En la obra teatral Esperando a Godot, Samuel Beckett hace que sus dos personajes centrales, Vladimir y Estragón, oscilen entre la esperanza y la desesperación mientras aguardan a quien les dio cita: Godot. En la espera, la situación fluctúa entre lo incierto y lo absurdo. La obra finalmente termina sin que llegue Godot, pero a la vez se mantiene abierta la posibilidad de que acuda a la cita y con ello que, finalmente, la angustia producida por la espera lleve a un suicidio o que llegue Godot antes y todo se vuelva a replantear.

No es difícil encontrar una similitud entre la situación planteada por Beckett y la espera mexicana -espera y búsqueda- de un encuentro real y definitivo con la democracia política. En efecto, también nosotros oscilamos entre la esperanza y la desesperanza; también nuestra vida pública está llena de incógnitas en las que abundan los absurdos. Finalmente, hay una diferencia: lo que hoy está en juego en la vida pública mexicana es mucho, por tanto es necesario que la democracia llegue finalmente a la cita, una cita que, como la de Godot, se ha pospuesto mucho. La alternativa de Beckett -el suicidio del sistema- no vale la pena contemplarla pues el costo humano y político que acarrearía sería enorme, absurdo.

Al filo del siglo XXI nuestro encuentro definitivo con la democracia política sigue siendo incierto porque en primer lugar y sobre todo, no contamos con una tradición al respecto. En el mejor de los casos podemos decir que las prácticas democráticas mexicanas han sido restringidas tanto en el espacio como en el tiempo.

LA TRADICIÓN

La primera elección que tuvo lugar en México, siguiendo los cánones de la tradición occidental, fue la de Hernán Cortés. En esa ocasión, los alcaldes y regidores que Cortés había designado con bases legales muy dudosas al crear la Villa Rica de la Veracruz, lo eligieron a él para ocupar el cargo de Justicia Mayor y Capitán General. El objeto de la maniobra fue dar un barniz legal al rompimiento de Cortes con el gobernador de Cuba. Se inició entonces una tradición política mexicana: el divorcio entre las formas y su contenido.

Desde entonces y hasta poco antes de la Independencia, la tradición electoral de México -y de España- se restringió a los cabildos y a las elecciones internas de las órdenes y comunidades religiosas y de los gremios. Vale la pena mencionar aquí que los procesos de elección para los cargos públicos en las comunidades indígenas, que si bien eran un tanto sui generis por lo que a las formas se refiere, en el fondo resultaron ser, quizá, los más genuinos. En todo caso, esta democracia se practicó siempre en universos restringidos y no se echó mano de ella para designar a las máximas autoridades del Reino de la Nueva España.

Al iniciarse el siglo XIX la monarquía española entró en una profunda crisis como resultado de la invasión napoleónica a la península ibérica. Ante la ausencia del rey -tomado prisionero por los franceses- se inició en España y en sus colonias de ultramar un periodo en que la suprema autoridad debió buscar su legitimidad ya no en la herencia sino en la voluntad del pueblo, camino que había sido desbrozado por Estados Unidos y Francia. En efecto, la Junta Central de Sevilla, establecida a raíz de la prisión de Fernando VII y del levantamiento popular contra Napoleón, expidió en 1809 un decreto para elegir representantes ante un órgano supremo que ejerciera el poder en nombre del monarca prisionero, y que debería de incluir a súbditos nacidos no sólo en la propia España sino también en las colonias. Fue en estas circunstancias un tanto excepcionales que Miguel de Lardízabal, tlaxcalteca residente en España, resultó ser el primer mexicano electo diputado.

Al estallar la rebelión de independencia, la Constitución de Apatzingán decretó que las autoridades de la nación que estaba por nacer fueran elegidas por el sufragio de todos los varones mayores de 18 años que tuvieran “empleo, o modo honesto de vivir”. Lograda la independencia, en México y en toda América Latina se debatió la idoneidad de la democracia y del sufragio universal. Bolívar, pese a su liberalismo, consideraba a la democracia inviable y un terrible error. Finalmente, la idea de la democracia y la voluntad popular, como la fuente de la autoridad legítima se impuso y así quedó asentado en la Constitución de 1857. Sin embargo, esta forma democrática quedó asentada sobre un sistema electoral de naturaleza indirecta y sin voto secreto. En la realidad, las elecciones en el México de la segunda mitad del siglo XIX no fueron la vía real de acceso al poder. Como antes, la fuerza y la negociación entre los poderosos continuaron siendo los que decidieron quién y cómo habría de gobernar a México. Sin embargo, la democracia como ideal se mantuvo y las formalidades electorales, aunque vacías de contenido, se observaron puntualmente. Esto resultó particularmente cierto a partir de la tercera presidencia del general Díaz (1888- 1892), cuando la acción política de carácter independiente dejó de tener significado. El surgimiento del movimiento reyista al principiar el siglo XX y sobre todo el maderismo antirreeleccionista, exigieron devolver su sentido a los procesos electorales, pues la sociedad mexicana vio en estos movimientos una opción, si no de programa al menos de equipo político.

