En las líneas de sombra

A casi dos años de la asunción del nuevo gobierno – que significan la tercera parte de su plazo total- el país sigue sumido en la profunda crisis de la economía, que afecta a las relaciones en la sociedad y al clima objetivo y subjetivo en que los grupos e individuos actúan. La crisis se ha vuelto no sólo palabra sino realidad habitual; causa, efecto y explicación constantemente reiterada. Para los más, de privaciones, sacrificios, postergaciones y esperas indefinidas. Para los menos, terreno propicio para la especulación, financiera o filosófica. La condenada crisis se ha vuelto tema obligado y argumento universal.

Con la crisis a cuestas, la sociedad está llena de dudas e inquietudes sobre su destino inmediato y su camino, que se originan en buena medida en las que se perciben como áreas problemáticas no resueltas, como las zonas crepusculares de la vida nacional. Son muchas las percepciones posibles de esas áreas de penumbra. Esta es simplemente una de ellas. Se basa en algo que es importante aclarar desde el principio: las declaraciones y programas del gobierno fueron tomados en serio, como expresión de su análisis de la situación y de su intención y esfuerzo para resolverla, independientemente de su coincidencia con otras percepciones y con otros proyectos para resolver la situación. Los problemas no resueltos se localizan en las formulaciones gubernamentales, en sus ofertas a la nación.

La selección de los problemas no resueltos es casi infinita Opté por los temas que me parecieron centrales: política económica, democratización y política-política, y Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica. No son todos pero ciertamente corre tinta por ellos. También por ellos corren sudor y lágrimas, rumores, imprecaciones, interjecciones malentendidos, sobreentendidos y no entendidos. Usé liberalmente de las ideas de los asistentes a las reuniones en que tratamos de articular la problemática inmediata de la nación. También usé sus textos y datos. Razón poderosa para no citarlos, lo que los disocia de mis malinterpretaciones, excesos, prejuicios, así como de la redacción esquemática y apretada.

En diciembre de 1982, el nuevo gobierno estableció el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) para enfrentar la crisis, considerada como de “dimensiones sin precedente desde la gran depresión de los años treinta”.(*) En mayo de 1983, el PIRE fue incorporado como la primera línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 La vigencia del programa ha sido reiterada y muy recientemente, en la Primera reunión de la banca nacionalizada, las más altas autoridades la confirmaron como el eje de la política económica de la presente administración.

*. Las citas entre comillas están tomadas de los “Criterios Generales para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1983” de 7 de diciembre de 1982.

Los dibujos de Diego Rivera que ilustran este artículo vienen en el libro de Leah Brenner An Artist Grows Up in México, Beechhurst Press, Nueva York, 1953. Es una serie de historias sobre el niño artista Pancho Pacheco, su crecimiento y aventuras en el México porfirista. Los dibujos de Rivera ilustran todos los capítulos y a eso se refieren los pies de las ilustraciones.

El PIRE “se propone combatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas, proteger el empleo y la planta productiva. Para ello se plantean acciones de gran impacto y magnitud que van a la raíz de los problemas. Se inician así las reformas y cambios deseados en la sociedad y la economía, para aumentar el ahorro y la disponibilidad de divisas, incrementar la eficiencia del aparato productivo y corregir la profunda desigualdad social”. El combate a la inflación destaca como el objetivo supremo, ya que ésta imposibilita el ahorro y “golpea principalmente a los asalariados y a los marginados, concentrando excesivamente el ingreso”.

El PIRE definió sus acciones principales como “la austeridad en el gasto público y la reorientación del programa de inversiones; acelerar el proceso de reforma tributaria y de los ingresos de las empresas públicas, moderación en las utilidades y en los salarios; programas de protección al empleo y al abasto popular; apoyo a la planta productiva”.

