La exacción del campo

El desarrollo del capitalismo en México a partir de la segunda guerra mundial ha dependido básicamente de la formación y crecimiento de una industria destinada a sustituir a cualquier precio las importaciones de bienes de consumo final. La actividad agropecuaria nacional fue subordinada a ese propósito final. La actividad agropecuaria nacional fue subordinada a ese propósito y desempeñó entre otras, las siguientes funciones en su beneficio:

· Generar divisas mediante la exportación de productos agropecuarios para el financiamiento de la importación de bienes de capital y materias primas para la industria nacional.

· Abastecer de materias primas baratas a la industria, con frecuencia a precios inferiores a los del mercado mundial.

· Alimentar a precios bajos a la población urbana para hacer atractiva la inversión industrial por el bajo costo de subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo.

· Aportar gente, no sólo como mano de obra para la industria y otras ocupaciones “modernas”, sino para integrar una reserva de desocupados o marginados urbanos, que supera en magnitud a la población empleada en la industria y los servicios, y que contribuye de manera decisiva para mantener bajos los salarios y limitadas las reivindicaciones laborales en todo el país.

La minoría acumuladora

Esta subordinación estructural implica una enorme transferencia de capital, de recursos y de gente de sector agropecuario a los sectores uranos y en beneficio de los grupos dominantes. Pero esta enorme exacción no ha afectado por igual a todos los que practican las actividades agropecuarias. Así, un grupo minoritario ha logrado acumular las mejores tierras (aunque a veces no ejerza la propiedad formal sobre ellas), la mayor parte del capital fijo y casi todos los recursos financieros disponibles. Una proporción muy importante de estos recursos acumulados se ha formado con inversiones del sector público que han beneficiado directamente a la minoría dominante, la cual no sólo acapara las mejores tierras sino también a través de ellas los beneficios derivados del trabajo de las masas campesinas, que se contratan por períodos cortos y limitados a precios sensiblemente inferiores a los salarios mínimos y sin incluir ninguna prestación laboral. En esas condiciones, la burguesía agraria no resiente los efectos de la exacción global sobre el sector sino que tal vez obtiene las más altas tasas de ganancia en el país. Sin embargo, casi la totalidad de estas utilidades no se reinvierten en las actividades agropecuarias sino que se dedican a inversiones de tipo financiero y especulativo. Los recursos que año con año vuelven al campo para financiar la producción de la burguesía agraria, proceden en su mayoría del erario público y no del capital acumulado por el grupo dominante. Así, la burguesía agraria acapara por doble carril una arte importante de los excedentes creados por los campesinos y casi todos los recursos públicos que se dedican al sector rural.

La gran mayoría de la población rural, los campesinos, absorbe toda la exacción global sobre el sector agropecuario, además de la explotación directa de la burguesía agraria. Para enfrentar este despojo tienen que crear enormes excedentes que no pueden retener. Para ello cuentan con recursos naturales limitados y pobres y con una enorme fuerza y capacidad de trabajo. Cultivan las peores tierras, las que resultan poco atractivas o francamente hostiles para las empresas capitalistas. La producción que obtienen es insuficiente para cubrir la subsistencia y reproducción y la tasa de explotación que demandan los grupos dominantes, por lo que tiene que complementarse con otras actividades productivas y con la venta de fuerza de trabajo incluso fuera del país. Los campesinos pueden caracterizarse como clase por el desempeño de una variedad de funciones productivas que influyen de una manera decisiva en el comportamiento de toda la economía.

I. El trabajo campesino

La multiplicación de las actividades productivas de los campesinos no se da de manera uniforme en todo el territorio, se configura localmente en función de los recursos naturales, la densidad demográfica y las formas específicas de articulación con el capitalismo. La diversidad también se expresa como una aparente multiplicidad de los grupos sociales campesinos. Las funciones productivas pueden sintetizarse en tres tipos de actividad que implican distintas formas de explotación:

a) La Tierra

La producción agropecuaria autónoma que los campesinos obtienen conforme a sus propias estrategias y necesidades para su autoconsumo y obtención de otros satisfactores esenciales a través de la participación en el mercado. La limitación en los recursos productivos, especialmente la tierra, es el factor que más severamente configura este sistema de explotación. Los campesinos como productores disponen legalmente de cerca de la mitad del territorio cultivable aunque constituyen la mayoría abrumadora de la población dedicada a las actividades agropecuarias -cerca del 90 por ciento-. Esta proporción se hace mucho más aguda en virtud del crecimiento de la población campesina, de tal manera que los productores sin posesión formal de la tierra son más numerosos que los que la tienen. La buena tierra entregada a los campesinos o conservada por ellos desde tiempos antiguos, se cultiva por las grandes empresas capitalistas a través del arrendamiento directo o disfrazado de crédito, en especial por las instituciones oficiales. De hecho, los campesinos cuentan efectivamente con menos del 30 por ciento de la superficie cultivable. La desigualdad estadística es mucho más severa si se considera la baja calidad y potencial productivo de la tierra que trabajan los campesinos, casi toda de temporal con poca productividad natural y elevados riesgos.

Por otra parte, los precios de los productos que cultivan los campesinos han sufrido un deterioro constante en términos de su intercambio. La acción del estado como regulador de los precios no ha corregido esta situación y con frecuencia la ha hecho más aguda. El precio del maíz, el producto campesino más importante por su volumen de producción y por el papel central que desempeña en la dieta de sus cultivadores, permaneció fijo por más de diez años con inflación y pese a los aumentos recientes su precio real es inferior al de 1960 conforme las estadísticas oficiales. La relación asimétrica entre los precios es mucho más grave por el peso de la intermediación y de la usura, que dejan en manos de los productores entre la mitad y las dos terceras partes de los precios medios rurales en que se basan los registros estadísticos. Dicho de otra forma: del precio que paga un consumidor urbano sólo entre un 15 y un 30 por ciento queda en manos del productor campesino.

b) La artesanía

Los campesinos realizan una producción autónoma de productos no cultivados y manufacturados como complemento de las actividades agropecuarias. La importancia de estas actividades, casi imposible de clasificar, no ha sido reconocida y se disfraza bajo el rubro de “artesanías”, que las coloca en una posición aleatoria y sin importancia en la economía nacional. Como tal, este tipo de producción se analiza con criterios turísticos y orientaciones esteticistas que omiten el valor económico y el sistema de explotación. Millones de campesinos recogen productos como barbasco y la candelilla, con frecuencia los transforman a través de la manufactura como sucede con la palma o con la alfarería, o bien adquieren materias primas en el mercado y las convierten productos terminados, como con los textiles. Enormes monopolios nacionales o transnacionales, al lado de pequeños comerciantes, lucran pagando por estos productos precios irrisorios, que implican una remuneración más baja, que la que los campesinos obtienen vendiendo su fuerza de trabajo o cultivando su propia tierra. Por estas actividades se explota no sólo el trabajo de campesinos que cultivan la tierra sino sobre todo el de las mujeres, niños y ancianos que participan en las unidades producción y desempeñan un importante papel económico en ellas. No sólo la intermediación y la usura, como las que afectan a la agricultura, gravan los precios de los productos artesanos. También los afecta la competencia con las industrias protegidas y privilegiadas por políticas de crédito, de precios y de comercialización, que generan una oferta destructiva para los productores rurales. Esta competencia es gratuita hasta en los términos de la lógica del desarrollo industrial, ya que están sustituyendo productos locales y no costosas importaciones. En otros términos: la introducción de las escobas de plástico que desplazan a las de zacatón, implica la importación de maquinaria, el pago de regalías tecnológicas e importación de algunas materias primas, y nadie ha demostrado que barran mejor.

c) El jornal

La venta de fuerza de trabajo a la que recurren los campesinos refleja la imposibilidad de obtener la subsistencia y garantizar la reproducción a través de las actividades productivas autónomas. Así se crea un enorme ejército que vende su trabajo en condiciones muy desfavorables. El trabajo campesino se contrata sólo por el tiempo en que es estrictamente necesario y casi siempre se paga por tarea realizada; no se paga ningún tipo de complemento por el descanso y no se ofrecen prestaciones de salud, de alojamiento o de un mínimo de condiciones sanitarias. Los conceptos de accidentes de trabajo, antigüedad, descanso obligatorio y pensión, entre otros muchos, no operan para los peones campesinos. Los salarios están muy por debajo de la ficción del salario mínimo y de los niveles de subsistencia en condiciones de miseria. Estos salarios sólo pueden explicarse en la medida que se conciban como un complemento de las actividades autónomas del campesino y su familia.