La caída de la larga dictadura de Porfirio Díaz en mayo de 1911, se debió a una movilización y rebelión multiclasista que se cobijó bajo un lema político muy simple, y cuya demanda central fue de carácter democrático formal electoral: “sufragio efectivo”. El otro lema del movimiento insurgente, el de la “no reelección” simplemente pretendía asegurar la observancia del principio básico: el respeto al voto.

La Revolución Mexicana reafirmó, desde su origen que la legitimidad del ejercicio del poder habría de depender en su base del proceso electoral como nunca antes. Lo novedoso del caso- y el reto al futuro- era que, en la experiencia histórica concreta del pueblo mexicano, las elecciones nunca habían tenido el papel que el lema revolucionario de 1910 parecía implicar. En realidad, el maderismo no significaba simplemente el retorno de un derecho democrático conculcado, sino era en realidad la demanda de algo realmente nuevo, algo revolucionario.

La elección constitucional en octubre de 1911 del líder insurgente triunfante, Francisco I. Madero, como presidente de la República, resultó ser, sin duda, la primera experiencia de democracia política nacional genuina del México moderno. Sin embargo, incluso esta elección, aunque libre, careció de un elemento de competitividad real, Madero fue, de hecho, candidato único, después de que el general Bernardo Reyes se retirara de la contienda electoral alegando falta de garantías para sus partidarios y el uso de métodos ilegítimos por parte del gobierno. La verdad es que Reyes abandonó la lucha electoral porque sus posibilidades de triunfo eran prácticamente inexistentes y prefirió intentar un método más tradicional: el levantamiento militar.

Conviene tener en cuenta que al triunfo de la Revolución de Madero solo una parte de la lucha política que siguió tuvo lugar dentro de las estructuras de partidos y procesos electorales.

La verdadera pugna política de entonces, y por lo que a partidos se refiere, tuvo lugar básicamente dentro del partido maderista y lejos de la acción de los electores: el Partido Nacional Antirreeleccionista que luego se transformó en el Partido Constitucional Progresista.

Al finalizar 1911, el nuevo gobierno propuso, entre otras cosas, la modificación de la legislación electoral. Fue entonces cuando murió -por lo que a las estructuras normales se refiere- el siglo XIX. La nueva ley electoral de entonces y la de 1917, habrían de establecer, de una vez por todas, el pleno sufragio universal y directo para los varones y reconocer explícitamente -por primera vez- a los partidos políticos, a los que se dotó de personalidad legal a la vez que se les fijó un número mínimo de requisitos. Sin embargo, la incógnita sobre cómo un pueblo sin tradición democrática iba a poner en práctica su nueva legislación, debió de esperar a que la lucha civil que se había iniciado con la caída de Díaz recorriera todo su trágico curso. Madero no habría de dejar el poder en la forma que él hubiera deseado. En febrero de 1913 se inició en la capital del país una revuelta militar encabezada por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que terminó diez días más tarde con el asesinato del presidente y del vicepresidente y con el ascenso al poder del general Victoriano Huerta, cuyo proyecto político resultó ser, en lo fundamental, la militarización de la política y la sociedad mexicanas como medio para tratar de recuperar la estabilidad oligárquica perdida desde fines de 1910. Conviene subrayar aquí que la dictadura huertista no pudo rechazar la democracia política por la vía electoral como la única forma de legitimar su poder de facto. En la realidad, la celebración de las elecciones tuvo una prioridad muy baja en la lista de los proyectos del huertismo. La propia dictadura consideró que las elecciones presidenciales de octubre de 1913 -en las que había salido triunfante Huerta pese a ser el jefe del ejecutivo en funciones- tenían fallas tan graves en la forma que se anularon, lo que no impidió que Huerta continuara al frente del poder como presidente interino. Las elecciones legislativas, en cambio, si se consideraron válidas, y de esta manera la dictadura consiguió un Congreso incondicional, como era su deseo. Finalmente, el congreso huertista funcionó poco, pues el triunfo de las fuerzas revolucionarias a mediados de 1914 puso punto final a la última dictadura militar que ha experimentado México.

