Héctor Aguilar Camín. Autor de La frontera nómada. Sonora y la revolución mexicana (Siglo XIX Editores, 1977) y de Saldos de la revolución. Cultura y política de México 1910-1980 (Nueva Imagen, 1982)

Entonces hizo Elpidio Mendoza su primer antesala exitosa en la nueva era priísta y llegó frente al Escritorio en Campaña. 

-¿Profesión?

-Político.

-Me refiero a lo que usted sabe hacer.

-Política.

-Pero un doctorado, una maestría, una profesión; algo útil..

-Sólo política -repitió Elpidio Mendoza conforme daba la media vuelta-. Y aguantar la vara.

Bajo la rueda, de Juan Lezama, en unomásuno, 30 de diciemhre de 1981.-

Dígase chocarreramente pero no sin énfasis histórico: conforme sepulta sus trabajados prototipos olorosos aún a ortodoxia ruizcortinista y paternalismo conciliador el sistema mexicano sueña febrilmente su monstruo de relevo: una nueva clase política capaz de mezclar tradiciones arcaicas y modernidades anticipatorias, tener por igual arraigo en Harvard que en Teziutlán, doctorados en Nanterre con votos en Ecatepec, la capacidad de descifrar con precisión equivalente los cambios en Wall Street que anuncian turbulencias financieras y los discursos sobre la unidad revolucionaria en la sierra de Guerrero que anuncian inminentes asesinatos de rivales políticos. Este animal soñado es por lo menos raro y une, como todos los sueños, elementos dispares e inconciliables, pero es el animal que el sistema mexicano necesita para hacerle frente a los desafíos de la enorme transición política en que está embarcado.

NUEVOS INTERMEDIARIOS

Los síntomas de esa transición son relativamente claros. Por segunda vez consecutiva, con Miguel de la Madrid Hurtado, llegará a la Presidencia de la República un candidato por completo ajeno a la llamada clase política mexicana, esa colección del priísmo institucional y clientelismo personalizado desdén por la técnica y consagración de la experiencia, nula teoría y pura realidad. Por tercera vez consecutiva llegará a la Presidencia un elemento del sistema que no ha ocupado ningún cargo de elección popular, que no ha sido ni síndico ni presidente municipal ni gobernador ni diputado ni senador y que por lo mismo no ha tomado contacto vivo desde la planta baja con el edificio de las verdades verdaderas del sistema, las contradicciones específicas de los pueblos y las ciudades de la provincia, la dura mezcla de intereses y poderes reales en que está imbricada la maquinaria política profesional del país. Los escalones disciplinados que permitían hacer carrera en esa maquinaria habían sido hasta hace más o menos esos diez años una previsible escalera: primero líder local o funcionario estatal del PRI, diputado federal o delegado del partido más tarde, alto funcionario del gobierno estatal, senador, gobernador, subsecretario o funcionario nacional del PRI, Secretario de Estado, Presidente de la República. La ruptura de ese patrón de carrera política durante los setentas demostró que el acceso al poder tenía ya vías y escenarios distintos a los previstos por la tradición institucional tal como había quedado sellada en los años cuarenta. A partir de los setentas, la escalera al cielo empezó a pasar casi exclusivamente por el sector público federal y su capacidad de control y acción en las decisiones de todos los niveles, sus cuadros de capacitación infinitamente superior al promedio nacional, el auge material y humano del poder ejecutivo. Durante esa última década, las agencias del ejecutivo empezaron a otorgar en forma directa lo que antes gestionaban los políticos locales y los caciques priístas, los líderes y los sublíderes de los sectores, toda esa tecnología no escrita especializada en maquillar contradicciones y erigir círculos de fidelidades o complicidades a lo largo y ancho de la pirámide política. Al suplir progresivamente estas funciones gestionadoras, las agencias federales barrenaron en su fundamento mismo el poder del intermediario político tradicional y, con él, los poderes efectivos del partido. Decía Gonzalo N. Santos, cacique proverbial de San Luis Potosí: “El secreto está en convencer a los del centro de que se es fuerte con los de la tierra natal y a los de la tierra natal que se es fuerte con el centro”. Con el auge del sector público central, poco a poco las cosas empezaron a llegar por cauces distintos a esa disciplina: las grandes inversiones y las obras públicas, los proyectos de desarrollo y los recursos complementarios para la planeación estatal, los criterios, las prioridades. Y las lealtades políticas. Así, por ejemplo, sobre los somnolientos estados del sureste cayó el remolino petrolero, un ejército de ocupación dependiente del ejecutivo federal que cambió en un par de años la fisonomía de una región, subordino de hecho poderes e influencias estatales e impuso su violenta lógica productiva a las protestas y a las autoridades locales. Nadie eligió al superintendente de Pemex pero su voz y sus decisiones fueron más poderosas y más efectiva que las de los dirigentes elegidos popularmente, y su clientela y su autonomía fueron iguales o equivalentes a los del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas. Del mismo modo, sobre el deforme panorama de la reforma agraria y la crisis agrícola, fue erigido el Sistema Alimentario Mexicano, un diagnóstico y una estrategia de financiamiento y producción políticamente destinada a restablecer la alianza del Estado con los campesinos. Nadie eligió al coordinador general de este programa pero sus planes y sus decisiones moldearon la acción del Estado en el campo, definieron pautas productivas y destinos agrícolas. El viejo México rural empezó a adquirir en las oficinas y ante los funcionarios de los bancos agrícolas o el SAM, las lealtades políticas y las ligas económicas que antes contraía con sus dirigentes. Nadie eligió tampoco al coordinador del Plan Nacional de Marginados, pero por medio de ese programa federal han recibido agua potable, clínicas médicas, atención comercial preferente y apertura de caminos básicos más pueblos de los que hubieran gestionado hasta entonces los gobiernos estatales o los poderes municipales. Y así hasta el hecho político estructural de la transición: la república mexicana vive objetivamente un periodo de redespliegue del Estado y de la inversión pública que no conocía quizá desde la época de Calles en los veintes, una sostenida propagación de agencias suprarregionales, comisiones ejecutivas, coordinaciones nacionales, polos industriales, expansión de empresas descentralizadas, fundación de ciudades y violentas conurbaciones. En torno a los organismos ejecutivos de este redespliegue espectacular crecen las nuevas palancas de la dominación política en México, a contra corriente y en demérito de los organismos representativos, más típica o tradicionalmente políticos. Sintomático de ese cambio es que entre los colaboradores del candidato priísta Miguel de la Madrid, no haya faltado quien rehusara la oferta de una diputación federal -un cargo representativo- arguyendo con tajante realismo que no quería discutir (en la Cámara) sino decidir en las ramas del Poder Ejecutivo.

