En los últimos meses la ausencia de derechos laborales de las trabajadoras del hogar ha cobrado una relevancia inusitada en nuestra discusión pública. A fines del año pasado el país entero parece que acudió a las salas de cine a presenciar, por medio de la película Roma, los infortunios e injusticias a las que se enfrenta una trabajadora del hogar de la Ciudad de México durante la década de los setenta, que el director Alfonso Cuarón expone con gran poder narrativo. Pocos días después la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico en el que califica de anticonstitucional la exclusión del trabajo doméstico del régimen de seguridad social, y obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a proteger con sus beneficios a este grupo en no más de 18 meses. En efecto, para fines de marzo de este año tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pusieron en marcha un programa piloto para la incorporación de este grupo tradicionalmente desprotegido. Todo esto se suma a más de una década de activismo desde la sociedad civil, organismos internacionales y grupos de trabajadoras del hogar que han pugnado porque se les reconozcan los mismos derechos que al resto de los trabajadores. Sin duda, estos acontecimientos apuntan hacia un cambio significativo y afortunado para las y los trabajadores del hogar en nuestro país. Al mismo tiempo, sin embargo, representan una continuación de la excepcionalidad histórica que el trabajo doméstico ha tenido frente a otros modelos de trabajo desde hace casi un siglo, y dejan pendiente la tarea de extender derechos laborales esenciales a otros tipos de trabajadores informales que siguen representando la mayoría de la fuerza de trabajo en nuestro país.

Ilustración: Patricio Betteo

La excepcionalidad del trabajo doméstico a la que me refiero fue construida durante las décadas que siguieron a la fase armada de la Revolución por legisladores, ministros de la Suprema Corte, y una camada de juristas renombrados afiliados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde donde formarían no sólo a abogados, jueces y burócratas, sino también a futuros ministros del más alto tribunal, políticos prominentes e incluso presidentes. Esta excepcionalidad sirvió para legalizar la marginalización de este sector en un momento en el que los derechos políticos, económicos y sociales asociados al trabajo se ampliaron considerablemente.

El texto original del artículo 123 constitucional, que sirvió como la base de esta expansión, señalaba que sus disposiciones deberían regular toda relación laboral, incluyendo la de los trabajadores domésticos. Fue la regulación secundaria y la jurisprudencia de la Suprema Corte la que gradualmente construyó al trabajo del hogar como un trabajo jurídicamente distinto. La Ley Federal del Trabajo de 1931 lo denominó un “contrato especial” que no tenía derecho a provisiones como el contrato escrito, la jornada máxima de ocho horas y el pago de horas extras. Además, este código era ambiguo sobre su derecho al salario mínimo, vacaciones pagadas y descanso semanal. Por su lado, la Ley del Seguro Social de 1943 dispuso que, a diferencia del resto de los trabajadores asalariados, la inscripción al régimen de seguridad social no sería obligatoria para aquellos empleados en el hogar.

A pesar de estas restricciones las trabajadoras del hogar aprovecharon y fueron parte del contexto de movilización laboral de la década de los veinte y treinta. Además de agruparse en sindicatos, comenzaron a utilizar el nuevo sistema de justicia laboral para reclamar varios de los derechos que les fueron negados o sobre los que la legislación era ambigua. En estas disputas cotidianas entre trabajadores del hogar y sus empleadores las resoluciones de la Suprema Corte fueron decisivas para confirmar la exclusión del trabajo doméstico de protecciones fundamentales, así como la excepcionalidad de este sector dentro de la legislación laboral de nuestro país.

Para los juristas y ministros la singularidad del trabajo doméstico se basaba en su espacialización dentro del hogar. A su juicio, el objetivo de los constituyentes de 1917 al redactar el artículo 123 había sido el de “humanizar” el mundo del trabajo y proteger a los trabajadores de la explotación del capital. Oponían así la esfera pública del mercado a la esfera privada de la familia; mientras que el mercado representaba el mundo rapaz de las transacciones económicas, los juristas y ministros construyeron jurídicamente al hogar como un espacio naturalmente “humano” que reemplazaba la avaricia con la cooperación, la lucha de clases con la concordia y la animadversión con la intimidad. De hecho, algunas de las provisiones más celebradas del artículo 123, como el derecho al salario mínimo, a la pensión por incapacidad, vejez o maternidad, y a la jornada laboral máxima, habían sido defendidas por los constituyentes como medidas no sólo para rescatar al obrero de la alienación capitalista, sino también para permitirle los medios para proteger a su familia y evitar la “degeneración de la raza”. La idea de que el hogar y el trabajo eran dos esferas opuestas se volvió así uno de los pilares de nuestro derecho laboral.