La caída de Huerta y la disolución del ejército federal no trajeron consigo la paz. Afloraron entonces las diferencias internas de la gran coalición revolucionaria encabezada por Venustiano Carranza. La gran alianza se encontró muy pronto luchando contra sí misma en función de diferencias entre sus líderes y entre sus proyectos nacionales. La Revolución se ahondó y el sistema político mexicano prácticamente se desintegró. Ninguna de las facciones en pugna -la de Carranza, la de Zapata o la de Francisco Villa- renegó de la democracia formal como el medio idóneo y único para la selección de los gobernantes. Sin embargo, por el momento fueron las armas y no los votos las que decidieron quién gobernaría México. Para fines de 1916, las fuerzas carrancistas habían vencido políticamente a sus rivales. Se iniciaba el nuevo régimen.

La elección presidencial de 1917 con que formalmente se inauguró el proceso democrático del nuevo régimen fue muy similar a la de Madero: el candidato oficial no tuvo oposición. Venustiano Carranza obtuvo el triunfo, según las cifras oficiales, con más del 97% de los sufragios válidos. Carranza no fue, en realidad, el candidato de un partido. Más que ser apoyado por las organizaciones partidarias, estas se sumaron a la candidatura del “hombre fuerte”. Así habría de suceder también con Obregón, el último gran caudillo de la Revolución. El pluralismo político expresado a través de los partidos sobrevivió un tanto maltrecho en el Congreso. En efecto, Carranza se encontró en 1917 con un poder legislativo donde había un buen número de diputados que distaron de ser aceptables a los ojos del presidente. La política local también escapaba en muy buena medida al control presidencial, aunque esa autonomía local tenía que ver más con los cacicazgos que con la democracia.

Desde 1919, Carranza había intentado bloquear las aspiraciones presidenciales del líder más fuerte dentro del nuevo ejército -que, a su vez, era la pieza central del poder revolucionario-: el general Alvaro Obregón. En realidad, ni el presidente ni el general quisieron dejar a la veleidad de las urnas un problema tan fundamental como era la sucesión presidencial, de ahí la rebelión de Agua Prieta en mayo de 1920. En retrospectiva, queda claro que ese fue el momento en que se decidió que el proceso electoral en el México postrevolucionario podría tener varios papeles, menos el de decidir quién habría de ocupar el puesto político fundamental. Se trató, pues, de uno de los momentos fundamentales en la creación del autoritarismo mexicano.

Una vez que el movimiento aguaprietista triunfó y recibió la adhesión de numerosos excarrancistas así como de Varios movimientos que se habían mantenido levantados en armas contra Carranza, se propuso legitimar su acceso al poder mediante las fórmulas democráticas. Las elecciones de septiembre de 1920 fueron una mera formalidad, ya que Obregón entonces, como Madero y Carranza antes que él, no tuvo realmente contendiente sobre todo cuando el general Pablo González -rival de Obregón desde 1919- fue impedido de presentar su candidatura. A pocos debió de sorprender el resultado: Obregón recibió el 95% de los votos válidos.

A estas alturas se perfilaban ya dos características de todas las elecciones futuras: al candidato oficial no se le podría derrotar por la vía electoral y ningún candidato de la oposición se presentaría como abanderado de un proyecto alternativo al de la Revolución; las disputas entre el candidato oficial y sus opositores se centrarían en la personalidad y en ver quién era el más fiel intérprete de la ideología de la Revolución. Cuando en 1926 estalló el movimiento cristero -fuerza verdaderamente contrarrevolucionaria y que tenía un programa alternativo- no hubo el intento rebelde de disputar el poder a través de las urnas -sabían bien que ese camino no conduciría a ninguna parte- sino de las armas, y perdió.

Un hecho de la vida partidaria de la época que vale la pena subrayar para los propósitos de este ensayo, es que el Partido Cooperatista que se había identificado con Adolfo de la Huerta en 1923, desapareció tras la derrota militar de los rebeldes y no jugó ya ningún papel en las elecciones de 1924. El destino de este partido, como antes el del Partido Liberal Constitucionalista o después el Partido Nacional Agrarista y otros más, demuestra- por si fuera necesaria tal demostración- que los primeros partidos de la Revolución dependían básicamente de sus dirigentes y muy poco de sus bases sociales. Esta era una materia prima muy pobre para fundar un verdadero sistema de partidos, y tal sistema era la estructura indispensable para dar vida real a la democracia política. Realmente el único partido que entonces tenía básicamente un origen y un compromiso ideológico y no personal, era el Partido Comunista Mexicano, pero se trataba de un partido pequeño y con una dependencia programática del exterior muy grande, lo que le hizo incurrir en errores graves que le restaron eficacia.