La república mexicana vive objetivamente un periodo de despliegue del Estado y de la inversión pública que no conocía quizá desde la época de Calles. En torno a los organismos ejecutivos de este redespliegue crecen las nuevas palancas de la dominación política en México, en demérito de los organismos representativos, más tradicionalmente políticos.

EL ASALTO AL CIELO

Al desafío de la enorme potencialidad en movimiento del país, lastrada por sus deformidades estructurales y sus inercias precapitalistas, por los eslabones de su dependencia industrial y tecnológica y su resistencia a las reformas que ayudarían a independizarla, el actual candidato de la Revolución Mexicana -décimo de esa madre prolija desde que en 1921 la hizo parir por asalto Alvaro Obregón- no ha propuesto hasta ahora un camino distinto sino la ampliación del ya inaugurado; no una ruptura, sino una continuación en profundidad de líneas de gobierno ya trazadas pero cuyo afinamiento cualitativo podría equivaler en efecto al despunte de una nueva era de la política y la administración pública de México: la consolidación en el poder de una generación tan distinta de su antecesora como lo fue de la suya la que determinó en 1946 el ascenso al poder de los abogados. El sello de fábrica de aquella francmasonería alemanista fue la llegada del civilismo al relevo de los generales, el imperio del claustro universitario y de su inconsciente colectivo, la Facultad de Leyes, sobre la política analfabeta de influencias bien o mal adquiridas durante la época de la revolución armada o en su secuela caudillil de los años veintes.

Como hijos directos y predilectos de un poder ejecutivo que es ya una gigantesca administración pública -su presupuesto creció en términos reales unas cinco veces en las últimas dos décadas: 21 mil millones de pesos y fracción en 1960, tres millones de millones en 1981 -esos nuevos asaltantes generacionales del poder sólo tienen en la mano el recurso y la propuesta de la planeación, a la vez un método y una decisiva innovación política que golpea el corazón de la vida institucional mexicana.

