Dibujos de Naranjo

La nación mexicana, como unidad racial y cultural, aparece, a primera vista, como imposible de definir. A muchas otras naciones, pese a contar con minorías que hacen una excepción importante a su concepto, como la francesa, la inglesa, la italiana o la alemana, no parece difícil definirlas como entidades ciertas y seguras. Por raza, por historia, por cultura, por religión, por lengua, se las puede sintetizar en conceptos claros y casi inobjetables. Sus orígenes se pierden en la historia; sus caracteres son perfectamente identificables desde cualquier punto de vista; han hecho de la naturaleza circundante, su territorio, algo que les es propio y que les da su sello. Su nacionalismo es también nítidamente reconocible: él habla, justamente, de su raza, de su historia, de su cultura, de su religión, de su lengua y, como suelen apreciar los ingleses, hasta de su humor.’ Con México sucede algo diferente.

Por supuesto que nosotros también tenemos una historia y una cultura, y muy ricas, por cierto. Pero ellas no nos hablan de una nación, sino, más bien, del intento de hacer una nación. Durante el siglo XIX había una salida fácil para justificarlo: después de todo nos habíamos vuelto independientes hasta 1821, los plazos históricos no nos acuciaban, seguíamos buscando nuestro destino. Estábamos, por razones históricas de tiempo, todavía en formación. El primer gran recuento de nuestros primeros seis decenios de vida independiente lo hizo la historiografía porfirista, con la que, a decir verdad, nace nuestra ciencia histórica nacional. Eramos, decían los porfiristas, un prospecto de nación con profundas raíces históricas; no éramos un pueblo integrado cabalmente, pues los mexicanos seguían diferenciándose en troncos raciales que estaban lejos de poder conjuntarse en un todo sin excepciones; sobre todo, éramos una nación pobre, poco desarrollada, con profundas e irremediables desigualdades sociales (que la misma naturaleza imponía). Nuestro pueblo era, para los porfiristas (y en ello les servía a maravilla el positivismo spenceriano), una masa de pobres inconscientes e ignorantes y un puñado de ricos que eran, ademas, según expresión de Rabasa, los “dueños de la cultura”. La verdadera nación, aún en ciernes, no eran los pobres inconscientes e irresponsables (por lo mismo), que ni siquiera podían saber que en el mundo existe una entidad que todos llaman “México”, sino esos dueños de la cultura y la riqueza que constituían el fundamento de la nacionalidad, el “pueblo consciente” (para decirlo de nuevo con Rabasa). Nadie tenía culpa en ello. Esto era obra de la naturaleza, de la historia natural, el signo de las fuerzas ciegas que se mueven en el mundo y que son la matriz de la historia.

Los porfiristas, empero, hicieron un descubrimiento importantísimo: no habíamos acabado de constituirnos en una verdadera nación porque, para ello, nos había hecho falta el instrumento principal, vale decir, un auténtico Estado nacional. A las naciones las hacen los Estados: esa fue la obra del absolutismo en Europa y nosotros, en realidad, después de la independencia, no habíamos tenido Estado. Ese vacío venía a llenarlo la “dictadura constitucional” del general Díaz. Ahora México comenzaba a ser una nación y, para serlo, además, seguía las reglas que dicta la vida natural de las sociedades. Primero el dominio de los más fuertes y, con el tiempo, la constitución de una nación en la que gradualmente los dominados fueran alcanzando el nivel de los dominadores por naturaleza.

¿Era un mundo injusto? Claro que hoy lo diríamos sin contemplaciones. 97 por ciento de la superficie de la tierra censada en 1910 pertenecía a hacendados o a rancheros; las haciendas eran 5 932 y los rancheros 32 557; el 2 por ciento de la tierra pertenecía a los que el censo definía como “pequeños propietarios” y el uno por ciento restante se repartía entre pueblos y comunidades; de 70 mil comunidades rurales 50 mil habían sido devoradas por los latifundios. Había dos millones de aparceros y un millón y medio de acasillados. El 40 por ciento del área total del país se lo repartía media docena de latifundistas. Todo ello en un país que apenas llegaba a los 16 millones de habitantes. Si era cierto, como decían los porfiristas, que la nación, el “pueblo consciente” lo eran los “poseedores de la riqueza y la cultura”, el verdadero núcleo de nuestra nacionalidad estaba constituido por poco más de novecientas familias. El resto, 16 millones de mexicanos eran sólo “naturaleza en proceso de formación”. No encierra ningún misterio el hecho de que fuera precisamente en el país más injusto de la América Latina donde estallara una revolución que dejó un saldo de más de un millón de muertos.