La segunda victoria electoral de Obregón en 1928 fue la culminación de una forma de elección presidencial que llevó a sus últimas consecuencias su lógica interna: el general Obregón recibió 1,670,453 votos y ni un sólo voto para nadie más. Ateniéndose a las cifras, y a condición de no poner en duda su autenticidad, se podría decir que el país logró un consenso absoluto, sin precedentes en su historia, situación sorprendente debido a que en ese momento México sufría los terribles efectos de la guerra entre el gobierno y los cristeros. Esta fue la última vez en que los partidos fueron opacados de una manera tan contundente por la personalidad y fuerza personal del candidato y también que la última en que unas elecciones sin competencia -ni siquiera simbólica- llevaron al gobierno a pretender una increíble unanimidad de los electores.

El asesinato de Obregón en julio de 1928, dejó al país sin presidente electo, al grupo revolucionario sin caudillo y al sistema político sumido en una crisis profunda. Plutarco Elías Calles mostró capacidad para estar a la altura de las circunstancias y aprovechó el vacío de poder dejado por Obregón para proponer y llevar a cabo una idea acariciada de tiempo atrás por aquellos que deseaban superar la etapa del caudillismo pero sin tener que aceptar la formación de un sistema político realmente pluripartidista y competitivo. Se trató de la creación de un verdadero partido oficial que disolviera en su seno a la multitud de pequeños y grandes partidos que agrupaban a la gran “familia revolucionaria”, que también sirviera de marco para la negociación interna del grupo en el poder y, finalmente, que superara la dependencia que el nuevo régimen parecía tener -como el antiguo régimen del “hombre indispensable”.

La formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue resultado de una iniciativa lanzada desde la cúspide del poder y un proceso que involucró casi exclusivamente la élite política. El mexicano común y corriente difícilmente se dio cuenta de la importancia que tendría el surgimiento del PNR en la vida nacional. El PNR nació como un partido dominante. Su meta central fue la de convertirse en el único espacio donde realmente se diera la negociación entre las fuerzas políticas del país. El partido empezó por ser el instrumento o maquinaria en manos de la élite política- de Calles primero y del Presidente a partir de 1935- para organizar sus fuerzas con propósitos electorales y disciplinar a sus militantes.

Cuando Calles anunció en su último informe presidencial -1° de septiembre de 1928- la creación del partido oficial, también hizo un emotivo llamado a la oposición para disputar al gobierno y a su partido el derecho a gobernar, no a través de las armas como aún lo hacían los cristeros, sino mediante la lucha incruenta y civilizada de los votos. Desafortunadamente, en realidad nunca existió la voluntad política entre los dirigentes del gobierno de hacer transitar al sistema por el largo camino que media entre las elecciones formales y las reales.

LA ALTERNATIVA A LA DEMOCRACIA

Ante una relativa pérdida de legitimidad y eficacia del grupo callista y del régimen revolucionario en su conjunto, a fines de 1934 el presidente Lázaro Cárdenas encabezó desde el poder una movilización social sin precedentes. Fue a costa de la destrucción de la hacienda, de la pérdida de los bienes y derechos de las compañías petroleras extranjeras, y de aumentar la importancia política de las organizaciones laborales, que el general Cárdenas logró la consolidación definitiva del presidencialismo así como la incorporación al nuevo partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), de prácticamente todas las organizaciones de masas importantes.

Hasta el surgimiento -un tanto sorpresivo- del cardenismo y su populismo, el régimen de la Revolución había negado, con los hechos, lo que sostenía en su discurso: su compromiso con la democracia política. A cambio de esa obvia incongruencia, había prometido otro tipo de democracia: la democracia social. Esta sustitución de una democracia por la otra nunca se hizo explícita, pero se desprende nítidamente del análisis del discurso oficial de la época. Ahora bien por lo que a justicia social se refería, hasta 1934 la Revolución había hecho promesas pero no las había cumplido.

La política cardenista hizo realidad una parte sustantiva de esas promesas de justicia social. En primer lugar estuvo el reparto agrario, que entregó a los antiguos peones alrededor de 18 millones de hectáreas. En segundo lugar destacó el apoyo a la organización de los obreros y a sus demandas; en 1930 únicamente el 5.5% de la fuerza de trabajo estaba protegida por la organización sindical, pero en 1940 la proporción había aumentado a 14.5%. En 1930 había 1.3 millones de pequeños mexicanos recibiendo educación primaria, para 1940 la cifra era de 2.1 millones. En fin, se pueden elegir otros indicadores de cambio social y todos apuntarán en la misma dirección. El México que Cárdenas dejó en 1940 era sin duda más justo que el que había recibido en 1934. Sin embargo, en lo político, quizá era un país más antidemocrático en el plano electoral.

