El México de hoy se siente al borde del precipicio. Pero, pensándolo bien, hace al menos 10 años que lo siento así. Desde el sexenio pasado, cuando el país se cubrió de sangre y las palabras fueron insuficientes para describir el horror que se vivía, pensé que habíamos llegado al punto de inflexión del arreglo social imperante. Un arreglo en donde 10% de la población concentra 64% de la riqueza y el 1% más rico tiene 21%. Para el resto de las personas es muy difícil alcanzar un mínimo de seguridad económica, al punto que, para casi la mitad de la población —46% para ser exacta— le ha sido imposible salir de la pobreza. México, el país generoso para unos cuantos y extremadamente adverso para el resto.

La violencia no fue suficiente para cimbrar las estructuras del privilegio, pues los muertos fueron mayoritariamente del México excluido. La espiral del deterioro siguió a lo largo de este sexenio: 2017 será el año más violento de las últimas dos décadas de nuestra historia. A ello se le suman los malos gobiernos que han dejado de resolver los problemas más básicos de la gente; también están Trump y su política contra los migrantes mexicanos, la renegociación del TLC, la deuda, el bajo crecimiento económico, la falta de oportunidades para los jóvenes, la corrupción desmedida y la impunidad descarada y sin filtros de los poderosos. La liga se estira y se estira, pero no se rompe.


Ilustración: David Peón

Ese es el signo de nuestro tiempo: vivir en el país en donde la espiral del deterioro sigue avanzando y no existen los acuerdos políticos fundamentales para frenarla. La rigidez de las instituciones existentes, las ideas que las soportan y el tamaño de los privilegios que protegen, afianzan el statu quo. Pero todos sabemos que el arreglo social es frágil. Por lo tanto, algo, en algún momento dado, no sabemos cuándo ni de qué esté hecho, terminará cimbrando las estructuras del poder. Vivir en México hoy es vivir en esta incertidumbre.

No es fácil imaginar el tránsito a un orden social más incluyente, que incentive un reparto más equitativo de la riqueza y de las oportunidades económicas. Un México que libere y permita que florezca el talento, la creatividad, la capacidad de trabajo y el ingenio de la gente. Ello sólo va a ser posible, si lo es, a través de un proceso gradual y de varias décadas. Sin embargo, una primera palanca de cambio, la que veo comenzar a dibujarse en la agenda pública, tiene que ver con la forma en que se administra el castigo y se aplica la ley a quien la infringe.

Este orden social estamentario y excluyente se construye a partir del trato jurídico diferenciado entre las personas. La ley no protege ni obliga a todos por igual, pues para la élite, sus privilegios de clase están por encima de ésta. Ello es posible porque, desde las cúpulas del poder Ejecutivo, se pacta impunidad y se administra el castigo. México es el país de los pactos y no de las leyes impersonales. Esto articula las jerarquías sociales: si te confrontas con alguien arriba de ti en el escalafón social, la ley no te protege, pero sí te puede castigar. Es decir, en México, quién eres, a quién conoces y cuánto dinero tienes es lo que define qué intereses prevalecen sobre los de otros en caso de conflicto, quién tiene el poder de exigencia frente a otro, quién manda frente a los demás. Así se determinan las relaciones de poder entre los miembros de una colectividad y entre estos y sus autoridades.

Sí creo que es posible en la siguiente década vivir en un México en donde existan experiencias concretas y varias historias que contar, en donde la ley sirva para castigar a los poderosos y, a la vez, también sirva para proteger a los excluidos. Se recuperará la brújula axiológica de lo inadmisible y, con ello, un conjunto de valores compartidos que nos den rumbo e identidad. Hoy, en la agenda electoral de 2018, está la posibilidad de ganar la batalla de la autonomía política de la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción. Esta batalla debe extenderse al SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia. También debe extenderse a los gobernadores en sus equivalentes a nivel de los estados. Un primer paso para frenar el deterioro de nuestro arreglo social es cortar con los vasos comunicantes entre el sistema político y las instituciones que procuran e imparten justicia. Se trata de que el castigo y la protección de la ley dejen de estar asociados a la clase social, al poder político y al dinero.

Si esto sucede en el próximo sexenio, México comenzará a moverse de la espiral de deterioro en la que está inmerso. Y comenzaremos a vislumbrar ese México increíblemente sorprendente, complejo y profundo que todavía se asoma de repente en medio de este despeñadero. Sueño por que me toque verlo.

 

Ana Laura Magaloni
Profesora del CIDE.

 

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