La temporada política de 1987-1988 no cambiará esencialmente los métodos de transmisión del poder presidencial. Sin embargo, tras la fatigosa rutina con que ahora se vive el relevo sexenal, tras la previsible repetición de los mitos -y su crítica repetitiva-, tras el cada vez menos atrayente ritual del destape y la deslucida liturgia que espera a la construcción del próximo presidente de México, se están dando acaso los cambios más trascendentes del régimen político mexicano desde el salto histórico de 1928 en que llegó a su fin el régimen caudillista, para abrir paso al régimen presidencial.

Dos piezas clave del régimen mexicano están en cuestión en este trance: la propia institución presidencial, como centro vital del régimen, y el partido gubernamental, instrumento básico de la presidencia, tanto en el orden de la legitimidad electoral como en la conformación mayoritaria de los demás órganos del poder que le grantizan al presidente el procesamiento cuasi automático de sus medidas legislativas y el control político y administrativo federal, estatal y municipal.

Por eso, la incógnita relevante en la transición sexenal de 1987-1988 no es quién va a ser el presidente, sino qué va a ser la presidencia de la República a partir del año entrante: ¿qué quedó de sus atributos históricos tras una evolución de más de medio siglo y las modificaciones agolpadas en el sexenio que está por entrar en su larga, torturante agonía, de más de catorce meses?

En esta temporada en que un régimen muere para dar nacimiento a otro, el famoso problema de todo actor político o social – ¿qué hacer?-, tiene esta vez un primer punto a despejar. Antes del tradicional ¿qué hacer con el presidente en funciones? -¿vetarle prospectos sucesorios, promover otros?- o del ¿qué hacer con el presidente en proceso de formación? – atraerlo, combatirlo, condicionarlo, comprometerlo- está ahora la cuestión de ¿qué hacer con la presidencia mexicana? En esto parecen coincidir todos: la derecha, la izquierda, el imperialismo, el clero, la burguesía y el proletariado, la oposición partidista e incluso un buen número de priístas.

Capítulo del libro colectivo La sucesión presidencial de 1988, coordinado por Abraham Nuncio, Uriel Jarquín y Arturo Acuña, que publicará Grijalbo.

La agenda de la discusión política y de la negociación entre los poderes reales parte de una conciencia generalizada que le atribuye hipertrofia e inoperancia al presidencialismo mexicano, pero sobre todo supone un alto grado de rechazo social a los excesos y extravagancias a que ha dado lugar la extrema concentración de poderes en la Presidencia de la República.

Esa agenda continúa con un listado de formulaciones más o menos articuladas o balbucientes sobre el futuro del régimen político mexicano. Y a pesar de que en este punto traza un horizonte de incertidumbre, la agenda puede empezar a desahogarse con una certeza altamente conservadora: ¿Qué hacer con el más controvertido de los poderes concentrados en la institución presidencial y heredados por el presidente De la Madrid: el de decidir el nombre de su sucesor?

– No mucho, casi nada.

Hay dos razones básicas para esto. Una de carácter general: el impulso de todo detentador de un poder a transmitirlo o heredarlo conforme a sus propios intereses, proyectos y concepciones. Otra de carácter coyuntural: la ausencia de alternativas viables para cambiar los métodos establecidos y la falta de tiempo para construirlas.

Contra el invencible sentido de irrealidad, contra la ignorancia y la ingenuidad que suelen acompañar a las voces impugnadoras del régimen político, incluyendo las internas, hoy parece del todo impracticable la pretensión de imponerle al presidente en turno un cambio de juego, o de persuadirlo de que se abstenga de hacer lo que normalmente han hecho y hacen los depositarios de las más diversas formas de dominio, en todas las épocas y en todos los sistemas de organización social: que renuncie a la preparación de su propia sucesión, que abdique de esa atribución que han ejercido en sus respectivos campos de mando -con menor o mayor éxito, éste es otro asunto- desde los jefes tribales hasta los emperadores, los papas, los señores feudales, los reyes, los presidentes, los caudillos, los secretarios generales, los primeros ministros, los magnates de las grandes empresas trasnacionales y también los controladores de esos pequeños poderes que se forman en las esquinas de la capital. Si algunos democratizadores observaran más su propio entorno, advertirían cómo los vendedores de chicles y de billetes de lotería, los limpiaparabrisas no dejan sus enclaves así nada más, sino que tratan, a veces a costa de la vida, de heredarlos al hermano, al cuñado, al compadre o al amigo dispuesto a conservar la plaza en nuestra controvertida economía subterránea.

Preparar la propia sucesión del poder político, del poder económico, del poder vecinal, del poder familiar, a partir de los resortes y recursos del mismo poder es algo que se hace – o al menos se intenta- en todas partes. Para no ir más lejos, allí está ese espejo o, si se quiere, ese espejismo democrático de los Estados Unidos, al que apuntan con ánimo ejemplarizante algunos cuestionadores del régimen mexicano. Tras ese espejo, el presidente Reagan despliega todo el poder de la Casa Blanca para condicionar la sucesión a su gusto, con maniobras de todo tipo tendientes a heredar la presidencia a un miembro de la familia ultraconservadora. Incluso a costa de la eliminación de sus rivales. Con cualquier arma. Y quien lo dude todavía, puede ir a soplar el polvo enamorado en que quedó convertido el cadáver político de Gary Hart.

Podría replicarse, con razón, que una cosa es preparar la propia sucesión y otra es designar, de plano, al sucesor, un método ya insostenible por su desgaste, por su desprestigio social. Sólo que el punto, ahora, no es ése, aunque todos podemos coincidir en él, incluido el presidente en funciones. Si en una hipótesis extrema, éste tuviera la voluntad de renunciar a su máxima y trascendental facultad decisoria, tampoco podría hacerlo, ya que no tendría en quién, en quiénes, en qúe poder sustituto abdicar de ella: carecería de la instancia de relevo a la cual entregar la estafeta.

