Todas las noticias policiacas son idéntica y su interés siempre se localiza en un punto obvio que ya no admite alternativas: el crimen realizado. Hay excepciones El caso del plagio y asesinato de Miguel Angel Arizmendi Flores fue una de ellas.

El lunes 27 de diciembre de 1982, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Trinidad Gutiérrez Sánchez, informó que varios investigadores de la 3ª comandancia se habían avocado a las pesquisas, pero que aún no se tenían pistas sobre “el pequeño o los plagiarios” (Excélsior). Fue una de las primeras apariciones (del caso en la prensa, pero no había nada en concreto aparte de la situación que provoco el secuestro, ocurrido el 19 de diciembre pasado. Aquí empezó a cundir esta historia, aunque su verdadera popularización empezo con el encuentro del cadáver de este niño, descubierto el 29 de diciembre. Antes del descubrimiento el interés no era muy grande, la explicación o explicaciones inmediatas que la misma noticia podía solicitar -es decir, la crisis, los nuevos desempleados, la economía deteriorada, el fantasma de la creciente inseguridad ciudadana y su respectiva catarata de rumores, igual que los primeros pasos del relevo sexenal más apretado en la historia moderna del país eran más fuertes (concluyentes, incluso) que el hecho mismo del secuestro, porque hasta ese lunes en que José Trinidad Gutiérrez Sánchez dijo lo de las investigaciones alrededor el secuestro, al mismo tiempo que por primera vez el periódico informaba a sus lectores de este caso, el asunto del niño Arizmendi no estaba resuelto. De modo que en esta circunstancia lo de menos era que el padre del niño había recibido una o varias llamadas a lo largo del lunes anterior a esta noticia (Diciembre 20) y que pactara con los raptores de su hijo cierta cantidad de dinero que él entrego, según lo acordado a cambio del niño que jamás volvió. El caso era apenas un dato más que debía integrarse a la nómina criminal del país; sin embargo, durante mucho tiempo la noticia permaneció “inconclusa” y más adelante destapo otros casos con el mismo tema: los secuestros de niños.

En el ánimo de muchos habitantes del Distrito Federal, siguen presentes -aunque diluyéndose ya- las discusiones, alarmas, denuncias e investigaciones que desencadenaron los tres balazos en el pecho del niño Arizmendi, a quien sus captores abandonaron en alguna carretera. Pero jamás habría cabido la alarma (o el desconcierto que se convierte en pánico cada vez que alguien pide una explicación lógica de algo que en realidad jamás le ha interesado) de no encontrarse el terreno adecuadamente abonado. “Según consenso de opinión -dijo Manuel Buendía en su columna-, durante la administración anterior la ciudad de México tuvo uno de los regímenes policiacos mas corruptos de su historia” (enero 13, 1983). Aunque la misma noticia no habría tenido el éxito que tuvo de no haberse aprovechado todos los recursos y las circunstancias a la mano para subrayar el especial significado alarmante este acto: algo por encima de la intención de una venganza, o de un acto terrorista; algo puramente destructivo, lejos de la más ligera sospecha de cualquier motivo. Un acto promovido cuidadosamente, condenado reiteradamente, investigado afanosamente, resuelto con lentitud y eficacia en el mismo escenario que las autoridades habían dispuesto para la renovación moral de los cuerpos policiacos del país -anticipada por Miguel de la Madrid en su discurso de toma de posesión- del 1º de Diciembre. Hay una línea recta que va de las declaraciones hechas por el general Ramón Mota Sánchez (Dirección General de Policía y Tránsito) el viernes 10 de diciembre de 1982, en las que anunciaba en breve cambios de todo tipo, (así como la existencia de planes para erradicar el influyentismo, lograr mayor respeto para la policía, dar una batalla frontal a la corrupción y promover la investigación de abusos y extorsiones [Novedades] al decreto presidencial que borró de la nómina del gasto público a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), y que entró en vigor el mismo día de su expedición, el jueves 13 de enero de este año. O más que una línea recta, hay una espiral que poco a poco se aparta de su centro, de pronto casi hasta adquirir independencia, pero tal vez relacionable con las declaraciones del 10 de Diciembre, hechas por el general Ramón Mota Sánchez, cuando explicó, entre lo ya citado, que por el momento no se observaba la desaparición de la DIPD, ni la separación de cuerpos policiacos de vialidad y de vigilancia (Novedades).