En términos generales las medidas correctivas se han aplicado con rigor y celo. Se logró y acaso se excedió la reducción a la mitad del déficit del sector público como proporción del producto interno bruto en 1983. La moderación de los salarios abatió en 1983 el salario real mínimo en más de un 25% y el ingreso de la mayoría de los trabajadores en proporciones similares, hasta superar en algunos casos las demandas y expectativas empresariales. No hay evidencia de que la moderación también afectara a las utilidades ya que las débiles reformas tributarias aplicadas no podían lograr ese objetivo y fueron compensadas por exenciones y estímulos fiscales. De manera selectiva se ajustaron las tarifas de bienes y servicios del sector público pero no logró configurarse un sistema ni una política clara para el abasto popular. Las poderosas herramientas del gobierno se volcaron con fuerza para el cumplimiento del PIRE, por lo que todos sus supuestos se volvieron acción y dato.

Pese a que las acciones del gobierno correspondieron a lo prometido, hay resultados en áreas claves que han quedado lejos de lo programado. La inflación en 1983 superó en casi un 50% a la cifra anunciada y, al parecer, en 1984 la desbordará en una proporción similar o más elevada, sin que pueda atribuirse esa tendencia al excesivo gasto público. El mercado de divisas no se unificó ni se ha suspendido la fuga de capitales. Ha aumentado sensiblemente el nivel de las reservas en divisas pero no su disponibilidad. Se esperaba que en 1983 el crecimiento del producto interno bruto fuera ligeramente negativo o igual a cero, pero el descenso de menos 4.7% superó ampliamente lo programado. El superávit en la balanza comercial y en la cuenta corriente del país superaron, por el contrario, todas las previsiones, lo que permite suponer que la recesión fue amplificada por las políticas restrictivas, que excedieron las condiciones establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Pancho ve a María, su protectora y amiga, curar a una joven enferma. Arriba, el conejo de la luna mágica.

De los efectos que no correspondieron a las previsiones, la inflación y la recesión excesiva anulan y revierten cualquier impacto redistributivo, por lo que la carga de los costos del programa ha sido muy desigual en contra de asalariados, marginados y campesinos. Para estos grupos, especialmente en el caso de campesinos y marginados, que carecen de representación y de canales de negociación, los efectos acumulativos afectan ya los niveles básicos de nutrición y de salud. En los aspectos distributivos, los objetivos del PIRE están hoy más distantes que en diciembre de 1982. La corrección de la desigualdad social que se buscaba no se consiguió.

La distancia entre los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos constituye una evidencia de la necesidad de revisar el programa. El PIRE, desprovisto por la recesión e inflación excesivas de su capacidad para incidir en la corrección de la desigualdad social, se equipara con un programa convencional de reajuste para el reestablecimiento de las condiciones previas. Equivale a una purga que limpia y purifica las estructuras y tendencias que provocaron la crisis y la inaceptable desigualdad. Vale recordar que el PIRE se presentó como la “base que el Estado proporciona para un nuevo pacto social que involucra a toda la sociedad sobre principios de equidad, en la cargas y en sus beneficios”. Esa es su justa dimensión, la que lo distingue del simple acatamiento de las recetas recesivas del Fondo Monetario Internacional.

El desajuste entre las medidas correctivas y los resultados no ha sido objeto de un análisis, de una aclaración que lo explique y de una argumentación de las razones para mantener inalterado el programa pese a resultados que son adversos. La inflación se presenta como un factor externo y ajeno al programa, como si estuviera desligado del gasto público y la paridad cambiaria. La recesión aparece como dotada de vida propia y el costo social figura como un resultado del pasado. Cada día más, el pasado está conformado en gran medida por el PIRE. La distinción entre la crisis como algo heredado y el programa para superarla como algo novedoso no puede sostenerse indefinidamente. A dos años, el PIRE, que es un efecto de la crisis, puede ser también una causa parcial y una fuerza alimentadora de su permanencia.

La segunda línea de estrategia que establece el Plan Nacional de Desarrollo, complementaria del reordenamiento económico, se enuncia como el cambio estructural. Las orientaciones generales para el logro de ese objetivo se sintetizan en seis enunciados: 1) enfatizar los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento, 2) reorientar y modernizar el aparato productivo, 3) descentralizar en el territorio las actividades productivas y el bienestar social, 4) adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades del desarrollo, 5) preservar, movilizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional, y 6) fortalecer la rectoría del Estado, impulsar el sector social y estimular al sector privado.