Hasta los mismos porfiristas entendían que el desarrollo de nuestra nacionalidad estaba ligado a la propiedad de la tierra. Las grandes fundaciones mineras, los ferrocarriles, las primeras grandes fábricas, los grandes comercios y las instituciones bancarias que regían el desarrollo económico de México estaban casi todos en manos de extranjeros. Nuestro problema había sido siempre la tierra.

A una ideología como la porfirista sólo la podía destronar una auténtica revolución ideológica, como dijera Kant, una verdadera revolución copernicana que cambiara el centro del universo social, que para los porfiristas eran los poseedores de la riqueza, en otro que fuera puntualmente su opuesto. Esa revolución copernicana la llevó a término un obscuro y modesto abogado pueblerino que devino, por méritos propios, el verdadero genio político del proceso ideológico de la Revolución Mexicana: don Andrés Molina Enríquez. Molina, puede decirse, le tomó la palabra a los porfiristas en casi todas las cuestiones que ellos trataron para construir su filosofía de la historia; partió de sus mismas premisas; era incluso, como ellos, un spenceriano; pero, con una lógica naturalista tan irreductible y dogmática como la de ellos, llegó exactamente a resultados que estaban en las antípodas de los que los porfiristas solían sacar de su “ciencia natural de la sociedad”.

Sobre todo, Molina decidió tomar en serio el concepto de nación. ¿Qué es la nación? Molina supone que la nación mexicana lo son todos los mexicanos; pero nunca lo dice. Como buen positivista, hace un análisis racial de nuestra formación histórica nacional y sus conclusiones son impecables: no dice que todavía no llegamos a ser una nación porque sólo unos cuantos son ricos y cultos; dice que no somos una nación completa, sino en formación, porque somos desde el principio una nación expropiada y eso se refleja en nuestra historia racial. Los fundadores de nuestra nacionalidad verdadera fueron los pueblos indígenas, expropiados violentamente por obra de la Conquista, y los conquistadores, los expropiadores; pero no somos ni los unos ni los otros. Nuestra verdadera nacionalidad, en perenne formación, son los mestizos, la verdadera obra de los conquistadores y de los pueblos indios sometidos. El verdadero signo de nuestra nacionalidad, que personifican los mestizos, es el de nacer como una nacionalidad expropiada. Los propietarios son los conquistadores, que mezclaron su sangre con los indígenas, pero que jamás pudieron sustituirse a ellos. Lo nuestro sería lo indio, si todos fuéramos indios; pero no lo somos. Lo nuestro es lo mestizo. Los indígenas fueron despojados por ra violencia de la conquista; nosotros, los mestizos, por el nacimiento espurio, irreconocible para los vencedores.

Aunque la interpretaba muy a su modo, Molina era un profundo conocedor de nuestra historia y sacaba de ella conclusiones terriblemente pragmáticas. Era también un agudo conocedor de la historia del derecho de propiedad en México. Para él el hecho central de la Conquista había sido la expropiación de los pueblos indígenas, con lo cual se les había destruido como naciones. El nuevo propietario no fue una nueva nación, sino esa potencia extraña en nombre de la cual los conquistadores habían hecho su obra destructora: la Corona de España. Las antiguas naciones dejaron de existir y se fueron extinguiendo, principalmente por el hecho de haber sido expropiadas; la nueva nación nació expropiada, sin derechos, sin propiedad. Por eso es una nación en formación, inacabada, en proceso de constitución.

La Guerra de Independencia rompió el pacto colonial y abolió el derecho de propiedad de la Corona española, pero no dio el derecho de propiedad de que era titular a la nueva nación. Ese derecho se lo apropiaron los hijos de España en México, los criollos y, aunque con ellos se fueron mezclando otros elementos raciales, sobre todo mestizos, los criollos siguieron usurpando ese derecho que, en teoría, pertenecía al conjunto de los mexicanos. Toda nuestra evolución histórica está ligada a las vicisitudes de ese derecho fundamental de propiedad.