Ahora bien, si se tiene presente que lo que el presidente en funciones decide es la candidatura de un partido -el PRI- a la presidencia de la República, nada sesga más el debate de la realidad que hablar de devolver, de regresar a las instancias internas del partido una capacidad de decisión real que nunca tuvo, ni en su nacimiento, en 1929, como Partido Nacional Revolucionario -cuyas candidaturas presidenciales fueron resueltas ese año y en 1933, en última instancia, por el Jefe Máximo Plutarco Elías Calles-; ni en 1939, como Partido de la Revolución Mexicana, cuya candidatura presidencial fue decidida por el presidente saliente Lázaro Cárdenas; ni desde 1945, ya como Partido Revolucionario Institucional, a punto de iniciar hoy, por octava ocasión, el proceso para hacer suya la candidatura presidencial decidida por el presidente en funciones.

Si el cambio que se busca es fuera del PRI, para qué abundar aquí sobre las debilidades de la oposición partidista, de izquierda o de derecha, y de la deflación de las expectativas electorales de esta última, luego de su inflación en el lapso 1983-1986. No existen en el PRI los foros de discusión interna, ni la experiencia organizativa; tampoco se han formado los operadores de un proceso de adopción de decisiones colectivas -que se aproximen a ellas o lo parezcan- ni nada de eso se construye de un día para otro, ni siquiera de uno a otro sexenio.

No habrá, en consecuencia, cambios esenciales para la designación del candidato priísta este otoño de 1987.

Por otra parte, no existen condiciones para una competencia electoral más pareja porque no se han consolidado los partidos realmente nacionales con verdadera capacidad para crear una alternativa viable de gobierno, ni para conseguir el voto mayoritario, vigilarlo y hacerlo valer en todo el país, o al menos en sus puntos más sensibles, además de que ninguno de los poderes internos reales ni los intereses internacionales con mayor incidencia en la nación parecen dispuestos a erosionar al actual régimen gubernamental al grado de su abatimiento.

Consecuentemente, tampoco se esperan mayores sorpresas en la elección del Presidente de la República en el verano de 1988, ni en su toma de posesión el primero de diciembre de ese año. Sin embargo, puede ser la última transmisión del poder presidencial decidida por la cúpula del poder político en funciones, que se realice bajo los mismos métodos.

¿Por qué habría de llegar a su fin un método que funciona sin quebrantos hasta su último día? ¿Será acaso que ni en su senectud puede el régimen mexicano dejar sus extravagantes peculiaridades, para asombro, desdén o enojo de críticos, opositores, observadores y académicos, igualmente superficiales, nacionales y extranjeros?

Ocurre que, a diferencia de las dictaduras personales o de partido con las que, con todo y sus peculiaridades sexenales, se ha comparado precipitadamente al régimen mexicano, éste se ha basado en el consenso real, incluyendo sus métodos de transmisión del poder y los mitos que los han respaldado. Y ocurre también que a diferencia de las dictaduras carismáticas o las apoyadas en grandes aparatos de control, la estricta observancia de la renovación periódica en la cúpula del poder ha impedido la estratificación de intereses asociados a los aparatos, los métodos y los mitos del régimen, de manera que a la hora en que éstos resienten el desgaste del uso y el abuso, puede pasarse a su revisión e incluso a su puesta en desuso, sin enfrentar mayores resistencias de sus operadores. A la postre, está el incontrastable poder del presidente para enfrentar esas eventuales resistencias. Pero además, la inexorable renovación periódica en ese vértice de la pirámide del régimen, ofrece en el tránsito sexenal -y en particular, en este tránsito sexenal- la ocasión inmejorable para la autotransformación del propio régimen: es la época en que está a punto de iniciarse la declinación del poder del presidente en funciones, mientras que todavía no empieza el proceso de apropiación y de excluyente concentración del poder del escogido para sucederlo.

Esta circunstancia supone dos posibilidades complementarias: que el presidente en funciones empeñe en su último tramo sexenal todo su poder para profundizar una transformación orientada a limitar los poderes presidenciales más irritantes a la sociedad -proceso que puso en marcha el actual régimen, de diversas maneras- y que el seleccionado para sucederlo lo sea en función de su receptividad a esta exigencia social del momento, de su afinidad con este proyecto en acto o, incluso, de su compromiso expreso para llevarlo adelante.

Si esto es así, algunos de los rasgos básicos del régimen mexicano parecerían estar llegando a un final pacífico, acaso apacible, a diferencia de su violento, traumático nacimiento. 

Sería un largo ciclo de sesenta años, 1928 a 1988, el que llegaría a su fin, con un récord de eficiencia de los más altos del mundo: trece transmisiones del poder presidencial, desde la presidencia provisional de Emilio Portes Gil, la candidatura presidencial y la elección de Pascual Ortíz Rubio, la presidencia interina de Abelardo L. Rodríguez y la candidatura presidencial y la elección de Lázaro Cárdenas, resueltas bajo la égida de Plutarco Elías Calles como presidente en funciones, la primera, en 1928, o como jefe máximo, las siguientes, hasta la última de esa fase, en 1933-34.

Incluye cincuenta y cuatro años, con nueve trasmisiones del poder presidencial, si se parte de las decisiones adoptadas ya consecutivamente por los presidentes constitucionales en funciones, en favor de sus sucesores, desde la consolidación de la institución presidencial propiamente dicha, o sea desde la instauración de los sexenios, a partir de 1934-1940. Ninguno de esos sexenios ha sido interrumpido por algún movimiento extrainstitucional, ni siquiera por la renuncia, la remoción o incluso la muerte natural de su titular: ni interrumpido ni prolongado, lo que supone el destierro de México, desde hace más de medio siglo, de las dos taras tradicionales de los regímenes políticos del continente, incluyendo el espejo estadunidense.