Se afirma justamente que el cambio estructural es un proceso que necesariamente toma tiempo en materializar. Sin embargo, y pese a que en el primer mes de gobierno se adoptaron las reformas legales tendientes a propiciar en algunos aspectos el arranque del proceso, éste parece suspendido o está muy retrasado.

Los planes sectoriales a mediano plazo se establecieron como los instrumentos para dirigir el cambio estructural y establecer las acciones concretas para obtener metas cuantitativas. Estos programas se retrasaron. Aun faltan algunos de ellos, como el del sector agropecuario de manera destacada. En general, los documentos que se han dado a conocer, casi siempre de manera sintética, han quedado cortos respecto a sus propósitos y en ellos el cambio estructural no aparece delineado con vigor y claridad. La ausencia o limitación de los planes y programas sectoriales a mediano plazo no sería notoria si las acciones concretas se enmarcaran en políticas que propiciaran el inicio del proceso perseguido de cambio estructural. No hay evidencias de que los llamados “cuellos de botella” de la dependencia externa y de la rigidez de la estructura productiva, que tienen un papel central en el diagnóstico de la crisis en el Plan Nacional de Desarrollo, se estén superando o cuando menos enfrentando con decisión para prevenir la recurrencia cíclica del hundimiento. El cambio estructural parece supeditado a las urgencias financieras que el PIRE está atendiendo a costa del sacrificio del combate a la desigualdad.

Cuestiones esenciales para propiciar el proceso de cambio estructural no han sido tocadas. La banca nacionalizada uno de los instrumentos más poderosos en manos del Estado para promover y dirigir la inversión, sigue operando con las mismas normas y orientaciones que cuando era privada. No sólo eso, sino que se han alentado y auspiciado a los “intermediarios financieros no bancarios”, en manos privadas, que empiezan a competir con la banca nacional por la captación del ahorro y hacen cada vez más remota su reorientación. La desactivación de una de las armas más contundentes y eficaces para lograr los procesos perseguidos bajo el rubro del cambio estructural, produce en algunos sectores de la sociedad cuando menos perplejidad.

La venta de los activos no bancarios, su devolución si se considera el monto de las indemnizaciones y su forma de pago, la posibilidad de operar casas de bolsa y compañías de seguros, la intervención en los consejos directivos de la banca nacional y otras formas de compensación a los ex-banqueros, no parecen medidas congruentes con la búsqueda del cambio estructural. Los banqueros de antaño han sido admitidos como interlocutores favorecidos en la aplicación de las medidas para superar la crisis. El reestablecimiento de uno de los grupos de presión que la misma situación había eliminado para impedir la constitución de lo que en Argentina bautizaron como la patria financiera, el predominio de la especulación sobre todas las actividades de la economía, todavía constituye una incógnita para muchos analistas de la realidad nacional.

Decisiones como la de permitir la inversión extranjera total en ciertas ramas industriales vagamente indefinidas, que al parecer no han recibido la respuesta esperada, o la de privatizar empresas paraestatales o liquidarlas, que no quedan enmarcadas en una política general, disminuyen la capacidad del Estado para promover y encabezar el proceso de cambio estructural. Todas las ausencias o acciones que desalientan la esperanza en el cambio estructural pueden ser consecuencia de un simple rezago o tener una explicación casuística plausible y convincente, pero el conjunto sugiere que la línea estratégica para lograr el cambio estructural no ha podido ser implementada o ha sido postergada, por lo que corre el riesgo de quedar fuera de los límites del sexenio… 

El mercader de arte ante el estudio de José Guadalupe Posada. 

La postergación de la estrategia para el cambio estructural se ilustra claramente en el caso de la política agraria y agropecuaria del régimen, que aparece como un área en que el rumbo se ha perdido. Esto tuvo que ver necesariamente con el primer relevo en el gabinete. Mientras la corrección no suceda quedan los hechos, las impresiones y los pocos datos fidedignos o verosímiles que sustentan el desconcierto y la desconfianza.

Por debajo de un verdadero torrente de declaraciones generales y pese a ello con frecuencia contradictorias, un manejo de las cifras inconsistente y controvertido por los propios organismos gubernamentales, y las reformas legislativas sustraídas del debate, subyace el incremento de la dependencia alimentaria, incluso después de un magnífico año agrícola que, ojalá, se repita en este ciclo.