El sector “moderno” de la economía, especialmente las industrias intensivas de capital, ha mostrado su incapacidad para absorber a través del empleo al sector campesino. Puede afirmarse que el número de gente que depende de la agricultura para subsistir ha crecido en términos absolutos. Diversos criterios censales y excesivas manipulaciones estadísticas han disfrazado este hecho pero no han podido ocultar la manifestación de sus consecuencias. El crecimiento de la población campesina, combinado con un proceso de capitalización y mecanización en la agricultura capitalista, que en parte responde a un abandono de los cultivos intensivos para acogerse al subsidio de las cosechas extensivas con precios garantizados por el estado, ha limitado la demanda de trabajo campesino y ha abatido los salarios reales.

Los campesinos se enfrentan a la desocupación como su problema central. Carecen de recursos territoriales adecuados y suficientes para invertir su fuerza de trabajo como cultivadores independientes. Las actividades productivas no agrícolas que los campesinos pueden emprender con autonomía tampoco ofrecen alternativas sustanciales en virtud de la competencia con la producción industrial protegida y subsidiada. El mercado de trabajo estacional o peonaje se ha contraído y no puede ofrecer ni ocupación suficiente ni salarios capaces de complementar la producción autónoma. La enorme magnitud y capacidad de la fuerza de trabajo de los campesinos, que constituyó uno de los fundamentos del crecimiento del capitalismo en México, carece de ocupación y de alternativas productivas como un resultado de la constante polarización, de la acumulación excesiva de recursos por parte de los grupos dominantes. El capitalismo mexicano se enfrenta a una contradicción paradójica que amenaza la existencia de la principal fuente de acumulación y reproducción del capital: el trabajo campesino.

II. El control político

El desarrollo de esta contradicción durante un periodo prolongado no puede desligarse de un sistema de control político capaz de absorber o de eliminar los múltiples enfrentamientos que amenazan la estabilidad. Este sistema contiene, en su práctica concreta, muchas modalidades y variantes que manejan lo mismo la esperanza que la represión, la corrupción y la exclusión, la movilización o el silencio. Los caciques, líderes y funcionarios públicos que desempeñan papeles importantes en el sistema de control tienen la más diversa extracción social y las motivaciones y objetivos más contradictorios, lo que se expresa en alianzas insólitas y soluciones particulares. Pese a su diversidad y pragmatismo, el control político sobre el campesinado cumple con una finalidad única, la estabilidad del conjunto, y deriva de tres fuentes principales: el control estatal sobre la reforma agraria, el funcionamiento de las organizaciones campesinas oficiales y el ejercicio de la represión.

a) La tierra está en las antesalas

Con excepción de la solicitud de dotación que hacen los campesinos, todo el proceso agrario queda bajo el control de funcionarios del estado. Estos toman todas las decisiones: si se concede y se niega la solicitud, la magnitud y la ubicación de la dotación, la forma de explotación y de distribución del ejido, cuánto y cómo se pagará a los antiguos propietarios por indemnización o por la compra de sus terrenos afectados. Frente a estas decisiones unilaterales sólo queda la apelación, que en la práctica pueden ejercer únicamente los propietarios particulares a través del amparo agrario. Los campesinos sólo pueden recurrir a la apelación administrativa, a la insistencia y a la presión política. Pero incluso después de la concesión territorial, el Estado puede cambiar los términos de la dotación, remover derechos individuales, excluir o incluir nuevos beneficiarios. Estas facultades se traducen en que miles de ejidatarios tienen posesión provisional sobre la tierra y dependen de decisiones administrativas para conservar su acceso al territorio. También miles de propietarios privados están y se sienten en posesión provisional sujeta a las acciones agrarias del estado. Por otra parte, la situación agraria condiciona el acceso a los recursos públicos, especialmente al crédito, y coloca a los campesinos en posiciones diferenciadas frente a los organismos oficiales.