Los porfiristas decían que ellos no eran racistas, pues tenían un presidente mestizo y México había conocido en Juárez nada menos que a un presidente indígena. Para Molina no se trata de individuos, sino de los grupos sociales que integran la sociedad. Y la sociedad de su tiempo le decía que había un pequeño grupo de expropiadores y toda una nación que había sido expropiada. Por lo demás, Molina Enríquez no le reconoce a los mestizos mayor mérito que el de ser el único grupo que puede absorber en un todo a los diferentes grupos sociales. Ya son la mayoría, dice, y seguirán siéndolo por siempre, y los demás grupos no tendrán más alternativa que mezclarse y fundirse en ellos o encerrarse en sí mismos y desaparecer rápidamente.

Todo el poderoso análisis histórico de Molina lleva a una conclusión inapelable: en teoría, la nación mexicana son todos los mexicanos; pero en los hechos de la historia la nación verdadera lo es sólo una parte, si bien la mayoritaria, de los mexicanos: los mestizos. Molina no dice que los nuevos propietarios deban ser por fuerza los mestizos. Eso, en todo caso, en su concepto, deberán ganárselo. Claro que él está seguro que, tarde o temprano, se lo ganarán; pero como problema teórico e histórico no es lo que le preocupa. A él le preocupa saber a dónde fue a parar el derecho fundamental y fundador de propiedad que en un tiempo estuvo en manos de la Corona española.

Su análisis demuestra que desde el punto de vista racial y cultural la nación mexicana es indefinible. Desde ese punto de vista hay solo una expectativa, un proceso que jamás terminará mientras existan tres elementos componentes de nuestro pueblo. Claro está que el elemento dominante es el mestizo; pero mientras haya blancos y pueblos indígenas con vida propia no podremos hablar de una nación racial y cultural, como podemos hacerlo en el caso de los franceses, los ingleses y los alemanes. En lugar de una nación racial y cultural, y en ello sus lecturas de Jovellanos y su discusión en torno a los derechos de los mayorazgos le van a ayudar más que su sociología spenceriana, Molina busca y encuentra el concepto de una nación como sujeto fundador del derecho de propiedad, una nación propietaria. Es sólo un concepto jurídico; también lo era en Kant y, al igual que el inmortal filósofo de Koenigsberg, en eso, justamente, consistía la revolución copernicana del derecho, de la política y de la sociedad.

Ciertamente, no se trata de alucinaciones metafísicas, como a muchos puede parecer. Ya en su tiempo, Marx dijo que el hombre es un individuo que sólo en sociedad puede aislarse. La genialidad de Kant, el verdadero fundador del derecho moderno y, al mismo tiempo, el sepulturero del derecho natural, consistió en descubrir que el derecho individual de propiedad no puede existir si no lo reconoce una comunidad que pre-existe al individuo. Las robinsonadas del siglo XVIII, decía Marx, fallaban al considerar que no es la sociedad la que hace al individuo y, por consecuencia, al propietario privado, sino el individuo, dotado del derecho natural de propiedad (anterior a la comunidad de los hombres) el que hace a la sociedad. Para Molina todo esto estaba perfectamente claro: no es el individuo el que hace a la nación, sino por el contrario, la nación la que hace al individuo. En materia de derecho de propiedad, por lo tanto, no hay que buscar la solución en derechos naturales que son una invención metafísica, sino en la historia real y, sobre todo, en soluciones prácticas que, como es lógico, correrán a cargo de un Estado que entienda cuál es su verdadera misión en el mundo de los hombres.

¿Qué es una nación para Molina Enríquez? Lo diremos con sus propias palabras: una nación es un pueblo dueño de su territorio. “Una patria, un pueblo, una sociedad, un Estado, formas todas de la vida colectiva -escribía-, necesitan ante todo, el dominio del territorio que ocupen. La relación entre la vida de una comunidad humana y la ocupación de un territorio determinado es tan estrecha, que aquella no puede existir como tal, sin esta última.” La nación como concepto sociológico todavía no acaba de formarse, está en proceso; la nación como concepto jurídico es algo que, en cambio, ya podemos reivindicar. Aquél depende de las fuerzas ciegas de la naturaleza; éste dependerá de la voluntad de los hombres y, sobre todo, de quienes dirigen el Estado. A final de cuentas, de él dependerá también la conclusión de nuestra formación como nación racial y cultural.

La nación propietaria no es algo que esté en formación. Es más bien un programa para la acción y consiste en restituir, colectivamente, a un pueblo expropiado, la posesión de su territorio. Pero es también un dato de la historia: antes ese derecho colectivo, original y originario, estuvo en manos de la Corona de España. La cuestión crucial es: ¿quién sucedió a la Corona española en la titularidad de ese derecho? La historia nos dice que fue un puñado de individuos y no la nación. El pacto colonial se rompió sin que la nación entrará a ejercer su derecho. Ahora la nación deberá recobrarlo por la única vía que la misma historia ha dispuesto: por la vía de la expropiación de los usurpadores de su derecho original y originario de propiedad.

La nación como concepto sociológico es sólo un conjunto de grupos sociales sin voluntad propia. Eso es un hecho y no una invención metafísica. Sólo el Estado puede hablar por la nación. El representante de la nación es, pues, el Estado. Molina en Los grandes problemas nacionales ( 1909) no postula como un hecho inevitable la revolución. Postula que el Estado, el mismo Estado porfirista, debe asumir su papel como representante de la nación; pero previene, con muy buen tino, que si el Estado no lo hace, entonces la revolución se hará inevitable. ¿Cuál era la tarea que debía cumplir el Estado representante de la nación? Después de siglos de injusticia y después de casi cien años en que los derechos fundamentales de la nación habían sido usurpados por una minoría ridícula, no podía ser más que una: expropiar a los expropiadores, sobre todo cuando al círculo de los expropiadores habían entrado numerosos y poderosísimos grupos extranjeros que harían más denigrante la usurpación de los derechos de la nación.

Para Molina, el verdadero fundador de nuestro derecho público de propiedad, no puede haber dudas: los derechos naturales de propiedad son pura metafísica; es la nación la que funda y legitima el derecho de propiedad de los privados. Probablemente nunca tomó en cuenta a Rousseau, pero se le parece como una gota de agua a otra: para Rousseau, en efecto, el derecho natural de propiedad no existe; es el Pacto Social el fundador y el legitimador, además que el protector, del derecho de propiedad privada. La Revolución le iba a enseñar a Molina otra verdad: que la propiedad privada debe existir sólo si cumple con una finalidad social y se pone al servicio de los demás. El derecho de propiedad de la Colonia, su verdadera fuente de inspiración, le proporciona una figura jurídica que viene muy al caso: el derecho de reversión, que ya indicaba que si un propietario por voluntad de la Corona no destinaba sus bienes al beneficio común perdía su derecho de propiedad y sus bienes volvían al dominio real. Para Molina, en los días del Constituyente, la nación era también el sujeto titular del nuevo derecho de reversión. Si el privado no cumplía con los objetivos sociales de los que dependía su propiedad privada era pasible de expropiación y sus bienes debían retornar al patrimonio común, al patrimonio de la nación.

No se crea que todas estas ideas se convirtieron fácilmente en patrimonio de los revolucionarios y de los fundadores del Estado de la Revolución Mexicana. El que ahora las hayan casi olvidado demuestra que muy pocos las entendieron y, lo que es más importante, las compartieron. Molina tuvo que volverse un auténtico mago para hacer que esas ideas quedaran plasmadas en el articulo 27 de nuestra Carta Magna. El era protegido de Luis Cabrera, entonces y desde hacia varios años, ministro de Hacienda de Carranza. Cabrera, cabe recordar, se declaró alumno de Molina y defendió su gran obra en los debates de la Cámara de Diputados en su célebre discurso del 3 de diciembre de 1912. Hasta su muerte y creo que sin haberlo entendido nunca, Cabrera le guardó a Molina la más pura devoción de amigo y alumno. Molina, entonces, pudo participar, sin ser diputado constituyente, en los trabajos de nuestra gran Asamblea Constitucional e introducir en la nueva Carta Magna sus ideas geniales.

El ministro de Fomento de Carranza, el ingeniero Pastor Rouaix, que también era diputado al Constituyente, organizó un grupo de trabajo en el que participaron varios diputados y expertos; entre éstos se contaba Molina. Ni Rouaix, que parece no haber tenido la más mínima simpatía por Molina, niega la importancia que tuvo la participación del abogado sociólogo de Jilotepec. Incluso, admite que el grupo le encargó a Molina un texto de nuevo articulo 27, pero éste fue rechazado porque, según dice Rouaix, más parecía una tesis jurídica que una tesis política, que era, justamente, lo que se requería. Nadie sabe dónde fue a parar el texto propuesto por Molina y, así, la historia nos ha negado el derecho de conocer esa “tesis jurídica”. Pero estos avatares poco cuentan. Cuando una examina el nuevo articulo 27 ve, de cuerpo entero, las ideas por las cuales se batió Molina Enríquez.

Si uno ve el 27 en su versión original, sin perversiones alemanistas ni pesadeces echeverristas, lópezportillistas o delamadridianas, uno encuentra un auténtico proyecto nacional que, a la vez, define y programa. Define nuestro concepto de nación y programa su conformación por venir. Ahí la nación es la autora de nuestros días y de nuestras fortunas, la columna central de nuestra sociedad y, también, el futuro que, en justicia, nos debería esperar. Inclusive, podría admitirse, con Lombardo, que el socialismo está ya diseñado, en sus rasgos esenciales, en ese articulo fundamental. No fueron, pues, una mera casualidad, las perversiones de sus principios, introducidas después, y que han acabado por deformar totalmente su contenido.

La nación, de acuerdo con el 27, es la comunidad original, en el tiempo y en el concepto, en la cual se realizan los derechos individuales y frente a la cual y por la cual se legitima su existencia. En su maternal contexto nos aislamos, como dijera Marx, y nos volvemos propietarios privados. Es, por lo mismo, una comunidad originaria, en el sentido de que origina ésos nuestros derechos privados. Pero, por ser original y originaria, al mismo tiempo, esa comunidad tiene el derecho de imponer las modalidades que dicte el interés público a nuestra propiedad privada. Es la negación de la doctrina del derecho natural de propiedad que ve a la propiedad privada como goce de las cosas en propiedad y al mundo exterior como el ámbito en donde se despliega e impone su voluntad la iniciativa personal. La propiedad, en la más pura tradición jurídica de occidente es un derecho, pero, a la vez, un deber. Molina podría haber dicho: es un derecho que nace del deber. Es una lástima que nunca lo haya dicho así; pero, de cualquier forma, lo dijo de muchas maneras. La propiedad privada se justifica por su deber en el mundo exterior de las relaciones sociales. Está concebida para el beneficio social, para satisfacer necesidades sociales, para cumplir tareas constructivas colectivas. La nación esta por hacerse y debe todavía acabarse de hacer: a ello debe contribuir la propiedad privada. La propiedad privada es decidida por la nación para acabar de constituirse.

De acuerdo con el 27 la nación es propietaria originaria (en virtud de que es de antemano propietaria original, en el tiempo y en el concepto, es decir, en. el derecho) de las tierras y aguas, del subsuelo y de los mares aledaños. Se da por un hecho que lo es también del espacio que se levanta sobre su territorio. En los años veinte se produjo una polémica que acabó de definir los derechos de la nación y de sus hijos, los propietarios privados. Los reaccionarios se preguntaban, ante esta doctrina: “y, entonces, ¿qué le queda al individuo?”. En esa polémica también participó Molina Enríquez. Algunos reaccionarios dijeron entonces que si la nación era dueña del territorio, su subsuelo y los mares aledaños y la plataforma continental, entonces, por lo menos podían quedar al individuo los frutos de su talento personal. Se les contestó, con certeza admirable, que eso podía ser posible, siempre y cuando el talento pudiera mantenerse sin alimentos que la nación da, sin materiales que da su territorio y haciendo a menos de la explotación de sus hijos; que también forman parte de su patrimonio. Entonces se acuño una expresión pertinente y genial para calificar el dominio de la propiedad privada: se dijo que mientras que a la nación pertenecían tierras, aguas, subsuelo, mares aledaños y plataforma continental, a los privados pertenecía la superficie del territorio. Y desde entonces el propietario privado es un superficiario.