Este hecho no puede desligarse de las acciones estatales, que pese a la confusión declarativa, muestran cierta congruencia. En una dirección se aplica con el máximo rigor el supuesto de las ventajas comparativas en la producción de los alimentos básicos para el consumo popular. En estos productos, los precios de garantía se han fijado a la par con los precios del mercado internacional – o de la bolsa de Chicago- que se convierten a pesos al tipo de cambio controlado y se establecen con varias veces de anticipación al levantamiento de las cosechas. Si el supuesto de las ventajas comparativas y sus criterios de ejecución se aplicaran a otros sectores de la economía, la planta productiva del país se desintegraría. Con estas reglas de juego, los productores grandes abandonan la producción de básicos o la orientan no para cosechar granos sino subsidios. Los productores campesinos, sin espacio para la especulación, resienten el deterioro de su ingreso y carecen de otro estímulo distinto a la necesidad para mantener su producción. Costos crecientes, créditos reducidos, contracción en el mercado de trabajo y descenso de los salarios reales rurales para los campesinos configuran el fenómeno de la dependencia alimentaria. Esta se expresa también en el deterioro de la alimentación popular que está alcanzando niveles alarmantes, en pobreza y desigualdad entre productores y consumidores y en un círculo vicioso de subsidios crecientes e ineludibles al consumo urbano de granos importados.

El reparto de la tierra está suspendido. Las reformas a la Ley Federal de Reforma Agraria no están dirigidas para promover la redistribución sino la legalización de la propiedad existente. Con esas reformas, la concesión de certificados de inafectabilidad para la propiedad privada se convirtió en un acto administrativo y clandestino sobre el que no se informa a la nación. El programa de gobierno anunciado se propone regularizar la totalidad de la propiedad agraria en el sexenio, promesa que también hizo la administración pasada, para proceder posteriormente al reparto de los excedentes que pudieran detectarse. La seguridad de la tenencia que se enuncia como objetivo prioritario congela la estructura de la propiedad vigente, caracterizada por una creciente desigualdad. La regularización de la tenencia es ciertamente para la redistribución y el fortalecimiento del sector social agrario. Alrededor del fortalecimiento del sector social gira cualquier proyecto de cambio estructural.

Un vendedor de jarabe de axolotes.

La suspensión del reparto agrario y el sometimiento de la producción a los precios del mercado internacional sin mediaciones, implica no sólo la renuncia a la autodeterminación alimentaria, sino también a la formulación de una política nacional para el sector agrario. El predominio de esas tendencias equivale a una estrategia que se define fuera del país, en los centros del mercado mundial y entre las cinco grandes empresas transnacionales que controlan el intercambio de los granos y cereales básicos. En el sector agrario no se percibe todavía la voluntad política para promover el cambio estructural, para lograr el desarrollo rural integrado y corregir los términos de intercambio dentro del sector y las de éste con el resto de la economía.

La preeminencia de la búsqueda de la sanidad financiera sobre el combate a la desigualdad y la promoción del cambio estructural, que condiciona y limita la oferta de un nuevo pacto social, se refleja en el campo político. Ahí se combina con decisiones estrictamente políticas que producen la impresión de que la base social para la sustentación del régimen está desarticulada.

Las clases populares, severamente afectadas por la crisis y por las políticas para superarla, para las que no existe una oferta alternativa al sacrificio y la disciplina, no ofrecen un apoyo sólido a la política gubernamental. Tampoco han sido convocadas para que lo brinden. Las clases medias, acaso las más afectadas en sus ingresos y aspiraciones, han asumido la explicación simplista según la cual la corrupción de los funcionarios públicos explica la crítica situación que vive el país y el descenso de los niveles de vida particulares. Constituyen el caldo de cultivo de los rumores y del pánico. Estos grupos se han convertido en la clientela natural del PAN, que ofrece un relevo de personas sin cambios sustanciales de programa. Las clases propietarias, beneficiarias de muchas de las acciones concretas del programa de reordenamiento, se expresan como insatisfechas y exigen mayores concesiones no sólo en el campo de la economía sino también en el de la política, en detrimento de la lógica tradicional del sistema mexicano. Hasta la burocracia, escindida por el trato preferencial para los funcionarios frente al deterioro del ingreso de los simplemente empleados, muestra tensiones que la debilitan como base de sustentación. 

