Hace poco, en abril de este año, escribía en este mismo espacio sobre la crisis de inseguridad en la Universidad Nacional. Hoy, a la luz de los sucesos recientes en Ciudad Universitaria, cobran nueva fuerza los argumentos presentados en aquel momento. El número y gravedad de casos no han disminuido desde entonces: el presunto acoso sexual a Judith Flores en el IIE, el secuestro y asesinato de Miranda Flores del CCH Oriente, el presunto acoso sexual sufrido por varias alumnas de la facultad de economía por parte del exsecretario de Asuntos Estudiantiles de dicha facultad, que llevó a la creación del movimiento “Yo Te Creo Compañera Facultad de Economía” y, por supuesto, el ataque con armas punzocortantes en la explanada de Rectoría.

A) Las autoridades universitarias se encuentran en un conflicto permanente entre la atención eficaz de los casos y la rendición de cuentas respecto de los mismos, por un lado, y la necesidad de cuidar el prestigio y buen nombre de la institución, por otro.

B) La Universidad no está haciendo lo necesario para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, ni para dar seguimiento puntual a las investigaciones de las autoridades ministeriales competentes. Esto incluye tanto la ausencia y deficiente distribución de competencias como la ausencia de recursos humanos, materiales y de procedimientos de atención específicos.

En diversos momentos de la presente administración rectoral se han emprendido acciones normativas para mitigar y atender los diversos problemas de inseguridad en Ciudad Universitaria; destacan dos momentos: por una parte, la firma y puesta en marcha en agosto de 2016 del “Protocolo para Atender Casos de Violencia de Género”, y por otra, el “Plan de Diez Medidas de Seguridad en los Campus” emitido en mayo de 2017. Estas medidas (y otras tantas no tan publicitadas) han sido duramente criticadas por un amplio sector de la comunidad universitaria, si bien por otra parte han sido respaldadas en distintas ocasiones por entidades académicas y órganos colegiados de la Universidad.

Ilustración: Dante Escalante

Desde el análisis discursivo, podemos afirmar que la UNAM ha mantenido claramente una línea basada en los siguientes puntos:

1. Deslindarse de responsabilidad directa o diluirla, transfiriéndola a otras autoridades o a particulares, con expresiones como “esos son grupos [que] pretenden desestabilizarla para crear un clima de inseguridad” o “las denuncias de los hechos ya fueron presentadas a la Procuraduría”.

2. Usar expresiones como “rechaza con indignación”, “reprueba enérgicamente” o “acciones inadmisibles”, con la intención de proyectar contundencia.

3. Presentar a la Universidad como a una víctima indefensa de los acontecimientos y las circunstancias, como una agraviada más, en lugar de como a una autoridad responsable, caracterizando las problemáticas como elementos que “irrumpen” en una supuesta normalidad, y no como elementos complejos construidos desde la cotidianeidad de la institución y sus miembros.

Además, es importante señalar que en el caso concreto de las agresiones del día 3 de septiembre, las autoridades de la Universidad se refirieron a los grupos porriles como “grupos de vándalos al servicio de intereses externos”, lo que no concuerda con el historial de omisiones, y en algunos casos, de franco fomento a estas actividades por parte del propio personal de la UNAM: los grupos porriles de ninguna manera son un problema externo, sino la consecuencia directa de políticas institucionales fallidas.

En la práctica, la respuesta institucional regularmente ha tenido como prioridad la contención de los efectos mediáticos por encima de la resolución de los problemas, aparentemente ignorando de manera negligente las causas de fondo. Si bien en casos puntuales pueden observarse algunas acciones, sobre todo al darse a conocer públicamente los hechos en cuestión, al avanzar el tiempo son sistemáticos los reclamos de abandono o falta de seguimiento de las víctimas y familiares.