El PRM transformó al PNR de un partido que simplemente agrupaba a las élites políticas, a la “familia revolucionaria”, en un partido de masas y corporativo. Los sectores campesino, obrero, popular y militar del PRM incorporaron, a querer que no, a prácticamente todas las bases sociales organizadas del país. Pero no sólo eso, esta incorporación que les valió ventajas inmediatas les impuso a cambio una disciplina vertical que hizo del partido menos un foro de discusión y lucha de visiones del mundo, y más una maquinaria encargada de imponer la disciplina exigida por la presidencia tanto a la élite como a las bases.

El PRM, como antes el PNR, no nació para disputar con la oposición el derecho a gobernar, sino para imponer de forma pacífica y negociada de preferencia, pero por la fuerza si fuese necesario, las decisiones tomadas por los altos dirigentes. En 1929, el PNR había impuesto al ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio en contra de José Vasconcelos por medio de resultados literalmente increíbles: 93% de los sufragios en favor del nada carismático candidato del gobierno. En 1940 se volvió a repetir el fenómeno, pero esta vez el candidato oficial -el general Manuel Avila Camacho- se enfrentó a un enemigo mas peligroso que Vasconcelos: al general Juan Andrew Almazán. El general opositor tenía apoyos dentro del propio ejército, así como en las clases altas y medias, y en amplios grupos populares que no resultaron inmunes a sus llamados a una política de moderación, que por fin al sueño cardenista de hacer de México una democracia de los campesinos y los trabajadores.

La campaña política de Almazán significó un reto sustantivo para el presidente Cárdenas y para el partido oficial. Sólo el control del gobierno sobre el ejército y las organizaciones de masas, aunados a la renuencia de los Estados Unidos a apoyar a Almazán en quien adivinaba simpatías por el fascismo, permitieron al gobierno sostener con éxito algo imposible: que Avila Camacho había recibido en julio de 1940 el 94% de los votos emitidos en tanto que su contrincante apenas había conseguido el 5%.

El fraude de 1940 debió de ser pagado. En efecto, el sexenio de Avila Camacho se basó en una política de “unidad nacional” que, de hecho, significó el principio del fin del cardenismo. Se puede alegar, incluso, que el triunfo de Miguel Alemán en 1946 fue justamente el ascenso al poder de una buena parte de las fuerzas que habían apoyado a Almazán. El partido oficial pudo imponer su voluntad en 1940 y en 1946 sólo a condición de incorporar plenamente y en primer plano a esa visión del mundo qué se había aplastado de tan mala manera en las urnas al concluir el sexenio del general Cárdenas.

En 1952 México vivió la conclusión de un periodo por lo que a los procesos de la democracia formal se refiere. Fue en esa ocasión cuando tuvo lugar el último intento de un “notable del sistema” por desafiar a la autoridad presidencial, negándose a aceptar la postulación del candidato oficial a la Presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que era el sucesor del PRM. En efecto, en 1952 el general Miguel Henríquez Guzmán capitaneó la última revuelta dentro de las filas de la “familia postrevolucionaria” y se presentó como candidato presidencial de la Federación de Partidos del Pueblo (FPP). Esta vez el gobierno combinó el uso de la violencia habitual en estos casos, con una generosidad hasta entonces desconocida: aceptó que la candidatura del general Henríquez había logrado el 15.8% del voto total. A cambio de aceptar la importancia electoral de la oposición, la fuerza pública desmanteló lo que quedaba de la FPP en tanto que el PRI abrió sus puertas a una parte de los disidentes. El henriquismo desapareció para siempre. El método dejaría escuela.

A partir de 1952 y por treinta años las elecciones presidenciales perdieron casi todo su sentido como instrumento para seleccionar al equipo que habría de dirigir los destinos políticos de México. La oposición no estuvo ausente, pero provino de partidos minoritarios de izquierda o derecha -el centro político lo ocupó el PRI- que actuaron más como grupos de presión que como verdaderos partidos políticos que buscaban ser una alternativa frente a la élite gobernante. Los candidatos presidenciales del PRI ganaron las contiendas sexenales entre 1958 y 1982 con estos personajes: 90.5, 89.0, 85.8, 93.6 y 71.0. Como puede verse, es la última cifra la que se aparta de la norma oficial. Y es que en 1982 se abrió inesperadamente un nuevo periodo en la vida política mexicana. Entre otras muchas cosas, este proceso ha vuelto a poner el tema de la democracia y las elecciones en un primer plano. El viejo autoritarismo mexicano ha entrado en un periodo crítico y sus enemigos han decidido atacar su legitimidad por el lado de la democracia política.

