La Declaración Universal de Bioética 20051 tiene entre sus objetivos: otorgar un marco de principios y procedimientos que guíen a los Estados en la formulación de leyes, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética, y orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y privadas. En el artículo 14 se refiere al Principio de Responsabilidad Social y Salud en estos términos: “La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad”.

Sin soslayar la obligación del Estado para atender los problemas de salud de su población, ya sea a través de acciones directas o del compromiso de construir y mantener las condicionantes sociales y económicas de la salud, también debemos observar a otros actores en la escena social. Durante una emergencia sanitaria, las acciones gubernamentales podrían percibirse insuficientes ante la magnitud del problema, por lo que otras entidades y organizaciones privadas, así como los individuos, debemos actuar.

En toda sociedad existe un sinnúmero de organizaciones privadas, definidas por la Ley General de Protección Civil,2 a las que podemos agregar las instituciones de educación superior que deben sumarse a la responsabilidad social dentro de sus campos y realizar las acciones necesarias ante las emergencias sanitarias.

Sin embargo, estos grupos no deben actuar cada uno por su lado, sino que debe haber entre ellos una estrecha colaboración, como lo prevé la misma Ley General de Protección Civil a través del Sistema Nacional de Protección Civil. A pesar de la pertinencia de esta ley y de este sistema en momentos como el actual no se aprecia la coordinación con organizaciones privadas.

Otros grupos de la sociedad (prestadores de servicios de salud, industria farmacéutica o de equipamientos) actúan bajo intereses económicos que con el tiempo podrían enfrentarse con los de la población; por tanto, son necesarias políticas públicas que generen un acercamiento y mediación entre los diferentes intereses de manera que los servicios de salud proporcionados por terceros cumplan con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Cada uno de nosotros nos encontramos en riesgo de enfermar de COVID-19 y esta contingencia debería unirnos para evitar, en lo posible, los contagios y procurar el restablecimiento de la salud de las personas que hayan contraído el virus. La solidaridad implica que cada individuo, tanto en su entorno familiar como social, se sienta cercano a los demás integrantes de su grupo; para ello, una política pública adecuada puede ayudar a la configuración de esa solidaridad al fortalecer los sentimientos de pertenencia, integración o arraigo entre las personas.

Los planes de emergencia elaborados por los gobiernos afectan, en mayor o menor medida, la vida cotidiana de la población. Se nos exigen comportamientos precisos: restringir la circulación, asistir poco a lugares públicos y tener menor contacto físico, así como adoptar medidas de higiene rigurosas. Sin embargo, una exigencia sin información adecuada y suficiente para la población podría ocasionar que las personas se rebelen y no acepten las imposiciones.

Dentro de nuestra sociedad hay otros miembros a quienes se les exige mucho más: los profesionales de la salud, quienes aun bajo riesgo de contagio siguen realizando sus labores; los trabajadores y empleados de servicios públicos, transporte, comunicaciones y seguridad, o quienes se dedican a la producción de energía o de alimentos y medicinas básicos, sólo por mencionar algunas de las actividades más representativas. Ellos han mostrado su solidaridad; a cambio, con un sentido de justicia, en reciprocidad, la sociedad debería compensarlos de alguna manera. Se considera básico, además de reconocimientos especiales, y posiblemente bonos, que quienes entren en contacto con las fuentes de la infección tengan derechos prioritarios a una protección extraordinaria con equipamientos especiales y apoyos en sus ámbitos familiares para que puedan seguir con sus actividades.3

 

La protección de la salud en épocas de emergencia sanitaria como la actual es un asunto que nos une y debe importar tanto al gobierno como a los particulares. Organizaciones no gubernamentales, grupos de apoyo, laboratorios, hospitales y demás servicios médicos deben contribuir en la lucha contra la propagación de la emergencia sanitaria que ahora representa la enfermedad COVID-19. La aportación de las instituciones de enseñanza, particularmente las universidades, puede alcanzar niveles relevantes. Todos debemos sentirnos involucrados, la participación de cada uno de nosotros resulta esencial; es parte de los deberes que nos competen por el simple hecho de pertenecer al género humano. Sin embargo, ante tal magnitud de actores y la diversidad de actividades requeridas, es necesaria una política pública que coordine las acciones gubernamentales y privadas.

 

Íngrid Brena
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.


1 Elaborada en el seno de la Unesco.

2 El artículo 3.° de la Ley General de Protección Civil define a los grupos voluntarios como: “Las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan con el personal, conocimientos, experiencia y equipos necesarios y prestan sus servicios en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida”.

3 Para obtener más información sobre este tema consultar el libro Emergencias Sanitarias, coordinado por Íngrid Brena Sesma, IIJ, UNAM, México, 2013.