Y si se descuentan las decisiones de Lázaro Cárdenas en favor de Manuel Avila Camacho, la de Avila Camacho en favor de Miguel Alemán Valdés y la de éste en favor de Adolfo Ruíz Cortines, que todavía se dieron entre debates internos e incluso con rupturas violentas del orden, la última significativa en las elecciones de 1952, entonces será ésta la sexta transmisión del poder presidencial, desde la de 1957-1958, decidida plenamente, sin discusión interna y sin la menor fisura, por los presidentes en funciones, ya con las características del tapadismo y el dedazo. Hablamos entonces de un ciclo de treinta años, que comprende seis transmisiones de poder presidencial a cual más pacíficas una tras otra, hasta la actual, que, según todos los signos, habrá de decidirse entre una singular pero irrelevante impugnación interna, los lugares comunes de una oposición partidista débil, dispersa y ahora también desprestigiada, la creciente indiferencia del grueso de la sociedad y los arreglos previsibles para un cambio concertado en los métodos de transmisión y ejercicio del poder en el inminente futuro. Si hace sesenta años, las condiciones reales propiciaron la mutación del régimen caudillista al régimen presidencial y si en ese tiempo se fue transitando hacia una suerte de absolutismo presidencial cada vez más confrontado con las nuevas condiciones sociales, políticas, económicas e internacionales, hoy parece impostergable, más que una modificación de los métodos de transmisión del poder presidencial, un cambio que obviamente la incluya, pero sin excluir otros rasgos básicos de la naturaleza y las funciones del poder presidencial.

LA GRAN HERENCIA

Para aproximarnos a los alcances de ese cambio resulta inevitable acudir a los orígenes, al nacimiento de ese régimen y a su evolución.

1928 tiende apenas un puente frágil entre la larga época de transiciones violentas y la nueva de transmisión pacífica del poder. “Un puente entre la tradición del caudillaje y la democracia política”, según Frank Taunnenbaum. “La gran reforma política”, la llama Enrique Krauze, parte de un hecho arrancado de las cavernas políticas más arcaicas: el magnicidio, el asesinato de Alvaro Obregón, en julio de aquel año. No fue un magnicidio cualquiera. Constituye un hito en la política nacional. Se trata del último caudillo militar de la historia de México, del último presidente que osó reelegirse y del último estadista mexicano asesinado, es decir, se trata de la conclusión de tres tradiciones heredadas de España y presentes todavía tras poco más de un siglo de vida independiente: el caudillo militar como protagonista en la disputa por el poder político, la tendencia a la perpetuación de los hombres fuertes en el poder, sea por la reelección formal o por el golpe de Estado y la apelación a la violencia física para decidir las contiendas políticas.

Es el fin de todo ello y así lo entiende el entonces presidente en funciones, Plutarco Elías Calles. Por eso no pretende suplir a Obregón en el sitial del caudillo, ni prorrogar su mandato bajo ningún título, ni apelar al ejército, ni permitir la intervención de los jefes militares para mediar en el trance, todo ello en condiciones realmente extraordinarias, que hacían propicias cualesquiera de esas tres salidas tradicionales.

La grandeza política de Calles radica en no irse con la inercia de esas tradiciones, que además resultaban tentadoras en el orden de las ambiciones personales. Pero al dar la espalda a la fórmula caudillista, Calles no lo hacía sólo – como dijo comedidamente ante los deudos del caudillo- porque a la muerte de Obregón no hubiera ya “personalidad de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública y con la fuerza personal y política bastante para merecer por su sólo nombre y prestigio la confianza general”. La realidad es que tras cerca de una década de afirmación del poder del caudillo a través de un baño de sangre que no parecía tener fin, era esa misma institución del caudillo militar la que no concitaba ya la “confianza general” de que hablaba Calles.

No tomar el lugar del caudillo, ni prorrogar el mandato presidencial que llegaba a su fin, ni apelar a las fuerzas armadas, ni dejar que algunos de sus jefes pretendiera llenar el vacío dejado por el caudillo, exigía a Calles preparar aceleradamente su propia sucesión para estar en aptitud real de entregar el poder.

En esas condiciones, preparar e incluso decidir en favor de otro la sucesión del poder presidencial que llegaba a su fin en 1928, no fue una extralimitación del poder presidencial, sino un acto de autolimitación del poder por parte de un presidente saliente perfilado como hombre fuerte.

Al decidir por otro, Calles evitaba perpetuarse en el poder, conforme a la pesada tradición a la que así se le ponía fin. Hay que recordar en este punto que hasta la primera elección presidencial de Obregón en 1920 no habían transcurrido todavía cien años redondos de vida independiente del país, los cuales podrían distribuirse en tres personajes dominantes sin el menor ánimo de comparar causas objetivas ni móviles individuales: Santa Anna, hasta los primeros años 50 del siglo pasado; Juárez, desde esas fechas hasta su muerte en 1872 y Porfirio Díaz, de entonces a 1910. Y ya concluida la guerra civil de este siglo, Obregón venía dominando la escena política y militar desde los últimos meses de la presidencia de Carranza en 1920 hasta el crimen de la Bombilla, en 1928. Hasta entonces, no era el presidente saliente quien condicionaba o determinaba la sucesión, sino el caudillo. Ni el presidente Carranza había podido inclinar la balanza por su favorito Bonilla en 1920. Obregón lo había podido hacer por Calles en 1923. Pero, en su doble condición de presidente y caudillo, pesaba más esta última. Hacia 1927 el presidente Calles obviamente no había decidido su sucesión en favor de la reelección de Obregón, sino que éste la había impuesto en su condición de caudillo militar. Una vez eliminado Obregón, al quedar solo en la cúpula del poder real y con el poder formal que detentaba como presidente en funciones, Calles pudo haber escuchado las voces que lo impelían a prorrogar su gobierno en base a las circunstancias extraordinarias que dificultaban el relevo. De allí que su determinación de preparar y decidir su propia sucesión -hay que repetirlo- menos que un ejercicio excesivo de poder resultará una limitación, un acotamiento de las condiciones y las tradiciones políticas, e incluso jurídicas, prevalecientes.

Este fue el origen histórico del rasgo supremo del poder presidencial: resolver su propia sucesión. Todavía más: la primera sucesión que Calles resolvió fue la del presidente provisional que debería tomar posesión en lugar del asesinado presidente reelecto. La primera fuerza que debía contrarrestar para afirmar el poder presidencial era la de los deudos del caudillo, que se sentían con el derecho de heredar el poder en un proyecto de obregonismo sin Obregón que no aseguraba el tránsito a la renovación institucional. Calles maniobró entonces en el Congreso que debía realizar la elección, e inclinó la balanza en favor de Emilio Portes Gil, un hombre aceptable para los obregonistas, pero no uno de sus exponentes.

