Hay en el bastidor del cierre de milenio mexicano, la euforia y la euforia y la pesadumbre de un fin de época, un aire de muerte y renovación que recuerdan los versos de Antonio Machado:

Hay un español que quiere

vivir, y a vivir empieza,

entre una España que muere

y otra España que bosteza.

En el lado del México que muere está el desvanecimiento de viejas realidades, como el crecimiento económico sostenido, el modelo de desarrollo con financiamiento externo y el pacto corporativo como eje de la negociación de clases y élites. Menos obvios, pero igualmente tocados por la historia, parecen otros antiguos axiomas de la vida mexicana: el presidencialismo omnímodo con su sistema de partido dominante, el nacionalismo como emanación de la cultura estatal posrevolucionaria, la Ciudad de México como ombligo del país.

En el lado del México que nace, están los frutos de la septuagenaria paz mexicana, los hijos sociales de la modernización: clases medias y ciudadanías emergentes, una nueva sociedad de masas urbana y los aparatos de comunicación que la uniforman con el mismo vaho de expectativas y consumos; una insurrección electoral, una beligerante opinión pública. Y las llamadas del futuro: la aparición de un nuevo centro histórico nacional en el Norte de México, la inserción del país en el mercado mundial mediante la integración con Estados Unidos y la economía de maquila.

¿Cómo agrupar las peras de este olmo frondoso que muere y renace, lenta e inexorablemente, ante nuestros ojos, a nuestro lado, como el césped de la historia? Entre muchas posibles, quisiera revisar aquí dos tendencias básicas de este fin de milenio. En primer lugar, el tránsito definitivo del país rural al país urbano y la consolidación de una nueva mayoría social. En segundo lugar, la transición política en dos vertientes: el paso del pacto corporativo a una creciente realidad ciudadana y la transformación paulatina del presidencialismo omnímodo, con partido dominante, en una especie de presidencialismo normativo con partido mayoritario.

I. LA ALDEA GLOBAL

En 1960, por primera vez en la historia del país, la población considerada urbana fue mayor que la rural por 487 mil cien mexicanos.(2) La población total del país era entonces de 35 millones, de los que el 50.7 por ciento vivía ya incorporado a un sistema de ciudades cuyos lunares mayores eran la Ciudad de México, con algo más de 5 millones, Guadalajara con 850 mil y Monterrey con 700 mil habitantes.

Veinte años después, en 1980, los 35 millones casi se habían duplicado, eran 67, pero la población urbana había crecido una vez y media, pasando de 18 a 44 millones y del 50.7% al 66.3 por ciento del total del país. Las ciudades mayores reflejaban ya en su densidad demográfica el enorme salto humano y social de esas dos décadas. La Ciudad de México tenía ahora 15 millones de habitantes, 8 más que veinte años antes; Guadalajara había convocado a 2 millones 200 mil y Monterrey a casi 2 millones, un millón 300 mil habitantes más, cada una, que veinte años atrás. El campo mexicano se volvió en esos años el territorio de la expulsión. Vastas corrientes migratorias hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades y hacia el norte, en busca de la frontera dieron expresión dramática y multitudinaria a la progresiva destrucción de un mundo. El México rural, ya poblado en los cincuentas por los personajes fantasmales de Juan Rulfo, fue arrasado por la industrialización y arrancado de su lento tiempo campesino por las velocidades capitalistas del agribusiness, los distritos de riego, los cultivos de exportación y el american way of farm, sembrado en los últimos años del porfiriato y refrendado en los primeros de la revolución por los caudillos norteños que fueron, entre otras cosas, grandes modernizadores agrícolas. La gente con trabajo en el sector agropecuario, que eran 57 de cada cien mexicanos en 1950, fueron sólo 26 de cada cien en 1980.

Desplazado nuevamente del centro del interés nacional por la utopía industrial de los años cincuentas, el campo tradicional productor de la dieta básica de la población mostró a mediados de los sesentas, justamente después de la inversión demográfica, sus primeras deficiencias estructurales. De ser un campo generador neto de excedentes para la exportación, se volvió un campo deficitario, importador, que a mediados de los años setenta configuró un problema de seguridad nacional: la dependencia alimentaria.

Sujeto a los rigores de la modernización industrializadora, el México rural fue sistemáticamente desarticulado, al extremo de que una vigorosa discusión académica acuñó a principios de los setentas la palabra descampesinización para describir el proceso de contracción y cambio de las antiguas comunidades rurales, propiamente campesinas.

Los batallones de campesinos descampesinizados que emigraban a las ciudades, cuajaron en los sesentas la primera gran metáfora del intenso proceso social a que estaban sometidos: Ciudad Nezahualcóyotl, una gigantesca villa miseria a un costado de la Ciudad de México, que alcanzó pronto el millón de habitantes y que fue en su febril explotación por la prensa, un anticipo cabal de la nueva sociedad de masas mexicana: hacinamiento, violencia, insalubridad, descomposición familiar y social. Y en medio de las barracas de lamina, sobre los techos de cartón petrolizado, el nuevo mar urbano de las antenas de televisión. Era el sentido de esa modernización bárbara acceder al transitor sin haber pasado por el alfabeto, y esa fue la realidad urbana mayoritaria: cinturones de miseria cruzados por un emergente sistema nacional de comunicación masiva, marginación social con industria de la conciencia.

Veinte años después de la irrupción de Ciudad Nezahualcóyotl, la Ciudad de México ha vivido conurbaciones y poblamientos equivalentes a aquel escándalo por lo menos dos veces: en el municipio de Ecatepec, que sigue atrayendo a sus llanos inermes 150 mil habitantes por año, y en los llanos de Chimalhuacán y el valle de Chalco, donde se extiende, siguiendo la línea de la carretera a Puebla, un poblamiento vertiginoso cuyo límite parece difícil prever.

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    Distribución del Ingreso de los hogares Participación

               Porcentual en el Ingreso Total

      °Deci°Deci°Deci°Deci°Deci°Deci°Deci°Deci°Deci°Deci

 Año  ° I  ° II °III ° IV ° V  ° VI °VII °VIII° IX ° X

      °    °    °    °    °    °    °    °    °    °

 1963 °1.3 °2.2 °3.1 °3.7 °4.9 °6.1 °8.0 °11.8°17.0°41.9

 1968 °1.2 °2.2 °3.1 °4.1 °5.1 °6.5.°8.3 °11.3°16.2°42.0

 1977 °0.9 °2.0 °3.1 °4.3 °5.8 °7.4 °9.5 °12.5°17.8°36.7

Fuente:

1977- “Encuesta Nacional  de  Ingresos  y  Gastos de los

Hogares

1977″: S.I México, D.F., 1977

1968- “Encuesta  sobre  los  Ingresos  y  Gastos  de las

Familias 1968″.

Banco de México S.A.: Fondo de  Cultura  Económica, D.F.

1977.

1963- “Ingresos y Gastos  Familiares  para  1963″ Banco

de México, S.A., México, D.F.,  1966.

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Pero también ha habido una urbanización exitosa, un cumplimiento parcial del sueño liberal decimonónico de crear una población intermedia, educada e industriosa, capaz de ser un colchón ciudadano entre la amenazante masa miserable y la soledad angustiosa, aunque privilegiada, de las élites dirigentes y propietarias. A mediados de los setentas, las clases medias alimentadas por la modernización reflejaron un primer cambio estructural en las cifras de distribución del ingreso en México: los estratos intermedios de esa estadística engrosaron, a costa de los estratos superiores y de los inferiores. Si en 1963 la décima parte más rica de la población acaparaba el 41.9 por ciento del ingreso, en 1977 absorbía el 36.7 por ciento, una pérdida de 5.2 por ciento en 13 años. Del mismo modo, la quinta parte más pobre del país había pasado de tener el 3.5 por ciento del total a sólo el 2.9 por ciento. Habían ganado en cambio en su participación del ingreso -y muy considerablemente: entre el .6 y el 1.6 por ciento- (3) las cinco décimas partes intermedias del espectro, las clases medias emergentes que pudieron pagar y poblar la urbanización exitosa del último cuarto de siglo, cuya llamada congregadora y disparadora fue, a principios de los años sesenta, la erección de Ciudad Satélite, una ciudad suburbana situada a cuatro kilómetros del lugar donde entonces terminaba el Distrito Federal, trazada, fraccionada y prevendida a imagen y semejanza de los suburbios norteamericanos, diseñada para usuarios de automóvil, con grandes centros comerciales, equivalentes a los suburbios estadounidenses, abundantes áreas verdes y ausencia de centro tradicional (la vieja plaza de armas de la traza española, presente en todas las ciudades y pueblos habituales de México). Ciudad Satélite fue el llamado del futuro, su anticipación cabal en materia de urbanización para clases medias en ascenso. En los veinticinco años que siguieron a su fundación, los cuatro kilómetros que la separaban de los límites de la Ciudad de México y otros tantos hacia el norte, rumbo a Querétaro, fueron ocupados por nuevos fraccionadores privados que extendieron la idea de la ciudad pionera; nuevas familias de profesionistas y funcionarios públicos de alto nivel, empresarios de nueva formación, comerciantes y banqueros, refrendaron aquella temprana vocación de vida suburbana que prometió Ciudad Satélite y terminaron formando un nuevo tipo de aglomeración citadina de altos ingresos -el mercado de mayor poder de compra del país- que no ha cesado de reproducirse desde entonces Fraccionamientos y colonias residenciales al estilo de Ciudad Satélite han proliferado en Tecamachalco hasta Cuajimalpa en San Jerónimo hasta Contreras, en Tlalpan hasta Xochimilco.

