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. Marc Rimez

¿Son los malos economistas los responsables de la inflación? ¿No tendrán la culpa los comerciantes, que fijan precios demasiado elevados a los productos que venden? ¿O la tendrán los obreros, por plantear demandas salariales excesivas? Este tipo de preguntas se vuelve cada vez más frecuente en una América Latina convertida en «el área más inflacionaria del mundo». Es ya común que los gobiernos midan el éxito o fracaso de su gestión económica por su capacidad de controlar (ya no se trata de eliminar) el flagelo inflacionario. que por su parte ha dejado de ser lo que algunos llaman «un aumento persistente del nivel de precios», para empezar a convertirse en un auténtico «cáncer social».

A fin de tener un cuadro de conjunto del panorama inflacionario latinoamericano, mediremos a la inflación como la variación porcentual de los precios al consumidor que se registra en un país en el curso de un año, y distinguiremos en la región tres grupos de países. El primero, de inflación alta debida a causas eminentemente internas, incluye a Argentina, Chile y Uruguay. En el segundo grupo -de inflación intermedia Y cuyas causas son tanto externas como internas- se ubican Brasil, Colombia, México y Perú. En el tercer grupo, finalmente, se agrupa a los países latinoamericanos que presentan niveles de inflación moderados. Las cuatro quintas partes de la población latinoamericana han sufrido procesos inflacionarios muy activos y en ciertos casos y virulentos.

CONO SUR: LA ENFERMEDAD DEL REMEDIO

No deja de resultar sugerente que algunas partes del Cono Sur se hayan convertido en líderes absolutos del proceso inflacionario latinoamericano (Argentina es el «campeón mundial», con una tasa que a mediados de 1976 rebasó el mil por ciento con respecto al mismo momento del año anterior) después de sucesivos golpes de estado militares que se originaron, según sus propios gestores, en la extrema tensión social e inflación prevalecientes. Las expreriencias argentinas y chilena resultan ilustrativas de la terapéutica ensayada: prohibición de los sindicatos y de la actividad de las organizaciones de trabajadores en general, inmediata liberación de precios y congelamientos de salarios, y una estricta política de estabilización que desde el ángulo inflacionario ha sido relativamente «exitosa» en Chile y de resultados aún inciertos en Argentina. Los mismos medios permitieron alcanzar otros propósitos reales: a través de la política de liberalización, en efecto, se redistribuyeron ingresos en favor de la ganancia y con cargo al salario; gracias a las políticas de estabilización, se logró mantener y acentuar esa nueva redistribución regresiva del ingreso.

CUADRO No. 2

La redistribucción del ingreso a través la inflación. El ejemplo de Chile

1972-1975

1972

1973

1974

1975

Participación de los salarios

y sueldos en el producto

total (%)

56.16

30.88

28.49

33.22 

Participación   de  las

ganancias en el Producto

total (%)

47.84

69.12

71.51

66.78

Total

100

100

100

100

Fuente: tomado de ACEITUNO, G. «La distribución del ingreso en Chile 1973-1977». Investigación Económica, abril-junio de 1977.

La propia CEPAL señala: «no se puede ocultar la preocupación que suscita el fenómeno de la inflación, añadido a la ya injusta distribución del ingreso. Cuando las alzas de precios se exacerban, son los sectores modestos, y en general los que dependen de salarios fijos, los que acusan los impactos más duros; cuando se ensayan políticas de estabilización, son los mismos sectores los que más sufren los rigores de la disciplina que se impone a los salarios y al gasto público. En suma, se trata de un fenómeno que tanto en sus fases de desarrollo cuanto en sus recurrencias -dadas las políticas que, en general, se implantan merma el bienestar del sector asalariado y golpea con más intensidad a los grupos más modestos»(1).

LA INFLACIÓN Y LOS GRUPOS SOCIALES

Durante la década de los sesenta se desarrolló en América Latina una extensa polémica sobre las causas de la inflación y los métodos para combatirla. La discusión se dividió en dos tendencias. Por un lado, los «monetaristas» sostenían que la inflación era la consecuencia inevitable de las políticas liberales del gasto público y de emisión monetaria. Los «estructuralistas», por su parte, afirmaban la incapacidad de determinados sectores productivos para responder a las demandas crecientes generadas por el proceso de industrialización. Hacia la década de los setenta, los argumentos de ambos sectores se refinaron y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se transformaron en los representantes más caracterizados de ambas posiciones. Además, el FMI adquirió en este período una creciente importancia y presencia en el diseño, formulación y ejecución de las políticas antinflacionarias del continente.