Planear es el objetivo y el instrumento, planear para “moderar miseria y opulencia”, como dijo el propio De la Madrid en su discurso de protesta como candidato del PRI; para encaminarse hacia una sociedad más igualitaria, como dijo en su discurso de aceptación de la candidatura, para “transformar el crecimiento en desarrollo social”, como dijo en su discurso de campaña en Monterrey, Nuevo León y seguir construyendo el México moderno en el entendimiento de que

modernizar es borrar todo vestigio de marginación social; distribuir equitativamente la riqueza nacional, la educación y la cultura; hacer efectivo el derecho al trabajo y ensanchar la igualdad de oportunidades; asegurar y ampliar las subsistencias populares, racionalizar los comportamientos públicos y privados, acrecentar en todos los órdenes la participación popular, reestructurar los asentamientos humanos, afirmar la soberanía al fortalecer nuestra capacidad interna de autodeterminación y reafirmar diariamente nuestra independencia en la comunidad internacional. (5 de noviembre de 1981)

El camino hacia esas metas en el contexto de una renovación generacional y metodológica de la política mexicana, está lleno de agujeros y dificultades. En primer lugar la índole misma del método: los planes tienen la ventaja de ofrecer un panorama frío y amplio de las necesidades del país; pero tienen el baldón tecnocrático de acercarse a los problemas como si su realidad política y social pudiera ponerse por un momento entre paréntesis. Son recuentos de un país con todas las escaseces imaginables por sin ninguno de los conflictos y los enfrentamientos que podrían esperarse de aquellas penurias: un guión dramático sin actores concretos. Para irse haciendo realidad esos planes exigen un conocimiento de la realidad política directa que no se adquiere detrás de los escritorios del sector público y menos aún si esos escritorios son los de los circuitos financieros y hacendarios de donde en su mayor parte provienen los colaboradores cercanos del candidato priísta y el mismo candidato. A tal grado es visible en el lamadridismo esta inexperiencia política de fondo, esta limitación de origen y trayectoria, que el propio López Portillo en una conferencia de prensa de principio de año se refirió a su sucesor como un proyecto de político: “ha sido un magnífico administrador y tiene la aptitud suficiente para ser un extraordinario político” (unomásuno, 6 de enero de 1982).

A tal grado es visible en el lamadridismo la inexperiencia política que el propio López Portillo en una conferencia de prensa se refirió a su sucesor como un proyecto de político: “Ha sido un magnífico administrador y tiene la aptitud suficiente para ser un extraordinario político”.

¿LO QUE RESISTE APOYA?

Quien así se refirió a su sucesor fue en su momento también sólo un candidato con aptitud suficiente para volverse un buen político, porque ni en su trayectoria ni en su convicción hubo nunca el contacto profundo con la llamada clase política del país sobre la que triunfó inopinadamente en la sucesión de 1975, con la que tuvo notorias diferencias en la campaña y a la que miró con desdén y postergó de nuevo cuando en su turno debió escoger al nuevo candidato de la Revolución. No hay nada casual por lo mismo en la resistencia de esa clase política a los hechos consumados de la nueva sucesión, su frustración repetida por segundo sexenio y el rabioso desconcierto ante la candidatura del secretario de Programación y Presupuesto en el que esa clase no vio otra cosa que a un tecnócrata entregado a los grupos financieros. La frustración creció como una espuma primero en la derrota de grupos burocráticos empresariales como el comandado por el regente capitalino Carlos Hank González. Pero se hizo presente también en el recelo inicial del sector obrero que regateó y condicionó su apoyo al lamadridismo, cuyo ascenso juzgó impropio luego de un sexenio de castigo político y salarial. Fue notoria también la resistencia del núcleo mismo de esa tradición política en el rechazo a la decisión sucesoria del entonces presidente del PRI, Javier García Paniagua, vinculado también a la policía política y -según la fama pública- a ciertos sectores del ejército. La resistencia pareció tomar las vías de la insubordinación, generó la especie de que se cavilaba el lanzamiento de una candidatura independiente y le costó a García Paniagua primero su exclusión del PRI el mismo día de inicio de la campaña de Miguel de la Madrid. el 15 de octubre de 1981, y luego de la secretaría de Trabajo, a fines de diciembre del mismo año. Tan profunda fue la disidencia que la segunda semana de enero fue removido también el entonces director de la policía política mexicana, Miguel Nassar Haro, con quien García Paniagua sostenía al parecer una fuerte liga amistosa y política.