La otra gran vertiente de la urbanización exitosa de clases medias tiene que ver con la política estatal de construcción de vivienda que ha marcado aquí y allá el explosivo crecimiento de la ciudad de México con conjuntos habitacionales accesibles a los sectores medios menos favorecidos: los crecientes burócratas, los miles de empleados y pequeños productores hijos todos del desarrollo económico.(4)

Este México urbano de clases medias logradas y masas empobrecidas, conjuga la aparición de una nueva mayoría nacional. En el seno de esa mezcla, el último cuarto de siglo ha visto cumplirse, silenciosa e inexorablemente, una verdadera revolución cultural, en sí misma una prueba de la fuerza irreversible del México urbano. Tiene que ver con el desarrollo y la ramificación de los medios de comunicación masiva y su implantación duradera. Ningún elemento de comunicación -el ferrocarril o el telégrafo en los tiempos porfirianos, las carreteras o los teléfonos a partir de los años cuarentas- ha tenido un efecto tan integrador de la conciencia nacional como el surgimiento de la televisión en los cincuentas. Casi tres décadas después de esa aparición, en 1982, por primera vez en su accidentada historia centralista, México tuvo un instrumento de comunicación efectivamente nacional o lo más nacional alcanzado hasta ese momento: la puesta en marcha de la Red Nacional de Estaciones Terrenas que garantizó la transmisión de la señal del canal 2 de la empresa Televisa a toda la república: 20 millones de teleauditores. Apenas puede exagerarse el impacto de esa consolidación vertiginosa desde que el 31 de agosto de 1950 fue emitida la primera señal televisada en el Jockey Club del Hipódromo de las Américas.

En el año de 1971, el presidente norteamericano Lyndon Johnson grababa para la televisión sus memorias y John Sharnik, el productor de la Cadena CBS, le preguntó mientras lo maquillaban cual era su juicio el mayor cambio habido en la política norteamericana en los últimos treinta años. “Ustedes”, respondió Johnson con vehemencia. “Ustedes. Ustedes los de los medios masivos. Todo en la política norteamericana ha cambiado debido a ustedes. Ustedes han roto todos los vínculos y los mecanismos que había entre los políticos y sus electores. Han hecho un nuevo tipo de gente, un nuevo tipo de pueblo.”(5)

Análogamente, podría decirse que la televisión y sus realidades han sido el mayor cambio cultural de la sociedad mexicana en los últimos treinta años. La televisión ha erigido y generalizado su propio ámbito de realidad y valores, ha roto y replanteado los mecanismos y vínculos de la sociedad con el pasado mexicano y ha hecho aparecer un primer tipo de cultura nacional verdaderamente masiva, un nuevo tipo de mentalidad y de credibilidad mexicana, una geografía mental que es pareja insustituible de la modernización del país. (Recordaré aquí que, desde el lanzamiento industrial de los cincuenta, la palabra modernización en México tiende a ser, en los hechos, sinónimo de norteamericanización.)

El primer momento clásico de la modernización, el paso de una sociedad tradicional a una sociedad de masas, se cumplió en México bajo el mandato cardenista; su molde fue el pacto corporativo del estado con las clases fundamentales de la sociedad, mediante una representación política cupular. Pero a partir de los años sesentas, México ha vivido un segundo momento de esa modernización, la explosión de una nueva sociedad de masas a la que uniforman no la organización política y el gobierno, sino el consumo y la industria de la comunicación.

La Televisión mexicana es por lo menos en cinco sentidos, el instrumento de la modernización de la vida mexicana. En primer lugar, según se ha apuntado arriba, en tanto integradora sin precedente de las comunicaciones del país, como unificadora de la experiencia nacional y su conexión con el resto del mundo, mediante la homogeneización de la información y los mensajes.

En segundo lugar, en tanto termómetro que define los criterios de lo anacrónico y lo moderno; es el escenario donde se verifica la ruptura cultural más drástica con la sociedad tradicional: los contenidos rurales y regionales de esa sociedad no existen en el mundo televisivo salvo como show folclórico.

En tercer lugar, es la franja de conformación del criterio familiar y social de la moral colectiva. Se da ahí una curiosa simbiosis que va destruyendo paulatinamente la moral tradicional, sin entrar en conflictos frontales con ella. (Revísense, para el caso, los contenidos morales y argumentales del género familiar por excelencia, la telenovela, y su silenciosa pero drástica ruptura con los temas de la moral tradicional en las últimas décadas).

En cuarto lugar, la televisión privada mexicana ha empezado a constituirse en una nueva vanguardia empresarial, un foco de transnacionalización exitosa y de irradiación comercial a través de la publicidad, así como una nueva representación política de la empresa privada, luego de la nacionalización de la banca de 1982, que desapareció esa calidad en los banqueros.

En quinto lugar, acaso lo más decisivo, la televisión mexicana ha sido portadora de un set de valores y hábitos de conducta cuya intención final sería, según Carlos Monsiváis, promover algo así como una eficacia dócil, una eficacia pasiva que modernice sin romper, cambie sin agitar, triunfe sin rebelarse ni rasgar lo establecido.(6)

¿Cuál es el México que ambiciona y diseña esta revolución cultural silenciosa? El paradigma de la juventud que brota al fin del circuito de la difusión masiva y el teen business desatado de los últimos años, puede ser un indicador. Comerciales, programas, shows juveniles, concursos y auditorios en el estudio, sueñan una juventud bilingüe, internacional, secularizada, laica, precozmente sexual y precozmente consumidora, escolarizada, desenfadada y triunfadora; no rebelde, sino distinta, no transgresora, sino alegremente actual, rubia o castaña, proteinizada, plenamente lograda en su transfiguración genética, como si se tratara de la segunda generación de norteamericanos nacidos en México.

Pero sólo una parte de los jóvenes que vienen a tocar la puerta del futuro mundo mexicano, podrán encarnar eficazmente ese paradigma; el horizonte real a que acceden como nuevos ciudadanos es menos prometedor que las luces intermitentes de la discoteca global a que quisiera remitirlos el teen business. Entre otras paradojas históricas de este fin de época, esta la de que algunos de los mayores logros históricos del país han terminado volviéndose sus más aparatosos problemas. Por ejemplo, la cuestión demográfica. En la primera mitad de los setentas empezó a ser evidente que el crecimiento demográfico del 3 por ciento anual, se había convertido ya en un problema estructural porque haría físicamente imposible dar satisfatores básicos a una población en ascenso incontenible. Y aunque el hecho demográfico más notable de la década de los setentas fue la disminución de la fecundidad, la masa humana que habría de demandar un sitio en la sociedad mexicana había sido concebida ya una década antes, en los sesentas.(7) Así el notable éxito alcanzado a partir de los años cuarentas en el abatimiento de la mortalidad -en particular de la mortalidad infantil-(8) plantea para el cuarto final del siglo una presión demográfica sin precedentes sobre el empleo, la educación y los servicios. Pedro Aspe y José Gómez de León han detectado en esa situación un fenómeno demográfico nuevo en la historia de la nación: el dramático aumento de los mexicanos en edad de trabajar -entre 15 y 64 años- que durante los años setentas crecieron 9.7 por ciento más que toda la población y 26 por ciento más que la población menor de 15 años, tradicionalmente el grupo de mayor crecimiento demográfico, hasta antes de 1970.(9)

El saldo neto de ese boom demográfico fue el paso de la población económicamente activa de 8.3 a 22.1 millones de personas y el salto sin precedentes de la masa en camino de ingresar a la franja de la población que demanda empleo.

La población en edad de trabajar aparecerá tocando las puertas de la estructura económica entre 1985 y 1990 en una cantidad cercana a los ocho millones de personas, la mayor demanda de empleo que haya tenido la historia del país y que se mantendrá estable hasta el año 2000, trayendo cada año un millón adicional de mexicanos a la fuerza de trabajo.(10)

Tocará esa avalancha las puertas de una economía que, por primera vez en cincuenta años, ha decrecido en lugar de crecer. Durante todos los setentas, hasta 1981, el crecimiento del producto interno bruto fue 2.5 veces superior al de la población, pero 1982 y 1983 registraron crecimientos negativos de 0.5 y de -5.3 por ciento. Así, el producto per cápita de 1984 fue igual al de 1979. Vale decir: un quinquenio entero de estancamiento.

En ese mismo sentido, a mediados de 1985, decían Pedro Aspe y Gómez de León:

Si se considera la tasa preliminar de crecimiento del PIB para 1984 del 3.5% y las tasas de crecimiento del PIB propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1985-88 y se les combina con las proyecciones de población (…), se obtiene que el nivel del PIB real per cápita alcanzado en 1981 se obtendría hasta una fecha cercana a 1988.

Pero el derrumbe de los precios internacionales del petróleo a principios de 1986, augura años de crecimiento muy inferior al 4 o 5 por ciento previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, antes de la caída del petróleo, lo previsto para 86 era un crecimiento cero y después de la caída del petróleo las previsiones del modelo Wharton de la economía mexicana fueron de un crecimiento de -3.5 para 1986.(11)

La respuesta, entonces, a la pregunta de si la economía mexicana podrá generar suficientes empleos para satisfacer la cascada de mano de obra joven que toca a sus puertas es No en lo que resta del actual quinquenio.(12) Las consecuencias de corto y mediano plazo de esa insuficiencia apenas pueden preverse, pero es claro que vivimos otra vez, como en la década de los sesentas, una sociedad con vastos sectores juveniles ociosos, que será en los noventas una sociedad de millones de jóvenes adultos sin destino laboral, situación similar a la creada en el norte de la república en vísperas de la revolución por la combinación de crisis agrícolas de este lado de la frontera y crisis minera con despidos de mano de obra mexicana del otro. (La masa flotante de adultos desempleados que creó esa situación, explica en gran parte la mecánica y la reserva de reclutamiento de los ejércitos revolucionarios norteños).