Paralelamente a los razonamientos descritos, se desarrolló la Línea de reflexión que atribuye un papel sustantivo en la inflación a la pugna entre los grupos sociales. Para esta corriente, la inflación sería el «resultado» del enfrentamiento de grupos sociales relativamente bien organizados, que buscan mantener, aumentar o recuperar sus niveles de ingreso real y, en consecuencia, su participación en el ingreso nacional. En 1966, señalaba Díaz Alejandro, a propósito de la inflación argentina de los primeros años de la década del cincuenta, que «esta segunda etapa de la inflación argentina está caracterizada por una contraofensiva de los sectores que sufrieron una reducción en sus ingresos reales durante la primera etapa de la inflación (1945-1949), especialmente el sector agropecuario, cuya arma suprema en esta lucha es su capacidad de desbaratar la posición de la balanza de pagos argentina… El conflicto social se centró entonces en quién, dentro del sector industrial, debía renunciar a parte de sus ingresos reales por lo menos a corto plazo, ya que los otros sectores sociales son más débiles, habían sido estrujados antes de 1950 serían pocos más los ingresos reales que podrían obtener de ellos, a menos que fueran completamente liquidados… La causa fundamental de la inflación desde 1949 ha sido la lucha entre los productores agropecuarios, los trabajadores industriales y los empresarios industriales»(2).

Para otros, la inflación sería «causada» deliberadamente por uno o mas grupos sociales como medio para alterar la distribución de la renta a su favor. El ex secretario ejecutivo de la CEPAL, Raúl Prebish, sostenía en 1961 un punto de vista combinado: «no suele ser difícil mantener la estabilidad de la moneda en situaciones de relativo estancamiento económico y social basado en un régimen anacrónico de tenencia de la tierra y de distribución del ingreso, con escaso grado de movilidad social. Pero tarde o temprano, surgen presiones sociales que conspiran contra ese precario equilibrio, dando impulso a fuerzas inflacionarias que terminan fácilmente con la estabilidad monetaria». Refiriéndose al proceso de desarrollo, Prebish afirmaba que con él «nuevos grupos sociales irrumpen en la política y en la economía, y acuden a la inflación para formar y consolidar su poderío, modificando en su favor la distribución del ingreso». Y agregaba que » la inflación es asimétrica en cuanto a sus efectos distributivos: le sirve a los empresarios para modificar la distribución a su favor y en detrimento principalmente de los trabajadores; pero no le sirve a éstos para hacer lo contrario»(3).

Parece entonces que las raíces de la inflación deben buscarse no sólo en la insatisfacción de los grupos sociales con lo cual distribución del ingreso y de la riqueza, sino también (y sobre todo) en su afán de modificar la estructura de la distribución del prestigio y del poder. Para entender pues la inflación, es necesario tomar en cuenta las conexiones e interacciones de los grupos sociales, y sus medios específicos de acción y defensa según la posición que ocupan en la sociedad. Naturalmente un diagnóstico de la inflación como el reseñado exige proposiciones de política antinflacionaria bastante heterodoxas; no se trata sólo de reducir las pretensiones de los participantes en la pugna, ni de tomar medidas que restauren la confianza mutua de los principales grupos socio-económicos, sino esencialmente de determinar la capacidad de los gobiernos para obtener o imponer un «consenso nacional» acerca de los objetivos y medios de la política económica global.

LA INFLACIÓN «ADMINISTRADA»

El enfoque precendete adquirió creciente importancia en América Latina en la década de los setenta (incluso en algunos círculos monetaristas), pero adolece del visible defecto de considerar al Estado como un actor «neutral» en el desarrollo del proceso inflacionario. Esa «neutralidad» se refleja en una doble concepción implícita del Estado: se lo considera como ubicado por encima de los diferentes grupos sociales, en una posición de «árbitro», y como un ente social autónomo e independiente de los demás integrantes de la sociedad, que actuaría también en función de la defensa de su participación en el ingreso nacional.

Por eso cabe destacar aquí un trabajo reciente(4) que se propone superar las precedentes limitaciones al incorporar al análisis la actuación del Estado considerada desde un ángulo clasista, o sea como representante de una articulación específica de clases sociales. El concepto central de ese estudio es el de «inflación administrativa». Técnicamente hablando, ese término se refiere a los mecanismos o instrumentos de corrección e indexación monetaria en distintos planes de las transacciones económicas. Esas correcciones (ajustes automáticos) se dan principalmente en los campos del crédito (mercados de capitales) e inmobiliario (financiamiento y rentas). Indirectamente, se les encuentra también en el área cambiaria (a través de las mini-devaluaciones, sean programadas o no) y en la de los ingresos públicos, expresándose esos casos en la predominancia de la tributación indirecta -que se ajusta necesariamente a los aumentos de precios- y en la indexación de las tarifas de los servicios públicos.

Sin embargo, el concepto cobra toda su riqueza analítica en el análisis de otras esferas de la política económica y de los grupos que potencial o realmente se favorecen de ella. Así se verifica que los salarios son regidos autoritariamente por parte del Estado con una abierta voluntad de empujarlos a la baja en términos reales(5) , y que los subsidios estatales sufren una drástica reorientación en favor de unos pocos sectores oligopólicos -especialmente exportadores no tradicionales- mientras que sólo se someten a cierto control los precios de bienes considerados como insumos «estratégicos» para la industria, incluyendo en éstos algunos productos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo.

Resulta así, que los únicos ingresos que se aprovechan de la «conrreccion monetaria» son los del capital, ya sea productivo o financiero, pero con una mayor garantía para el último. Los sectores exportadores gozan de un «seguro» similar contra la inflación a través de la política cambiaria. Se comprueba, asimismo, que el acentuado proceso inflacionario que sufren buena parte de los países de América Latina- principalmente los ubicados en el Cono Sur- no es incongruente con la fase actual de desarrollo capitalista de esas mismas naciones. Seguramente tiene razón el economista brasileño Francisco Oliveira (Brasil es el país que más experiencia tiene en ese campo) cuando afirma que «la correción monetaria… es una forma disfrazada de inflación necesaria para mantener la reproducción ampliada» (6).

Por lo tanto, el Estado -con un cierto margen de autonomía relativa, pero actuando como representante de las clases sociales que lo apoyan- trata, a través de la instrumentación de un paquete de medidas, de «administrar» la inflación. Estas «administración» tiene dos objetivos que deben ser compatibles entre si (lo que no siempre se logra). Por un lado, y fundamentalmente, se trata de crear las condiciones necesarias para fomentar un proceso de concentración y centralización acelerada del capital, que supuestamente tendría que traducirse en un vigoroso crecimiento de tipo capitalista(7). Por otro, el Estado está encargado de mantener la tasa de inflación a niveles «manejables».

Este último criterio es muy relativo. Tomando otra vez el ejemplo de la Argentina, se consideró en 1976 que una tasa del mil por ciento no era «manejable»; reducida después de tres años, el 100 por ciento anual, se expresó que la inflación «ya no era el problema mayor de la economía»(10). Por otro lado, en Brasil, que alcanzó en 1979 una tasa de casi el 80 por ciento, se siguen manejando índices de precios y salarios para tratar de minimizar su impacto en la opinión pública.

LOS OCHENTA: AMARGAS PERSPECTIVAS

Considerando este conjunto de hechos, y situándonos en el marco teórico presentado pueden destacarse las siguientes conclusiones y perspectivas en torno al proceso inflacionario en América Latina.

1. Si se acepta que el Estado no es «neutral» ni «árbitro» en ese proceso, sino que constituye una pieza fundamental en su reproducción, como responsable de un déficit o una emisión monetaria excedente y como representante de intereses específicos (concretamente los del gran capital productivo y financiero), entonces deben replantearse totalmente los supuestos instrumentos tradicionales antinflacionarios. Vale decir que mientras no se cambie la naturaleza social (y, por supuesto, política) del Estado, esos instrumentos tradicionales no tendrán mayor efecto.

2. Si, dentro de ciertos límites, a las clases integrantes de la parte hegemónica del bloque en el poder que controlan el aparato estatal, ya no les importa el nivel absoluto de la inflación, se puede esperar que la próxima década sea en América Latina aun más «inflacionaria» que la anterior.

3. Si bien es cierto que existe todavía un amplio margen en las tasas de inflación que sufren los países de la región, (reflejan un procesos de desarrollo y sistemas políticos cualitativamente diferentes) se puede encontrar, sin embargo, una característica que se hizo en constante en la última década: los salarios siempre van a la zaga de los precios. En eso radica el verdadero desafío para la América Latina en la década de los ochenta: diseñar y aplicar una política económica que asegure ingresos reales crecientes -y la fuente de esos ingresos: empleos- para todos los integrantes de sus pueblos.

(1). CEPAL, Informe económico de América Latina, 1978

(2). Díaz Alejandro, Devaluación del tipo de cambio en un país semiindustrializado, 1966, Buenos Aires, Inst. Torcuato Si Tella.

(3). Raul Prebish, El falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad monetaria, en Boletín Económico de América Latina, Marzo de 1961.

(4). Lichtensztejn, Samuel «Sobre el enfoque y el papel de las políticas de estabilización en América Latina», en Económia de América Latina. No. 1, septiembre 1978. Cabe aclarar que el estudio se refiere a las experiencias históricas de Argentina Brasil, Chile y Uruguay.

(5). Ibid, p. 42

(6). Ibid, p. 44 

(7). La actual experiencia chilena parecería corroborar esta tesis, mientras que la argentina, que sigue con tasas de crecimiento negativo, tendería a desmentirla.

(8). «No se puede hacer únicamente un juicio sobre la evolución económica mirando un índice que ni siquiera es de inflación sino de evolución de precios… Analizar los puntos de más o de menos de la inflación es mirar con una estrechez de muy corto plazo» (declaración de Martínez de Hoz, J. en el diario Clarín (Buenos Aires) de 15 de julio 1979.