El conjunto de estos desgarramientos internos de la clase política ante la candidatura lamadridiana es tan marcado, que el más visible asesor político del candidato, el secretario general del PRI, Manuel Bartlet, se vio obligado a precisar a fines de enero de 1982 que las versiones de que sostenía un pleito con el presidente del Partido, Pedro Ojeda Paullada, eran una “campaña divisionista… promovida por quienes formados en el sistema y que llegaron incluso a niveles importantes del poder, al perder en la selección del candidato presidencial, tratan ahora de crear problemas” (unomásuno, 21 de enero de 1982, p.7)

A esa resistencia de difícil manejo hay que agregar una herencia desfavorable inmediata, propiamente lópezportillista, que pudiéramos llamar reto descentralizador y otra de carácter histórico que podría describirse como una tendencia alarmante a la oligarquización de las élites.

DESCENTRALIZAR SIN GOBERNADORES

Descentralizar es el reto estructural número uno de México, la pregunta de si su sistema económico y social será o no manejable sin un cambio de fondo en su congestionamiento. Las últimas cifras oficiales sobre la producción de 1980 dan una idea de la magnitud de ese congestionamiento: en ese año sólo el DF generó el 25 por ciento del producto bruto del país y, junto con el estado de México, el 34.8 por ciento del producto nacional total. (unomásuno, 21 enero 1982).

Puede decirse que por primera vez en la historia el Estado mexicano cuenta con un volumen suficiente de recursos financieros, administrativos y humanos para proponerse las tareas del tamaño que exige el reto de esa descentralización. El difundido proyecto de puertos industriales, por ejemplo, implica a la vez la remodelación de la red nacional de transporte, un fuerte desarrollo productivo regional y una modernización portuaria en gran escala para la exportación y la importación. Pero sobre todo es un gigantesco proyecto de descentralización económica y demográfica, el fruto de una arraigada convicción en la cúpula del gobierno. Un cercano asesor económico del candidato priísta resumió esa convicción en la fórmula: “Puertos industriales o el desastre”, vale decir, “descentralización o el desastre”. Como otros ambiciosos proyectos de descentralización el de puertos industriales será guiado paradójicamente desde el centro federal y manejado por sus agencias ejecutivas, pero implica también una profunda readecuación regional de las prácticas políticas, de las formas de la participación estatal y de la regulación de las instancias reales de poder que darán un nuevo rostro a la ya de por sí maltrecha fórmula federalista mexicana.

Por un lado, cada día más intensamente, los gobiernos de los estados serán escenarios cruciales de la vida política y de la transformación económica del país. Por un lado, la simple densidad del crecimiento regional irá exigiendo en ese nivel decisiones cada vez menos provincianas o folclóricas. Por el otro, es claro que sólo rebasando los límites habituales del localismo podrán los gobernantes regionales mezclarse y sostenerse como figuras con peso propio en el redespliegue de agencias y hombres fuertes de la burocracia central, la cual, como se ha dicho, barrena desde hace tiempo los viejos sustentos representativos del poder estatal y municipal. La gestión de esos políticos locales será también cada vez menos invisible para el resto del país porque sus decisiones tendrán creciente repercusión extra estatal y la misma integración material e informativa romperá el aislamiento que antes permitía vegetar en el anonimato y la impunidad a esa especie de virreyes sin controles ni penas ni glorias, que solían ser los gobernadores.

Por otro lado, la década de los ochenta no encontrará en el petróleo -como en los setentas- un poderoso elemento dinamizador de la inversión y la industria. Por su tendencia a la baja en el mercado internacional, el crecimiento sostenido de la oferta y la sustitución energética en los países consumidores, el petróleo será por algunos años un factor estable de la economía mexicana, no su detonador triunfal. Parece obligatorio entonces regresar en los ochenta a la idea de un crecimiento económico armónico y repartido, tanto por sectores como por regiones, la idea de una economía que crecerá lentamente y que será, por necesidad, menos petrolizada y menos centralizada. El lanzamiento de ese proyecto exige una renovación a fondo de las perspectivas y las capacidades de gestión, planeación e inversión de las entidades federativas. Requiere también un liderato político estatal capaz de percibir esas urgencias modernizadoras y de llevarlas a cabo. La herencia política lópezportillista en esta materia parece en su mayor parte anterior a esos desafíos y requerimientos. Con pocas y notables excepciones – Ocaña en Sonora, Cárdenas en Michoacán, Joaquín Coldwell en Quintana Roo-, los gobernadores lópezportillistas serán más un obstáculo que un apoyo en el trayecto de ese replanteamiento nacional. Es difícil elegir entre ellos un mal menor: el agresivo conservadurismo de propietario agrícola de Toledo Corro en Sinaloa o el nepotismo corruptor y la activa demagogia del negro Camacho en Querétaro; las soberbia descontrolada y arbitraria de Acosta Lagunes en Veracruz, o el estilo caciquil y la falsa institucionalidad de Jonguitud Barrios en San Luis Potosí; el desarraigo olvidadizo, ávido de mejor destino en el DF, de Morales Jiménez en Puebla o la inmovilidad expresiva y la parálisis política de Graciliano Alpuche en Yucatán. Son todas herencias con costo. Voltéese si no a lo que han pagado el sexenio de López Portillo y la credibilidad misma del sistema, por los desaguisados de esos dos caprichos goyescos de Luis Echeverría llamados Rubén Figueroa, exgobernador de Guerrero, y Oscar Flores Tapia, ex de Coahuila.