Así lo reconoció Calles, con todas sus letras, el 1o. de septiembre de 1928:

Cómo estorbaron los caudillos, no de modo deliberado quizás a veces, pero sí de manera lógica y natural siempre, a la aparición y la formación y el desarrollo de otros prestigios nacionales de fuerza, a los que pudiera ocurrir el país en sus crisis internas o exteriores, y cómo imposibilitaron o retrasaron, aun contra la voluntad propia de los caudillos, en ocasiones, pero siempre del mismo modo natural y lógico, el desarrollo pacífico evolutivo de México, como país institucional, en el que los hombres no fueran, como debemos ser, sino meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes.

El simplismo o el fariseísmo político, con la alevosa tendencia a juzgar con valores democráticos de hoy los hechos de hace sesenta años, han dejado suspendida una pregunta que carga un reproche vano: ¿por qué no se acudió a la consulta del pueblo, a las elecciones libres para resolver la crisis? Si no se habían podido desarrollar personalidades para suplir al caudillo, así fuera bajo las mismas reglas del caudillismo, ¿qué decir del desarrollo de redes institucionales modernas, democráticas y de reglas de consulta y de elección, para suplir aquel sistema de adopción de decisiones? Calles construyó las instancias y tejió las redes a partir de la creación del Partido Nacional Revolucionario. Ese fue el instrumento de cohesión, control y mediación política que sustituyó a los jefes militares.

Así, de las dos piezas clave del régimen político, el partido cuajó primero que la institución presidencial. El primero nació en gran medida subordinado a su creador, el ya expresidente Calles. A pesar y en contra de éste, se consolidó la segunda.

Y es que sin “personalidad de relieve” que encarnara la presidencia y sin reglas para erigirla sobre bases nuevas, Calles se constituyó expresamente, en su famoso mensaje de 1928, en “fiador de la conducta” del Ejército, pero en realidad funcionó entre 1929 y 1935 como una especie de aval triple: 1) entre cada uno de los tres presidentes que le siguieron, 2) frente al ejército, para que se mantuviera al margen y 3) ante lo que hoy llamaríamos la clase política, encuadrada ya en el partido y activada con una alta participación del propio aval en las cámaras y en los gabinetes presidenciales.

Es en esa condición que Calles decide la primera candidatura del PNR a la presidencia de la República, por Pascual Ortiz Rubio, tras una efímera lucha interna en la que el obregonismo civil queda vencido en la figura de Aarón Sáenz.

Se puede -como se ha dicho- poner el énfasis en el rasgo del hombre fuerte metaconstitucional con el que Calles actuó en este episodio, pero importa más, para el acercamiento al régimen político en proceso de formación, subrayar aquí el acatamiento a una decisión adoptada a través del flamante aparato partidista sobre la tradicional iniciativa errática de personalidades y de grupos, herencia del método caudillista.

Pero faltaba una prueba para comprobar la preminencia de los mecanismos civiles sobre los militares en la transmisión del poder. La oportunidad fue ofrecida en marzo de 1929 por la rebelión de Gonzalo Escobar y su plan de Hermosillo contra la primera candidatura del PNR, que dio lugar al último intento de los generales de inteferir en el proceso de transmisión del poder político. El descrédito, el hartazgo social de la violencia y de la vía militar para acceder al poder, fue correspondido por la derrota de ese método en su propio campo, el de las armas.

Importa también subrayar este elemento como punto especial de la conformación del régimen y de las características que asumiría la presidencia de la República. Cuando Calles sofocó el residuo militarista del escobarismo, en marzo de 1929, había transcurrido una década desde el manifiesto del lo. de junio de 1919 con el que Alvaro Obregón inició su campaña presidencial ofreciendo al país la posibilidad de “liberarse de sus libertadores”, en alusión a los caudillos militares que impedían arraigar los métodos democráticos de transmisión del poder. Un lustro había pasado de la más implacable eliminación de jefes militares, con la derrota y represión del delahuertismo en 1923-24. Y aún no se cumplía el año del crimen de La Bombilla, en el que había caído el propio Obregón, el último grande de los libertadores de los que el país debía librarse. Quedaba así garantizado en la realidad el primero de los principios de la gran reforma política enunciada por el propio Calles en su último informe presidencial, el 1o. de septiembre de 1928: la remoción del factor castrense, el fin de la mediación de las fuerzas armadas en los procesos de transmisión de los poderes públicos, cumpliendo además la advertencia contra todo intento “inexcusable y criminal” de procurar el poder por medios distintos de “los que la Constitución señala”.

Ejército y partido quedaron así subordinados al aval de Calles o del Jefe Máximo, como se le llamó a partir de un exceso de abyección de uno de sus allegados. Pero antes de que ello ocurriera se aprovechó bien el tiempo, durante el maximato, para redefinir las reglas del liderazgo presidencial: el restablecimiento constitucional del principio de no reelección para el presidente de la República -una limitación- y el aumento, ya en vigor en las elecciones de 1928, del periodo presidencial de cuatro a seis años -una concesión-. La extensión del principio de no reelección para diputados y senadores, que vino a ser, con el tiempo, otro factor favorable a la reconcentración del poder presidencial, en tanto obstaculizó el arraigo de las funciones parlamentarias y con ello la densidad política de las cámaras.

La crisis y la extinción del régimen caudillista tuvo su inevitable secuela. Con la muerte del último caudillo -y la de quienes se habían puesto en su camino a lo largo de la década-, la construcción del nuevo liderazgo revestía altos grados de dificultad. Precisamente esa muerte abría un vacío porque, antes, su vida había sido un formidable obstáculo para el desarrollo de una “personalidad de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública” capaz de sustituirlo en su ausencia.

Estos candados para garantizar la preminencia de la institución presidencial venían a cerrar el círculo de la hegemonía del Poder Ejecutivo, prevista en la Constitución de 1917 con el vasto campo de acción que abrió a la presidencia a costa de las atribuciones del Poder Legislativo, y con la supresión de la vicepresidencia, esa pistola cargada en la recámara de los presidentes del siglo XIX.