¿Qué harán esos nuevos millones de desempleados sin destino? En gran medida lo que hacen ya: emigrar al norte, como en la época porfiriana también, en busca del mercado laboral norteamericano. En efecto, en los años de la crisis el aumento de las migraciones mexicanas hacia Estados Unidos parece haberse incrementado considerablemente.(13)

Por otra parte, engrosarán los batallones de la llamada marginación urbana, cuya forma juvenil vemos proliferar ya en bandas, delincuencia, drogadicción de daños irreversibles, subempleo y mendicidad. Pero hay también una recomposición de las economías familiares que capean la crisis fundiendo ingresos de los miembros que trabajan y reteniendo en su seno hasta edad avanzada a quienes en otras condiciones habrían salido de casa y fundado la propia. La capacidad social de regresar a “tradiciones de pobres”, la familia extensa y el hacinamiento de parentelas, será un factor central en la reabsorción de los desempleados que no emigren ni se pierdan en la noche de la criminalidad y la autodestrucción urbana. El subempleo, la mendicidad y la economía informal, darán cuenta del resto, en el opresivo horizonte de nueva desigualdad y segregación económica a que parece destinada – con su potencial imaginable de violencia y sitio social -la vida de las grandes ciudades de México.

La respuesta que pueda darse a esa avalancha juvenil, pronto adulta, es una de las grandes incógnitas políticas y sociales del fin de siglo mexicano. De ella dependerán en gran medida el sentido, la intensidad y la forma del cambio histórico del México urbano, multitudinario y astroso, que emerge al cabo de cinco décadas de industrialización y destrucción de la vida rural originaria de México.

Parece complicar las cosas el hecho de que, frente o junto a esta gran transición demográfica, cultural y social, México viva también una ardua y profunda transición política. Según se ha dicho antes, esa transición consiste en el paso de un sistema corporativo a uno de ciudadanías emergentes, de un sistema de presidencialismo omnímodo a un sistema de presidencialismo normativo y de una realidad de partido dominante a una de partido mayoritario.

II. DESCENSO DE LA PIRÁMIDE

Parece tocar a su fin el vasto y funcional pacto corporativo, autoritario, que echó los cimientos de la estabilidad política y su intensa saga capitalista. Con sus historias dispendiosas y su picaresca monetaria, su industrialización bárbara y su corrupción múltiple, esa saga fundó las dinastías de la modernidad en la banca, la industria, el comercio, la política, y los negocios. Como se ha dicho, cincuenta años después del pacto, contados a partir de Cárdenas que lo cuajó en esencia, la borrachera del capitalismo urbanizó a un país rural, cumplió el anhelo decimonónico de crear una clase media, rompió su aislamiento provinciano y creó una sociedad extraordinariamente diversa, social y regionalmente, demasiado compleja ya para seguir siendo regida por la simplicidad corporativa de un acuerdo cupular entre las clases fundamentales.

Luchan sin definición en las entrañas del fin de siglo mexicano, las fuerzas históricas venidas de esa modernización con las realidades institucionales y políticas subsistentes de ese pacto. Es la lucha de lo que Sergio Zermeño ha llamado la lógica liberal democrática de perfume individual, ciudadano, y la lógica nacional-popular, de inspiración autoritaria, colectiva corporativa. En los bandos de ambas vertientes, como en un gran baile promiscuo, pelean y se confunden diversas parejas antagónicas, que cambian de bando según la tonada del momento, pero mantienen la identidad profunda en sus estilos, a menudo inacoplables. No hay, por desgracia, una síntesis feliz de esas dos lógicas nacionales, que oponen la democracia al autoritarismo, la liberalización comercial al proteccionismo los derechos de los ciudadanos a los fueros de las corporaciones, la productividad al empleo, la cultura electoral de votos libres a la cultura clientelar de intereses negociados puertas adentro, la integración económica con el exterior al aislacionismo productivo, el agribusiness al ejido, el Estado flaco al Estado redistributivo, el mercado y los precios reales a la economía de subsidios, la división de poderes al presidencialismo, la modernización a los derechos creados. En suma, luchan y se mezclan conflictivamente las corrientes nativas del neoliberalismo y su gran tradición preporfiriana con las costras vivas de la herida nacional por donde manó y se hizo mundo el proyecto hoy septuagenario llamado Revolución Mexicana. Vivimos la pugna de los intereses de la sociedad y su libre iniciativa política y económica, con los intereses sedimentados del pacto en cuyas correas corrió la modernización social y económica que hoy pretende darlo de lado. Uno a uno, los eslabones de ese pacto parecen sometidos a intensas transformaciones, resistencias y desacomodos, al grado de que pudiera hablarse, al final del recorrido, de la necesidad de un nuevo pacto político nacional, capaz de atrapar y refundar creativamente las muchas cosas que se derraman por los bordes del antiguo.

La primera y más visible de las rupturas en el tejido corporativo mexicano, es el de la litigosa amistad que garantizo unidad de miras y propósitos entre la cúpula política poscardenista y la cúpula empresarial: las bodas del capital y la política. La nacionalización de la banca de septiembre de 1982 desató definitivamente los vínculos de esa alianza e instaló la desconfianza.(14) Y algo más: la urgencia empresarial por una vía política propia independiente. No fue un brote espontáneo, de ahí que tampoco pueda pensarse en un rápido restañamiento.

He descrito en otro lugar la respuesta empresarial al estilo populista de seis años de gobierno de Luis Echeverría, como un golpe de estado financiero: una intensa fuga de capitales que provocó la devaluación del peso en 1976 y abrió una época de nuevo maridaje con la cúpula gobernante, bajo los auspicios del auge petrolero y su generosa derrama de oportunidades, negocios y subsidios.(15) Luego de cinco años de acuerdo petrolero en la Alianza para la Producción, a fines del sexenio de José López Portillo, la nacionalización de la banca selló en la conciencia del capital la inconfiabilidad estructural del sistema. No se trataba ya de una diferencia por el énfasis o los excesos populistas de un gobernante en turno, sino una reserva abierta sobre la índole misma del presidencialismo y la permanente “tentación socializante” implícita en sus facultades constitucionales para transformar el régimen de propiedad y las relaciones entre propietarios y Estado. La falta de confianza ha ido pareja desde entonces con la fuga de capitales, como una forma de obtener, en parte, mejores rendimientos especulativos, pero también para tener a salvo un recurso que no pueda gravarse con decisiones internas del gobierno. En la lógica de la mentalidad empresarial, tener dinero afuera equivale, entre otras cosas, a garantizarse la posesión de un patrimonio no sujeto a capricho o injerencia gubernamental. Paralelamente a ese proceso de desobediencia económica, hay un proceso ascendente de desobediencia política, un esfuerzo de independización progresiva de la política mexicana, hija de la pirámide priísta, a cuya clara sombra los capitalistas mexicanos vivieron largas décadas de connubio institucional.(16)

Así, junto a la elección y el auge del Partido de Acción Nacional como cauce de oposición institucional, los años ochenta han visto aparecer como candidatos independientes a empresarios conocidos y reconocidos. Fernando Canales Clariond, derrotado aspirante panista a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 1985, es el primer fruto de ese nuevo árbol de la política mexicana. La situación es una verdadera novedad del fin de milenio: empresarios que abandonan la vieja negociación puertas adentro, que solía producir candidatos priístas proempresariales, y aspiran a asumir el poder directo, personal e independientemente.

Esta desagregación política en curso parece radical. A propósito de la expropiación de 5 mil predios urbanos en la ciudad de México, luego del terremoto que la devastó en septiembre de 1985, los dirigentes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León exhortaron abiertamente a la fuga de capitales y pidieron al Fondo Monetario Internacional que diera una “apretadita de tuercas” a los gobernantes mexicanos. Esa inusitada convocatoria sugiere hasta qué punto la desagregación empresarial está lejos de ser un desacomodo coyuntural. Parece ser, más bien, un intenso reacomodo político de clases, que llegó en ese momento al extremo, no alcanzado en México por nadie en las últimas décadas, de solicitar una intervención externa para ajustar problemas de política nacional. (La Jornada, 13 de octubre de 1985, p. 3).

En el segundo polo clave del pacto corporativo, la clase obrera, el tejido tampoco deja de exhibir las huellas del tiempo. Los ochentas se han llevado, entre otras cosas, el eje del acuerdo institucional del movimiento obrero al erosionar el salario real de los trabajadores en niveles que es difícil exagerar. Hasta mayo de 1984, el salario mínimo había caído en un 32 por ciento respecto a enero de 1980, mientras que el deterioro del salario industrial medio, en el mismo periodo, había sido del 25.9 por ciento, reportaba El Cotidiano, publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapozalco) en su número 1, de julio- septiembre de 1984. Suprimido o sacudido el precario equilibrio histórico del poder adquisitivo de los salarios, los cimientos mismos de la organización obrera corporativa tienden a estremecerse. Capacidades de negociación, fidelidad institucional, alergia al conflicto y expectativas políticas, todo se cimbra en un solo movimiento de dirigencias desconcertadas y bases empobrecidas por la crisis. Tampoco aquí parece sencillo el regreso al paraíso de la negociación, que mantenía los ingresos estables y garantizaba, con el tiempo y el desarrollo educativo de los hijos, movilidad y ascenso social.

Las condiciones del futuro, parecen reafirmar la tendencia declinante. El modelo econométrico Galileo de la economía mexicana, vaticinaba a fines de 1984 las siguientes proyecciones para el fin de la década:

Salarios: En 1990 el poder adquisitivo de los salarios mínimos es 35 por ciento inferior al nivel registrado en 1981 y el de los salarios medios, desciende en 27 por ciento.

Distribución del ingreso: La participación de los salarios netos dentro del producto desciende de casi 34 por ciento en 1981 a 25 por ciento en 1990.(17)

La otra gran piedra en el engranaje del pacto corporativo obrero, tiene que ver con el sentido mismo de la transición productiva y la modernización tecnológica que el país enfrentará en las próximas décadas. Una de las resistencias mayores a ese cambio es precisamente -como en la industria del automóvil norteamericano o la del carbón inglesa- la organización laboral preexistente, sus hábitos y derechos adquiridos.