El caldero del pánico

No tiene caso ir más atrás del 10 de Diciembre y de lo que en ese preciso día afirmó el jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito. Además, no hace falta. Tres días después (Diciembre 13), por acuerdo del procurador general de la República, Sergio García Ramírez, queda suspendida la práctica de establecer retenes en las carreteras, donde los agentes de la Policía Judicial Federal de tenían el tránsito de los vehículos. Otros tres días después (Diciembre 16), la procuradora Victoria Adato de Ibarra ordena la consignación inmediata de seis agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, al comprobárseles los delitos de homicidio calificado, responsabilidad oficial y abuso de autoridad. (Mediante un interrogatorio, estos seis agentes asesinaron ‑en uno de los separos de la Policía Judicial del Distrito Federal- al sospechoso de cierto asalto que había reunido un botín por arriba del millón de pesos.) Al día siguiente de que fueron consignados estos agentes (Diciembre 17), el director de la PJDF, Gutiérrez Sánchez, declaró: “En la Policía Judicial del Distrito Federal se acabaron los tormentos para lograr una investigación, mientras yo esté en este cargo”; y dio a conocer, además, que se estaban estudiando 500 expedientes de algunos de los agentes que trabajaban, hasta ese momento, para la Procuraduría del Distrito Federal (Novedades).

Todo desmiente la idea de un cerco que se estrecha; pero siempre que sucede esto, cuando en realidad algo está a punto de modificarse, algún funcionario afirma categóricamente que las cosas no han cambiado y que no cambiarán. Así, se afirma que el precio de la gasolina no tiene por qué subir, que el aceite y los derivados de la leche son prioritarios y que mantendrán el mismo precio, etcétera, y sucede todo lo contrario. En este caso, tocó al subdirector general de la Dirección General de Policía y Tránsito, coronel Héctor Fuentes Robles, negar que la DIPD fuera a desaparecer. Estaba reunido con los dos mil 500 agentes de esa corporación (Diciembre 21), en presencia de su director, coronel Francisco Sahagún Baca, y el subdirector, teniente coronel Reynaldo López Malváez, cuando, en el Auditorio José López Portillo de la DGPT, el coronel Fuentes Robles los conminó, ademas, a que trabajasen con eficacia y honesto que la DGPT era la “punta de lanza” para alcanzar los objetivos trazados por la nueva administración (unomásuno).

Mientras tenla lugar esta reunión, el ingeniero Carlos Arizmendi, opacado por la pena, aunque tranquilo porque casi se podía sentir cerca del final de su pesadilla, entregó a los captores de su hijo la cantidad de dinero que -tras arduas negociaciones telefónicas- había acordado para asegurar su libertad.

Poco después (Diciembre 23), miembros de la Policía Judicial del Distrito Federal capturaron a cuatro agentes preventivos adscritos al Batallón de Granaderos, quienes se hacían pasar por agentes de la DlPD. Doble desagravio. Los agentes impostores habían atracado a comerciantes y conductores de diversas colonias del oriente de la ciudad; se les acusaba de varios asaltos a mano armada y, finalmente, eran los responsables de media docena de secuestros de menores de edad. Visto así, el asunto requeriría la experiencia de Hitchcock para hacer caminar por la misma acera al Sr. Arizmendi y a estos cuatro impostores, que integraban una banda con el nombre de “Los Gatos” (Novedades); pero las noticias dejan de tener la progresión (dé tres días en tres días) que pudo detectarse entre el 10, 13 y 16 de Diciembre, y la atención se concentra en otra parte: en la carrera de atracos del mes de diciembre, que dejó- según los datos de Manuel Buendía- un saldo de millones de pesos. No hay un solo día en que la prensa no reporte asaltos, con uso de violencia -innecesaria, por lo general-, en residencias de colonias lujosas y medianas. A partir de la segunda quincena de diciembre, el pánico empieza a calentarse en el caldero de todas las aprehensiones, de las buenas y las malas conciencias de la ciudad. La noticia de “Los Gatos” aparece publicada en el periódico, oportunamente, el 24 de Diciembre. 

El 19 de diciembre desaparece, al pasar por el Parque España, Miguel Angel Arizmendi Flores. Cuatro días después (diciembre 23), los cuatro agentes del Batallón de Granaderos sufren captura y cárcel, y se dice que entre sus actividades ilícitas está la del secuestro de menores. Cuatro días después (diciembre 27), el director de la Policía Judicial del Distrito Federal informa del secuestro del niño Arizmendi, de las investigaciones llevadas a cabo y de la falta de resultados hasta el momento (Excélsior). Para los efectos de esta relación de hechos, esta última es la primera noticia importante de ese día; la segunda -y última- tiene que ver con un comunicado interno de la Dirección General de Policía y Tránsito -fechado el 21 de diciembre-, en la que el coronel Héctor Fuentes Robles señalaba a los funcionarios de la DGPT que “en lo sucesivo la información a los diversos medios de comunicación y difusión será proporcionada exclusivamente a través de la oficina de prensa y relaciones públicas”; el informante, además, se quejaba de que en todos los lugares de la dependencia las puertas habían estado cerradas para los reporteros de la fuente (unomásuno).

La razzia de los chocolates

La historia del secuestro de Miguel Angel Arizmendi adquiere una difusión especial al encontrar su cadáver (Diciembre 29). Todos los periódicos coinciden al señalar lo siguiente: que la Policía Judicial del Distrito Federal localizó el cadáver del niño Miguel Angel Arizmendi Flores, de 12 años de edad, secuestrado el domingo 19 de diciembre al regresar de una excursión que realizó con un grupo de boy scouts a Oaxtepec. En todas las notas de prensa se menciona el pago del rescate y también los tres impactos de bala (calibre 38) en el tórax y el paraje de la carretera México-Morelia en donde se encontró el cuerpo del niño. Algún párrafo de la noticia indica las actividades del ingeniero Carlos Arizmendi, desde el momento en que tuvo contacto (telefónico) con los raptores de su hijo -durante la mañana del 20 de diciembre-, hasta el momento en que entregó el rescate, en un lugar próximo a la Columna de la Independencia.

Por otra parte, en el orden de las reformas promovidas por las autoridades para el mejor funcionamiento de la policía (y cuya existencia fue anticipada por el general Ramón Mota Sánchez en sus declaraciones del 10 de diciembre) destacan, primero un acuerdo presidencial (Diciembre 28) para que ningún elemento policiaco quede comisionado fuera de su unidad, lo que supone de inmediato la reintegración de unos tres mil elementos a sus servicios normales (Novedades); y segundo, la orden girada por el general Mota (diciembre 29) para que a partir del 2 de enero de 1983 ningún agente de la DIPD o de la policía preventiva circule con automóviles americanos (chocolates): “Independientemente de ello el titular de la DGPyT, ordenó una ‘razzia’ de carros particulares o americanos que circulen en el D.F. con cristales polarizados; los vehículos están siendo trasladados a los diferentes corralones de la metrópoli, donde quedan a disposición del general” (Ovaciones).

Al día siguiente de haber sido encontrado el cadáver del niño Arizmendi, la procuradora Victoria Adato de Ibarra, en rueda de prensa (diciembre 30), da a conocer la profunda indignación del presidente Miguel de la Madrid, quien ha ordenado la intensificación de las investigaciones sobre el caso del pequeño asesinado (unomásuno), y la procuradora dice ante las cámaras de televisión: “Lo que puede esperar la ciudadanía de las autoridades es que está investigando con todos sus recursos, sin descanso, hasta no encontrar al responsable o los responsables de tan deleznable hecho”.

Box de información sabatina

Entre el jueves 30 de diciembre -en que dijo lo anterior la procuradora del Distrito Federal- y el jueves 13 de enero siguiente -cuando el presidente Miguel de la Madrid decretó la desaparición de la DIPD-, quedó resuelto el caso del niño Arizmendi. No se evaporó de las conciencias de muchas personas que habían seguido las noticias de este secuestro, pero en la madrugada del 8 de enero, oficialmente, fue resuelta la parte más urgente. Ese mismo sábado, anticipándose a los periódicos que darían la noticia hasta el día siguiente, Lourdes Guerrero informó por televisión:

“Todo hace suponer que fue localizada la banda que secuestró y asesinó al niño Miguel Angel Arizmendi Flores. Agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, interceptaron esta madrugada un automóvil que era buscado en relación, precisamente, con este caso. Al ser interceptado este carro -placas VEN-015, de Sinaloa-, los ocupantes del carro hicieron fuego en contra de los agentes. Al contestar el fuego, los ocupantes -un hombre y una mujer resultaron heridos. Posteriormente, murieron.