A Molina Enríquez debemos una fórmula que habría suscitado el aplauso de Maquiavelo: Estado que no tiene un control permanente sobre las relaciones de propiedad es un Estado que carece, sencillamente, de poder. Atendiendo al destino de los bienes del clero, el párrafo séptimo original del 27 da la solución a ese problema. La propietaria, original y originaria, es siempre la nación, pero su representante es el gobierno federal. La fórmula es impecable. No podía decirse que el propietario, en lugar de la nación, es el Estado, pues ello habría echado por tierra toda la doctrina. Como decía Kant, no hay propietario privado que pueda competir con un Estado, a su vez, propietario. Eso han hecho del llamado “capítulo económico” de la Constitución De la Madrid y sus asesores con las reformas de diciembre de 1982. No: la propietaria es la nación, el todo, la comunidad originaria en la que se forma y se legitima la propiedad privada; pero su representante frente a los individuos es el Estado y, más precisamente, aquél de su órganos que posee las facultades ejecutivas, es decir, administrativas, el gobierno federal. Todos los dictados de la nación los recibe y los interpreta el Estado y, en particular, su Poder Ejecutivo, para satisfacer el interés público.

En el texto original del 27 la nación “ordena” al gobierno federal conservar en el dominio de la nación los bienes nacionalizados del clero, realizar la reforma agraria y devolver al patrimonio común los dominios privados sobre nuestro subsuelo. Se trataba de una definición: qué bienes deben permanecer en el dominio nacional; y de un programa: como hacer que esos bienes salieran del dominio privado para reintegrarse, en razón del derecho original de reversión, al patrimonio de la nación mexicana.

Tenemos, así, que el 27 instituye dos tipos de propiedad, jerárquicamente dispuestas: una, original (existió antes en el tiempo y en el concepto) y originaria (de ella y sólo de ella derivan otros derechos de propiedad), la propiedad de la nación. Y otra: derivada (es decir, originada, decidida y condicionada), que es la propiedad privada y a la cual se debe agregar la propiedad que hoy llamamos social y que comprende todas las formas de propiedad colectiva: las comunidades indígenas, los ejidos y las cooperativas y sociedades civiles. Las reformas del presidente De la Madrid las igualaron, como si se tratase de propiedades equivalentes y no jerarquizadas, como lo disponen la letra y el espíritu del 27 original. Las reformas de De la Madrid hacen algo peor: introducen el concepto “dominio de la Federación” que, en derecho, quiere decir “propiedad del gobierno federal”, ya ni siquiera “del Estado”, lo que habría hecho suicidarse a Kant, el fundador del derecho moderno de propiedad. Todo ello mientras el 27 sostiene el principio del “derecho originario de la nación”.

Después de las reformas de diciembre de 1982, por decirlo así, cohabitan, en la misma Constitución, dos doctrinas antagónicas entre sí sobre la propiedad: una, la del 27, que dice que hay do tipos de propiedad jerarquizadas: la original y la derivada. Otra: que nos presenta tres propiedades iguales en derechos, pero cuya legitimidad no se sabe ya de dónde viene: la propiedad privada, la propiedad social y algo que se denomina, expresamente, “dominio de la Federación”. Lo que los asesores de De la Madrid han hecho con sus reformas equivale a varias verdades que ya están establecidas: una, que la propiedad de la Federación (so to speak) sustituye, sin que nadie sepa decir de dónde viene, a la propiedad de la nación; otra, que la propiedad de la Federación (now so called) tiene un límite ya determinado por la letra de nuestra Carta Magna y que nada podrá hacerlo ir más allá de lo ya establecido; otra más, que, por ello, la propiedad privada puede dormir tranquila, finalmente, pues los límites que la protegen, que son los mismos de la anterior, ya no podrán ser sobrepasados; y otra más, que si el Poder Judicial Federal interpreta a la letra las nuevas reformas no habrá modo de imponer sobre la propiedad privada, así relegitimada como derecho anterior a la comunidad, o sea, como derecho natural, el interés público, vale decir, esa voluntad de la nación que ahora queda como letra muerta en el texto del 27.