Del propio régimen presidencial de la Constitución de 1917, ha observado Arnaldo Córdova que más que una concentración de poder en términos dictatoriales, fue una concentración de poder correlativa a la concentración de responsabilidades en el Ejecutivo, la de llevar adelante, sin mayores trabas, el programa revolucionario. Algunos de los resultados más notables de esta concepción del régimen presidencial mexicano estaban por verse, pero se vieron con el primer presidente de este ciclo, una vez que tuvo lugar el embarnecimiento de la “personalidad de relieve” dispuesta a encarar plenamente el liderazgo nacional, bajo las nuevas reglas.

Correspondió al presidente Lázaro Cárdenas conquistar, paso a paso, los espacios controlados por el aval de Calles, tanto en la clase política: el partido, las Cámaras y el propio gabinete presidencial, como en el Ejército.

Con el destierro de su iniciador, casi apaciblemente se daba así un paso más, en 1936, en la gran reforma que, a partir de 1928, transformó la vida política nacional.

Se consolidaba finalmente la segunda pieza clave del régimen, que pasaría a ser la primera en importancia: la Presidencia de la República. Ello fue, sin duda, otro avance en la modernización política del país: la remoción de un poder personal extraconstitucional -el jefe máximo- mediando entre los poderes constitucionales e institucionales.

Modernización, sí, sólo que firmemente arraigada en la realidad. Y una parte fundamental de esa realidad era la tradición del poder que partía de los tlatoanis y seguía con los monarcas, virreyes, adelantados, capitanes, intendentes, dictadores, altezas criollas o importadas y caudillos militares, tradición imposible de eliminar por decreto y de un día para otro. De esta entraña a veces brillante de heroicidad, en ocasiones oscura de irracionalidad y de abuso del poder, o roja de sangre, pero al fin entraña propia de un pueblo condicionado por siglos a concentrar y personificar el poder, tendría que surgir una fórmula que permitiera integrar el elemento personal al cual erigir en el vértice múltiple de la cohesión nacional y al cual transferirle la concentración del poder que ello supone, pero modernizando su ejercicio bajo normas claras de legalidad y límites temporales.

Esta fórmula la ofrece el liderazgo del Presidente de la República, al que se erige además en símbolo del país: como tal concentra el poder del Estado, del gobierno, de las fuerzas armadas y del partido y sus organizaciones, con la única limitación, o si se quiere, bajo el compromiso solemne, de no pretender forzar tales poderes más allá de un periodo presidencial, es decir, bajo el principio de la no reelección absoluta.

Cárdenas pudo prescindir del aval callista y en su momento liquidarlo porque su presidencia había sido labrada -en lo que será el inicio de una nueva tradición política- en una larga campaña electoral en que entabla o consolida relaciones directas con las redes de mando militar y con los liderazgos y las representaciones sociales emergentes. Ya en el poder, Cárdenas maniobra hábilmente (y también implacablemente) para ir desplazando del partido, de las cámaras y del gabinete a los allegados del jefe máximo, y porque -también hay que reconocerlo- el jefe máximo -que todavía como aval, contaba con la voluntad de importantes jefes militares y buena parte del aparato político- no ofreció mayor resistencia ni conspiró contra la presidencia, lo que, de tener éxito hubiera terminado por llevar al fracaso y por revertir su propia reforma iniciada ocho años atrás.

Sin la mediación del aval o del hombre fuerte, ejército y partido y, a través de éste, cámaras legislativas, gobiernos estatales y municipales, organizaciones obreras y campesinas, van siendo paso a paso encuadradas y movilizadas como motor y sustento del vasto proyecto de nacionalizaciones y reformas encabezado por el poder presidencial así fortalecido.

El modelo presidencialista alcanza pronto su clímax: con la expropiación petrolera, 1938 se convierte en fecha símbolo de expresión soberana del Estado Nacional, pero también de la soberanía de quien la encarna: el presidente de la República. 

Ese año, además, Cárdenas transforma el partido gubernamental en Partido de la Revolución Mexicana. Subraya así la soberanía presidencial sobre el aparato político, al que con el cambio de nombre pretende diferenciar de su original y distanciar de su creador. Pero también lo hace con el propósito instrumental de llevar a los militares al partido – en su correspondiente sector- como respuesta a una necesidad coyuntural: que obtuvieran en y por el partido las cuotas de poder político que antes les dosificaba, administraba o mediaba, el aval, el jefe máximo.

Pasada esta coyuntura, desaparece el sector militar del partido porque pierde su motivación pasajera y gana la necesidad de subrayar la neutralidad partidista de las fuerzas armadas.

De entonces a esta parte, presidencia y partido marcharían juntos, igual que presidencia y fuerzas armadas. En los dos casos, con subordinación plena a la primera. Ciertamente quedaron atras los riesgos de la diarquía a que dio lugar el partido dominado por un poder ajeno -por momentos hostil- a la presidencia, y fueron trascendidos los peligros de la inestabilidad tradicional asociada a la autonomía de las fuerzas armadas y de los jefes militares.

LA IDIOTA DE LA FAMILIA

Descrita la integración de las piezas básicas del régimen político -partido y presidencia- a raíz de las grandes transformaciones de 1928-1938, falta registrar la pieza que resultó más defectuosa de la gran reforma política enunciada por Calles en el primero de esos años: la oposición y su encuadramiento en un orden democrático electoral.

En su mensaje de septiembre de 1928, Calles entendía su reforma política como la aceptación de todos los grupos para que tomaran parte en la contienda de las ideas y como un curso para lograr, mediante el sufragio, que indiscutibles representativos del campo y de la ciudad, de las clases medias, de intelectuales y de hombres de todos los credos y matices políticos, ocuparan lugares en el Congreso, en proporción a la fuerza que cada organización o cada grupo social, hubiera sabido conquistar en la voluntad pública.

Se trata de un ángulo fino del proyecto callista con frecuencia perdido en la celebrada pero genérica retórica del paso del país de un hombre a país de instituciones y de leyes.

El propósito era llevar la disputa por el poder, en lo que respecta al gran grupo revolucionario, no sólo al partido sino, a través de éste, a las cámaras, a las que también habría que llevar a la oposición -que entonces era solamente “la reacción”- respetando en las urnas “todo triunfo legítimo de contrarios en política”.

