En las discusiones sobre la relación entre los chicanos y el sistema político estadunidense existen dos narrativas que han encontrado audiencias receptivas. La primera y más antigua es la narración del “gigante dormido”. Según este discurso, los chicanos han sido una vasta población que carece de una tradición de activismo. La más reciente es la narrativa de la “amenaza latina” que sostiene que los mexicanos radicados en Estados Unidos están involucrados en un activismo contrario a los intereses nacionales. Se cuestiona su “lealtad” a ese país. Más específicamente, los mexicanos —de acuerdo con quienes han articulado esta última narrativa— forman parte de un movimiento, “la Reconquista”, el cual buscaría, como su nombre lo indica, reconquistar el suroeste y devolver los territorios perdidos frente a Estados Unidos durante la guerra contra México en 1847.

Ambas narrativas han sido extremadamente atractivas para políticos y observadores de la política. La primera surgió a principios de los años sesenta y ha persistido durante más de medio siglo. La segunda ha encontrado expresión en publicaciones nacionales y por parte de reconocidos politólogos, en particular Samuel Huntington. Y ahora retomada por la administración Trump. Sin embargo, ninguna de ellas capta a plenitud las realidades históricas o contemporáneas. Más bien, ambas narrativas reflejan la noción de que los chicanos y otros latinos han optado por “excluirse” en términos de Albert Hirschman —opción que está presente para los grupos sociales en un contexto de declive institucional. Este ensayo, sin embargo, subraya la tradición de activismo y explora las otras dos opciones posibles: la lealtad y la búsqueda de la expresión de la voz propia.

 

La tradición del activismo comenzó inmediatamente después de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo entre aquellos individuos designados como los “chicanos originales”. Como lo documentaron académicos como Albert Camarillo, Leonard Pitt y David Hayes-Bautista en su libro On Cinco de Mayo, esta generación empleó la política electoral para buscar su representación y de hecho ejerció algo de influencia hasta que se realizaron esfuerzos sistemáticos y efectivos para excluirlos del proceso político.

Ya para las primeras tres décadas del siglo XX el activismo fue continuado por la generación de los “inmigrantes mexicanos”. Como documentan Edward Escobar y Roberto Álvarez Jr., entre otros, dicha generación, compuesta por individuos nacidos en México que ingresaron a Estados Unidos entre 1890 y 1930, llevó a cabo diversas protestas contra la brutalidad policial y la segregación en las escuelas, mientras que realizaba un enérgico activismo en el ámbito laboral. Muchos, como Pedro J. González, fueron constantemente atacados durante las campañas de repatriación de la década de 1930 y regresaron a México, pero no sin antes lograr algunos avances como la desegregación —producto del caso del Distrito Escolar Álvarez vs. Lemon Grove. Es decir, miembros notables de esa generación dieron ejemplo de cómo defender exitosamente a la comunidad y de la necesidad de desafiar las injusticias e iluminar las posibilidades y los límites de la voz de los mexicanos.

Ilustración: Patricio Betteo

A partir de finales de los años treinta, pero en particular después de la Segunda Guerra Mundial, la llamada “generación mexicoamericana” renovó y extendió la tradición de lucha al denunciar que los chicanos eran ciudadanos de segunda clase que merecían la igualdad. Usando tácticas de grupos de interés, de política electoral y llevando casos a las cortes gestaron un movimiento por los derechos civiles. Eliminaron la segregación en las escuelas públicas, así como en otros espacios públicos como piscinas y en espacios privados como los teatros a través de la resolución judicial Méndez vs. Westminster; lograron la derogación de las leyes de California contra el “mestizaje” en el caso Pérez vs. Sharp; aseguraron el derecho a un abogado por medio de Miranda vs. Arizona. También fundaron las primeras organizaciones explícitamente políticas como la Community Service Organization, el American G. I. Forum (de veteranos de guerra) o la Political Association of Spanish-Speaking, y las utilizaron para asegurar la representación mexicoamericana. Finalmente, tuvieron participación en la carrera presidencial de 1960 a través de los Clubes “Viva Kennedy”, lo que le permitió a John F. Kennedy obtener la victoria en el estado de California. Todo esto en una época en la que los mexicoamericanos a menudo eran descritos como “una minoría invisible”.