Parece estar claro, entre empresarios y autoridades, que el país requiere una reconversión industrial, el remozamiento o la desaparición del parque industrial anacrónico sembrado en los años cincuenta y sustentado en el proteccionismo. ¿Cómo emprender la modernización de las condiciones de trabajo que esa reconversión exige, en el seno de una cultura sindical protectora de conductas antiproductivas, el sobreempleo, las complicidades clientelares, el compadrazgo y la amistad política?

¿Y cómo podrá dar una respuesta sindical moderna, una clase trabajadora “dispersa en miles de sindicatos, cuya adscripción al PRI no disminuye las rivalidades y antagonismos internos que hasta la fecha han trabado la formación de sindicatos nacionales de industria, para no hablar ya de las tantas veces anunciada y otras veces postergada central única”?(18)

Es imposible desligar la baja de los salarios del descenso en la productividad, pero la brutal caída de las cifras de crecimiento de la productividad en México (4.3 por ciento anual en 1965, 1.2 por ciento anual en 1982) hablan por necesidad de un problema estructural en la organización del trabajo que no puede no tener relación con la estructura sindical del país.(19)

Una tercera calamidad del sindicalismo corporativo mexicano, es su distanciamiento político del equipo que asumió el poder en 1982. Ese jaloneo empezó con el disgusto del máximo líder obrero, Fidel Velázquez, por la postulación presidencial de Miguel de la Madrid y tuvo su momento más espectacular en el mes de junio de 1983, cuando la disputa por salarios provocó el estallido del mayor número de huelgas simultáneas de la historia de México (más de tres mil huelgas cantidad superior a todas las huelgas habidas en el sexenio anterior). En medio de esa tormenta huelguística, el 9 de junio de 1983, en Guadalajara, el presidente De la Madrid dio airada respuesta a la proposición hecha días antes por Fidel Velázquez de congelar precios y salarios: “No podemos abatir la inflación como por arte de magia”, dijo el presidente. “No podemos racionalmente aspirar a congelar precios y salarios, sería engañarnos a nosotros mismos y la mentira ya no puede ser instrumento de lucha política, la dejamos a minorías de demagogos e irresponsables. Los revolucionarios, tenemos que decir la verdad (…) No me dejaré presionar por viejos estilos de negociación o de pretensión de poder”.(20)

Maniatados por su viejo y único estilo de comportamiento, que es sostener la llamada alianza histórica con el estado de la Revolución, los “demagogos” e “irresponsables” dirigentes obreros arriaron parcialmente sus banderas políticas, pero desplegaron luego banderas programáticas, que desafían el rumbo elegido por el gobierno lamadridiano, hasta configurarse como un polo articulado de disidencia teórica, en el que sobreviven conceptos e inspiraciones fundamentales del maltrecho establecimiento ideológico de la Revolución Mexicana. Resume Raúl Trejo:

Nunca antes la dirección nacional del movimiento obrero había sostenido de manera tan abierta y constante proyectos de política económica tan contrapuestos a los de la burocracia política, como ha ocurrido en los últimos años. Frente al liberalismo económico, los dirigentes obreros y sus asesores han exigido rectoría del estado; ante las instrucciones formuladas en centros financieros internacionales, han propuesto mayor participación de la sociedad; contra las aspiraciones de los empresarios, influencia de los obreros en todos los frentes.(21)

Y más que eso:

A los coqueteos iniciales del grupo gobernante con la posibilidad de dar elecciones abiertas, y triunfos a la oposición que los conquistara en las urnas, del movimiento obrero y del propio Fidel Velázquez vinieron las más tajantes defensas del estilo priísta y la dominación corporativa, al extremo de haber dicho Fidel Velázquez, retórica, pero no falsamente: “Nosotros los revolucionarios llegamos aquí a balazos. El que quiera quitarnos no podrá hacerlo con votos, tendrá que hacerlo a balazos también”.

El hecho es que, en su calidad dinosáurica y en su real y profunda representación social, los dirigentes obreros encarnan como nadie la defensa del legado de la revolución. Son, en si mismos, ejemplo de sus deformidades y anacronismos, pero también de su penetración duradera en la imaginación y la vida de los trabajadores del país. Puede haber exceso retórico, pero hay también una profunda lógica histórica en el hecho de que, ante el embate político del grupo gobernante -modernizador, liberalizador, desestatizante, descentralizador y, por lo tanto, contrario a la burocracia obrera-(22) el Congreso del Trabajo haya proclamado públicamente, en 1983 “la necesidad de cambiar el modelo de acumulación privilegiante de la iniciativa privada en favor de los sectores público y social de la economía, para hacer una realidad nuestra vía de desenvolvimiento histórico y alcanzar el proyecto nacional contenido en nuestra Constitución”. A continuación frente a lo que se juzgaba, implícitamente, como abandono gubernamental de programa de la Revolución mexicana, el Congreso del Trabajo se autopostuló defensor del legado diciendo: “La clase trabajadora, hoy más unida que nunca, cree firmemente en la Revolución Mexicana. Si por incapacidad, infidelidad, incumplimiento o deshonestidad, la revolución ha sufrido desviaciones, ello ha ocurrido en contra de los principios, programas y objetivos de la revolución”.(23)

La fuerza social de esos enclaves corporativos no puede negarse y su distanciamiento político puede tener cauces imprevisibles. Refiriéndose críticamente a ese proceso y al enquistamiento de la burocracia obrera, Federico Reyes Heroles escribió:

Los gobiernos posrrevolucionarios serían inconcebibles sin el apoyo real y millonario de las centrales obreras y campesinas pero el problema para las próximas décadas se mira en la degradación de ciertas áreas de la política gremial. Las centrales aparecieron como medios para canalizar inquietudes y gobernar. A la vez, las centrales se apoyaron en sus organizaciones y allí ha habido una dinámica de tal fuerza que ha rebasado a las centrales y cuestiona al propio gobierno federal. Liderazgos de cañeros, de petroleros, de cooperativas pesqueras, entre otros, con intereses propios que se han enquistado (…) Cúpulas de poder que por su dimensión y consistencia sólo tienen un rival en su misma categoría: El jefe del ejecutivo federal (…) Esta es la descendencia real que maneja en varios estados de la república varias veces el presupuesto estatal (…) Aquí se baila no ya en desconcierto o arritmia. El problema es otro: aquí se imponen tonos y ritmos al gobierno de la república (…) Sólo faltaría ver que de organizaciones y gremios de carácter popular nazca un leviatán dentro del estado mexicano.(24)

Por lo que hace a los campesinos, el tejido corporativo no registra una ruptura, como en el caso de los empresarios, ni un distanciamiento político de cara a un nuevo tradicionalismo revolucionario, como en el caso obrero, sino un vaciamiento político, análogo al ocurrido en el ámbito económico y social con la realidad campesina. Una cosa parece seguirse puntualmente de la otra. Según Gustavo Gordillo, a principios de los setentas la crisis rural recibió de parte del gobierno un diagnóstico equivocado, que describió la triste situación del campo como el producto de un “descuido”, un “abandono” por falta de recursos gubernamentales. Por ello, la gran cantidad de apoyos financieros y técnicos canalizados durante la década de los setentas al medio rural, no atacó los problemas de estructura de poder, que eran el origen de la crisis y sirvió en cambio

para el reforzamiento caciquil, la ampliación del espacio y el poder del neolatifundio y la creciente autonomía de los aparatos económicos vinculados al medio rural. No se resolvieron sino en muy pequeña escala los problemas agrarios de los campesinos sin tierra, la desintegración interna de los ejidos, el clima opresivo en que se insertan las comunidades indígenas o la indefensión jurídica y económica de la gran cantidad de jornaleros agrícolas. (Así), el esquema corporativo, a través del cual se procesaba el consenso en el ámbito regional, empezó seriamente a erosionarse al hacer crisis la estrategia económica que le dio origen.(25)

La vieja central campesina, la central histórica del pacto corporativo de los treintas, la Confederación Nacional Campesina (CNC), es hoy un cascarón vacío. En su interior y a sus lados, se construyen nuevos espacios reales de poder, en particular una nueva modalidad de cacicazgo que administra en las regiones la penetración de las agencias gubernamentales de crédito, producción y consumo -Banrural, Conasupo, las distintas empresas productoras o reguladoras como Inmecafé o Tabamex. Esas agencias gubernamentales manejan ahora, no sólo el sentido de los ciclos productivos, naturalmente adversos a la economía campesina, y los procesos de modernización, sino también las instancias políticas de decisión y elección. “Muy a menudo, en efecto”, asienta Gordillo, “los canales de selección de candidatos priístas a puestos de elección popular, no van a pasar por las centrales campesinas sino por (los) organismos gubernamentales vinculados al medio rural”.

La economía, tanto como la política, corren entonces por fuera del cascarón corporativo del pacto campesino de los treintas. La función de la CNC parece reducirse en la actualidad a desorganizar la protesta y a consolidar la inmovilidad de la vida campesina, cuya válvula de escape es la emigración o el servicio clientelar en los cacicazgos de nuevo tipo.