De acuerdo a los juristas de la UNAM y a los ministros de la Suprema Corte, al trabajar al interior del núcleo familiar, en un ambiente que concebían como naturalmente humano y armonioso, los trabajadores domésticos no tenían la misma necesidad que el resto de los trabajadores de la intervención estatal en su relación laboral ni requerían de todo el catálogo de protecciones legales. Así, esta excepcionalidad justificaba la exclusión del trabajo doméstico de una serie de protecciones, como por ejemplo la del salario mínimo, un beneficio diseñado para sostener al obrero y su familia, cubriendo sus necesidades básicas y “recreaciones honestas”. En su resolución de disputas en las que algún trabajador del hogar exigía este beneficio la Corte opinó que, al vivir al interior de una familia y recibir alojamiento y comida en casa del empleador, estaba justificado que estos trabajadores recibieran un salario inferior al mínimo. La misma lógica guió las decisiones de la Corte respecto a la incorporación de este grupo de trabajadores al Seguro Social, desplazando la obligación de proteger al trabajador del gobierno al jefe de familia. En opiniones sobre la materia, los ministros y expertos en derecho laboral argumentaron que los beneficios del IMSS se volvían innecesarios, pues la Ley Federal del Trabajo estipulaba que, en caso de enfermedad, el patrón estaría obligado a ofrecer atención médica y farmacéutica a su empleado del hogar, o pagar su funeral en caso de muerte.

El interior del hogar también tenía, a los ojos de juristas y ministros, un ritmo propio que era absolutamente distinto del que corría en el mundo exterior, donde el paso del tiempo estaba guiado por demandas de producción que podían someterse al paso de un reloj. En cambio, el tiempo dentro del hogar estaba marcado por los “ritmos y necesidades familiares” que, de acuerdo a estos expertos, no eran “de ninguna manera ininterrumpidas”. De esta manera, como el tiempo dentro de hogar no podía ser sujeto a medición, avalúo y renta como se hacía en el mercado laboral, resultaba imposible establecer el derecho a la jornada máxima de ocho horas o al pago de horas extras para los trabajadores del hogar. Jesús Castorena, uno de los juristas expertos en derecho laboral, y autor de un tratado de doctrina que formaría a varias generaciones de jueces y abogados, afirmaba por ejemplo que “por la razón que no siendo el trabajo en una casa particular continuo, sino sufriendo interrupciones constantes y viviendo en casa del patrón el doméstico, circunstancia que da lugar a un trato personal que humaniza la relación, aunando a que permanezca en el interior de una casa las 24 horas del día, disfruta de largos descansos para la atención de sus necesidades particulares, en forma tal que el número de horas que realmente trabaja viene a ser inferior al número de horas previsto por la Ley, como mínimo para la jornada de trabajo”. Entre las décadas de 1940 y 1960 los ministros de la Corte citaron este pasaje de manera casi textual al resolver disputas en torno al salario mínimo entre trabajadoras del hogar y sus empleadores.

Esta construcción del espacio doméstico, con su espacialización y temporalidad singulares, se volvió tan fundamental dentro de nuestro derecho laboral que para mediados de siglo la jurisprudencia de la Suprema Corte había introducido una diferencia importante entre los trabajadores del hogar (primordialmente mujeres), y otros trabajadores de servicios privados, como porteros, veladores y choferes (primordialmente hombres), que tradicionalmente se habían concebido como “domésticos”. Ni la Ley Federal del Trabajo ni la jurisprudencia de la Corte establecieron una diferencia explícita entre unos y otros trabajadores. Pero mientras sus sentencias sistemáticamente negaron protecciones como el contrato escrito, el salario mínimo, la jornada máxima o el pago de horas extras a los trabajadores del hogar, tendieron a confirmarlas a porteros, veladores y choferes bajo el argumento de que, al no vivir dentro del hogar, eran trabajadores con cierta autonomía frente a los “ritmos y necesidades” familiares, y que por lo mismo debían estar sujetos a un contrato, horario determinado y salario mínimo.