Las fuerzas de la izquierda, débilmente integradas y representadas, han resentido todas las muestras de firmeza del gobierno en sus acciones ejemplares. Así, la balanza se inclina hacia la derecha que cosecha los mayores beneficios políticos derivados de la crisis de la economía y de la ruptura de equilibrios políticos en el sistema mexicano.

El PRI, afectado por tensiones internas y debilitado en su legitimidad por la crítica externa e interna, no parece estar en condiciones de enfrentar el deslizamiento a la derecha. Hay quienes opinan que la eficacia del PRI como partido de gobierno, como ministerio electoral y de gestión política, está caducando, sin que existan las condiciones para que ese organismo pueda transformarse en un partido de la sociedad civil. El sector obrero, el único que había venido ganando en fortaleza, está afectado por tensiones con el gobierno provocadas por la falta de atención a sus demandas y propuestas y que parecen más profundas que las derivadas de una simple negociación circunstancial. La CNC y la CNOP, una agonizante y la otra casi inexistente, siguen aportando apoyo incondicional cada vez más desligado de las necesidades y demandas de los sectores que formalmente representan. La antigua clase política, la red de poder que sustenta verdaderamente al partido oficial, ha sido en muchos casos desplazada y no parece dispuesta a brindar apoyos incondicionales. En esas condiciones, la maquinaria electoral del PRI ha perdido eficacia y tiene que recurrir a prácticas de imposición que parecían superadas o a la búsqueda de candidatos que sean capaces de competir, desde la derecha, con la oposición panista, la gratuita beneficiaria de la situación. A veces parece confirmarse la versión que sugiere que desde el aparato de gobierno se está propiciando un esquema sustituto al predominio absoluto del partido del gobierno: el bipartidismo, en el que alternarían el PAN y un PRI derechizado.

En esas condiciones, la oferta de una democratización integral que abra los espacios de participación y representación para la sociedad civil, de por sí central para la nación adquiere más importancia. Pero la implementación de la oferta parece estancada o trabada dentro del aparato gubernamental. Las reformas al artículo 115 constitucional, que establecieron la representación proporcional en todos los ayuntamientos del país y que fue vista como un primer paso alentador, derivó en reformas electorales estatales que bloquean la pluralidad en la constitución de los gobiernos locales. En el mejor de los casos se han creado las “regidurías de partido”, que marginan a la oposición de las tareas de gobierno a cambio de concederle una función administrativa carente de poder, que puede aislarla y frenar su participación.

Pancho, borracho con un vino de consagrar, ve a un ajolote alado que le da vida eterna y el poder de pintar todo lo que quisiera.

Las ofertas de llevar la pluralidad al senado de la República y al gobierno del Distrito Federal no se han concretado, como tampoco ha sucedido con la esperanza de revisar en conjunto la legislación electoral.

La debilidad en el esfuerzo por promover la democratización integral amenaza con neutralizar las acciones encaminadas a lograr la descentralización de las funciones de gobierno, una de las ofertas que generó más consenso entre diversos sectores de la sociedad. En el mejor de los casos, la desconcentración técnico-administrativa que busca una mayor eficiencia burocrática sin compartir las decisiones efectivas, que reacomoda sin repartir, aparece como un sucedáneo a la descentralización. La racionalización y modernización de la administración pública, plausible y necesaria, no corresponde necesariamente con el avance de la democracia.