El control del Estado sobre el proceso agrario le otorga un poder directo, casi “patronal”, sobre miles de poseedores que son de hecho, y así se conciben a sí mismos, arrendatarios o peones del gobierno. También le permite controlar a miles de campesinos sin tierra que esperan obtenerla ya que trabajan “ilegalmente” en las tierras de los ejidos; no sólo la dotación sino también la exclusión de los campesinos con derechos a salvo son decisiones que dependen directamente del estado. Los propietarios también están sujetos a control y amenaza, más frecuentemente los minifundistas que los latifundistas. Todo este poder se ejerce con criterios eminentemente políticos. Se concede o se niega, se ofrece o se amenaza en términos de la preservación del sistema en su conjunto.

b) Los líderes usan bigote

La negociación agraria se canaliza a través de las centrales campesinas “oficiales” u “oficializadas” por el reconocimiento estatal. A éstas se les ha dotado de un doble carácter: por un lado son extensiones administrativas del estado y por la otra parte son las únicas representantes de los campesinos que el gobierno reconoce. Es muy difícil y muy riesgoso negociar al margen de estas organizaciones sin ser ignorado o reprimido. El doble papel les otorga a las centrales oficiales un poder real y les garantiza una participación masiva, pero no les da representatividad: la finge, la pretende. Las centrales oficiales tienen un poder designado desde arriba y lo ejercen, pero carecen de una verdadera base.

La esfera de influencia de las centrales no se limita a la cuestión de la tierra, aunque su poder se base en ella, sino que actúan como intermediarios con todo el sector público. Este, vale la pena recordarlo, es el principal inversionista en el medio rural y en la producción agropecuaria. Las centrales son también el principal canal para la movilidad de los campesinos hacia la burocracia y la política. En este sentido constituyen un gran campo para atraer, mediatizar o corromper líderes activos o potenciales y una enorme arena para el arribismo y la corrupción, que juegan un papel muy importante en el sistema de control político. Esta posición confusa y fluida de las centrales campesinas como intermediarias reconocidas por el estado como únicas representantes de los campesinos, frena el paso de información de abajo para arriba pero no en sentido contrario. Esto tiene sus ventajas: a los campesinos no se les escucha, no tienen cómo hacerse oir, y puede presumirse por igual su inexistencia o satisfacción. Pero también tiene riesgos: cuando la acción de los campesinos se hace visible está ya radicalizada y siempre coge por sorpresa a los encargados de prevenirla.

c) Reprime, que algo queda

La represión siempre ha sido un factor activo en el campo mexicano. Su magnitud, grado de violencia y de ilegalidad varían en extremo, desde la simple amenaza, la persecución individual y la cárcel, hasta la matanza y la destrucción de asentamientos. También varían los agentes de su ejercicio: pistoleros a destajo, guardias blancas, policías locales o especiales e instituciones federales. A través de ella se trata de suprimir lo que el sistema no puede absorber o a la gente que no puede incorporar. En términos generales, y a diferencia de la que afecta a otros grupos de la sociedad, la represión no es excepcional en el campo. Es una constante rodeada por un muro de silencio y de indiferencia, de encubrimiento bajo un término ambiguo y degradante: delito común. Pese a su generalidad y su frecuencia, la represión constituye un complemento de la negociación, la absorción y la concesión. La represión delimita las fronteras del control político, pero por sí misma no puede explicar la naturaleza del conjunto ni su estabilidad.

La movilización independiente y la rigidez del sistema

Sobre estos tres pilares, el sistema de control sobre los campesinos adquirió una enorme flexibilidad y extensión pero nunca alcanzó la universalidad ni la omnipotencia. Centenares de miles de campesinos nunca fueron totalmente incorporados por el sistema de control y quedaron en una posición marginal. Conservaron su tierra o la recibieron no como una donación gratuita sino como una restitución de lo que era suyo por derecho y recuperaron por la lucha. Se organizaron a su manera y realizaron los ajustes formales necesarios para sumarse al nuevo estilo. Preservaron así su autonomía política en cierta medida, pero no pudieron escapar del sistema de explotación y de despojo. Su situación, como la de todos los campesinos del país, se deterioró profundamente. En esas condiciones, ejercen presiones y demandas sobre el sistema de control que constituye el único canal de comunicación. Este no puede absorberlas. Ni siquiera puede incorporar la reiteración de viejas demandas o la formulación de nuevas exigencias provenientes de grupos plenamente incorporados a la maquinaria de control desde hace mucho. La funcionalidad del control depende de su capacidad para resolver algunas de las demandas de los campesinos, aunque sea de manera parcial y limitada. Esta posibilidad se está cerrando. La vieja estructura se está volviendo rígida.