La abundante canalización de recursos al campo va nutriendo, sin embargo, la aparición de nuevos sujetos sociales. En el seno mismo de la economía ejidal, aparecen movimientos cohesionados ya no por las demandas agraristas de reparto de tierras, sino por la organización productiva. El mapa de la vida ejidal se ha poblado en los últimos años de ejidos colectivos eficientes, uniones de crédito, asociaciones rurales de interés colectivo, uniones de productores, cuyos dirigentes sustentan su fuerza política en la capacidad económica de sus unidades productivas, no en el favor obtenido de la cadena de comisariados ejidales y dirigentes campesinos. Ellos, junto con los productores medianos y las grandes tendencias del agribusiness, se consolidan poco a poco como los nuevos interlocutores del campo mexicano, sobre el creciente cementerio de la economía campesina y las estructuras corporativas del dominio político ejidal. Es una nueva economía política de productores cuya fuerza se sustenta en el poder económico de sus organizaciones, no en la cadena de la subordinación corporativa.(26)

Novedades sustanciales ofrece también, en el gran lienzo corporativo, la variable que resume el desarrollo urbano e industrial de las últimas décadas. Si en alguna zona del espectro social mexicano puede hablarse de una rebelión civil emergente, es en el territorio de esa modernización lograda que llamamos clases medias. No es una rebelión sin estirpe. Ha estado ahí desde la cruzada vasconcelista de 1929, en la resistencia al autoritarismo callista. Revivió con fuerza en la agresiva inconformidad con la fundación corporativa y popular cardenista, a fines de los años treintas. Durmió luego el sueño termidoriano de la conciliación avilacamachista y la industrialización de los años cuarenta, pero creció sin cesar, con el ritmo lento y silencioso de los cambios duraderos, a todo lo largo de los sexenios del desarrollo estabilizador, cruel y excluyente para el campo y los pobres de la ciudad, pero propicio para profesionistas, burócratas, pequeños comerciantes y productores, hijos robustos y privilegiados de esa larga siesta que tuvo su dramático despertar entre los muertos y las balas de la Noche de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. El movimiento estudiantil de ese año fue la primera llamada trágica e inatendida de una nueva presencia social. Y el aviso de que, en adelante, esos sectores demandarían algo más que crecimiento económico y estabilidad política: participación y democratización, respeto a la ley, rechazo al autoritarismo, al triunfalismo y al presidencialismo monolítico.

Todo el programa democratizador y antiautoritario que vive intensamente en los ochentas la sociedad mexicana, está contenido con fuerza insuperada en las consignas y las actitudes de los contingentes que en 1968 refrescaron las calles y la imaginación del país con su alegre desistimiento del “milagro mexicano”.

Doce años de renovado crecimiento económico y hábil apertura política (1970-1982), reconocieron, dieron satisfacción parcial y aplazaron la demanda de participación de esos sectores, para desplomarlos nuevamente en la incertidumbre y la protesta con la crisis de 1982, cuyo espectro decisivo dominará los ochentas. Resume Soledad Loaeza:

Esos doce años fueron para estos grupos sociales una época de prosperidad sin precedentes en términos de participación política y económica. Ambos gobiernos promovieron un reformismo centrado en el desarrollo de partidos y sindicatos (en particular universitarios) relativamente independientes del poder y al hacerlo ampliaron considerablemente el campo de la participación política. Tanto Echeverría como López Portillo impulsaron el crecimiento económico (entre 1972 y 1982 se registraron tasas máximas de crecimiento de entre el 7.6% y el 9.2%), pero sin corregir los desequilibrios de la estructura productiva. Estas políticas expansionistas favorecieron en primer lugar a las concentraciones urbanas y a las clases medias en particular. Hubo una cierta redistribución del ingreso que también las favoreció. El crecimiento de las actividades del Estado y una notable ampliación del presupuesto destinado a la educación superior, mantuvieron la flexibilidad de la estructura social. Este periodo de auge creó en estos grupos hábitos y expectativas que se convirtieron en derechos adquiridos. Sin embargo, hacia 1981, la caída del precio internacional del petróleo fue el primer augurio de que el periodo de crecimiento sostenido había llegado a su fin.

El deterioro de la economía nacional, las dificultades económicas de los dos últimos años del lópezportillismo que culminaron en dos violentas devaluaciones de más del 150% del peso, la aceleración de la inflación y la sorpresiva nacionalización de la banca, que llevó a cabo López Portillo el 1 de septiembre de 1982, sentaron las bases del repudio de las clases medias hacia las piezas centrales del sistema político: el presidencialismo, el partido oficial, la clase política, la tradicional alianza entre el Estado y las clases populares, la no participación.(27)

Un agravio adicional: junto con la nacionalización de la banca, fueron convertidas a pesos las cuentas que miles de pequeños ahorradores habían colocado en dólares en la banca privada mexicana. La clausura del auge, la mexicanización del ahorro, el cierre virtual de un futuro de ilimitado consumismo sembrado por el boom petrolero, la inseguridad y la pronta evidencia de los dispendios y las corrupciones de la antes bienvenida abundancia lópezportillista, detonaron un nuevo y profundo ciclo de inconformidad y rechazo al sistema dentro de las clases medias.

De tal intensidad fue el descontento por la supresión del paraíso prometido, que la perspectiva crítica de esos grupos avanzo hasta ocupar, en muchos aspectos, el centro programático y moral del equipo gobernante que asumió el poder en diciembre de 1982. Desde esa cúpula oficial, también agraviada por las últimas decisiones de López Portillo, vino la ratificación pública de las ineficiencias, la corrupción y el dispendio gubernamentales. Señala Soledad Loaeza que, en las últimas cuatro décadas, la preocupación obsesiva del estado por las clases medias, ha terminado volviéndolo su “rehén”. Nunca tan clara esa condición como en la decisión del gobierno lamadridiano de reconocer y hacer propias las críticas y los agravios de esos sectores y volverlos programa de gobierno: la campaña de la renovación moral, reconoció como cierto el pozo de corrupción generalizada de la administración pública, tema favorito, prácticamente único, de la crítica clasemediera, y fecundo recurso de desprestigio internacional. La crítica del estado obeso y de las políticas populistas, dio cuerpo de gobierno a las andanadas antiecheverristas y antilópezportillistas del rencor empresarial (la docena trágica), aclimatadas después en los grupos medios entrampados por la crisis, ávidos de encontrar un culpable. La vocación ciudadana de democratizar y descentralizar es también, en lo sustancial, una perspectiva recogida en los impulsos modernizadores de los grupos medios, y no por casualidad ha chocado con los intereses profundos del pacto corporativo, que recoge tradiciones e intereses de un mundo anterior, aunque simultáneo, a la modernización.

Hay algo más que simple debilidad o ceguera clasista en la adopción de esa perspectiva por parte del gobierno lamadridiano. Es un indicador de hasta qué punto las corrientes no corporativas han ganado peso, profundidad e influencia en la vida social de México, y hasta qué punto es imposible ya gobernar sin satisfacer esas demandas de sectores dinámicos e influyentes que las exigen y, en más de un sentido, las imponen al conjunto de la sociedad.

Se dice, con ánimo tranquilizador, que la crisis mexicana de los ochentas es una crisis localizada (no general) de clases medias y grandes ciudades. Es una verdad que tranquiliza a medias porque esos son precisamente los escenarios cruciales del cambio vivido por el país en las últimas décadas; su interrupción brusca golpea el corazón mismo del desarrollo y del consenso del país, porque golpea su futuro. En las clases medias y las grandes ciudades, se incuban hoy las corrientes activas del desacuerdo y la disidencia política, pero también los clímax del consumo, la actividad económica y la opinión pública.

La Revolución Mexicana se ha cumplido cabalmente en esos sectores medios. Les ha dado eso que a grandes voces sigue llamándose justicia social: salud, educación, vivienda y empleo. Precisamente ese trayecto cumplido hace nacer en sus beneficiarios una nueva conciencia histórica, un nuevo programa de aspiraciones e inconformidades. No quieren ya lo que el Estado posrrevolucionario les ofrece. Quieren lo que, a partir de los ochentas, ese Estado no puede garantizar: mejoría ininterrumpida del nivel de vida, futuro cierto, independencia personal, seguridad ciudadana, aire limpio, zonas verdes, liberalización política, democracia, prensa crítica… del gobierno, gobierno invisible y eficiente: una vida de país del Primer Mundo, en medio de las opresiones y deformidades de una sociedad urbana del Tercer Mundo.

El tema de la opinión pública parece crucial en este panorama. Las últimas décadas han visto aparecer una opinión pública cuyos instrumentos -prensa, radio, televisión- van demoliendo una a una, guiadas por la realidad, las certidumbres y credibilidades del gobierno entre la población políticamente activa del país.

Si como apunta Soledad Loaeza, “las clases medias cumplen una función de mediación entre el sistema político y el sistema social, a través de las justificaciones que pueden ofrecer para sustentar o subvertir la estructura de autoridad”, la función que cumplen hoy las mexicanas es erosionar antes que justificar esa estructura. Y si entre el comportamiento mental y político de las “clases medias y el consenso político de largo plazo existe un vínculo directo”, estamos asistiendo a la siembra de una desarticulación del consenso. Implacable e irritada, la opinión pública de la crisis ha empezado a ser vertiginosa en sus efectos políticos. En 1985, año del terremoto, unas cuantas equivocaciones, dos o tres exabruptos y una trayectoria poco convincente, bastaron para que un recién nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Guillermo Carrillo Arena, fuera exhibido, sacudido, jaloneado y criticado por la prensa con virulencia tal que, a sólo tres meses de haber asumido el cargo, era de hecho un cadáver político. Ese proceso, sin precedentes en los anales recientes de la administración pública federal, es una buena muestra de la velocidad de procesos de desgaste en la opinión pública que devora en meses lo que antes tomaba sexenios enteros.(28)

Con todo, la de las clases medias es una rebelión institucional. La subversión que las anima, como en el 68, no pretende la ruptura de la ley, sino su cumplimiento; no promueve por ahora la violencia o el cambio revolucionario sino, más sencillamente, el respeto a las reglas establecidas de existencia de partidos y elecciones libres. De ahí que resulte una rebelión tan incómoda y tan efectiva. Es imposible descalificarla, pero es también imposible satisfacerla sin un cambio profundo en los hábitos políticos. Por lo demás, esa insurrección clasemediera, que no ha sido revolucionaria o guerrillera, sino electoral, es hasta ahora la única expresión política directamente vinculada a la crisis económica que vive el país: no el estallido social de los sectores oprimidos, sino la repentina vocación por las urnas de las clases medias logradas del país.

El desdibujamiento y las deserciones del lienzo corporativo, ponen en entredicho los ejes mismos del sistema de dominación que ha funcionado imperturbablemente durante décadas. Esos ejes son el Presidente y el Partido, el sistema presidencialista y su organismo de administración de masas.

Al Presidente lo envuelven las sombras convergentes del desprestigio y la ineficacia.

En primer lugar, el presidencialismo mexicano ha perdido una alta dosis de su poder simbólico: el monopolio de la magia y la veneración. Tres sexenios sucesivos de presidentes que terminan enredados en sus decisiones, muy lejos del sitio donde prometieron llegar, han desvanecido la certeza ciudadana -ingenua pero increíblemente funcional- de que los presidentes mexicanos lo pueden todo. La reiterada idea de la “monarquía sexenal” mexicana, sólo parece tener fuerza ahora para subrayar caricaturescamente los caprichos y ocurrencias bizarras de los presidentes. Pérdida la magia, tienden a diluirse el respeto ritual, la credibilidad, el miedo y la esperanza que “manan” de la autoridad. En segundo lugar, el sistema presidencialista ha visto crecer en su torno los frondosos matorrales del poder ejecutivo federal, vastas redes burocráticas, de gran discrecionalidad, en cuyos interiores cada secretario hace y deshace, crea su propio equipo gobernante, su propia línea política, su propia expectativa de futuro, a costillas generalmente de la línea presidencial del momento. Defenderse de la discrecionalidad de ministros con amplios poderes burocráticos, ha sido desde hace algún tiempo tarea política central de los titulares del poder ejecutivo mexicano. El sistema de sucesión cerrado, presidencialista por excelencia, del tapadismo mexicano, congestiona todavía más el tráfico burocrático, porque le añade los intereses sucesorios de las distintas parcelas. La ineficiencia operativa que estos litigios por el futuro agregan a la pugna burocrática normal, no puede medirse, pero tampoco es fácil exagerarlos. La historia de la descordinación de esfuerzos gubernamentales, está surcada a lo ancho y a lo largo por las ambiciones particulares de grupos y cabezas de sector, que compiten puertas adentro, en el dédalo burocrático, por ganar el torneo de la transmisión del poder.

Una tercera limitación del presidencialismo mexicano, es paralela a la anterior y tiene que ver con la creciente densidad regional. El país vive un lento pero sustancial ascenso de los poderes estatales, hay una independencia gradual, respecto al centro, de gobernadores y presidentes municipales de grandes ciudades, cuyos recursos federales no dependen hoy de tantas negociaciones clientelares como en el pasado. Desde hace algún tiempo, el país centralista por excelencia que es México, acude en distintos estados de la república a la curiosa situación que alguien resumió como “estados ricos, federación pobre”. Esa realidad presupuestal y la multiplicada complejidad regional, tienden a dar fuerza al pacto federal y a separar la mano presidencial de la política “municipal y espesa”.

En cuarto lugar, diluyen la eficacia del presidencialismo las mismas condiciones de maduración social que el país ha vivido en las últimas décadas. Bien visto, el presidencialismo mexicano, con su carga ritual y unipersonal, es la encarnación institucional adecuada a un país de poca diferenciación social, con clases sociales desdibujadas y poca diversidad de registros en la conciencia pública. En una sociedad poco estratificada, el presidente puede efectivamente representar a toda la nación, ser empresario para los empresarios, obrero para los obreros, campesino para los campesinos y buena conciencia modernizante para los sectores emergentes de la clase media. Pero conforme las clases sociales se perfilan y las desigualdades se ahondan, esa figura pluriclasista, capaz de convocar la solidaridad de todos, sólo puede darse en la demagogia comunicativa o en la abundancia material que permite, efectivamente, dar a todos tajadas proporcionales de un pastel generoso. La demagogia presidencial ha agotado en México su cuota histórica y la abundancia quedó atrás en los años petroleros.(29) La esencia social del presidencialismo mexicano parece, entonces, poco practicable o cada vez menos convincente en la sociedad mexicana estratificada y desigual de nuestros días.

Finalmente, en quinto lugar, otra vez el revés de la magia: la supuesta presencia del manto presidencial hasta en los asuntos más minúsculos de la vida nacional, ha terminado por exponer al Presidente más de lo que lo consagra. No hay queja, crítica, imputación de la vida pública de México que no incluya de alguna manera a la figura presidencial, justamente en las épocas en que la vastedad de los problemas y la amplitud burocrática del poder ejecutivo y los poderes locales, hace que la presidencia de la república intervenga menos en asuntos de detalle que son, por lo demás, los decisivos de la vida política. El descrédito acumulado que esta situación arroja sobre la figura del Presidente es considerable. Es también parte de un proceso. De 1968 creo recordar con precisión el ambiente sacrílego que rodeó el momento en que, después de la multitudinaria manifestación del 27 de agosto al Zócalo, alguien pintó en los muros del Palacio Nacional la leyenda transgresora: Chango cabrón al paredón. Me recuerdo, cinco años después de ese momento, en 1973, escribiendo con mano temblorosa la reseña sobre un libro de Cosío Villegas que criticaba el estilo personal de gobernar del entonces presidente Luis Echeverría. Escribía, lo recuerdo, con franco temor a una represalia personal por unirme, así fuera como comparsa, al desacato de Cosío. Y el desacato era – o me lo parecía entones – que Cosío opinara, a mitad del sexenio de Echeverría, que la obra de ese Presidente era confusa, de inciertos resultados a largo plazo, gramaticalmente lamentable, marcada por el sello de la prisa, la locuacidad y la desconsideración por el tiempo de los demás. Trece años después de aquel desacato, aquellos atrevimientos de Cosío Villegas parecen bromas de convento, si se les compara con lo que hoy se publica criticando y descalificando al Presidente.

Erosionada la magia y vencido el crédito público, atrapada la Presidencia en el magma de la burocracia central, disminuido su poder de injerencia regional, menguada su capacidad de gobernar para todos los mexicanos, ¿en qué tiende a convertirse el presidencialismo mexicano? Sin dejar de ser el centro de la vida política nacional, la institución presidencial tiende a volverse un poderoso centro coordinador y normativo, la representación política del Estado en el interior y del país en el exterior, administrador de las finanzas públicas federales y emisor de los criterios generales de la conducción gubernamental. En lo que toca a la administración, tiende a funcionar como los staffs centrales de las grandes corporaciones internacionales, que definen criterios, asignan recursos y miden por resultados. En lo que toca al gobierno, tiende a ser una instancia reguladora más que definidora de tendencias y procesos políticos, una instancia sujeta cada día más a la inspección de una beligerante opinión pública y más obligada cada día, por autoprotección incluso, a compartir decisiones y responsabilidades con los otros poderes federales y con los poderes emergentes de la densidad regional mexicana. El país parece ya demasiado complejo para seguir sujeto a la magia ejecutiva de una sola figura gubernativa, tronante, solitaria y final.

Y si así va el patrón, cómo irá su Partido? Desde antes de la crisis de los ochentas, aunque bien ayudado por ella, el PRI vive una larga transición de pirámide menguante. Se han mencionado ya algunas de sus erosiones corporativas. El ángulo de sus peripecias electorales de alguna manera mide ese desaliño histórico. Según las propias cifras oficiales, (30) entre 1964 y 1985, apenas veintiún años, el PRI ha perdido 21.5 por ciento de la votación total, pasando del apabullante 86.3 por ciento de 1964 al resignado 64.8 por ciento de 1985. No ha sido una caída errática, de subidas y bajadas, sino un proceso gradual de descenso. Con la única excepción, realmente excepcional, de las elecciones de 1976, en que no hubo candidato presidencial de la oposición, esa pérdida de 21. 5 por ciento ha sido el fruto de una tendencia declinante que perdió tres puntos porcentuales en 1967, otros tres en 1970, once puntos porcentuales en 1973 y cinco puntos porcentuales más en 1985.(31)

Medida en términos de derrotas electorales del PRI, orgulloso creador de la tradición del carro completo, la tendencia es también clara, porque la oposición tuvo 4 triunfos en 79, uno en 82 -año de la excepción- y 11 en 1985. Medido más finalmente, por el número de distritos en que el PRI no ganó por mayoría absoluta (la mitad más de la votación total) el asunto es también revelador: de 68 distritos en que el PRI no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones de 1979, pasó a 87 distritos en 1985. A ello hay que sumar, aceptando el vigor de la tendencia, que también aumentó considerablemente el número de distritos en que el PRI no ganó por más del 20 por ciento de los votos: 13 distritos en 1979, 43 distritos en 1985; la cifra es interesante porque un cambio de sólo el 10% de los votantes en esos distritos, empataría la contienda. La conclusión entonces es que, sumadas las derrotas y las victorias por bajo margen siempre con cifras oficiales, la hegemonía electoral del PRI está en entredicho en 54 distritos de 300.

No parecen muchos, ni siquiera para la pulsión de la unanimidad que habita en el fondo de la votación partidaria mexicana. Pero esos 54 distritos configuran en realidad, si cabe decirlo así una alarmante mayoría del futuro. De los trescientos distritos electorales unos 170 se consideran “rurales”, unos 30 “mixtos” (urbano-rurales) y los cien restantes “urbanos”. Los 54 distritos en inminente litigio y los 87 donde el PRI ha dejado de obtener mayoría pertenecen, en su totalidad, a los 100 distritos urbanos. Es decir: ahí donde la modernización -impulsada por la Revolución, el gobierno y su partido- ha urbanizado el país, el partido tradicional de la revolución mexicana ha perdido peso y hegemonía y compite, en la mayoría de los distritos electorales, como un partido esforzadamente mayoritario, que está lejos de ser la poderosa máquina soviética de otros tiempos.