Hacia junio de 1929, Calles era drástico en su juicio sobre el saldo de la Revolución en el orden democrático: “En el campo meramente político, en el terreno democrático, en el respeto al voto, en la pureza de origen de personas o de grupos electivos, ha fracasado la Revolución”.

La oferta callista era precisa en el principio que la alentaba y en sus reglas: el principio era la modernización, que concebía a los partidos como los establecimientos para regular la vida política, y las reglas establecían claros requisitos de permanencia, realidad orgánica y alcance nacional de las organizaciones.

Nada de esto entendió la oposición en la primera prueba electoral, la de 1929 Con el membrete de un partido antirreeleccionista el vasconcelismo no llegó a constituir nunca un verdadero partido ni apuntaba a serlo. En realidad no resultó sino otra cara de la tradición arcaica de los caudillos: una personalidad -esta vez no militar, sino intelectual- navegando sobre las olas de la tormenta política, apelando al carisma personal sobre la fuerza de la organización de las masas y, en última instancia, llamando inútilmente al levantamiento social, a la insurrección, es decir, de nuevo a la violencia para dirimir la transmisión del poder.

Visionario, Manuel Gómez Morín advertía a Vasconcelos que el sacrificio de “un grupo o un hombre” “metidos precipitadamente a la política electoral” “no sería el sacrificio por una idea, sino el sacrificio de la posibilidad misma de que la idea se realice en algún tiempo”. Y le hacía ver la necesidad de “la organización durable y el trabajo permanente” de “grupos políticos bien orientados y capaces de perdurar”.

Acaso la aventura vasconcelista contribuyó a diferir, en gran medida, el proyecto de competencia electoral y concurrencia plural en los órganos del poder, bien captado, en cambio, por Gómez Morín, al plantear la necesidad de un verdadero partido de la derecha para atender el llamado de Calles.

Y acaso también el vasconcelismo contribuyó grandemente a distorsionar desde su origen el desarrollo de la democracia mexicana moderna, en cuanto, sin los mínimos elementos de organización partidista y vigilancia electoral, primero festinó un triunfo incomprobable, y después alegó un fraude sin otras bases que no fueran la palabra del “filósofo de América” contra el silencio escéptico de una nación que no quiso regresar a las aventuras políticas personalistas.

Pero el principal saldo dejado por la primera elección de la gran reforma política fue la turbiedad. En adelante un velo de sospecha cada vez más denso se iría tendiendo sobre cada elección; privaría el recelo en las urnas y el gobierno-partido habría de asumir la carga de la prueba de su victoria, en el supuesto de que la oposición gana siempre y es despojada sistemáticamente del triunfo, mientras no se demuestre lo contrario e incluso precisamente si el gobierno demuestra lo contrario.

Está fuera de discusión la eficiencia del régimen ponderada en términos de consensos básicos y del aseguramiento del relevo periódico y pacífico del poder en este largo ciclo, pero el saldo es diferente medido con la vara de la credibilidad electoral, sobre todo en los sectores urbanos medios e ilustrados. Fue en estos medios en los que nació la ilusión y en los que medró la frustración del vasconcelismo.

También la confusión sobre los términos de la lucha política y las nuevas condiciones y exigencias históricas.

Aparte de “contener el desgajamiento del grupo revolucionario” otra “función” del PNR -reconocida incluso por Daniel Cosío Villegas- fue la de “instaurar un sistema civilizado para dirimir las luchas por el poder”, ante el hecho reconocido e inocultable del consenso alcanzado por la revolución, y su correlato: la marginación de los proyectos y liderazgos alternativos, sus débiles bases sociales y sus exangües aparatos políticos.

De allí que las verdaderas “luchas por el poder” se seguirían dando dentro de los grupos revolucionarios sólo que también dentro del “sistema civilizado” que constituía el Partido Nacional Revolucionario.

Tan amplio y abarcante era el grupo revolucionario, como correspondía a un verdadero movimiento nacional triunfante, y tan reducidos, desprestigiados, dispersos los grupos antirrevolucionarios, como verdaderamente derrotados que fueron, que éstos tenían pocas posibilidades de construir una real oposición. Esta tendría que nutrirse, para crecer y ser significativa en la nación, con exponentes provenientes de la misma corriente triunfante, lo que incidió también en las peculiaridades de este tipo de oposición: problemas de identidad de sus protagonistas, confusión y escepticismo en las clientelas electorales y una tendencia marcada al encono fraticida, porque la disputa no era entre diferentes proyectos políticos en tanto ambas partes provenían del mismo, sino por la legitimidad de la herencia que alegaban los contendientes en las contiendas más sonadas: los vasconcelistas en 1929, los almazanistas en 1940 y los henriquistas en 1952.

Otro rasgo de esta oposición fue su carácter personalista, a pesar de que se improvisaron membretes de partidos para realizar sus campañas. Y ese personalismo no se agotaba en sus líderes inmediatos, sino en la adscripción de éstos con las cabezas mayores con que la gente los identificaba: Vasconcelos, ministro de Obregón; Almazán, figura prominente del callsimo, y Henríquez Guzmán del cardenismo. En los tres casos, además, sus autopromociones opositoras surgieron en el momento en que aquellas cabezas y lo que representaban habían sido desplazadas: asesinado Obregón en la época callista; desterrado Calles en la cardenista y revertidas las reformas cardenistas durante el alemanismo.

En parte ocurría algo semejante con la oposición que alcanzó permanencia: Gómez Morín, el fundador del PAN, colaboró cerca con Calles en la creación del Banco de México, y Lombardo Toledano, hacedor del PPS, fue una pieza esencial en el gobierno cardenista en la organización de la CTM.

Por último, una pesada carga de doctrinarismo, más la parsimonia de aliento milenario de la izquierda comunista y la lentitud de los despachos entre las corresponsalías de México y Moscú, hicieron que esta corriente llegara tarde y aturdida a todas las coyunturas electorales. En “caracterizar” a la Revolución Mexicana se les fue a los primeros comunistas mexicanos infancia, adolescencia y juventud; en la crítica y la autocrítica intramuros y ahora extramuros, pero siempre en familia, han prolongado madureces y senectudes, lo que no les impide entrar hoy por la puerta de servicio al festín del antipresidencialismo, convocado originalmente por la derecha empresarial, tras la nacionalización de la banca en septiembre de 1982.