Sin embargo, y de manera atípica, en el caso de la agresión de días pasados, las autoridades de la UNAM decidieron reforzar su respuesta discursiva regular con la expulsión provisional de al menos 18 personas con calidad de estudiantes de distintas entidades académicas; más aún, hicieron públicas dichas expulsiones. Si bien se entiende la necesidad urgente de mostrar resultados inmediatos para superar el impasse y reducir la presión a la que está sometida la UNAM, con el fin de salvaguardar su identidad y mantener la operatividad, es inaceptable que estas acciones se lleven a cabo en flagrante violación a los más elementales estándares de presunción de inocencia, protección de datos personales, responsabilidad y debida diligencia en la investigación. Más preocupante resulta que ya se vislumbren las primeras evidencias de que se ha errado en la identificación de algunos de los señalados. Por proyectar estabilidad, credibilidad y contundencia inexistentes, se estaría sacrificando el prestigio y la naturaleza de la Universidad, agravando los problemas a mediano y largo plazo.

Sin olvidarnos del carácter político del ataque y de la crisis en la que se encuentra la Universidad, no debemos de perder de vista que el problema central, por el que el CCH Azcapotzalco se manifestaba cuando fueron atacados, el que permitió que el conflicto llegara a este punto, es el problema de la inseguridad en la UNAM. Es cierto, tenemos muchos más retos, pero el hacer uso de la coyuntura para poner sobre la mesa asuntos distintos, solo ha abonado a que se diluyan las demandas de los estudiantes, desviando la atención innecesariamente.

Como bien menciona Jorge Volpi: la exigencia de seguridad en la UNAM es la de todo México. La Universidad es la casa de actores de cambio presentes y futuros, de académicos especialistas y de estudiantes conscientes y comprometidos; es un sitio donde confluyen potenciales únicos para la solución pacífica e inteligente de conflictos.

Más allá de la coyuntura, en lo subsecuente revisaré las medidas normativas tomadas para atender los problemas y las principales críticas y objeciones que hacia las mismas han emitido diversos actores. Antes de comenzar, conviene enfatizar que esta opinión no pretende más que intentar aportar a la comprensión y atención de los problemas presentados: reconozco que la profundidad de los mismos, y la complejidad y diversidad de la Universidad son factores que influyen en gran medida en la efectividad de las acciones para atenderlos, sin embargo, es necesario señalar lo que se está haciendo mal, lo que no se está haciendo, y lo que se puede hacer mejor, en tanto que solo de esta manera tendremos posibilidades reales de mejorar.

Para entender y atender los problemas que atraviesa la Universidad, hay que tener en cuenta algunos puntos clave sobre su naturaleza e historia que explican en buena medida sus dificultades para atender con eficacia los problemas; sin duda existirán más, pero me parecen definitorios y centrales el de la autonomía universitaria y el de la falta de debida diligencia en la atención.

1. La autonomía mal entendida y peor ejercida: El movimiento estudiantil de 1968 y la huelga de 1999-2000 dejaron un trauma permanente y unas heridas que aún no cicatrizan en el ideario de la Universidad y de los miembros de su comunidad. Basta ver el reporte del CISEN para darse una buena idea la cuestión.1 Las secuelas de estos eventos continúan afectando las percepciones de los universitarios, quienes viven con una especie de miedo constante y perpetuo a la intervención externa y al autoritarismo (que, aunque a veces justificado), incide en la pérdida de objetividad de las decisiones institucionales sobre gran cantidad de asuntos de suma relevancia. Este celo es el que ha llegado a extremos irracionales que evitan la cooperación interinstitucional decidida y abierta con autoridades de seguridad pública; hasta que no resolvamos el problema de los límites de la autonomía, seguiremos implementando acciones insuficientes.

Además de los problemas internos que genera el mal entendimiento de la autonomía, también dificulta el esclarecimiento de hechos delictivos en tanto que ni las mismas autoridades de procuración de justicia tienen claras sus posibilidades de actuación en el ámbito de la Universidad. Sirva como ejemplo el reciente diferendo entre la PGJCDMX y la PGR.