No quiere decir que en los ochentas esos virreyes heredados perderán sus gubernaturas en un vasto naufragio de impopularidad, desafueros o renuncias obligadas, como pasó en Coahuila con Oscar Flores Tapia. Pero sí quiere decir que no podrán enfrentar la marcha de los poderes y las inversiones federales, que serán una especie de adláteres medicantes del poder central y sus agentes, con la consiguiente descomposición de las líneas de mando y autoridad estatales y el consecuente vacío de poder. O el engendro de cadenas de poder paralelas, invisibles e irresponsables, que esa incompetencia de los gobernadores ante los requerimientos de la modernización podría propiciar. Véanse sino los trabajos, a menudo infructuosos, que un político experimentado y poco provinciano como Leandro Rovirosa Wade ha tenido que pasar para impedir que Pemex cruce por el estado de Tabasco como un simple ejército de ocupación.

HIJOS DE PADRES QUE TENDRÁN NIETOS

El otro rasgo político cuyo carácter estructural no será fácil invertir o maquillar, es el proceso creciente de oligarquización de las élites. Hubo ya en el México posrevolucionario una y hasta dos generaciones de hombres públicos de primera fila cuyos hijos, nietos o parientes cercanos arañan ya la antesala o se han subido al escritorio de posiciones políticas también fundamentales. La nutrida tendencia de familias y apellidos a reincidir en el poder va obturando en la mera cúspide del sistema mexicano la “circulación de las élites”. Hay que notar el hecho porque precisamente la intensa circulación de las élites ha sido uno de los secretos centrales, si no el central, de la estabilidad política mexicana. “circulación de las élites” quiere decir que cada sexenio, de los más diversos estratos de la sociedad pero fundamentalmente de los medios y los bajos en ascenso, puedan llegar al poder -grande, mediano y pequeño- hombres, familias, grupos que no lo habían disfrutado hasta entonces. Y que cada seis años abandonen el disfrute de ese poder y sus beneficios económicos suficientes ex disfrutadores como para garantizar un remplazo masivo favorable a los que vienen empujando desde abajo en busca y exigencia de su oportunidad.

Esa experiencia crucial de la política como vía efectiva de movilidad social, ha hecho menos rígida la estratificación y ha mantenido abierta la esperanza. Esa movilidad es también la que lubrica y mantiene más o menos despierta la sensibilidad de las élites a las demandas y las inconformidades que se agitan en la base de la sociedad, es el sustento de su realismo y de su corazoncito populista, de su continua preocupación por hacer que llegue a los de abajo su cuota de discursos y recursos, no importa cuan pequeña o demagógica.

Luego de dos generaciones completas de política posrrevolucionaria, la tendencia que se vislumbra es que los hijos o parientes de quienes ya habían vivido ese proceso reingresan al poder como herederos de la experiencia pero sin el conocimiento -el sufrimiento- aleccionador de su itinerario completo, con la formación secreta y las relaciones directas adquiridas sin esfuerzo en la sala de la casa o la clientela del antecesor.

Un índice preocupante de esa tendencia fue recogido por el columnista León García Soler ante la lectura de una lista provisional de las candidaturas priístas al senado. Para sesenta y cuatro escaños disponibles, apuntó García Soler,

hay más de treinta personajes que son parientes directos, hijos, sobrinos, hermanos, padres de funcionarios en ejercicio o de viejos políticos. Uno para cada una de las treinta y dos entidades representadas en el Senado de la República. Familiar asunto este del pacto federal: moderna versión de la familia revolucionaria… Queda el consuelo de la elección a la que habrán de someterse todos por igual. No así los cargos públicos, en las chambas que son propiedad exclusiva de la moderna familia. Y todavía hay entre ellos funcionarios quienes se dicen ofendidos porque la crítica habla de nepotismo. “A la mitad del foro”, Excélsior, 27 dic., 1981).