Peor aún. Si la Ciudad de México anticipa la cultura política que terminará por imperar en el México urbano el México mayoritario de hoy y más de mañana- hay que concluir que, al paso de los años, el PRI dejará de ser un partido dominante para volverse un competido partido mayoritario. En las elecciones de 1985, la votación total por el PRI en el DF fue de 42.63 por ciento, bastante abajo de la mayoría absoluta. La pugna electoral se ha instalado también con agudeza en estados fundamentales del norte del país, los más ricos y más urbanizados, como Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, al tiempo que Jalisco y el estado de México acusaron con claridad, en 1985, la misma tendencia a la votación no mayoritaria por el PRI: en 12 de 20 distritos de Jalisco no obtuvo el PRI mayoría (3 de 20 en 1979) y en 15 de 34 en el Estado de México (14 de 34 en 1979).

Las elecciones municipales de grandes ciudades, refrendan ampliamente la tendencia a la deserción del voto priísta en el México urbano. Las elecciones durante los ochentas han presenciado triunfos de la oposición, o contiendas cerradas dirimidas por fraude y manipulaciones electorales, en prácticamente todas las ciudades importantes de los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California Norte, así como en Monterrey, Nuevo León; Mazatlán y Los Mochis en Sinaloa, las capitales de Durango y San Luis Potosí, León en Guanajuato, Tlalnepantla, Naucalpan en el Estado de México, Puebla y Tehuacán en Puebla, Mérida en Yucatán, Huajuapan de León en Oaxaca. ¿Cuántas ciudades más vendrán en lo que falta de los ochentas y en la década siguiente, a esta procesión del desafecto y la deserción priísta? Si es cierta la tendencia, vendrán una tras otra, inexorablemente; más tarde o más temprano, dirán gradualmente adiós al pacto político que las ha hecho posibles y convertirán al PRI en cualquiera de estas dos cosas: un partido también moderno, competitivo y abierto a una mayoría del pasado, el partido del México de los distritos rurales donde cada vez menos estará el centro de las decisiones políticas nacionales.(32)

La erosión de la hegemonía priísta no anuncia su fin. Por una parte, el PRI sigue siendo el partido de las mayorías mexicanas y sus pocos votos en el Distrito Federal también pueden verse como sus primeros triunfos certificados en elecciones verdaderamente vigiladas. Por otra parte, la debilidad partidaria de la oposición no configura todavía una alternativa nacional al dominio priísta. El desafío electoral tiene un marcado carácter regional y urbano, anuncia un futuro de competencia creciente, cuyos embriones hacen ver lento y desarticulado al partido del estado.

En los últimos años, el musgo de la vejez se ha ido sedimentando en los engranajes del PRI y ya es una maleza; puede volverse, con el tiempo, una selva que trague e invisibilice a la pirámide, pero no la ha devorado todavía. Nada cuesta imaginar una evolución del PRI hacia una dominación moderna de partido mayoritario, como el Partido del Congreso de la India, que pierde elecciones regionales en comicios abiertos, plenamente garantizados, y conserva sin embargo el control de la política nacional.

Más que a la oposición y a las derrotas, el PRI debiera temer su propio temor al cambio y algunos de sus fantasmas internos. De estos últimos, mencionaré dos. Primero, el desgaste acumulado de prácticas como el dedazo o las posiciones fijas para los distintos sectores del partido. Esas inercias, funcionales en otro tiempo, hoy le quitan al PRI flexibilidad para reclutar el liderato natural y para satisfacer las verdaderas aspiraciones locales; lo sujetan a los intereses de la pugna burocrática más que a las expectativas de las comunidades.

Segundo, las habituales exclusiones sexenales de personal político, acusan ya los efectos de una explosión demográfica. La familia revolucionaria de hoy tiene casi tanta gente fuera como dentro de la casa; y para los que están afuera, parece no haber otro futuro que el refrendo de la exclusión. Las tentaciones participativas de esa parte de la familia no pueden subestimarse, y en momentos políticos críticos pudieran ser el detonante de una fisura partidaria.

En todo caso, como la demografía y la sociedad del país, el pacto corporativo, el Presidente y el Partido, parecen haber caminado un largo trecho en este último cuarto de siglo. Luego de varias décadas de aparente inmovilidad, han entrado a terreno inestable, el vértigo lento de la historia.

***

Fin de época. A contracorriente, en medio de la crisis de la economía, emerge una nueva sociedad urbana, desigual, sin destino laboral, irritada, sacudida, dispuesta a cambiar. Su movimiento diluye tradiciones y clausura eficacias, exige reformas y participación. Hija de la modernización económica, reclama una modernización política, un nuevo pacto nacional.

Las condiciones de posibilidad de ese pacto pueden resumirse en dos palabras: empleo y democracia. Ninguna propuesta de desarrollo podrá ser efectivamente nacional, si no responde los dieciocho millones de mexicanos que demandarán empleo en los últimos quince años del siglo XX. Y ninguna convocatoria política será verosímil, sin una definitiva apertura democrática. Empleo y democracia son a los ochentas lo que la tierra y la organización corporativa fueron a los treintas. Y el México urbano reclama su Lázaro Cárdenas.

(1) Este ensayo forma parte de un estudio más amplio sobre la historia reciente de México dentro del programa de investigaciones de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

(2) Población urbana: la ubicada en comunidades de más de 2 mil 500 habitantes. Este criterio censal considera espacio urbano muchas poblaciones que son en realidad campo pavimentado. Pero la tendencia a la urbanización es contundente si se examinan también las ciudades mayores de 100 mil habitantes, que crecieron un 52 por ciento entre 1970 y 1980. Esas ciudades concentraban el 23.3 por ciento de la población urbana en 1970 pero el 40.9 en 1980 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática e Instituto Nacional de Antropología e Historia: Estadísticas históricas de México, México, 1985, vol I, pp. 1-74.

(3) Pedro Aspe y Javier Beristáin: “Hacia una primera estimación de la evolución de la desigualdad en México”. Mimeo, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), marzo 1982.

(4) Había 2 millones 150 mil empleados en el sector público en 1975; eran casi 4 millones en 1983. Cfr. Secretaría de Planeación y Presupuesto: Participación del sector público en México, 1975-1983. México, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 1985; p. 7. Por lo que hace a las viviendas construidas por el sector público puede apreciarse el salto significativo de la décadas setentas: entre 1947 y 1964, el sector público construyó un total de 121 mil 200 viviendas: entre 1965 y 1970 construyó 119 mil 759, pero entre 1971 y 1979 construyó 511 mil 44 viviendas. 

(5) David Halberstam: The Powers that be. New York, Dell Publishing, 1979: p. 15.

(6) Añade convincentemente Monsiváis que los espacios que la televisión privada no toca ni transforma tienen que ver con zonas básicas de experiencia vital: la lucha por la democratización y la movilización política, la resistencia económica al empobrecimiento y la carestía, la formación de la conciencia nacional en tanto identidad elemental de la mexicanidad (que sigue siendo coto reservado de la escuela primaria), los estratos profundos de la religiosidad. No le interesan a ese enorme instrumento de la aldea global los extremos vitales, sino la masa promedio.

(7) Entre 1970 y 1980, la tasa global de fecundidad disminuyó de 6.7 a 4.4, es decir, una reducción de 2.3 niños por mujer. De hecho, esta reducción se dio principalmente entre 1975 y 1980, pues en 1975 la Tasa Global de Fecundidad era aún de casi 6 hijos por mujer (…) El Consejo Nacional de Población señala como hipótesis… que la Tasa Global de Fecundidad será de 2.0 hijos por mujer en el año 2 000. A ello corresponderá una Tasa Neta de Reproducción de aproximadamente una hija por mujer, es decir que una mujer recién nacida se verá a su vez reemplazada por solamente una hija. Como puede fácilmente intuirse, una población bajo este régimen demográfico (de remplazo exclusivamente) debe tender a un crecimiento nulo. ¿Quiere esto decir que la población de México tendrá crecimiento nulo en el año 2000 ? No (…) Se calcula que, aún con una Tasa Neta de Reproducción igual a uno en el año 2 000, la población de México crecerá en esa época aproximadamente al 1.3 por ciento y seguirá con tasas de crecimiento superiores al 0.5 por ciento hasta el año 2050 (…) Aunque todas las mujeres en edad reproductiva vieran forzada su fecundidad a un régimen de estricto remplazo, la población seguiría creciendo hasta el año 2035 y el total de la población que se alcanzaría entonces… sería 1.6 veces superior al de hoy. Es decir, que lo menos que podría alcanzar la población de México bajo este supuesto sería aproximadamente 113 millones de habitantes.” En Pedro Aspe y José Gómez de León, “El crecimiento de la población de México 1950-1980. Algunas de sus implicaciones económicas hacia el fin del siglo”. México, mimeo, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mayo de 1985.

(8) Entre 1960 y 1970, la mortalidad infantil se redujo en 10 por ciento y entre 1970 y 1980 en 30 por ciento, particularmente dentro de las áreas rurales. En Pedro Aspe y José Gómez de León, op. cit.

(9) No se trata sólo de más población, sino de población de mayor calidad: los analfabetos mayores de 15 años que eran en 1950 el 40 por ciento de ese grupo de edad, en 1980 eran sólo el 17 por ciento; la población alfabetizada creció en ese lapso a un ritmo del 4.3 por ciento, superior al ritmo de la población, que fue ligeramente mayor al 3 por ciento. Otros indicadores hablan también de la mejora cualitativa del nivel de vida de esa población reciente. Por ejemplo, la proporción de viviendas con agua entubada, pasó del 17 al 70 por ciento entre 1950 y 1980. El porcentaje de viviendas con más de un cuarto pasó del 40 al 70 por ciento en el mismo lapso. El producto percápita, por su parte, pasó de 5 mil 553 pesos en 1950 a más de 12 mil pesos en 1980, a precios constantes de 1970.

