Desde hace casi una década México vive una etapa en que ha estado en apogeo la violencia criminal. Durante el gobierno de Felipe Calderón, los homicidios dolosos se triplicaron entre 2007 y 2011, y después de una tregua de tres años, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, los homicidios han vuelto a repuntar con vigor entre 2015 y 2017. Todo apunta a que en 2018, año eminentemente electoral, se batirán varios récords por los niveles que alcanzarán delitos “de alto impacto”, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, y también los llamados “del fuero común”, como los delitos sexuales y robos de índole diversa (a transeúntes, casa-habitación, negocios, casas de cambio, empresas que trasladan valores, transportistas, camiones de carga en carreteras y vehículos particulares, entre otros). En algunos estados, incluso, la creciente violencia criminal está acompañada por un escalamiento de la conflictividad social —los casos más evidentes son Guerrero y Veracruz.

Actualmente, varios factores mantienen la violencia e inseguridad al alza. El primero y más evidente son las frecuentes confrontaciones, e incluso la operación cotidiana, de un gran número de mafias (alrededor de 240 a lo largo del país) y pandillas relativamente pequeñas, que se dedican primordialmente a la extorsión. Esta es la principal fuente de violencia criminal en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Un segundo factor tiene que ver con el escalamiento del conflicto que sostienen, desde hace tres años, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de dos grandes organizaciones capaces de sostener una larga “guerra”. Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa son las entidades más afectadas por esta confrontación.


Ilustración: Izak Peón

Un tercer factor que indiscutiblemente ha generado altos niveles de violencia en estados como Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo ha sido la alternancia partidista en el poder Ejecutivo. Se han roto las redes de protección a mafias y cárteles construidas durante años previos, lo que ha motivado que otras organizaciones criminales busquen aprovechar la oportunidad para desplazar a sus rivales. Finalmente, un cuarto factor que ha sido crucial para generar violencia en Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo es el auge que ha cobrado el robo de combustible. Se trata de un nuevo mercado criminal que ha crecido velozmente porque el riesgo que implica es mínimo en relación con las ganancias potenciales. Mientras que el valor del mercado es del orden de 30 mil millones de pesos, cada año se capturan sólo alrededor de mil personas por este delito. Es decir, que por cada detenido los criminales se embolsan en promedio 30 millones de pesos. Seguramente México posee ahora la red de distribución y venta clandestina de combustible más grande y eficiente del mundo.

Como lo ilustran estos cuatro factores, los resortes de la violencia e inseguridad son variados y complejos. Desafortunadamente no hay razones para ser optimistas en el corto plazo. No está ejecutándose ningún proyecto o programa de gran calado que pueda reducir de modo significativo la violencia y la inseguridad en el ámbito nacional. A mediados del año pasado el presidente Peña anunció una estrategia para los 50 municipios más violentos del país, pero el proyecto pronto se abandonó. Tampoco se observan esfuerzos ambiciosos en el ámbito estatal o local por profesionalizar las corporaciones policiales.

Lo anterior no significa que no haya una agenda importante en materia de seguridad pública. Cada vez hay más consenso en que el sistema actual es disfuncional, y en que es necesario replantear la forma como las atribuciones y los recursos para la seguridad pública se distribuyen entre los tres órdenes de gobierno. De manera que en 2018 y, sobre todo, en 2019 continuará la presión para que el Congreso apruebe una reforma constitucional en la materia que permita, o bien el establecimiento de “mandos únicos” en las 32 entidades federativas, o bien un modelo de “mando mixto”, donde los municipios, según sus capacidades institucionales, conserven algunas facultades y sean supervisados por un organismo nacional. Algo se aprobará. Sin embargo, también es probable que los legisladores evadan cambios drásticos que son necesarios. La seguridad pública, y los jugosos fondos federales que se destinan para este rubro, ofrecen a los gobernadores y a los alcaldes una excelente oportunidad para gastar de forma discrecional. Cualquier propuesta que implique quitarles esta prerrogativa, salvo que sea de forma excepcional, va a enfrentarse con enormes resistencias. Incluso si se aprueba una reforma ambiciosa, el nuevo sistema entraría en operación, en el mejor de los casos, hasta 2019.

De modo que estamos todavía lejos, muy lejos, de conocer hasta cuándo México tendrá los instrumentos y las estrategias necesarias para recobrar la paz.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores.