte público en 2035,8 mientras que California prevé prohibir la venta de autos a gasolina o diésel en ese mismo año.9

Si bien hay países que mantienen consumos altos en carbón, la mayoría planea sustituirlos en máximo veinte años.10

El problema en México no es el carbón, sino los hidrocarburos. Sólo nuestro país prevé frenar las fuentes renovables, lo que tendrá dos efectos: caerá la competitividad por no usar generadores baratos y nos hará acreedores a barreras arancelarias por incumplir los compromisos en la lucha contra el cambio climático. Y ya no digamos los efectos del cambio climático, al que somos enormemente sensibles.

¿Vale la pena esto por mera ideología política?

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.


1 https://bit.ly/2KJg1vn.

2 Memorias de cálculo de las tarifas de suministro básico, consultada el 30 octubre de 2020, disponible en: https://bit.ly/33kBX6C.

3 https://bit.ly/36aQN1b.

4 https://bit.ly/3q7Zgua.

5 https://bit.ly/3m5zOTv.

6 Prodesen 2018 + capacidad nueva de operación de 2018 a la fecha.

7 https://bit.ly/3nX9zPG.

8 https://bit.ly/33h8ZUP.

9 https://bit.ly/2V3r44v.

10 https://bit.ly/3mei34C.

 

2 comentarios en “Energías: la vía retro

  1. Simple: AMLO no quiere pasar a la historia (una historia muy menor) como el gobernante que enterró PEMEX. Su megalomanía (inversamente proporcional a su talla histórica) es su talón de Aquiles.

    En este empeño por revivir el cadáver corrompido que es PEMEX, cometerá sus mayores errores.