“La identidad de los mismos fue establecida por los documentos entre la ropa que llevaban. Se trata de José Aureliano Rivera Yarahuán y de Carmen Salcido de Rivera. Los mismos documentos condujeron hasta Jorge Rivera Yarahuán, hermano del occiso, quien fue presentado para investigación y para identificar los cuerpos.

“Entre la ropa de la pareja se encontraron notas en las que aparecen los nombres del niño Arizmendi, así como de Juan Carlos Granados (sic) Sosa y Margarita Ramírez García, niños reportados como secuestrados en León, Guanajuato. En el vehículo también se encontraron: una pistola de 9mm., una pistola Magnum 357, dos cuchillos, un bote de gas lacrimógeno, una torreta, una antena de radio civil, así como el nombre de un hotel en Cuautla número 2, Hotel Cuautla número 2 (sic).

“Los cuerpos fueron llevados a la agencia del Ministerio Público de la 4ª Delegación, y el automóvil quedó a disposición de las autoridades judiciales en la Dirección de Policía y Tránsito.

“Los hechos tuvieron lugar a las cero horas con cincuenta minutos en el kilómetro 21 de la carretera federal a Cuernavaca” (Hoy mismo).

El mismo día, en la edición vespertina del noticiero de Jacobo Zabludovsky (24 Horas), el reportero Guillermo Herrera entrevistó a cuatro cómplices, menores de edad, de José Aureliano Rivera Yarahuán, capturados también -según sus declaraciones- en la madrugada del mismo sábado 8 de enero. Y en la noche, después de identificar a uno de estos jóvenes ‑como el que negoció el rescate-, Carlos Arizmendi, padre del niño, apareció en las pantallas televisivas en la que fue. ciertamente, la declaración más dramática, menos esperada, más larga, contundente y lógica de todo el caso.

A partir de este momento la televisión tomó el mando, se adelantó a las noticias (cuando en realidad ya no había mucho de qué informar) y, en gran medida, creó y animó la atmósfera de terror urbano que precedió al decreto presidencial que puso fin a la DIPD, hasta el punto de parecer que esta última disposición había sido promovida por las opiniones expresadas en radio y televisión. “Vamos a continuar nosotros con este asunto porque sabemos que es un asunto que nos interesa directamente a todos, que nos interesa directamente a todos”, di jo Guillermo Ochoa en Hoy Mismo el 11 de enero. Y editorializó:

“Estamos seguros de que compartimos la opinión de millones de padres en México y los temores también de millones de padres de que no pase nada, de que no pase nada si siguen ocurriendo estos casos y no-pase-absolutamente-nada. A veces, por presumir de civilizados en cuanto a nuestras legislaciones, de avanzados en nuestra forma de promover y aprobar leyes, sobre todo en el aspecto legal; a veces por parecer países (sic) que marchan a la cabeza de algo, verdad, descuidamos nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de actuar y nuestra propia seguridad. Eso no es justo. No hay que ser candiles de la calle y oscuridad de nuestras propias casas, porque la oscuridad se está adueñando realmente de las conciencias en México, y nos tenemos que dar cuenta de ello y, si no, estamos absolutamente ciegos”.

Así, frente a esta información y opinión editorial televisiva, la mejor noticia reportada en los periódicos de ese día sábado 8 de enero (“ha iniciado la DIPD un proceso de desintegración”) envejeció de inmediato con los tres rounds informativos del sábado por la televisión. Fernando Ramírez de Aguilar L. -reportero de unomásuno- informó ese sábado que, a pesar de que aún no se había girado ninguna notificación oficial, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia había comenzado a desintegrarse. “Entre las primeras medidas adoptadas en dicha corporación -escribió el reportero- se encuentra la revisión de poco más de dos mil 300 expedientes de integrantes de esa policía, a fin de realizar un sistema de selección en el que sólo quedarán en activo 500 elementos”. Tres días antes, esta noticia había sido precedida por la información de que casi todos los 2 mil agentes de la DIPD -en virtud de las medidas dictadas por el general Mota que habían empezado a operar desde el 2 de enero- se encontraban concentrados en los alrededores de la Plaza de Tlaxcoaque “sin trabajar, ya que con las nuevas disposiciones quedaron sin equipo móvil para hacer sus recorridos”.