2. La intrincada y barroca estructura de mando y operación, y la consecuente deficiencia en la coordinación: Para comprobar el tamaño del aparato institucional, baste indicar que existe un “Sistema Integral de Prevención y Gestión de Riesgos” conformado por los siguientes subsistemas: el Centro de Monitoreo, el Subsistema de Análisis de Incidentes e Ilícitos en la UNAM (SAIIUNAM), la Central de Atención de Emergencias, el Subsistema Reactivo y Disuasivo, Protección Civil, el Subsistema Jurídico, y el Subsistema de Concertación Interinstitucional (programas Sendero Escolar Seguro y Transporte Seguro); por otra parte, en el plano operativo, las competencias se traslapan entre la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario (con sus dos Subcomisiones de seguimiento a Comisiones Locales de Seguridad, la Subcomisión para la Promoción de una Cultura de Seguridad Universitaria, la Oficina de la Abogada General (incluyendo las Oficinas Jurídicas, la Unidad para la Atención de Denuncias y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entre otras), la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria (incluyendo a la Dirección de Prevención y Protección Civil y a la Dirección General de Servicios Generales, entre otras), la Defensoría de los Derechos Universitarios, las Comisiones Locales de Seguridad, los Departamentos Jurídicos en cada entidad académica, las y los Directores de las entidades académicas e incluso los Consejos Técnicos de las mismas.

Ante tal cantidad de siglas y acrónimos vale preguntarse (con cierto grado de perplejidad): ¿por qué una estructura de tal tamaño y alcance produce resultados tan insatisfactorios? Lo cierto es que, en plano de lo cotidiano, las atribuciones no quedan claras y las responsabilidades se diluyen. En un país y en una cultura en los que una competencia difusa se convierte en responsabilidad de nadie, resulta inverosímil continuar con una legislación universitaria imprecisa y laxa, que deja espacio para la inacción, la omisión y la ilegalidad.

Sobre la coordinación interinstitucional, la Comisión Especial de Seguridad señala en su informe de 2015 que la UNAM suscribió convenios de colaboración con los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México en 2008 y 2013 para la operación en lo particular de los denominados “programas Sendero Seguro”, pero la PGJDF señala en respuesta a una solicitud de información2 que dicha dependencia: “no cuenta con ningún contrato, convenio o similar con la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo enero de dos mil al mes de septiembre del año en curso”. Si bien es patente e innegable la presencia de personal de seguridad pública en diversos planteles de la Universidad, lo cierto es que esta colaboración puntual resulta insuficiente si no se circunscribe en una estrategia de colaboración amplia, concertada y claramente definida en sus competencias con la procuraduría local y la PGR, que demuestre una perspectiva de responsabilidad compartida y una estrecha coordinación sistemática con base en acuerdos legalmente vinculantes y procedimientos estandarizados de comunicación y rendición de cuentas con relación a las autoridades de seguridad pública.

En cuanto a las medidas implementadas por la Universidad, destaca la emisión del Protocolo para Atender Casos de Violencia de Género en agosto de 2016, mismo que desde el momento mismo de su publicación fue objeto de críticas tanto internas como externas por las contradicciones normativas que representaba en lo relativo a los lineamientos de actuación (algunas claramente inconstitucionales e inconvencionales) y por las lagunas, omisiones e imprecisiones en lo relativo a los procedimientos de atención.

En otros espacios3 ya se han dedicado extensas y exhaustivas explicaciones para argumentar la necesidad de modificar y complementar el protocolo, por lo que aquí solo destaco la puesta en peligro del acceso a la justicia: dentro de un amplio catálogo de ambigüedades, el protocolo no especifica lo que se debe entender por información personal a efectos del proceso de investigación, permitiendo la discrecionalidad de los funcionarios encargados del caso para definir los alcances de ese concepto y de su consecuente prohibición de divulgación, dejando abierta la posibilidad a que se limite de manera desproporcionada la libertad de expresión, y a que las actuaciones dentro del proceso no puedan ser escrutadas de manera independiente con posterioridad a la conclusión del mismo.

Respecto del “Plan de Diez Medidas de Seguridad en los Campus” emitido en mayo de 2017, podemos indicar que, si bien algunas de las medidas atienden problemas reales relativos a la seguridad en las instalaciones de la Universidad, otras están redactadas de manera tan superficial y ambigua que se evita la posibilidad de cualquier control o evaluación de eficacia por no poderse determinar objetivos claros, tangibles, medibles y comparables en su impacto en la modificación de las problemáticas de inseguridad, violencia y acoso; otras más carecen de sustento fáctico y no están destinadas a atender un problema o condición específica, sino a aumentar de manera cosmética la visibilidad de la presencia institucional en un intento por reforzar la percepción de su eficacia:

1. Mantener la vigilancia permanente en las inmediaciones y en los accesos a las instalaciones universitarias de elementos de seguridad pública: cualquier cosa que implique “mantener” no puede ser considerada como parte de un cuerpo de acciones destinadas a generar un cambio o transformación. Colocar elementos de cuerpos de seguridad en entradas de las instalaciones no garantiza la seguridad de los transeúntes (miembros de la Comunidad Universitaria o no), por lo que hace falta una estrategia integral de intervención urbana y social que modifique de manera permanente las condiciones de inseguridad y violencia en las cercanías de la Universidad.

2. Ubicar botones de emergencia en todos los puntos determinados por las Comisiones Locales de Seguridad: esta acción debería de estar acompañada de la capacitación apropiada del personal destinado a responder a la llamada de dichos mecanismos, de manera que se garantice no solo una actuación pronta sino también eficaz y sensible para con las y los denunciantes. Además, debería revisarse el estado de cada uno de los mecanismos ya instalados y ejercitar acciones de mantenimiento constante, en tanto que sobre todo aquellos aparatos que se encuentran en los lugares menos transitados han perdido su utilidad por falta de mantenimiento preventivo.

3. Reforzar controles de seguridad en accesos y salidas en las sedes de las distintas entidades académicas: no existen datos públicos fiables que indiquen si los incidentes de violencia al interior de la Universidad se producen en mayor o menor medida con la participación activa miembros de la Comunidad Universitaria o con la participación de personas externas, por lo que limitar el acceso a las instalaciones académicas no solo es ineficaz sino también es contrario al espíritu público y abierto de la Universidad.

4. Controlar el ingreso a taxis sin pasaje: No existen datos de ningún tipo que indiquen que los operadores libres de transporte público concesionado son parte del problema de inseguridad, o de que introducen de manera deliberada y sistemática sustancias u objetos prohibidos o nocivos para la seguridad universitaria. Esta medida no tiene sustento, violenta la libertad de trabajo, limita las opciones de transporte al interior del campus e incluso podría encuadrarse en el supuesto de discriminación que prohíbe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Paralelamente, habría que notar que dentro del Campus Central opera una agrupación de taxistas que no se vieron afectados por la nueva política, y que continúan monopolizando la presencia de taxis en la Universidad.

5. Continuar el combate permanente a la venta de droga dentro de nuestras instalaciones: Desgraciadamente el enfoque de la Universidad para el combate al consumo de estupefacientes en sus instalaciones (particularmente en Ciudad Universitaria) es el de la criminalización:4 regularmente los elementos de Seguridad UNAM orientan sus labores hacia los consumidores (estudiantes en su mayoría), llegando a presentarlos a la Dirección de Asuntos Jurídicos o a las oficinas jurídicas de las entidades académicas, mientras que respecto de los comercializadores poco pueden hacer (por carecer de competencias o de capacidad coercitiva). Hasta que la Universidad no apoye como política institucional la conclusión de muchos de sus académicos5 respecto de la necesidad de optar por un enfoque de salud pública y de atención integral en el tema de la drogadicción, y mientras no fortalezca a sus cuerpos de seguridad, poco puede esperarse de la eficacia del combate permanente a este fenómeno.

Los hechos recientes y el problema que actualmente enfrenta la Universidad, no son hechos aislados ni un resultado aleatorio; son consecuencias de la vulnerabilidad y olvido en que se tiene al CCH, del histórico uso de los porros en esos planteles por parte de las autoridades, de los procesos de toma de decisiones centralizados en exceso, de la pobre capacidad de atención de las problemáticas, y de poner constantemente los intereses personales por encima de las necesidades de la Universidad.

La Universidad también es mi casa, y como universitario me indigna que lo que aquí acontece diariamente, la construcción del futuro nacional y la formación de actores de cambio se vea obstaculizada por fenómenos de inseguridad y violencia. Como bien apuntó la Comisión Especial de Seguridad: la responsabilidad de cambiar esto es de todos y cada uno de las y los universitarios, y en ese sentido esta es mi primera contribución al respecto. Como toda coyuntura, este es un momento de oportunidad: o hacemos un alto para recomponer la dirección de la Universidad, o nos arrojamos al precipicio.