Muchos de los miembros de la “generación mexicoamericana” se convirtieron en los padres de los activistas políticos del Movimiento Chicano de los años sesenta y setenta, que a su vez conceptualizaron una nueva identidad como “chicanos”, rechazaron la prescripción de asimilación, abrazaron el nacionalismo y el internacionalismo y recurrieron a la protesta como forma de hacer política. También fundaron nuevas organizaciones que van desde los Brown Berets hasta la Organización Juvenil Mexicano-Americana, e incluso el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, y posteriormente lograron la institucionalización de los programas y departamentos de Estudios Chicanos. Por si fuera poco, desafiaron al sistema tradicional bipartidista al fundar el primer partido político chicano, el Partido La Raza Unida, que demostró el poder del voto en el sur de Texas y en otros lugares.

 

Antes de 1975 las bajas tasas de votación entre los chicanos y otros latinos condujeron a generalizaciones como “los mexicanos no votan” y a su descripción como un “gigante dormido”. Pero con la promulgación de las leyes de derechos electorales de 1975 y 1982 comenzó a escribirse un nuevo capítulo en el registro y votación de los latinos, el registro y la participación aumentaban en la medida en que se eliminaban obstáculos para el voto. La ley de 1975 autorizó el uso de boletas bilingües en las elecciones federales, lo que finalmente permitió a muchos chicanos comenzar a comprender los fundamentos y matices de las elecciones estadunidenses. La legislación de 1982 se enfocó en erradicar los sistemas electorales discriminatorios. En este contexto, el Southwest Voter Registration Education Project, dirigido por el legendario organizador social Willie Velásquez, institucionalizó el eslogan “Su Voto Es Su Voz”, para promover la participación política. El resultado fue el incremento de los votantes y funcionarios electos latinos.

Como señala el Pew Research Center en su informe An Awakened Giant: The Hispanic Electorate is Likely to Double by 2030, para 2016 aumentó el número de latinos que podían ser elegidos y ser electos: 27.3 millones. Aunque el crecimiento en el registro de electores no ha estado acompañado por una participación política constante, el hecho es que en la actualidad hay más de seis mil chicanos y otros latinos que tienen cargos de elección popular en todo Estados Unidos. Esto se percibe claramente en California, donde los dos principales puestos en la legislatura de California están ocupados por los latinos Kevin de León y Anthony Rendón quienes han organizado la “resistencia” a las políticas del presidente Donald Trump, como David Maciel ha documentado en su artículo “Chicano Power vs. Trump”.1 Otros legisladores de California también han apoyado una agenda prochicana, como es el caso de Marco Firebaugh, oriundo del área Tijuana y San Diego, quien fue clave para la promulgación de la trascendental Ley AB 540, que le permitió a los estudiantes indocumentados pagar la colegiatura de residentes de estados en universidades públicas (anteriormente se les consideraba como no residentes del estado y la colegiatura era sustancialmente más cara), eliminando así uno de los principales obstáculos para la educación superior de miles de jóvenes.

De acuerdo con las proyecciones del Pew Research Center para 2030, 40 millones de chicanos y otros latinos serán electores y elegibles para puestos políticos. Pero para ejercer una mayor influencia política los chicanos y otros latinos deben defenderse exitosamente contra los mecanismos de supresión del voto que se encuentran entre los principales objetivos de las leyes electorales restrictivas aprobadas en varios estados. Tan sólo en 2011 y 2012 aproximadamente 180 leyes de este tipo se introdujeron en 41 estados, incluyendo Texas, que cuenta con la segunda población latina más grande en Estados Unidos. En 2011, por ejemplo, la legislatura de Texas promulgó una ley de identificación de votantes que requería que presentaran una de las siete formas de identificación existentes en Estados Unidos, aunque al final, a instancias del grupo legislativo latino, un tribunal federal dictaminó que la ley implicaba la discriminación intencional en contra de los chicanos y otras minorías.