Se agita la batea

A todo esto, entre las declaraciones oficiales del 30 de diciembre y la celada a José Aureliano Rivera Yarahuán, dos secuestros más llamaron la atención de los medios informativos, los que a su vez la extendieron hacia la población del Distrito Federal y los estados de la República. Se trata de los secuestros de Juan Carlos Granados Sosa y de Maria Margarita Ramírez Chávez (o Ramírez García, según la fuente), dado a conocer el 4 de enero en los periódicos.

Hay varias versiones de lo mismo. Una de ellas asegura que ambos fueron secuestrados al mismo tiempo el 19 de noviembre -el mismo día, pero un mes antes, que el niño Arizmendi-, “después de asistir a una fiesta en el Colegio Anglo Mexicano, en Las Aguilas” (Excélsior). Por otra parte -se lee en la edición de ese mismo 4 de enero del diario Novedades- “se filtró entre los representantes de los diferentes medios de comunicación, que desde mediados de diciembre fueron (sic) secuestrados un menor de 15 años, de apellidos Granados Trascone, con domicilio en Oriente 166, número 1406, en la Colonia Sector Popular, por quien su padre Joaquín Granados pagó fuerte suma de dinero por su liberación, desde hace varios días sin que hasta el momento tengan noticia de su paradero (…) También se supo que el señor Enrique Ramírez de la Fuente denunció el secuestro de su hija Maria Margarita Ramírez Chávez, de 16 años, por quien también desde hace más de una semana pagó fuerte cantidad de dinero por su liberación, sin que hasta el momento haya recuperado a la menor”. Y en el párrafo siguiente se añadía: “Al igual que el caso anterior, la joven fue plagiada cerca de su domicilio en Oriente 252 número 1710, en la Colonia Escuadrón 201, y a poco de su desaparición comenzaron las llamadas telefónicas en que los secuestradores exigían fuerte rescate por la vida de la adolescente”.

Entre una y otra versión, sólo se repetían las direcciones de ambos secuestrados. Sin embargo, en otra dio las versiones de ese día, se dijo que el nombre del secuestrado era Joaquín Granados (que es, en realidad, el nombre del padre de Juan Carlos Granados Sosa), y que había sido raptado el 19 de diciembre -el mismo día que el niño Arizmendi-, “cuando salía de su domicilio en Oriente 166 número 1426, colonia Sector Popular”; y que Margarita Ramírez Chávez “el 22 de diciembre pasado” había sido secuestrada “muy cerca de su domicilio, en Oriente 152 número 115, colonia Escuadrón 201” (unomásuno).

El mismo 4 de enero apareció, en la esquina superior izquierda de la plana de Información Policiaca de Novedades, el retrato hablado de “uno de los sujetos que participaron en el secuestro y crimen del niño Miguel Angel Arizmendi Flores, según datos proporcionados a peritos de la Procuraduría de Justicia del D.F., por el padre del joven victimado”. Un retrato hablado -cabe señalar- que, además de inútil, podría ser utilizado en la defensa de los cuatro cómplices de José Aureliano Rivera Yarahuán.

Al día siguiente (enero 5), se dió a conocer que “el hermetismo con que las corporaciones policiacas han manejado tanto el plagio y homicidio del pequeño Miguel Angel Arizmendi Flores, así como los secuestros de Maria Margarita Ramírez y Juan Carlos Granados (sic), ambos de 16 años, han provocado una ola de rumores que, incluso, desconciertan a los mismos investigadores” (Excélsior).

La solución de estos dos secuestros quedó atorada hasta que los cómplices de Rivera Yarahuán aceptaron (enero 8) haber participado en el plagio de Miguel Angel Arizmendi, y en los de Juan Carlos Granados y Margarita Ramírez García (unomásuno). Esta aclaración, sin embargo, complicó más las cosas.

