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Siglo XXI Editores, México, 1979. 167 pp.

INFLACIÓN Y POLÍTICA: PRIMEROS AUXILIOS

La inflación es «reflejo y expresión de la contienda existente entre las diversas fuerzas que integran la sociedad». Más concretamente, expresa la pugna «por el reparto del producto social, (fundamentalmente) entre quienes tratan de lograr una tasa más elevada de utilidad y quienes luchan por un mejor nivel de vida a través de la venta de su fuerza de trabajo». Bajo esta óptica, David Barkin y Gustavo Esteva sostienen que ahí donde existe un «profundo acuerdo social» entre sindicatos obreros y patrones, que se mantiene «a través de las instituciones y de los mecanismos de negociación social», la inflación puede ser controlada. En cambio, donde no hay acuerdos institucionales capaces de encauzar la lucha por el reparto del producto social, ésta tiende a adoptar la forma de enfrentamientos directos. La contienda social rebasa el marco de las contradicciones económicas y pasa al nivel político. La inflación se vuelve entonces incontrolable. Por otra parte -agregan- los agentes económicos no participan en el mercado en relaciones de igualdad. Esta «se encuentra seriamente restringida en la práctica (ya que) la interacción de las fuerzas del mercado está directamente asociada al poder económico relativo de quienes participan en él» (p. 50). Tales interacciones desiguales provocan variaciones con los precios. «Sin embargo, tales cambios se producen dentro de márgenes relativamente estables. Cuando los cambios rebasan estos márgenes, las fuerzas sociales básicas tienden a entrar en operación para que se, recuperen los términos normales de la integración social. Si este mecanismo correctivo no opera con la oportunidad suficiente, la inflación tiende a desbocarse» (p. 51).

Vista desde esta perspectiva, la solución al problema inflacionario radica en reencauzar la contienda social y establecer un pacto de convivencia entre las clases. Para México, lo anterior implica que las demandas salariales, aunque se justifiquen por su carácter defensivo, no logran el fin de recuperar el poder adquisitivo de los salarios. «Diversos grupos obreros logran sistemáticamente avances reales, o sea, aumentos en sus ingresos totales superiores a los incrementos de precios… Estos avances se convierten en presiones inflacionarias por la medida en que no se traducen en una modificación real de la estructura de distribución del producto social: la mecánica normal de respuesta ante ellas significa trasladar de manera inflacionaria los aumentos de salarios a la economía en su conjunto» (p. 85). Por ello es el estado el que debe dar «cauce institucional a las presiones de los diversos grupos a atender sus reivindicaciones fundamentales». De otra manera, «la contienda social tomará inevitablemente el camino de la inflación acelerada hasta que se desboque y rompa todas las formas de concertación social» (p. 87.)

LA REDISTRIBUCIÓN DEL PODER

La única opción que tiene el estado «para hacer frente a situaciones como la actual con probabilidades de éxito» consiste en «asumir vigorosamente su función rectora de la economía, dar la mayor importancia al aumento de la producción básica industrial y agrícola, e invertir directamente en las estructuras de la producción y la distribución tanto como sea necesario» (p. 90). El logro de lo anterior «depende de la capacidad Política del estado de influir en los grupos más poderosos, económica y políticamente, afectando sus intereses y restringiendo sus expectativas, pero sin suscitar enfrentamientos con ellos que el propio estado sea incapaz de controlar». No significa que el estado deba tomar decisiones unilaterales o arbitrarias, «salvo en las circunstancias en que quiera y pueda hacerlo mediante un ejercicio de la autoridad inevitablemente acompañado de mecanismos coercitivos y despóticos». Pero, en realidad y salvo estos casos, «sólo la redistribución democrática del p poder político y económico puede superar a fondo, en sociedades como la mexicana, los procesos inflacionarios» (p. 91).

Una nueva estrategia del desarrollo que impulse prioritariamente la producción básica y la intervención rectora del estado en la economía «depende de la movilización del trabajo». «No es posible limitar el esfuerzo de ampliación de la partición social a cuestiones de representación parlamentaria o formal en ciertos órganos de negociación social». Debe llevar a una «partición efectiva de la población en la solución de los problemas existentes… dentro de los límites estructurales y superestructurales de la sociedad, al tiempo que se le amplía constantemente. La función rectora del estado se refiere aquí, antes que nada, a su capacidad concreta de concertación» (p. 120).

LA «CONTIENDA SOCIAL» Y LOS «MARCOS INSTITUCIONALES»

Es innegable la relación entre los procesos inflacionarios y la estabilidad política y social. Pero no es una relación directa y mecánica; a veces, la ruptura del orden social precede a los procesos inflacionarios (por ejemplo México 1968) aunque, ciertamente, la generalidad sea la inversa. Normalmente, un agudo proceso inflacionario da lugar a violentos enfrentamientos sociales. Pero puede haber una inflación galopante y, al mismo tiempo, un orden institucional férreamente sostenido, como es el triste caso de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, desde hace ya varios años.