Las nacionalizaciones que derivan del 27 constitucional tienen siempre un mar de fondo histórico. Son siempre reivindicaciones de la sociedad, de la comunidad en la cual se forma, se legitima y cumple sus funciones sociales la propiedad privada. En virtud del derecho de reversión constituye siempre un retorno al patrimonio común por un mal uso que los privados hicieron de los bienes que se les encomendaron. Algunos teóricos del derecho civil de propiedad opinan que, aun siendo derivada, la propiedad es absoluta o no es propiedad. Es una falacia. Incluso cuando se considera a la propiedad privada como un derecho natural, anterior a la comunidad, la mayoría de los tratadistas del derecho de propiedad opinan que no puede existir, precisamente por razones de utilidad pública y de interés de la sociedad, el derecho de abusar (abutendi) de los propios bienes. La expropiación de la propiedad privada por razones de interés público es una institución clásica del derecho moderno. La nacionalización, que quiere decir, devolver al patrimonio de la nación los bienes en manos de privados, por un interés público, constituye una figura mucho muy superior, porque define también a una comunidad mucho más superior que el “interés público”, que no es sino la traducción jacobina del medieval “bien común”. Ahora se trata de “La Nación”, es decir, una comunidad social representada por una organización política que es el Estado.

La expropiación petrolera, la nacionalización de la industria eléctrica y la nacionalización de la banca, para no citar las expropiaciones de latifundios, tienen por detrás la razón esencial del derecho de reversión: el mal uso que los privados hicieron de sus bienes, la necesidad colectiva de esos bienes o la decisión de excluir del dominio de los mismos a extraños que se beneficiaban sin que nuestros nacionales pudieran hacerlo. Es casi una ironía que todos los actos de nacionalización de los gobiernos de la Revolución no hayan invocado, expresamente, ése que es el fundamento de toda nacionalización en nuestro derecho constitucional de propiedad y que se llama derecho de reversión. Fuera de algún artículo de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para precisar una facultad de la Secretaría encargada de nuestro patrimonio nacional, el derecho de reversión es, prácticamente, una institución no reglamentada, sino supuesta, por nuestro sistema jurídico nacional.

No sólo se nacionaliza porque la nación “así lo quiere”. Si así fuera las arbitrariedades serían infinitas. Se nacionaliza, de ahí el derecho de reversión, porque la nación lo necesita y porque los privados han hecho mal uso de los bienes que ella misma les encomendó en calidad de propiedad privada. Es cierto, la nación jamás podrá reunirse en un claro del bosque para decidir su destino y decidir lo que tiene que decir por ella misma. Eso no lo dijo Molina Enríquez; lo dijo Rousseau: el pueblo no puede permanecer unido y decidiendo por sí mismo. Pero, en buena lógica jurídica y política, la nación crea el órgano que decide por ella. Eso sí lo dijo Molina Enríquez. Ese órgano es el Estado y ni remedio tiene. Su legitimidad le viene, precisamente, del hecho de que puede decidir por la nación y, como decía Rousseau, mientras el pueblo no se rebele y haga estallar una guerra en contra del Estado existente, este conserva su legitimidad y la representación de la nación. Las nacionalizaciones decididas por el Estado y su Poder Ejecutivo son, pues, legítimas, pero tienen, además, el fundamento de los supuestos que apoyan la nacionalización y se resumen en el principio fundador del derecho de reversión. 

Puede entenderse, por todo lo dicho hasta aquí, lo que es nuestro nacionalismo. No se funda en el orgullo de raza, cultura, creencias, lengua, religión y valores particulares de la vida, sencillamente, porque tenemos varias razas, culturas, creencias, lenguas, religiones (ícómo no!) y conjuntos de valores. A setenta y cinco años de haberse publicado Los grandes problemas nacionales de don Andrés Molina Enríquez, hoy podríamos suscribir todas y cada una de su tesis de interpretación histórica del desarrollo de nuestro país.