Guillermo Ochoa fue el primero en agitar de nuevo la batea (enero 9) de este caso:

“Entre sus ropas (las de Rivera Yarahuán y Carmen Salcido) se encontraron documentos con anotaciones en las que aparece el nombre de Miguel Angel Arizmendi Flores; y también los nombres de Juan Carlos Granados (sic) y Maria Margarita Ramírez, los otros dos jóvenes que fueron secuestrados una noche el 19 de noviembre cuando se efectuaba una… una fiesta de estudiantinas, eh, de estudiantinas en el COAM -que es, es el Colegio Anglo Mexicano-, el COAM. Ahí había una fiesta; ellos no entraron porque no tenía lo suficiente para la cuota de entrada; se quedaron: entraron sus primos; aparentemente llegó… Los informes que nosotros, que yo tenia -perdón que diga ‘yo’, pero yo los tenía- eran que habían llegado a una camioneta, no en este Dodge, Doge azul” en el que fue atrapado Rivera Yarahuán. Más adelante, Guillermo Ochoa dijo:) “El 19 de noviembre fue el primer secuestro -el de Margarita y Juan Carlos. Días después, el padre de Juan Carlos, un pariente de Juan Carlos fue a entregar el rescate: No. 2 millones, porque 2 millones no los tenía. Creo que 250 mil pesos. Ya había vigilancia policiaca; sin embargo, las cosas ocurrieron en tal forma que no pudieron detener al muchacho que se echó a correr, a dos muchachos que se echaron a correr con el rescate”. (Datos que al parecer sólo los tenia Guillermo Ochoa ) “Después llegó el secuestro del niño Arizmendi Flores. No estamos hablando de una falla policiaca que hubiera provocado esto. No. La verdad es que la policía actuó con una gran celeridad en este caso, que actuaron muchos agentes, que lo hicieron muy profesionalmente, sino que, pues hombre, fue un caso… desafortunado que se hayan podido escapar estos sujetos con el, con el rescate” (Hoy mismo).

Al día siguiente, Excélsior informó:

“La joven pareja de novios que formaran Juan Carlos y Maria Margarita, habían sido sepultados como desconocidos en la fosa común del pequeño cementerio de Santa Maria Tecajete, en el estado de Hidalgo, el 21 de noviembre, es decir, dos días después de haber sido secuestrados por el sicópata Aureliano Rivera Yarahuán.

“Las autoridades policiacas de esa población, al enterarse de la dramática historia del pequeño Miguelito y la posible relación con el secuestro de los jóvenes, se comunicaron de inmediato a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para dar aviso de que había una pareja sepultada en la fosa común y que podían ser los jovencitos secuestrados en la colonia Las Aguilas, la noche del 19 de noviembre”

En esta circunstancia -seguía diciendo la nota-, Victoria Adato de Ibarra envió a Hidalgo a varios agentes de la Policía Judicial y peritos forenses para examinar a las victimas. Horas más tarde, la procuradora recibió este mensaje, reproducido en la misma nota:

“Se trata de Juan Carlos Granados Sosa y Maria Margarita Ramírez García, de 17 y 16 años de edad, plagiados en la ciudad de México al salir de una fiesta que se efectuó el 19 de noviembre en el colegio Anglo Mexicano, en la colonia Las Aguilas.

“No hay duda de la identidad. Juan Carlos fue asesinado, por la espalda. Tiene un balazo de calibre 45 en la nuca, su muerte debió ser instantánea.

“María Margarita, estudiante de preparatoria, fue asesinada por el psicópata de un tiro en la frente” (enero 10).

Sin embargo, el mismo 10 de enero -día en que apareció citado el mensaje en la nota del periódico-, Enrique Ramírez de la Fuente, padre de la adolescente, agradeció (Hoy mismo) públicamente a las autoridades que cooperaron para localizar a su hija; también agradeció al presidente y a la procuradora, y se refirió no al Estado de Hidalgo, sino a Abasolo:

En especial, también, agradezco al pueblo de Abasolo, Guanajuato, que se portaron (sic) tan lindos con mi hija, porque, sin conocerla, le propiciaron un funeral con flores, con banda de guerra, la estuvieron velando cinco días esperándonos a nosotros. Y a la señora Bertha Cruz de Andarreta, a la señora Maria Guadalupe Pérez de Vázquez, la señora Bertha Silva Santa Cruz Vda. de Negrete; todas ellas fueron las que hicieron la labor social para sepultar a mi hija. Inclusive sobraron seis mil 500 pesos donaron al asilo de ancianos de todo lo que se recolectó ahí, todas las esferas: humildes, hasta los que tenían dinero”.