Antes de proceder a examinar el porqué de la crisis, es necesario cerrar este apartado retomando el tema que le dio título: la democracia social como alternativa a la democracia política. Como se sabe, una vez concluido el cardenismo, la reforma agraria perdió vigor -cualitativo más que cuantitativo-, y la disciplina impuesta a los obreros a través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de todos los otros sindicatos y federaciones adscritas al PRI, sirvió menos para luchar contra el capital y más para que el trabajo se plegara a las necesidades de la acumulación capitalista. De ahí que la distribución del ingreso disponible -un buen indicador del grado de justicia social- mostrara claramente que la democracia social había perdido la batalla en el México postrevolucionario. Según la encuesta nacional sobre ingresos de los hogares que en 1977 llevó a cabo la Secretaría de Programación y Presupuesto -la última que existe- el 70% de las familias con los ingresos más bajos apenas si pudieron contar con sólo el 24.2% de todos los ingresos disponibles, en tanto que el 30% de los hogares que estaban en el tope de la pirámide social acumularon el 75.8% del total de todos los ingresos que recibieron las familias mexicanas en ese año.

Las razones de esta notable desigualdad social mexicana son muchas y complejas, pero entre ellas ocupa un lugar destacado el de la injusta distribución del poder político, producto de la ausencia de un juego real de partidos, es decir de un juego democrático. No por simple es falsa la definición que alguna vez dio Harold Lasell de política: “política significa quién consigue qué, cuándo y cómo”. En el México postrevolucionario unos cuantos consiguieron mucho del sistema económico justamente porque el poder político concentrado y ejercido de manera autoritaria así lo permitió. 

LAS RAÍCES DEL FRACASO

Las grietas del autoritarismo mexicano postrevolucionario no son nuevas. Resultaron muy visibles las dejadas por el movimiento insurgente de los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y por el movimiento de 1968 de reivindicación de la democracia encabezado por sectores estudiantiles de la ciudad de México. Las violentas represiones con que ambos movimientos concluyeron dejaron secuelas que afectaron la legitimidad del sistema. Sin embargo habría de ser la crisis económica del modelo de desarrollo privilegiado por el régimen de la postrevolución -la industrialización basada en el mercado interno a través de la sustitución de importaciones- la que abriría la grieta más profunda.

Esta tercera crisis se empezó a vislumbrar por algunos estudiosos y críticos del sistema desde principios de los años sesenta. Desde su perspectiva, era justamente la desigual distribución de la riqueza, producto del monopolio político, lo que hacía muy difícil que el mercado interno fuera un apoyo adecuado para continuar con el crecimiento que habría de sacar a México del subdesarrollo (el crecimiento promedio anual del producto interno bruto en los años sesenta y principios de la siguiente década fue del 6%). Estas voces aisladas pero insistentes, aconsejaron cambiar el rumbo. Nadie les hizo caso en los altos círculos del poder.

El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) prometió iniciar el cambio: el llamado “desarrollo compartido”. Lo hizo justamente cuando el entorno internacional empezó a transformarse desfavorablemente. Al final de cuentas nada cambió gran cosa. La inflación externa alimentó la interna y la estabilidad cambiaria -piedra fundamental del modelo económico- comenzó a desmoronarse. Se empezó a echar mano del capital externo para ganar tiempo. La devaluación del peso frente al dólar al final del sexenio llevo a una gran desconfianza que se manifestó en fuga de capitales y en una parálisis de la economía. Para 1976 la capacidad del sistema político para hacer frente a la crisis económica se empezó a poner en duda. Asomó entonces la cabeza de la crisis política. 1976 marca la entrada del régimen postrevolucionario a aguas muy agitadas, aguas de las que no ha sabido salir.

El aumento inesperado de los precios internacionales del petróleo a mediados del decenio pasado, combinado con el descubrimiento de nuevos y vastos yacimientos de hidrocarburos en el sureste de México, hizo que José López Portillo (1976-1982) tomara una decisión histórica: detener y revertir las crisis de la economía y la política mediante la inversión de enormes sumas en la industria petrolera mexicana para volver a hacer de México un importante país exportador de petróleo y sus derivados. López Portillo fue bastante lejos en sus promesas, prometió que México -por primera vez en su historia independiente- dejaría de tener necesidad de importar capital para desarrollarse, que estábamos a punto de abandonar el subdesarrollo. Claro que para hacer realidad la promesa de crecimiento e independencia era necesario, primero y sólo provisionalmente, pedir prestado, y se pidió como nunca antes se había hecho. La inversión externa directa perdió importancia frente a la avalancha de petrodólares árabes que los bancos de Estados Unidos Europa y Japón facilitaron sin miramientos al gobierno de México. En 1971 la deuda externa del sector público mexicano era de apenas 4.5 miles de millones de dólares, cuando Echeverría dejó el poder ya había subido a 19.6 miles de millones de dólares. Al entregar la banda presidencial a su sucesor, López Portillo le entregaba también una deuda pública superior a los 80 mil millones de dólares… y que seguía en ascenso.