Ninguna de estas taras de origen de la oposición tienden a diluir siquiera mínimamente los grandes vicios originarios del régimen político nacido hace 60 años: la prepotencia y el cinismo de los sucesivos grupos detentadores del poder, no sólo con la oposición, sino con los propios antagonistas internos, primero dentro de las corrientes revolucionarias, y más tarde, simplemente, entre las burocracias dominantes.

LA CRISIS

No es este el lugar para inventariar los saldos sustantivos de este ciclo sexagenario. La hipótesis central de estas notas obliga más bien a la siguiente larga, compleja, espinosa, pregunta: ¿subsisten las condiciones reales, las bases psicológicas, las justificaciones históricas, e incluso los sustentos mágicos que dieron nacimiento y condicionaron la formación y las deformaciones del régimen político mexicano en sus actuales términos?

Un cotejo simple de la actualidad con las líneas anteriores permite responder a esta pregunta negativamente y en bloque.

Vale la pena, sin embargo, hacerlo con cierto detenimiento, en tanto ello puede permitir vislumbrar las vías de modificación del régimen, sobre bases reales, en particular su centro crítico de imputación: el presidencialismo absolutista que declina, como declinó el caudillismo hace 60 años, para dar paso, más acá de las fantasías, a otra presidencia: la presidencia acotada que vendrá, como en 1928-38 se acotó la personificación del poder político supremo de la institución caudillista.

Las diferencias entre hoy y hace 60 años son de estructura y de coyuntura. Las semejanzas no dejan de tener algo de caricatura. La renovación periódica de los poderes en todas las escalas del régimen político no sólo es una realidad material. También lo es su asimilación cultural y sicológica al grado que no ha habido presidente en funciones que no perciba a estas alturas de sus sexenios una dinámica que lo impele a decidir perentoriamente su sucesión y a disponer la lenta pero inexorable extinción de su poder. Es cosa juzgada y sepultada la tendencia a la prolongación del periodo presidencial, así como la apelación de la violencia para decidir las contiendas políticas.

Lo que está ahora en el centro de la discusión es la concentración de poderes en la presidencia de la República, incluyendo el de la decisión sucesoria, históricamente justificada como medio para evitar la perpetuación en los mandos políticos de la nación y la apelación de la violencia, pero abiertamente cuestionada hoy, cuando nada de ellos subsiste para apuntalar la subsistencia de los rasgos absolutistas que fueron conformando al presidencialismo mexicano.

La exigencia de cambios toca todas las puertas de la fortaleza presidencial. De la puerta de la calle llaman una iniciativa privada y una oposición política de derecha que adquirieron plena conciencia de la ruptura de sus acuerdos básicos con un régimen político cuyo centro vital es una presidencia de la República capaz de atentar inopinadamente contra la propiedad. Pero claman también las representaciones populares, las universidades y los intelectuales de la izquierda que reprochan que con la misma facilidad y sentido absolutista que la presidencia mexicana dispone hoy una nacionalización, resuelve mañana la reprivatización.

Desde dentro del propio alcázar llaman a las alcobas presidenciales los democratizadores del PRI, para que el presidente desconcentre sus facultades decisorias, mientras la corte dice cerrar filas para compactar la reconcentración del poder presidencial en esta hora clave.

De la presidencia soberana basada en la organización y la movilización popular para realizar las nacionalizaciones y las reformas sociales en la cúspide de 1938, se fue transitando a la presidencia absolutista flotando sobre las maniobras cortesanas de las altas burocracias de la política, la administración, las finanzas y el sindicalismo. Y de la presidencia como vértice de la conciliación de todos los intereses nacionales, conforme al modelo inaugurado por Avila Camacho en el periodo 40-46, se fue pasando a la presidencia como manzana de la discordia en tanto la concentración de decisiones de todo orden, hace que el presidente termine resolviendo, y responsabilizado a los ojos de la nación, lo mismo del alza de precios que de la congelación de salarios, igual de la selección de un cacique como candidato del PRI a algún cargo de representación que de la autorización de una inversión extranjera por encima de la ley.

En la crisis la concentración de decisiones y responsabilidades ha terminado por concentrar en el presidente la imputación de todos los males de la República.

Para reinterpretar al Calles de 1928, el presidencialismo absolutista de 1988 no concita ya la confianza general, como hace 60 años dejó de hacerlo el caudillismo. A diferencia de aquella gran crisis política de 1928, pero en virtud de sus cauces de solución, el régimen mexicano está hoy a salvo de los riesgos y los traumas de entonces.

La presidencia que vendrá no exigirá sangre ni destierros, sino que llegará dentro de una transición más bien serena. De hecho se ha empezado a perfilar durante el sexenio 82-88.

De su propia retórica se pueden integrar los nuevos rasgos presidenciales. A la pérdida de obesidad del Estado, como se le ha llamado al recorte de economía pública, corresponde un adelgazamiento del órgano supremo que lo encabeza: la Jefatura del Estado, que pierde base de sustentación material para intervenir en la sociedad.

Pero también pierde peso el presidente de la República como jefe del gobierno y jefe del partido gubernamental: cuenta con menos espacios dónde maniobrar, dónde acomodar a una burocracia política que vende cara su lealtad personal y de grupo.

EL FUTURO

Si la institución presidencial ha de prevalecer como el símbolo civil de la cohesión nacional -y no se ve ninguna otra alternativa- es preciso preservarla del rudo desgaste al que la han sometido sus rasgos absolutistas. El presidente mexicano está llamado a depurar su papel de jefe del Estado y de las fuerzas armadas y a decantar su papel supremo arbitral en el gobierno, pero abriendo los procesos de decisiones rutinarias, y con mayor razón, las opciones críticas, a un Poder Legislativo constitucional, política y materialmente fortalecido.

Para usar los términos del anterior gran parteaguas político de 1928, tienen poco tiempo el actual y el próximo presidentes para propiciar el embarnecimiento de la capacidad política y la restauración del peso y del prestigio de las cámaras para que estén en aptitud de hacerse cargo de los poderes absolutistas de que debe despojarse el Ejecutivo.