 

Carlos Escobedo Suárez
Estudiante de la Facultad de Derecho UNAM; opiniones a título personal; comentarios y réplicas al correo: carlosescobedosuarez@comunidad.unam.mx, Twitter @carlosescobedos. Agradezco a Jorge Antonio Montiel Romero (@MRomero_J) por el apoyo en la búsqueda y selección de datos para este artículo.


1 Disponible en: https://goo.gl/RqzbBA. Para profundizar en el tema son recomendables las siguientes fuentes: Captura en Web Archive de la página del Consejo General de Huelga, disponible en: https://goo.gl/KKUuJy; DE GARAY, Yolanda: “Historia de un Movimiento Estudiantil 1999-2001”, disponible en https://goo.gl/fwgJ8w; UNAM: “Conflicto y poder en la UNAM: La huelga de 1999”, UNAM, México, 2006, ISBN 970-701-728-7; FERNÁNDEZ REMUS, Adriana Paulina: “Del autoritarismo al conflicto en la UNAM: La huelga estudiantil de 1999 (abril-noviembre)”, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2008, disponible en: https://goo.gl/dnoqiY.

2 Solicitud 113000309617.

3 Ver, entre otros: https://goo.gl/DXnhKi, https://goo.gl/47MuL8, https://goo.gl/HgGgV5.

4 Comunicados de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS, UNAM) del 28 de febrero de 2016, disponible en: https://goo.gl/dTYkaq; del 21 de abril de 2016, disponible en: https://goo.gl/TngZiH; y del 30 de agosto de 2017, disponible en: https://goo.gl/M2XMBZ.

5 Por ejemplo, las conclusiones del Foro Internacional sobre Políticas de Regulación en el Consumo de Drogas, organizado por la UNAM en 2012, https://goo.gl/vGMgTs.

 

3 comentarios en “La Universidad Nacional frente a una (falsa) paradoja: entre las crisis de seguridad y de opinión pública

  1. Felicidades por este excelente artículo.

    Solo quisiera hacer una observación que es una especie de ironía, porqué es evidente que algo – o todo – el sistema educativo está mal, ya que el intrincado sistema de medidas para gestionar el funcionamiento y la seguridad de la UNAM, pareciera estar enfocado para reos altamente peligrosos de ” Guantánamo ” y no para simples y civilizados estudiantes.

    En dónde se pudre la educación ❓ En nuestros hogares, en nuestro barrio, en los colegios o con nuestros gobernantes❓

  2. Mucho análisis y ni una sola palabra sobre la captura de espacios como el auditorio Justo Sierra (Ché Guevara) como síntoma tanto de la debilidad institucional de las autoridades como de las contradicciones internas de la comunidad universitaria. Más aún, dicha debilidad obedece en buena medida a esas contradicciones. Por ahí debió de haber empezado, en vez de focalizar todo en autoridades y decretos. En el fondo el texto reemplaza la comprensión de una problemática mayor por un análisis profundamente burocrático que implícitamente espera soluciones en ese mismo tenor.

  3. ¿A quien le conviene la desestabilización de la UNAM y del país?, se ha dicho que la existencia de los “porros”, obedece a objetivos de control de la disidencia, inconfomidad, y diferenciación política de los jovenes estudiantes, en la que los partidos políticos especificamente el PRI y el PAN se han inmiscuido, en la que los ultras de “izquierda” igualmente han participado, así en la Universidad Autonoma de Puebla de los años 60-70 del siglo pasado, la de Sinaloa con sus enfermos, o los residuos de la pseudo izquierda en la propia UNAM, que se apoderan de espacios dedicados a la academia y cultura como el auditorio “Justo Sierra”, o “Che Guevara”, como gusten, problemática en que las autoridades se ha visto omisas y en la que las víctimas siguen siendo los estudiantes. Por enésima ocasión se lesiona a los estudiantes, con actos delictivos que apuntan a la impunidad, aunque hay indicios de que se pueden identificar a los responsables. solo es deseable “que ahora si” encuentren y castiguen a los responsables intelectuales y materiales de los delitos. Saludos.

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