Después de ese acontecimiento histórico hubo muchas interpretaciones que compitieron y se diferenciaron de las que dio Molina. Pero siempre, en cada caso, lamentamos el que cuando se trató de interpretar nuestra historia social, económica y política el concepto de nación fuese siempre poco preciso, mal definido o, cuando menos, demasiado genérico como para poder identificar un contenido con referentes claros y confiables. Por supuesto, cuando todo mundo dijo “la nación” siempre se refirió a los “mexicanos”; pero eso fue siempre insuficiente. Todo mundo se tropezó, por decirlo de algún modo, con las barreras insuperables que Molina había ya encontrado en su camino: cada uno de los que quisieron definir a la nación, desde Gamio y Vasconcelos en adelante, tuvieron siempre que excluir en su definición a sectores importantes de la sociedad que, a su parecer, no formaban todavía o no podían formar parte, de ninguna manera, de “la nación”. Como ya lo había constatado Molina Enríquez, unas veces se trataba de los grupos indígenas que, en efecto, formaban “otras naciones” (el nacionalismo de la Revolución Mexicana, por lo mismo, también desde Gamio, siempre buscó disolver las nacionalidades indias para incluirlas en la “gran nación”, la “nación única”). Otras veces se trató de los grupos europeos o europeizantes que jamas llegaron a identificarse con el grueso de la población el “verdadero pueblo”, integrado por esos “híbridos” que Molina descubrió precisamente como el único posible elemento conformador de la nacionalidad: los mestizos. Esos elementos europeos o europeizantes, por lo demás, eran y siguen siéndolo, un factor desnacionalizador en la medida en que se convertían en un foco de atracción para sectores mestizos, generalmente los mejor situados en la escala de los ingresos, que no entendían y siguen sin entender o, incluso, abiertamente repudiaban el “gran todo” del mestizaje. Otro elemento que hacía excepción a la nación así entendida era también de origen económico: era un amplio sector, en su mayoría mestizo, que trabajaba o estaba asociado con la amplia gama de los intereses extranjeros que operaban y siguen operando en nuestro país. Para ese sector la “nación” no existió nunca como tal; lo que existe, hasta el presente, es sólo un mundo de oportunidades o, como me sugirió recientemente Rolando Cordera, el mundo vil y descarnado de los negocios, cuya universalidad y, por consiguiente, cuyo antinacionalismo es evidente, y en el cual ese sector se ha abierto camino, lo que ve como una prueba de su superioridad o de su fortuna y eso, por razones obvias, lo coloca por encima o por fuera, de lo mismo, de la “nación” que, así, queda, como la “nación de los pobres”, exactamente como lo vio hace tres cuartos de si lo Molina Enríquez.

Como aquel gran mexicano lo vio, en efecto todo ello implica dos resultados concomitantes: uno, que a la nación siguen sin integrarla todos y que, por ello es perennemente “incompleta” e “inacabada”; dos, que la “nación” es siempre pobre o, dicho de otra manera, hecha de individuos pobres, pero con un patrimonio que, por separado, es siempre rico. La cuestión sigue siendo: en manos de quién está ese patrimonio. Los ricos, individualmente considerados, por las razones anteriores, están siempre fuera de la nación. La gran propiedad individual difícilmente puede conjugarse con la nación, cuyos individuos son pobres, pero su patrimonio es enorme. La nación pobre, sin el Estado administrador de su enorme riqueza común es, por lo tanto, sencillamente inconcebible. Molina lo dijo muchas veces y de muchas maneras.

La nación, que en derecho (en teoría) tiene un patrimonio que ningún particular puede igualar, ha decidido (ficción jurídica) constituirse del único modo en que puede hacerlo: nacionalizando. Crecemos y avanzamos en nuestra historia, lo decía Rafael Galván, nacionalizando. Cuando todos seamos dueños reales de nuestro patrimonio nacional incluso las diferencias de raza serán secundarias para definirnos como nación, tal y como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo. Mientras tanto, en una economía que sigue siendo por antonomasia la relación con los medios escasos, sólo hay una salida: concentrar nuestro patrimonio en manos del representante de la nación que es el Estado. En la medida en que lo hagamos nos desarrollaremos, colectivamente, como nación. Ello explica una razón sencilla de nuestra historia: nuestro nacionalismo no se desarrolla de ese sustantivo que como existencia real todavía no acaba de darse y sigue siendo incompleto: la nación. Sino de un verbo, que es acción, que es voluntad de Estado, que es consenso popular, que es historia de masas y, particularmente, historia de la clase obrera mexicana, y que sigue siendo reivindicación de las mayorías necesitadas: nacionalizar. Kant se maravillaría de la manera en que el derecho, como reivindicación, como historia, como deber político, como ansia popular y como programa se ha plasmado en un pueblo joven que quiere ser una nación como lo es el pueblo de México. Lo único que necesitamos, y ya va siendo demasiado, es un Estado con vocación y decisión de construir la historia como lo dicta todo nuestro glorioso pasado: nacionalizando.