Agréguense al ejemplo del senado algunos notables casos recientes, como el de Tlaxcala, en que compitieron por la gubernatura un padre y un hijo, o el multicitado escándalo del gobernador Flores Tapia una de cuyas afrentas o irregularidades mayores fue tener a toda la familia en los puestos clave de gobierno. Repárese sobre todo en el círculo íntimo de colaboradores y políticos lamadridianos con un seguro porvenir en el sexenio que está por iniciarse: el actual secretario general del PRI, Manuel Bartlet, hijo de un ex gobernador de Tabasco; el director del IEPES, Carlos Salinas de Gortari, hijo de un viejo y encumbrado político neolonés; el oficial mayor del PRI, Adolfo Lugo Verduzco, miembro de una familia de políticos profesionales que entre otras cosas ha dominado el Estado de Hidalgo por dos generaciones; el director de documentación y evaluación de la campaña lamadriniana, José Ramón López Portillo, hijo del actual presidente de la República; Bernardo Sepúlveda Amor, hijo de médico de presidentes y sobrino de un reconocido internacionalista, distinguido asesor y funcionario de la política exterior mexicana; el actual subsecretario de Hacienda Jesús Silva Herzog, hijo de la leyenda nacional del mismo nombre con una larga trayectoria en el sector público; el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, hijo de un ex secretario de Recursos Hidráulicos. El propio candidato Miguel de la Madrid Hurtado, aunque de una rama familiar modesta, cuenta entre sus ancestros a ex gobernadores e hizo carrera en el sector público con apoyo reconocido de su tío Ernesto Fernández Hurtado, director epónimo en su tiempo del Banco de México.

Es desde luego algo menos simple que nepotismo, es una tendencia histórica a oligarquizarse, la capacidad de la familia revolucionaria para reproducirse con alguna eficiencia como oligarquía política y de encumbrar cuarenta años después a sus mejores frutos, que no alcanzan la cúspide únicamente por su parentalia, sino también por sus efectivas dotes políticas y administrativas que ayudan a formar y desarrollar muy ventajosamente las tempranas cercanías familiares con el poder. Es un hecho que la tendencia se recrudece conforme los gobernantes mayores, reparten posiciones ejecutivas entre sus parientes y estimulan así la reiteración de la práctica, como olas concéntricas, a todo lo largo de la pirámide. Pero lo que se intenta subrayar aquí es el carácter crecientemente obturador de esa tendencia como una posible fuente de arterioesclerosis incipiente del sistema: la reocupación progresiva de la cúspide por gente que de alguna manera viene de ella, que ya estuvo allí, que no viene de su propia ambición de llegar, de ese lugar sin límites que es la voluntad de trepar y prevalecer según la imagen prototípica del pastor de Guelatao o el ranchero de Jiquilpan, que pudieron pasar del árbol provinciano a la presidencia de la República, de la nada social al reconocimiento autogenerado.

A fin de cuentas, la mexicana más que una revolución social fue una revolución antirreeleccionista; su verdadero meollo no fue tanto la búsqueda explícita de un nuevo reparto de la propiedad y la riqueza, como la de un nuevo reparto del poder y la preponderancia en el tejido endurecido de la gerontocracia porfirista.

Los intereses acumulados de la “familia revolucionaria” tienden a formar sus propias pirámides opuestas de lealtades y expectativas. Parece cada día más difícil ofrecer a cada grupo una tajada satisfactoria que siga garantizando su disciplina.

LA CASA CHICA

Junto al redespliegue del Estado y sus agencias sobre el territorio, la sociedad civil mexicana vive también un proceso de autonomía o independencia frente a la tutoría tradicional de ese Estado. Es una consecuencia de la modernización: el advenimiento de una sociedad urbana, industrial, y la estratificación consecuente de los intereses, los grupos, las clases sociales cuya complejidad creciente desdibuja las posibilidades de volver a sumirlo todo en el viejo pluriclasismo patriarcal, aquel orden monologante que convirtió los aparatos estatales en las únicas instancias toleradas de representación social y política hasta cuajar en los años cincuenta y sesenta la certeza oficial de que la sociedad y el Estado eran lo mismo. No parecía haber nada en la primera que no estuviera plenamente representado y satisfecho en el segundo, ni podía provenir del segundo nada que atentase contra los intereses “legítimos” de la primera.