La deuda externa mexicana creció de manera sorprendente entre 1977 y 1981 porque el millón y medio de barriles diarios que PEMEX decidió -y pudo- exportar tenían precios excepcionales, sin precedente, superiores a los treinta dólares por barril. Sin embargo, justo cuando la capacidad exportadora de la industria petrolera mexicana llegaba a su meta, el precio del petróleo crudo empezó a bajar. En 1981 la economía mexicana estaba petrolizada y el mercado mundial de hidrocarburos daba las primeras señales de saturación. En poco tiempo la promesa de la prosperidad se transformó en la certidumbre de una crisis sin precedentes desde hacia medio siglo. Fuga de capitales, devaluación, inflación, pérdida de confianza control de cambios y nacionalización del sistema bancario culminaron con la declaración mexicana de insolvencia en 1982. México, se admitió entonces, simplemente no contaba con los recursos para pagar su enorme deuda externa. La banca internacional aceptó modificar los términos de los pagos mexicanos así como otorgarle préstamos de emergencia. Pero la caída acelerada del precio del petróleo en 1985 y 1986 rebasó lo previsto. Para 1986 resultaba evidente que México no podría pagar a sus acreedores lo pactado: entre 10 ó 12 mil millones de dólares anuales.

La crisis ha significado una caída real de 40% en el ingreso de los asalariados desde 1982. El crecimiento negativo del producto interno bruto después de 1982 es otra manera de decir que no se están creando los ochocientos mil nuevos empleos que el país necesita para absorber a los jóvenes que recién ingresan al mercado de trabajo. Sin embargo, es posible que el efecto más terrible de la crisis sea el que esta teniendo sobre las expectativas, sobre la confianza de los mexicanos en su sistema político, en sí mismo y, en última instancia, en la viabilidad del país.

¿Y LA SOLUCIÓN?

Bien lo dijo hace ya algunos siglos David Hume: si las expectativas de una sociedad se destruyen -como esta sucediendo ahora entre nosotros- también se van a destruir los hábitos, y son justamente estos hábitos los que realmente mantienen la cohesión de una sociedad. Fueron en verdad las expectativas que creó el régimen postrevolucionario -y que alentó con su crecimiento económico sostenido- lo que le permitió contar con el mínimo de legitimidad para funcionar por sobre sus contradicciones políticas y sociales.

A diferencia de la mayoría de los sistemas autoritarios, el de México nunca tuvo tendencias excluyentes. En realidad, el crecimiento sostenido de la economía por medio siglo permitió a las élites políticas revolucionarias y postrevolucionarias abrir sus filas a casi todos aquellos con ambiciones políticas, capacidad de organización y aceptación de las reglas de la disciplina presidencialista.

La política de austeridad actual, aunada a la perspectiva de una deuda que pronto ha de superar la cifra de cien mil millones de dólares y cuyo pago parece extenderse hasta algún punto lejano del siglo XXI, ha destruido o debilitado las expectativas que las diferentes clases sociales mexicanas tenían en su régimen. El pacto no escrito entre el autoritarismo y la sociedad mexicana se ha vuelto a romper por tercera vez desde la conclusión de la Revolución. La primera fue cuando el nuevo régimen renegó de su compromiso democrático -la promesa maderista-, la segunda cuando traicionó su compromiso con la justicia social -la promesa cardenista-, la tercera es la de ahora, cuando se ha perdido la seguridad económica -la promesa alemanista.

Volviendo a echar mano de Hume, es posible decir que los pocos siempre han gobernador a los muchos sólo en la medida en que las mayorías perciben que el poder político es usado no exclusivamente en provecho de los gobernantes, sino también de los súbditos. Realmente no es posible mantener por un tiempo prolongado y de manera eficiente un poder que ha perdido su legitimidad. El caso de Filipinas es sólo el último de una gran cadena. La verdadera legitimidad del régimen postrevolucionario mexicano -esa que se basa no en el fiel cumplimiento de la constitución, sino en las expectativas económicas positivas de todas las clases sociales- se ha perdido.

