Vivimos el momento de la sociedad civil. Hoy, todos —incluidos los políticos— invocamos a los ciudadanos y a sus organizaciones como quienes pueden restaurar la salud de nuestra vida pública, pero más que como corolario de nuestra democratización, como consecuencia del creciente desprestigio de nuestras instituciones públicas. La centralidad de la sociedad civil brota de la desconfianza en nuestros gobernantes y representantes políticos, atrapados en la corrupción y la impunidad que ahonda su incapacidad para resolver nuestros problemas ancestrales como la desigualdad, la pobreza y la injusticia y los más recientes de la inseguridad y la violencia.

Pero, el discurso que invoca la identidad ciudadana como reivindicación de la honestidad y la integridad de la que adolece nuestra clase política no comparte un objetivo único de servir de catalizador de la construcción institucional, sino que también acoge la bandera de la antipolítica, del rechazo a todo lo que esté asociado a las agencias y los procesos gubernamentales. Parece que hemos renunciado a que una adecuada armazón legal sea suficiente para que las reformas institucionales se traduzcan en políticas públicas que marquen rutas efectivas de cambio, pensando que la sociedad civil puede tomar el timón de la gestión pública y sanarla, casi mágicamente.


Ilustración: Pablo García

Mi generación apostó al impulso reformista para democratizar a nuestro régimen político y fortalecer el estado de derecho. Queríamos gozar de libertades y derechos como sustrato de un desarrollo económico y justo. La estatalidad estaba en la mira, buscábamos instituciones fuertes y partidos políticos competitivos para impulsar una deliberación política con base en proyectos diversos y alternativos. Demostramos que éramos capaces de idear nuevas instituciones para apuntalar el ejercicio de derechos políticos y humanos. Reformamos nuestra constitución y aprobamos nuevas leyes para respaldarlos y algunas como la de transparencia y acceso a la información se erigieron en modelos al ocupar el primer lugar en los índices internacionales en la materia. Pero, las nuevas instituciones están hoy amenazadas por la desconfianza de los ciudadanos y nuestra clase política está atrapada por la voracidad; ya no ambiciona el poder para mandar, dirigir e impulsar ciertas políticas, sino para llenarse los bolsillos. Tenemos pluralidad y competencia política, pero éstas han servido más para sellar pactos de impunidad entre las fuerzas políticas que para edificar una plataforma de proyectos diversos de sociedad y Estado.

Buena parte de los avances registrados responden al afán de incidencia de la sociedad civil para, con un esquema de corresponsabilidad, diseñar legislaciones y políticas públicas y hacer procesos abiertos de nombramientos a cargos relevantes. Incluso, recientemente, al crear el sistema nacional anticorrupción se dio un salto adelante para que la sociedad civil se insertara y dirigiera dicho sistema con miras a generar una colaboración estrecha con las entidades públicas.

Ante su profundo descrédito, la clase política ha adoptado el discurso de la sociedad civil, pero más formal que genuinamente. Hace unos años, se aprobaban convocatorias para ocupar cargos públicos, invitando a las organizaciones de la sociedad civil para vigilar los procesos, hoy hay resistencias para hacerlo, so pena de dejar vacantes los cargos y sin que haya consecuencia alguna por la irresponsabilidad cometida. La reprobación social por los altos montos de financiamiento público llevó a dirigentes partidarios a ofrecer renunciar a dicho recurso, en un acto demagógico que muestra su desprecio por la opinión pública y sin intención alguna de asumir un compromiso por atajar las ilegales desviaciones de recursos públicos hacia las campañas políticas.

Vivimos una orfandad institucional, por ello, si en el futuro próximo la fortaleza política y moral de las organizaciones de la sociedad civil no se orienta de manera decidida a fortalecer nuestras instituciones, sino a socavarlas y a fomentar su desprestigio, pretendiendo que son reemplazables, estaremos en peligro de que se desfunde nuestro deficiente Estado de derecho. El peligro de que en el imaginario social avance la idea de la sociedad civil como sustituto de nuestras instituciones públicas, como mensaje antipolítico, es más hondo en el ámbito local en donde es escasa la masa crítica de la sociedad civil y por ello está más expuesta a ser capturada por el poder público.

Creo que las organizaciones de la sociedad civil han ganado relevancia y confianza porque no son meros grupos de protesta, sino que desarrollan un trabajo profesional y especializado en los distintos campos de la vida pública para fundamentar su crítica. En el futuro cercano, la ruta virtuosa abierta por ellas para la construcción institucional deberá de optar por la formación de coaliciones en torno a agendas prioritarias para evitar que el desencanto las obligue a replegarse. El momento de la sociedad civil seguirá enfrentando las dos amenazas: la resistencia del poder para someterse la interacción obligada con los ciudadanos, y la apuesta de quienes aprovechando la reprobación social pretenden sembrar el discurso de la suplantación de nuestra frágil estatalidad. Sólo si el momento de los ciudadanos se convierte en piedra angular del fortalecimiento institucional vislumbraremos un horizonte promisorio de construcción del Estado de derechos al que aspiramos.

 

Jacqueline Peschard
Doctora en Ciencias Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

 

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