No parece sostenible la proposición de los autores según la cual la inflación se produce «cuando se han roto los marcos institucionales de la contienda social», porque no siempre esta relación es positiva y de causa-efecto. Depende de qué orden institucional exista y de la coyuntura precisa en que se realizan los enfrentamientos sociales. La discusión de ésta tesis adquiere importancia en sus derivaciones políticas: si la causa profunda de la inflación no es la ruptura del orden institucional, la contención de la inflación no necesariamente se da como resultado del reestablecimiento o reencauzamiento de la paz social. Si se revisa la historia reciente de los países europeos y latinoamericanos, la experiencia ha sido que, o bien se ha impuesto un nuevo pacto social, o bien la agudización de la lucha de clases provoca continuas crisis políticas. Pero de cualquier forma, la inflación ha persistido.

 

LAS POSIBILIDADES DEL ESTADO

Según Barkin y Esteva en México el estado puede y debe dar cauces institucionales a los procesos sociales y, al mismo tiempo, asumir su función rectora en la economía. Sin embargo, para que esto sea posible, los autores proponen dos soluciones contradictorias. Por un lado, señalan que lograr reencauzar la contienda social y una mayor intervención económica estatal, «depende de la capacidad política del estado de influir en los grupos más poderosos económica y políticamente, afectando sus intereses pero sin suscitar enfrentamientos que el propio estado sea incapaz de controlar». Aquí, claramente, el estado asume la principal responsabilidad política. Es el elemento fundamental del proceso, tanto así que deberá vigilar que las fuerzas sociales no lo rebasen.

En cambio, en la parte final de su libro, los autores proponen otra solución: imponer una nueva estrategia de desarrollo que detenga la inflación, depende de la movilización de los trabajadores y de su participación en la definición de la política económica y en la realización de las actividades de planeación. Aquí es otro el sujeto del que depende el cambio: no el estado sino los trabajadores.

Existe, pues, una contradicción: o bien la transformación social, política y económica depende del estado (de la burocracia política en el poder y de su capacidad de negociación con fuerzas en pugna) y se requiere por lo tanto del apoyo de todos los sectores progresistas para que cuente con una mayor fuerza en la negociación (se trataría además, de evitar desbordarlo), o bien los cambios que requiere la sociedad mexicana pasan por la movilización de los trabajadores y la exigencia de una mayor participación, lo que implica agudizar los enfrentamientos sociales con la burguesía y con el estado, y hasta rebasarlo. Y es que, hacer coincidir la paz social con la redistribución del poder político y económico, y con el freno a la inflación, no sólo parece, en las condiciones actuales de México, un buen deseo; dentro del mismo planteamiento teórico de los autores, es contradictorio.

LOS RIESGOS REQUERIDOS

A grandes males, grandes remedios. Y, al problema de la inflación, se requiere oponer, no hay duda, cambios profundos en la sociedad mexicana, cambios que representan una alteración sustancial de la correlación de fuerzas imperante. El dominio de los monopolios en la economía mexicana es correlativa a su poder político; no tiene sentido ocultar o disfrazar el hecho real de que una redistribución profunda del poder político y económico, significa un enfrentamiento con los sectores monopólicos y sus aliados.

En este enfrentamiento, el estado no puede aparecer -no lo ha hecho- como la instancia arbitral. Si se piensa que la movilización de los trabajadores abre la posibilidad del cambio, esto implica ciertamente la definición de un programa de transformaciones políticas y económicas. Pero también implica y supone un reconocimiento claro y objetivo de las fuerzas que se opondrán al cambio.

De otro modo, la reflexión teórica puede acertar en definir las causas de la inflación y de las contradicciones económicas que sufre el país, pero no llega a precisar las consecuencias de la lucha contra estos padecimientos. Entonces el ejercicio queda mediatizado: las proposiciones resultan confusas y contradictorias.

Finalmente, si la inflación requiere de profundas transformaciones, no podemos pensar que se traducirán, a corto plazo, en el fin de la inflación. Más bien, parecería que la movilización de los trabajadores y la puesta en marcha de las reformas económicas, podrían suscitar como respuesta inmediata por parte de los sectores económicos y políticos más fuertes, un proceso inflacionario más agudo. Y es que lo que está en juego no es simplemente la escalada de los precios. Lo que se disputa es precisamente económico y político. La inflación, en este contexto, es inherente a un modelo de crecimiento en el que los grupos monopolistas, concentran y acrecientan al poder.

Cambiar el modelo de desarrollo y disputar el poder son la única posibilidad para acabar con la inflación Pero requeriría en el corto plazo arriesgar algo más que la estabilidad de los precios.

Saúl Escobar

Francisco Pérez

Arce Carlos San Juan