La política de comunicación social del Estado, que generó muchas expectativas a partir de la celebración del foro de consulta popular sobre ese tema, ha sido motivo de otros de los relevos importantes en el equipo de gobierno. Pero aún no se concreta en una oferta de política para ejercer efectivamente el derecho a la información. El acelerado deterioro de los medios de comunicación social del estado, ilustrado en los casos de Canal 13 o de Radio Educación, la ingenua e ineficaz exclusión de noticias, el tratamiento amarillista y ofensivo del problema de la relocalización física de los refugiados, entre otros muchos ejemplos, configuran el vacío en que ha caído hasta el momento la intención de dotar a la democracia de uno de sus requisitos: la información. El espacio vacante ha sido ocupado por el impune rumor organizado como arma de la derecha troglodita, por la agresiva campaña de desprestigio de las instituciones nacionales que han emprendido los grupos mercenarios de la comunicación bajo el pretexto de sumarse a la renovación moral y por la expansión de los medios de comunicación mercantiles que usurpan un espacio que legalmente pertenece al conjunto de la sociedad. Por el contrario, los espacios para la expresión directa de los grupos sociales, siempre raquíticos, están congelados. Otra vez, la balanza se inclina a la derecha en detrimento del Estado y de la nación.

Otra de las ofertas centralmente ligadas a la búsqueda de la democratización integral, la urgente reforma del poder judicial y de sus aparatos de apoyo, no ha avanzado con el paso y profundidad que la sociedad reclama ni en la dirección que ella demanda. La conformación de un poder judicial independiente y fuerte, que sólo responda a las leyes, no parece más cercana que en el pasado. La reorganización de aparatos policíacos y la persecución de algunos delincuentes no son equivalentes a la reconstitución del poder judicial. El todavía impune asesinato de Manuel Buendia y sus secuelas ilustran sobre la necesidad de plantear en serio y a fondo la reforma del poder judicial. La necesidad de profundizar y ampliar los espacios democráticos no corre al margen de la crisis. Se vincula con ella y se vuelve requisito indispensable para evitar su recurrencia.

En otro espacio y otra dimensión, dos rumbos cardinales se entrelazan en virtud del designio imperial: el Norte y el Sur de nuestras fronteras, donde se juega la suerte soberana del Estado nacional mexicano. Una Centroamérica envuelta en guerra generalizada y sometida a la intervención abierta de los Estados Unidos representa para nosotros una perspectiva de subordinación integral. El blanco de la política imperial reaganiana se ha fijado en Nicaragua, a la que se acorrala en una disyuntiva Este-Oeste que esa nación no ha buscado. El acoso diplomático, económico y militar del imperio intenta que por aislamiento la Nicaragua sandinista se refugie en el alineamiento con el bloque socialista, dando pretexto a la invasión. México, en defensa de su propia seguridad nacional y con todas sus limitaciones, ha tratado de tender un puente al proyecto sandinista de desarrollo propio e independiente y con pluralidad política. Sobre todo ha hecho esfuerzos para garantizar la paz en Centroamérica. Nuestra solidaridad tiene que intensificarse al mismo ritmo que se acelera el asedio a Nicaragua y se amenaza con extender y generalizar la guerra. El esfuerzo adicional es una necesidad para la defensa de nuestra Propia soberanía.

Pancho y su amigo Julio se detienen a comprarle cacahuates a un viejo que canta en la calle.

Desde el Norte pocas veces nos han tratado tan mal; hasta la descortesía. La disciplina y seriedad en el tratamiento de nuestros compromisos internacionales, a costa de grandes sacrificios internos, no nos han reportado ventaja alguna en nuestras negociaciones. Las restricciones comerciales se han endurecido, la ley Simpson-Mazzoli se convierte en amenaza desestabilizadora en condiciones donde no se han podido restaurar niveles internos previos de ocupación, nuestra aportación al financiamiento del déficit público norteamericano por la vía de las crecientes tasas de interés se ha incrementado más allá de nuestras posibilidades efectivas. Anderson, vinculado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, inicia una campaña dirigida a debilitar la institución presidencial en el preciso momento en que el presidente de México realizaba una difícil visita de Estado a los Estados Unidos. Puede discutirse mucho sobre la racionalidad y posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos promueva una campaña de desestabilización contra México, siempre habrá opiniones encontradas, pero parece claro que muchas de las acciones emprendidas por el gobierno de Reagan no contribuyen a nuestra estabilidad.