En la actualidad, la oposición ha vuelto a echar mano de la misma acusación que le hiciera hace 75 años a Díaz, la misma que de tarde en tarde se echó en cara a los gobiernos revolucionarios, y que volvió a ser esgrimida en 1958 y 1968: la ausencia de democracia política, la carencia de un Estado de derecho. Pero no nos engañemos. El que ahora los partidos de oposición tanto de derecha como de izquierda reclamen el respeto a las elecciones, no necesariamente significa que ellos mismos sean demócratas de vieja raigambre. Hasta no hace mucho, a la izquierda la democracia política le parecía una preocupación pequeñoburguesa. La derecha veía en la democracia un elemento secundario, casi irrelevante, poco útil en la defensa de sus intereses económicos. Sin embargo, el hecho de no tener una tradición democrática no parece ser un obstáculo para la oposición pues no es ella la que ha fallado sino el régimen. Desde el triunfo de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, la democracia política -esa ficción que por un breve momento considera que todos los hombres son iguales frente al poder- no tiene rival como fuente de legitimidad, al menos en el mundo occidental. De ahí que sea lógico que la oposición -crea o no en la democracia- quiera obligar al régimen a defenderse en un campo donde siempre se ha sentido inseguro: el electoral.

Hace tiempo, cuando las condiciones eran favorables, el régimen postrevolucionario tuvo varias oportunidades de iniciar de manera paulatina, controlada y segura el desmantelamiento de su autoritarismo. Ahí están, por ejemplo, los casos de San Luis Potosí al principio de los años sesenta, o el de Nayarit el decenio siguiente. La democratización dentro del partido dominante pudo haber empezado con Madrazo hace mucho tiempo. La idea de un cambio controlado desde arriba para modernizar el sistema político mexicano tomó forma junto con el auge petrolero, pues fue justamente entonces cuando México se metió de lleno en el famoso proceso de la “reforma política”. Con toda razón Jesús Reyes Heroles diseñó tal reforma para revivir al ala izquierda del espectro político mexicano, pues a raíz de los sucesos de 1976 se percató que el gran desafío para el sistema le vendría de la derecha. Y no se equivocó, sólo que llegó más rápido de lo que se pensó.

La crisis y el surgimiento de un panismo distinto, agresivo y con bases sociales amplias en ciertos estados o regiones del centro y norte del país, llevó a que el gobierno perdiera su ánimo renovador. A partir de las aplastantes victorias del PAN en Chihuahua en 1983, el Presidente y los encargados del control político dieron marcha atrás en relación a su compromiso de seguir adelante con la democratización de México como la mejor válvula de escape ante la presión que se había venido acumulando en la sociedad mexicana en contra de su gobierno y del régimen mismo. Desgraciadamente, el gobierno volvió a recurrir al fraude, especialmente en 1985. Los costos resultaron altos. No sólo se perdió credibilidad interna, sino que también el mundo externo hizo patente su desconfianza en torno a la legitimidad -y viabilidad- del régimen mexicano. La prensa extranjera expuso a los cuatro vientos no sólo el fraude de las elecciones federales de julio de 1985 en Sonora y Nuevo León, sino que también ahondó en otra vieja característica de la vida pública mexicana: la corrupción. Fraude electoral y corrupción pública se presentaron como síntomas del mal mexicano.

Para aquellos que detentan el poder y disfrutan de él, resulta que nunca es tiempo para cambiar. Cuando las cosas marchan bien ¿para qué modificarlas? Y cuando estalla la crisis, entonces íimposible modificarlas pues es muy peligroso! Sin embargo, en México el tiempo político se está acortando. Si el régimen insiste en responder a la oposición como lo hizo antes en Juchitán o hace muy poco en San Luis Potosí, entonces todos entraremos en un proceso que promete muy pocos beneficios para algunos, y en cambio grandes males para muchos. Sin cambio, es inevitable pensar que el régimen autoritario mexicano va a perder su carácter abierto y con tendencia a incluir a buena parte de los sectores sociales y, en su lugar, va a adquirir otro, excluyente y en donde el grueso de los actores políticos van a ser pocos y van a mantener su posición por la fuerza. Pero la fuerza sola, no hay que olvidarlo, nunca ha mantenido a nadie en el poder por mucho tiempo.

Las condiciones actuales no son ideales, pero la mejor alternativa para el sistema mexicano hoy es abrirse, adelantarse a los acontecimientos y empezar a desmantelar su andamiaje autoritario para dar paso a un sistema plural y abierto. Hay que hacer de la crisis algo positivo: la partera de la democracia mexicana.