 

En el nuevo milenio la voz de los chicanos se manifiesta en la forma del resurgimiento de la protesta, que es la estrategia de los oprimidos. En 2006 la protesta se generalizó con las marchas masivas por los derechos de los inmigrantes, en ellas se incorporaron cientos de miles de indocumentados y también de ciudadanos, que en última instancia erosionaron el apoyo al extremadamente punitivo proyecto de ley Sensenbrenner. Del movimiento por los derechos de los inmigrantes nació el movimiento Dreamer, llamado así por la meta de lograr que la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act, por sus siglas en inglés) permitiera a los jóvenes indocumentados obtener el derecho legal de permanecer en Estados Unidos. Bajo el eslogan “Sin documentos y sin miedo”, jóvenes indocumentados, tal y como muestra Walter J. Nicholls en su estudio de 2010 “The DREAMERS: How the Undocumented Youth Movement Transformed the Immigrant Rights Debate”, los jóvenes indocumentados “salieron e hicieron una fuerte protesta para ser reconocidos como seres humanos que pertenecen a los Estados Unidos” y para expresar su “derecho a tener derechos”. Como documenta Nicholls, los dreamers han influido significativamente en el debate sobre los derechos de los inmigrantes.

El 5 de octubre de 2017 la administración Trump anunció que finalizaría el programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En respuesta, los dreamers y sus partidarios, bajo los auspicios de organizaciones como United We Dream se opusieron, organizaron marchas e interrumpieron las actividades de diversas instituciones a través de ocupaciones y plantones en oficinas gubernamentales clave. Como ejemplo de estas acciones, el 9 de noviembre de 2017 miles de dreamers ocuparon el Edificio Hart del Senado de Estados Unidos y llevaron a cabo una serie de protestas en escuelas de todo el país, exigiendo al Congreso acciones en su favor.

De 2000 en adelante los estudiantes de universidades públicas en California, a través de organizaciones como el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA) y la Asociación de Activistas Chicanas (AChA) en la Universidad Estatal de San Diego, han protestado por los aumentos en las colegiaturas y por los recortes en el gasto para programas académicos. También han ejercido presión con éxito sobre los funcionarios estatales para que aumenten las inversiones estatales en educación superior y colocaron los problemas del hambre y la falta de vivienda en las agendas de los sistemas de educación superior. Fuera del campus los estudiantes continúan protestando contra la violencia perpetrada a los inmigrantes y la terminación del DACA, organizando huelgas en universidades en todo el país. La voz de los jóvenes continuará siendo crítica a largo plazo.

En Arizona se organizó en 2012 una lucha en defensa del Programa de Estudios México-Americanos en el Distrito Escolar Unificado de Tucson. Ese año el programa llegó a su fin después de que el estado promulgó una ley que prohibía los cursos “diseñados para alumnos de un grupo étnico en particular” que “promueven el resentimiento hacia una raza o clase de personas [y]… el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos”. Esta legislación estimuló una amplia resistencia juvenil en Tucson, como se refleja en la película Precious Knowledge, y además el caso se llevó a la corte. En el litigio Gonzales vs. Douglas los demandantes alegaron que sus derechos garantizados en la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución estadunidense fueron violados por la promulgación y puesta en práctica de esta legislación de Arizona. El 22 de agosto pasado un juez federal falló a favor de los demandantes al estipular que en efecto la ley violaba los derechos constitucionales.

 

Los latinos son el grupo racial o étnico más joven de Estados Unidos. Aproximadamente un tercio de la población es menor de 18 años. Alrededor de un cuarto de los 14.6 millones de latinos son millennials, es decir, individuos nacidos entre 1981 y 1996. Además, como reveló el Pew Research Center, los jóvenes están impulsando el aumento en el dominio del inglés entre los latinos, justo el tipo de competencia y aptitud que los partidarios de la narrativa de la “amenaza” asegura que los latinos rechazan. Además, como la socióloga Nilda Flores-González encontró en su estudio Citizens but Not Americans: Race, Belonging and Belonging among Latino Millennials, aunque son ciudadanos estadunidenses por nacimiento los millennials se sienten excluidos de la imaginada “comunidad estadunidense”. En respuesta a la exclusión percibida, se esfuerzan, no desde un ánimo de separatismo o deslealtad sino “con el objetivo de reescribir la narrativa nacional de pertenencia, una en la que Estados Unidos incluya la diversidad racial y étnica”. Si tienen éxito, la naturaleza del sentido de pertenencia en Estados Unidos puede transformarse de manera radical. Mientras tanto tienen una voz y la tradición del activismo se ha renovado y extendido por otra generación más.

 

Isidro Ortiz
Profesor titular del Departamento de Chicana and Chicano Studies, San Diego State University.