Dentro de México, las presiones directas de los Estados Unidos han sido minimizadas y hasta banalizadas, aunque su enorme peso se ha agregado a la desigual distribución de los costos de la crisis. El tono menor que se da a la relación bilateral con los Estados Unidos hace desafortunado juego con la magnificación, exagerada e intencionada, del costo del apoyo a Nicaragua y al Grupo de Contadora que cotidianamente hace la opinión de derecha del país, que trata de crear el momento propicio para someternos íntegramente a la órbita norteamericana. Para impedir ese desequilibrio en contra de nuestra soberanía hay que reiterar el apoyo a la tradición política que se expresa en la participación en el grupo de Contadora y en el apoyo solidario a la soberanía de Nicaragua. Pero acaso hay que ir más allá y pedir que estos esfuerzos se integren en una doctrina que enfrente globalmente nuestras relaciones con el exterior, donde se originan algunas de las causas de la crisis, para consolidar nuestra independencia y resistir a las posiciones imperiales. También para impedir la transferencia de capital que en cualquier hipótesis, retrasa y puede imposibilitar nuestra recuperación económica. De ello depende en gran medida nuestra capacidad de restaurar equilibrios en nuestra relación bilateral con el vecino del Norte, que ha iniciado una ofensiva para el sometimiento de nuestra política interna y externa.

El señalamiento de las que se perciben como áreas problemáticas no resueltas en la vida nacional no puede ignorar la insistencia en que la crisis ya ha tocado fondo, que los momentos más duros han pasado y que la recuperación se ha iniciado. Conviene, finalmente, volver a dos conceptos: crisis y recuperación. La crisis no se concibe como una mera circunstancia o coyuntura pasajera, ni como problema de caja y liquidez. Esos son síntomas, expresiones de problemas en la organización de la sociedad, en el ordenamiento de sus partes y de su quehacer, en el peso específico y la posición jerárquica de una respecto a otra, y en la rigidez o flexibilidad del conjunto para permitir el movimiento de las partes y del total. Este planteamiento coincide con el diagnóstico gubernamental que dio origen al PIRE y Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988.

Dentro de ese marco, la recuperación no consiste en el incremento en la disponibilidad de divisas en nuestras reservas, ni siquiera en recobrar los índices positivos en el crecimiento de nuestra economía. La misma crisis ya demostró que la presencia de esos indicadores pueden hacer más dura la caída y más intensa la desigualdad. La recuperación no puede identificarse con la liquidez aunque ésta pudiera ser un prerrequisito. La recuperación está identificada con lo que se ha llamado el cambio estructural en los planteamientos gubernamentales: la ruptura de cuellos de botella y la superación de las rigideces en la base productiva; la integración y reconversión industrial, la autodeterminación alimentaria, etc.

Posada en la cárcel.

Sobre todo, la recuperación tiene que incidir de alguna manera en la corrección de la desigualdad que fragmenta a la sociedad. En ese terreno se ha retrocedido. En esas condiciones, la creciente liquidez puede ser el resultado de un sistema interno de transferencias, de la acumulación de parte del sacrificio de las mayorías en una cuenta separada. Esa cuenta puede convertirse en fuente de financiamiento para reproducir y ampliar las transferencias y sacrificios, que harán recurrentes, en un plazo menor, la caída. Ya se formó un capital, la recuperación está ligada a su uso y no se expresa con su mera existencia.

Sobre estas bases se identificaron las áreas no resueltas, las zonas crepusculares. En el planteamiento gubernamental, éstas sólo se iluminarían en el mediano plazo. Este ya llegó. Por eso la importancia de destacar las ausencias y contradicciones, los efectos de los hechos y la importancia de lo que falta por hacer. También por eso la insistencia en la vinculación entre desigualdad y recuperación y entre éstas y la democratización. Es posible una recuperación contable que no atienda las demandas de la sociedad y que, por el contrario, alimente las fuentes de insatisfacción. Lo que no parece es que ésta sea deseable ni que corresponda a la oferta de un nuevo pacto social. El simple crecimiento no es bastante ni como ya lo sabemos, garantiza la estabilidad. No hay mano invisible que reparta los frutos del crecimiento. Sí hay fuerzas que, por el contrario, los concentran. Esa concentración es el tema de la crisis y de la recuperación.