En cambio, al confirmar la exclusión del trabajo doméstico de estas protecciones para todos aquellos que trabajaban dentro de las paredes del hogar, implícitamente la Corte tendió a homogeneizar—y devaluar— cualquier tipo de trabajo realizado dentro de este espacio. En ocasiones las empleadas buscaban un amparo ante un laudo desventajoso de algún tribunal del trabajo bajo el argumento de que no deberían ser consideradas bajo las provisiones del trabajo doméstico, pues al realizar un trabajo de cierta especialización —por ejemplo, al ser niñeras, cocineras, costureras o amas de llaves— su trabajo no era el de una “simple doméstica”. Pero para los ministros de la Corte continuó siendo la espacialización particular —con todas las características que le atribuían— y no la actividad ni el tipo de trabajo, el rasgo definitorio del trabajo doméstico. Sus sentencias agruparon bajo la categoría de “simple doméstica” a una variedad de profesiones que existían dentro del hogar, como si este espacio esfumara los atributos que distinguían a estos trabajadores en el mercado laboral. Así, una consecuencia importante de estas decisiones fue la redefinición del trabajo doméstico como uno primordialmente femenino, de baja calificación, especialización y paga.

Son precisamente estas características que la sentencia de diciembre de 2018 reconoce y busca revertir. El juicio laboral que la originó empezó como muchas otras disputas entre empleados del hogar y sus patrones desde la década de los treinta. Al ser despedida después de trabajar durante 57 años como doméstica para una familia, el 28 de abril de 2016 la quejosa acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para reclamar una amplia gama de beneficios constitucionales, incluyendo la indemnización, el pago de aguinaldo, de salarios caídos, de horas extras y la inscripción retroactiva ante el IMSS. Pero en esta ocasión el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán rompió con casi 90 años de interpretación jurídica en la materia al amparar a la quejosa y sostener que el trato diferenciado que la Ley de Seguridad Social hace al excluir al trabajo doméstico de su régimen obligatorio no es compatible con el artículo primero constitucional, que garantiza igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, sin embargo, la sentencia no condena a la patrona ni al IMSS al pago retroactivo de las cuotas, pues al actuar conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Social ambas partes actuaban bajo “plena presunción de constitucionalidad”. La Corte, en cambio, utiliza la sentencia para poner al conocimiento del IMSS un trato que considera discriminatorio en términos de género. Así, la sentencia obliga al instituto a incorporar a su régimen a este grupo, e incluso guiar las directrices de manera que se emita una política pública que tome en cuenta las particularidades del trabajo doméstico.

Esta lógica argumentativa rompe con una fórmula jurídica que imperó desde la década de los treinta, y corona años de un activismo que desde varios frentes trató de cambiar la concepción generalizada de que el trabajo del hogar no merece todas las protecciones de la ley. Sin embargo, este cambio cultural más amplio de algún modo ha tendido a reforzar, más que cuestionar, la excepcionalidad del trabajo doméstico frente a otros trabajos. Esto es evidente a la luz de la película Roma y las discusiones que ha suscitado. Si bien Roma ha logrado poner bajo escrutinio las injusticias que tradicionalmente viven las trabajadoras del hogar en México, al mismo tiempo refuerza la noción de intimidad y familiaridad entre estas trabajadoras y sus empleadores. Felizmente, a diferencia del pasado, estas referencias a la intimidad no sirven para justificar la ausencia de derechos sino más bien para presentarla como particularmente inmoral y lastimosa. El mismo proyecto del ministro Pérez Dayán presenta la incorporación de este sector a la seguridad social a este grupo bajo el argumento de que está compuesto por un grupo de la población tradicionalmente discriminado y desprotegido.

La demanda de derechos laborales al trabajo del hogar es sin duda deseable y encomiable. Pero la insistencia en la intimidad y en la excepcionalidad de este tipo de trabajo como base para la extensión de derechos corre el riesgo de esconder el hecho de que la informalidad en la que operaban las trabajadoras del hogar es más la regla que la excepción en nuestro país, sobre todo conforme se intensifica la “uberización” de la economía. Así, quizás esta sentencia nos deje con una suerte de paradoja histórica: en un momento en el que se extendieron y formalizaron los derechos laborales después de la Revolución, aquéllos de los trabajadores del hogar explícitamente se limitaron frente a los de los demás, en gran parte gracias a las sentencias de la Suprema Corte. En cambio ahora la Suprema Corte juega un papel opuesto: a medida que más y más trabajadores pasan a la informalidad, esta sentencia coloca a los y las trabajadoras del hogar aparte para salvaguardar y extender sus derechos laborales. Así, puede ser que la Corte finalmente formalice un trabajo que la Revolución informalizó. Está por verse si la nueva excepcionalidad del trabajo doméstico abrirá la puerta al reconocimiento de los derechos laborales de las mayorías que aún viven en la informalidad.

 

Sara Hidalgo
Internacionalista por El Colegio de México y candidata a doctora en historia por la Universidad de Columbia, Nueva York.