Impactar a un ánimo hambriento de impacto

En términos periodísticos, la historia del niño Arizmendi tiene varios finales posibles. Uno de ellos puede estar en el decreto presidencial que borra a la DIPD del mapa. Otro, quizás de una trascendencia mayor, está en un dato que pasó inadvertido el día en que se dio a conocer la medida anterior: la elaboración de un nuevo Código Penal, según informó Adolfo Aguilar y Quevedo, presidente de la Barra de Abogados, “a petición del Procurador General de la República”; un nuevo Código Penal que habrá de sustituir al vigente, “con lo que se adelantó a la petición en tal sentido del especialista en derecho de amparo, Ignacio Burgoa, quien al referirse a la ley actual dice que está tan remendada y llena de parches que parece ‘traje de Arlequín’ “(Excélsior, enero 14).

Sin embargo, muchos otros datos pasaron también inadvertidos entre el pánico desatado por los medios informativos ‑quienes, mas que informar, a lo largo de la primera quincena de enero se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la atmósfera de terror que invadió la ciudad y sus alrededores. Más que el secuestro, por encima de uno de varios secuestros la ruta electrónica de la noticia hasta llegar a sus lectores o espectadores impactó el ánimo ‑hambriento de impacto,- deseoso de verse sorprendido, asustado o aterrado- de los seguidores más fieles del último secuestro.

Las versiones y contraversiones de los secuestros de Juan Carlos Granado y María Margarita Ramírez, por ejemplo, no impidieron que la historia siguiera avanzando. Si en medio de los rumores cualquier afirmación puede tener cabida en los receptores, sin que éstos opongan ninguna reserva (digamos una afirmación proveniente de alguien que-asegura-ser-testigo‑por-medio-del-amigo-de-un-conocido-de -la-familia-del-niño-secuestrado) mucho menos existe un consenso saludable que interrogue la verosimilitud de cualquier aseveración vertida por la prensa en cualquiera de sus medios. Por otra parte, un inventario de comportamientos durante las fechas en que se inscribe esta escalada de incertidumbres, incluiría las llamadas telefónicas al programa de Guillermo Ochoa (Hoy mismo), en las que una ocurrencia de mujeres principalmente pedía la pena de muerte para los cómplices de Rivera Yarahuán -convirtiéndose, según consenso de opinión, en el sentir de todas las mujeres-; o la entrada de la televisión -por medio del noticiero 24 horas- al velorio inexplicable de María Margarita Ramírez, acompañada por una entrevista in situ al padre de la adolescente o el modo en que se eliminó del marco de los hechos, una noticia que “trascendió” entre los reporteros de la fuente policíaca, según la cual “agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Judicial Federal se tirotearon antenoche (enero 5) con los presuntos responsables del secuestro del menor Miguel Angel Arizmendi Flores” (unomásuno enero 7), y de lo que no se supo mayor cosa; o de abogados que opinan de distinto modo, ya como profesionistas o como ciudadanos comunes y corrientes, sin que esto sea motivo de vergüenza, síntoma de corruptibilidad o autogol.

Posdata

Una de las aristas en la historia del niño Arizmendi toca a uno de los clásicos del cine alemán, M, la historia del asesino de Dusseldorf, quien secuestraba niñas que después mataba. La película, filmada en la depresión económica más severa de Alemania, contaba la historia (verídica) de este delincuente que al final fue capturado por el hampa de la ciudad, en el momento en que las razzias orquestadas por las autoridades correspondientes comenzaron a dislocar la estabilidad de los negocios, las vidas, las interminables prestaciones del hampa.

A otra de las aristas la resume una frase de Rodolfo Usigli en el Ensayo de un crimen: “Alrededor de todo crimen hay siempre muchos interesados”.