La autocomplacencia de esa vocación monolítica condujo entre otras cosas a la represión del movimiento estudiantil de 1968, a Tlatelolco y a la prolongada guerra secreta librada en el curso de los años setenta por los cuerpos de seguridad y el ejército contra los movimientos guerrilleros del campo y la ciudad. La apertura democrática echeverrista primero, la reforma política lópezportillista después, fueron en el fondo reconocimientos de que aquella identidad entre la sociedad y el Estado no sólo era una fantasía insostenible sino una fuente de intolerancia que amenazaba la estabilidad misma del sistema. Al reconocer la presencia de fuerzas ajenas al Estado y al sistema político mismo, esos gobiernos reconocían que la creciente pluralidad de la sociedad mexicana era irreversible; más aún: que el único modo eficaz de manejarla era ofrecerle cauces legales e institucionales para que se manifestara e incluso creciera. Era también una forma de reconocer que el tradicional Estado omniabarcante y multiclasista de la era posrrevolucionaria había topado con sus límites históricos y no podía ya incluirlo todo o reprimir lo que le sobrara, sin grave costo político. Del seno de la sociedad surgían fuerzas ajenas a ese dominio y el sistema político no tenía oferta ni respuesta convincentes para ellas no podía tener tampoco su control directo. El golpe de estado financiero de los grupos privados en 1976 demostró hasta qué punto ese Estado se había vuelto vulnerable a las nuevas realidades que las décadas del desarrollo estabilizador habían creado.

La crisis económica que siguió, fue revelando crecientemente una sociedad de claros perfiles clasistas cuya agresiva expresión política suele desbordar a un lado y otro de la línea los planteamientos centristas o conciliadores del Estado. Con notoria madurez, los grupos empresariales y financieros articulan cada vez con mayor claridad sus demandas y necesidades; en el ámbito del trabajo organizado, los últimos años registran la implantación de sindicatos independientes en centros estratégicos como las universidades o la industria automotriz, al tiempo que dentro del mayoritario movimiento obrero oficial se da una renovación ideológica de acusada carga reformista. En esas condiciones, la capacidad de conciliación del Estado disminuye, sus decisiones tienden a caer de un lado o de otro del pleito sin mediaciones que las suavicen o las disfracen.

Paralelamente, dentro de las fuerzas del establecimiento mismo, los intereses acumulados de la “familia revolucionaria” tienden a formar sus propias pirámides opuestas de lealtades y expectativas. Parece cada día más difícil paliar sus contradicciones internas, ofrecer a cada grupo una tajada satisfactoria que siga garantizando su disciplina y su responsabilidad institucional. La disidencia o la resistencia de gente como García Paniagua puede ser vista como una expresión de esta diversidad de los intereses de dentro que puede llegar a hacerlos incompatibles o reacios a las exigencias de la unidad institucional. Muy clara en ese sentido fue también la previsión que el regente capitalino Hank González, confío al columnista Manuel Buendía en agosto de 1980.

Según Hank -escribió el columnista- el próximo presidente todavía podrá asumir el poder del país en paz, pero ya no el siguiente porque el actual sistema político no da más de sí. Las perspectivas son de convulsiones internas y hasta de intervención extranjera si no somos capaces de hallar otro sistema político. ‘Ayúdeme a pensar en uno’, pidió Hank al estupefacto reportero”. (“Red privada”, Excélsior. 7 de enero de 1981

Aparte de que la casa en sí misma ha empezado a estar chica para la robusta prole revolucionaria institucional, la realidad externa a ella ha traído por lo menos dos nuevos centros decisivos de influencia y poder para los cuales las fórmulas probadas del control estatal, no tienen respuesta. En primer lugar el impresionante desarrollo del poder financiero que crece en México sin ninguna cortapisa o regulación legal moderna, aparte de la siempre invocada medicina del encaje legal. A cambio de esa modesta tranca, que suple para el Estado una fuente de financiamiento que debería provenir quizá de una reforma fiscal de fondo, el capital bancario no tiene freno alguno en la adquisición y participación directas de industrias y servicios, facilidades que agilizan el galopante proceso de monopolización de la planta productiva mexicana. No hace falta insistir en los efectos deformantes que esta tendencia monopólica tiene en el conjunto de la economía.