Tras el jaloneo nacionalización-privatización del último cuatrimestre de 1982, los partidarios de una y de otra tuvieron la evidencia que les faltaba sobre la falta de consistencia, de permanencia y de seguridad a que pueden dar lugar las medidas adoptadas simplemente por la voluntad presidencial; y de que, para ser efectivas y confiables en su duración, las decisiones de esta gravedad deben obedecer a procesos y métodos que involucren el debate público y la voluntad colectiva.

Algo semejante habría que hacerse contra-reloj, respecto a la sumisión a la presidencia del partido gubernamental. A la vista de la oposición realmente existente, Calles guarde a la nación de una desaparición abrupta del PRI Sobrevendrá el caos y un vacío que ni vale la pena imaginar, porque no va a ocurrir. Y no es que el pueblo no esté preparado para la democracia -para adelantar la respuesta a más de un simple de los que andan haciéndole al cuento en elecciones primarias de PAN o PMS- sino que son éstos los partidos que han mostrado su impreparación para concurrir a un régimen moderno de partidos, en tanto conservan esencialmente sus taras y atavismos caudillistas, doctrinarios y voluntaristas, con sus impaciencias no correspondidas con el trabajo sistemático, constante, prolongado al lado de los votantes, como el que, con todas sus ventajas, si se quiere abusivas, realiza el partido gubernamental desde hace varias décadas.

Queda, sin embargo, la incógnita sobre el PRI que vendrá si el siguiente régimen sigue desmantelando un esquema de economía pública que a la vez ha servido a la coptación partidista de corte clientelar.

Desde luego, lo que difícilmente podría sobrevivir a su pública desnudez, es el método por el que el Ejecutivo ha llegado a festinar su asfixiante control del PRI La presidencia que vendrá no puede seguir dando el espectáculo de decidir a la vista del público las candidaturas del PRI al Congreso, lo que equivale a designar a la mayoría absoluta de un poder que no puede postergar más su papel verdaderamente concurrente y no sólo legitimador formal en la adopción de decisiones, y de controlador real de su ejecución.

Por otra parte la designación presidencial de los candidatos del PRI a gobernadores estatales ha abierto un proceso de distritofederalización de la República con el virtual nombramiento de gobernadores-regentes, irritantemente contrastante con los reclamos de las localidades.

Pero el clímax de la incompatibilidad se da en el caso de la designación del candidato a la presidencia de la República, una vez agotadas las condiciones que la justificaron. Igual que el régimen caudillista, en 1928, el presidencialismo absolutista obstaculiza ya, con las deformaciones del tapadismo, el desarrollo de personalidades de “indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública” para encauzar en términos más modernos y socialmente aceptables la sucesión presidencial. Si en su origen la concentración de ese poder en la presidencia aseguró la cohesión del partido y de la nación, puso fin a la tentación de la prolongación de los periodos constitucionales y desterró la discordia y la violencia de las transmisiones del poder, esa misma función se ha convertido, al paso del tiempo, en fuente de división y de recelo frente a presiones continuistas -ya no de la persona que deja la presidencia, sino de quienes aseguren el mismo proyecto- agotando así uno de los grandes amortiguadores del régimen político mexicano: la expectativa sexenal de cambios, de nuevas oportunidades, de diversificación de proyectos y de sectores y grupos favorecidos. Era una peculiar alternancia en el ejercicio del poder.

Siguiendo a Sergio Zermeño, los mecanismos del orden, el sistema de las instituciones políticas y el carácter del Estado han sufrido cambios más profundos en los últimos cuatro años que en el lapso que va del fin del cardenismo al inicio del actual gobierno (1940-1982). “Ha habido -dice- un vaciamiento de las organizaciones de masas y del sistema de representaciones tradicional” y es larga la lista “de los frentes sociales, asistenciales y culturales de que se ha retirado el sector público a consecuencia de los recortes presupuestales; de las industrias y organismos públicos que han sido liquidados o que lo serán por la inminente apertura del mercado doméstico acordada por el FMI”. Independientemente de señalar que estos procesos de desestatalización se han realizado por el mismo método estatalista autoritario, o absolutista presidencial -aunque aplaudido por sus beneficiarios entre la conveniencia y la ingenuidad, como un salto democratizador- su efecto en el debilitamiento de las bases clientelares del PRI puede abrir una nueva oportunidad a los partidos de oposición para incidir en la competencia electoral, a condición de que realicen un arduo ejercicio de realismo que los aleje del síndrome vasconcelista: esa ilusión de llegar al poder y fundar la democracia -simultáneamente- por la vía del descontón electoral al gobierno, seguida del descontón del gobierno a la oposición, el alegato de fraude y la reproducción del escepticismo y del alejamiento social de las urnas. Una modalidad, tan nociva como cualquier otra, de engaño político y de fraude electoral.

Poco vivirá el que no vea los cambios que mostrará el régimen político mexicano. Iniciado en 1928 con la renuncia del presidente saliente a ejercer el caudillismo y a perpetuarse en el poder, y perfeccionado con la plenitud soberana de la institución presidencial en 1938, un largo ciclo del régimen político mexicano está a punto de concluir, acaso en el parteaguas de 1988, por la disposición de otro presidente saliente a iniciar la renuncia a ejercer algunos de los rasgos absolutistas que hipertrofiaron a la institución y porque, presumiblemente, será en función de esta nueva concepción de la presidencia que será seleccionado el sucesor.

Lo que con todo su poder no puede hacer hoy el presidente saliente es renunciar al poder decisorio, en tanto no existen las instancias que lo suplan dentro del partido gubernamental y tampoco se ha desarrollado el partido de oposición capaz de suplir al partido gubernamental.

Pretender precipitar el salto en esta misma temporada sería saltar al vacío.

El tapadismo se despide. Nadie lo llorará, pero a nadie conviene tampoco interrumpir su último tránsito.

Lampedusa al revés: Que nada cambie esta temporada para cambiarlo todo en la siguiente.

Lampedusa al derecho: Para que todo siga igual.