(10) Pedro Aspe y José Gómez de León, op. cit. Conviene subrayar que la presión de demanda de trabajo femenino en la población económicamente activa configura ya una tendencia espectacular. En 1970 sólo el 20 por ciento de los mexicanos con trabajo eran mujeres; en 1980 lo eran el 28 por ciento, un aumento de tres millones y medio de mujeres en la estructura laboral. Los electos sociales y mentales de este hecho en las relaciones entre los géneros no pueden desestimarse, tocan uno de los ejes de la dominación tradicional masculina. Los anticipos de esa creciente igualación de los sexos por el empleo, apuntan hacia uno de los cambios silenciosos y profundos de la sociedad mexicana en su fin de época. El cambio puede vivirse ya en zonas fronterizas, precisamente donde avanza una de las líneas dinámicas de la economía, la industria maquiladora, cuyo alto empleo de mano de obra femenina da lugar a un reordenamiento de la cultura doméstica y de los servicios urbanos, con redes de consumo y entretenimiento específicas para esas trabajadoras y estructuras familiares donde el varón debe asumir a veces el papel femenino. La tendencia laboral cunde en sindicatos e inversionistas. Las ventajas de la mujer frente al hombre parecen imponerse en materia de productividad, por su mayor disciplina laboral, su menor alcoholismo y, sobre todo, su disposición a aceptar salarios menores. De mantenerse esa tendencia en la estructura laboral mexicana el en de siglo sorprenderá a una sociedad de sexos inconcebiblemente más igualitaria que la que vivimos hoy, con impactos fundamentales en la organización de la familia, los valores sexuales, la educación de los hijos, los roles tradicionales del hombre y la mujer y, desde luego, en el crecimiento demográfico, cuyo descenso en la segunda mitad de los setentas es atribuida por muchos demógrafos precisamente al aumento del trabajo femenino. La emergencia en el sismo de un sindicato nacional de costureras, es un indicio del potencial político de esa tendencia. Que el aumento de mujeres que trabajan haya sido mayor en el campo que en la ciudad (11.4 contra 8.4 por ciento entre 1970 y 1980) indica la profundidad de la tendencia, justamente en el seno de la sociedad tradicional. Las cifras en Aspe y Gómez de León, ibid.

(11) La Jornada, 27 de febrero de 1986 y Aspe y Gómez de León, op. cit.

(12) En 1984 se crearon 510 mil empleos, en 1983 se perdieron 292 mil empleos y en 1982, 181 mil. En 1981 había 20 millones 43 mil mexicanos con empleo, en 1982, 19 millones 862 mil, en 1983, 19 millones 572 mil y en 1984, 20 millones 43 mil. El desempleo en 1982 era de 8% y en 1985 del 15%.

(13) Según informaciones periodísticas, el servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos anunció a mediados de febrero que esperaba deportar, durante 1986, a un millón 800 mil indocumentados mexicanos; durante 1985 fueron arrestados un millón 200 mil, Se espera, pues, para este año, un aumento considerable de 600 mil deportados adicionales. Solo en el mes de enero de 1986, agregó el SIN, habían sido deportados 131 mil 496 personas, aprehendidas en fábricas, comercios, centrales aéreas, estaciones de ferrocarril y de autobuses. Fue una cantidad superior en 53 por ciento a la del mismo mes de enero del uno anterior. Estas cifras dan una idea de la intensidad del flujo de mano de obra hacia el otro lado de la frontera y de su crecimiento incontenible. La Jornada 11 y 12 de febrero de 1986.

(14) Uno de los empresarios emergentes, comerciante del noroeste, en su momento director de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), ilustró con la anécdota de un cornudo en el sentido de las relaciones entre la empresa privada y los últimos gobiernos de Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) y José López Portillo (1986- 1982). Había un señor en su pueblo, escribió Goicochea en un artículo del diario Excélsior, que tomó por esposa a una mujer de las mejores familias del lugar. Era mujer decente acomodada, respetuosa de su nombre y su fama. Pero no hizo más que casarse y empezó a enseñar el cobre incurriendo en toda clase de liviandades e infidencias. Divorsióse el buen marido y, una vez penado el desengaño, tomo nueva pareja. La fue a buscar al convento, santiguada y envuelta en olor de santidad, y casó con ella. Fue un matrimonio ejemplar hasta el sexto año, en que nuevamente la cabra tiró al monte (López Portillo nacionalizó la banca) y hubo un segundo divorcio. En razón de lo sucedido, el paisano del empresario Goicochea, desengañado de las mujeres (tanto como el capital de los presidentes), no estaba ya dispuesto a casarse de nuevo si no se garantiza a sí mismo, con custodia policiaca, que su mujer futura no podrá, aunque quiera, faltar a los sagrados vínculos de tan burladas uniones.

(15) Héctor Aguilar Camín: Saldos de la revolución. México, Editorial Océano. 1984. p. 153

(16) En una abierta defensa de los mexicanos que han sacado su dinero al exterior, el dirigente del consejo Coordinador Empresarial, Claudio Xavier González, resumió adecuadamente el mecanismo mental del hecho: “Hay que recordar” dijo, “que esas mismas personas eran las que ahorraban e invertían en México hace apenas quince años, sin siquiera pensar en ahorrar en monedas extranjeras o mucho menos invertir en el exterior… Lo que han hecho es defender sus ahorros que sienten amenazados por la inflación, por la devaluación, por la incautación y por muchos otros peligros, reales e imaginarios”. La Jornada. 19 de febrero de 1986, p.4. Según las cifras oficiales desde 1982 hasta el tercer trimestre de 1985, se habían fugado del país 16.85 millones de dólares.

(17) Citado en Adolfo Gilly: “La caída salarial”, Nexos, núm. 86, febrero de 1985.

(18) Carlos Pereyra: “Efectos políticos de la crisis” en México ante la crisis. México, siglo XXI Editores, 1985, vol. II.

(19) Según José C. Valenzuela, la tasa media anual de la productividad en la industria de la transformación ha evolucionado como sigue:

1965-1970 = 4.3 por ciento

1970-1975 = 3.9 por ciento

1975-1980 = 3.2 por ciento

1980-1982 = 1.2 por ciento

“Los efectos de la jibarización” en Nexos, núm. 86, febrero-de 1985.

(20) Citado por Raúl Trejo Delarbre “El poder de los obreros”, en México ante la crisis”, II. México, Siglo XXI Editores, 1985, p. 328.

(21) Raúl Trejo, op. cit., p. 326

(22) “La política laboral reciente”, apunta Trejo Delarbre, “parte del convencimiento de que la crisis se ha debido a que los salarios llegaron a incrementarse desproporcionalmente respecto del ritmo del conjunto de la economía y por lo tanto es necesario contener demandas y logros salariales para dar paso a que se ajusten a las fuerzas del mercado. De ahí parece partir el propósito de menguar, junto al ingreso real de los trabajadores, el peso político del movimiento obrero. Para ello el gobierno `desconcentra’ el poder de los líderes y diversifica sus alianzas principales: en lugar de tratar con un solo dirigente o con una central, reconoce como interlocutores a otros sectores de la burocracia obrera (…) Pero la determinación de cuáles son los nuevos polos de poder en el sindicalismo, no ha sido hecho por los trabajadores sino por quienes desde el gobierno han querido fragmentar la influencia del grupo de líderes que ha mantenido la hegemonía del movimiento obrero”. Op. cit., p. 333.

(23) Citado en Carlos Pereyra, op. cit., p. 210.

(24) Federico Reyes Heroles: “Los desconciertos de final del siglo”, en La jornada semanal, núm. 62, domingo 24 de noviembre de 1985.

(25) Gustavo Gordillo: “Estado y movimiento campesino en la coyuntura actual,” en México ante la crisis, II, p. 304.

(26) Durante las reñidas elecciones estatales de Sonora, en 1985, las organizaciones ejidales independientes de los valles del Yaqui y el Mayo negociaron con ventaja su apoyo al candidato priísta, Rodolfo Félix Valdés, a cambio de facilidades crediticias y técnicas que habían conseguido hasta entonces con ciertas dificultades, precisamente por su distancia de la organización campesina oficial. Esa independencia política sólo había sido posible por la agricultura de alto rendimiento que esos ejidatarios han podido desarrollar en un medio de agricultura privada competitiva y rentable, como la del noroeste.

(27) Soledad Loaeza: “Las clases medias mexicanas y la coyuntura económica actual” en México ante la crisis. II p. 232.

(28) Alguna relación debe haber entre inflación, ineficacia para combatirla y desgaste de políticos en funciones. La exasperación social por la ineficacia de los funcionarios para contener el deterioro económico, es quizá un origen inflacionario de estos reflejos virulentos de la opinión pública.

(29) Esa abundancia volverá, por cierto, en algún momento de los años noventa. Y volverá más generosamente mientras mayor sea la caída de los precios en la década de los ochenta. El bajo precio sacará del mercado a muchos productores que con los precios actuales no pueden operar sin pérdida. Habrá baja en las inversiones de exploración y explotación, lo cual creará en los noventas un nuevo ciclo de escasez y precios altos del petróleo.

(30) Esas cifras incluyen los efectos numéricos de la mano alquimista que abulta padrones y votaciones en favor del partido del estado.

(31) Las votaciones federales fueron para el PRI en 1964:83.3 por ciento: en 1967:83.3 por ciento: en 1970:80.1 por ciento: en 1973:69.7 por ciento: en 1976:80.1 por ciento: en 1970:80.1 por ciento: en 1973:67.7 por ciento: en 1985:64.8 por ciento. Juan Molinar: “Saldos del sistema”, ponencia presentada en el seminario Tendencias electorales recientes, jolla, California noviembre de 1985. 

(32) Conviene anotar que una de las novedades de las elecciones de 1985, fue la desaparición de la franja de estados que votaban soviéticamente a favor del PRI en más del 90 por ciento. Juan Molinar. “Saludos…”.