El segundo escenario novedoso o ajeno a la capacidad de regulación del Estado es el de los medios masivos de comunicación, en su encarnación mayor conocida como Televisa. Es un aparato ideológico privado, erigido sobre la concesión y el estímulo inexplicable de los gobiernos posrrevolucionarios, que representa hoy la efectiva vanguardia mexicana en América Latina y en el mercado de habla hispana dentro de Estados Unidos. Es también un foco real de poder que decide por su mayor parte el uso del tiempo libre de los mexicanos, un vasto proyecto de estupidización masiva y una escuela transnacional de ideología. La desafiante independencia de este consorcio frente al Estado que lo ha construido, se ha hecho evidente en materias como la política centroamericana y la relación con Estados Unidos. 

La polarización creciente de la sociedad civil y de la pluralidad social y política que crea la misma modernización capitalista de México, la pequeñez de la casa institucional para tipos de la misma familia revolucionaria y la independencia de factores como los medios masivos y el capital financiero, son cuestiones centrales en el camino de la difícil transición política mexicana.

Para imponerse y dar su propia respuesta la generación y el estilo que asaltan el poder con la candidatura lamadridiana no parecen tener políticos experimentados suficientes, del mismo modo que al entrar a su sexenio los alemanistas no parecían tener “militares civilistas” suficientes.

DE GINEBRA A VERACRUZ

El horizonte histórico inmediato al que esa transición no resuelta debe responder es en sí mismo un reto monumental: un país en intensa transformación urbana e industrial, con una muy amplia reserva física de recursos naturales y una población sin precedente de jóvenes cuyas demandas imponen la necesidad de crecer en los próximos quince años lo mismo que el país ha crecido en los últimos setenta; la frontera norte registra la mezcla cultural y la integración económica con otra civilización más profunda que México haya vivido desde la conquista española; su frontera sur también por primera vez en mucho tiempo, ata el destino del país al de las revoluciones nacionales que ahí tienen lugar y a la confrontación Este-Oeste que la Casa Blanca pretende dirimir en ese escenario. Todo, sobre el subsuelo explosivo de una sociedad que ha conformado en sus sótanos y en sus márgenes una geografía de la miseria de veinte millones de mexicanos incomunicados y subalimentados, sujetos a enfermedades curables, sin agua potable ni trabajo productivo ni escuelas ni conciencia de la nación que crece sobre ellos ostentando en ellos el problema central de su futuro: la desigualdad.

Para imponerse y dar su propia respuesta a ese conjunto de desafíos, la generación y el estilo que asaltan el poder con la candidatura lamadriniana no parecen tener políticos experimentados suficientes, del mismo modo que al entrar a su sexenio los alemanistas no parecían tener “militares civilistas” suficientes. Es cierto también que, pese a su preponderancia administrativa, financiera y planificadora, esa generación no puede ofrecer un instrumento político alternativo del tamaño del PRI, ni suplir con la suya propia esa escalera de intermediarios sensibles que aún se rigen por la óptica de la vieja escuela política mexicana. Por eso el décimo candidato presidencial de la revolución mexicana vuelve una vez y otra al seno del partido donde no nació ni creció su candidatura, y juega su carta de candidato partidario como el más genuino hijo de esa maquinaria. Por eso su propuesta no es en ningún sentido el abandono de la tradición, sino su revitalización modernizada. La maquinaria priísta y la llamada clase política mexicana son todavía el escalón indispensable sobre el que este relevo generacional debe construir su cadena de una nueva dominación racionalizadora y planeadora, capaz de hacer frente al futuro inmediato de un país en movimiento que tendrá más de 100 millones de habitantes en el año dos mil.

Este es también el fenómeno apasionante de la transición mexicana: el desafío de virar haciendo ajustes de fondo sin tocar la raíz del sistema, sólo reproducir ese sistema con un margen menor de yerros e ineficiencia; crear una nueva clase política sobre los restos y la sabiduría de la anterior, ir poniendo los ladrillos para ese nuevo dirigente mexicano que sabrá negociar en las mesas ginebrinas los derechos internacionales del mar y obtener en los circuitos terrenales de la estiba en Veracruz o la astillería en Mazatlán los convenios que satisfagan todos esos microscópicos intereses en juego que sólo conocen a fondo los conocedores… y los cómplices.

Este es el nuevo monstruo que sueña la razón histórica del sistema político mexicano. No sabemos lo que sueñen sus instintos. Hablamos solamente de un embrión, y no tiene el futuro comprado.