Los campesinos han respondido a la rigidez con la movilización independiente, que ha alcanzado proporciones masivas aunque todavía esté desarticulada y fragmentada. No se ha formado un movimiento campesino sino que han coincidido, impulsados por una misma problemática, muchos movimientos comunes en sus demandas por la tierra pero independientes en su organización. Estas movilizaciones tienen otro elemento común: la participación activa de la base, que cada vez tiene menos que perder. Estas condiciones establecen un campo fértil para la violencia.

Tres alternativas al productivismo

Todas estas contradicciones, presentes desde tiempo atrás, se han agudizado brutalmente por la crisis que el capitalismo mexicano ha enfrentado en los últimos años y que mostró los límites ya alcanzados por el modelo de crecimiento. En el sector agropecuario la crisis se ha manifestado con más severidad que en el resto del sistema. Desde el punto de vista nacional, esto se manifiesta en la incapacidad del sector para seguir creciendo. De hecho, la producción ha bajado en términos absolutos en algunos cultivos, como los cereales, que tienen una importancia estratégica en las funciones asignadas a la agricultura por el modelo de crecimiento por la sustitución de importaciones. Desde ese punto de vista, el sector agropecuario se ha vuelto disfuncional y con ello amenaza a la economía nacional en su conjunto. Con otra perspectiva, la incapacidad de crecer se explica por procesos sociales de polarización creciente y no por los “costos de oportunidad”. El estado, que a través de múltiples políticas agrícolas promovió y fortaleció la subordinación del sector agropecuario pero alentó y protegió a la burguesía agraria, no ha podido enfrentar la crisis. La prolongación de políticas agrícolas dirigidas a alentar aumentos simples en la producción independientemente de sus efectos sociales y políticos, no sólo es inadecuada sino que es ingenua. La situación de los campesinos, uno de cada dos mexicanos, no puede prolongarse ni profundizarse sin grandes riesgos para toda la sociedad. Es urgente el diseño de una política agraria que enfrente de manera seria y decidida el apoyo real a la población campesina. Para ello es necesario:

1) Que se renueve la política agraria, no sólo aplicando rigurosamente la legislación vigente sino modificándola para adecuarla a las condiciones imperantes. El problema esencial en el campo es el de ocupación productiva con remuneración más justa para quienes la ejerzan. La absorción de los campesinos por otros sectores productivos no se ha dado en escala suficiente y no se dará en el futuro cercano. El reparto de la tierra, en términos adecuados a las necesidades de la población, es el único mecanismo viable para proporcionar ocupación básica a los campesinos. La multiplicidad de condiciones exige la regionalización de los límites de la “pequeña propiedad” y de las formas que puedan sustituir a la empresa de tipo capitalista para la explotación intensiva del territorio. La complejidad de la posición de los campesinos en la sociedad no admite soluciones simples ni unilaterales.

2) Las políticas de regulación, promoción y financiamiento para el sector agropecuario deben revisarse para apoyar afectivamente a los campesinos y no a sus explotadores. Esto implica la corrección de la relación asimétrica entre la producción agropecuaria e industrial y, fundamentalmente, la reorientación de las relaciones entre la mayoría de la población rural y los otros grupos de la sociedad. Las políticas de inversión, precios, crédito, desarrollo tecnológico, tienen que revisarse en función de las necesidades campesinas e incrementarse en su magnitud y eficacia a partir de su reorientación esencial.

3) Las políticas agrarias y de apoyo no pueden ni deben ser diseñadas desde arriba. No se trata de decisiones burocráticas o “técnicas” sino esencialmente políticas. La participación activa de los campesinos es un requisito esencial. Para ello son necesarias dos medidas fundamentales: impedir que la represión que ha caracterizado muchas de las relaciones políticas en el campo se prolongue y se reproduzca y reconocer a las organizaciones autónomas y plurales de los campesinos, es decir, suprimir el monopolio institucional de las centrales oficiales. El “desorden” y la pluralidad política no pueden ser más riesgosos que un orden sustentado en la falsa representatividad y apoyado por la presión. El Estado, que ha dialogado consigo mismo a través de las centrales burocráticas en la cuestión agraria y campesina, desconoce los problemas del campo mexicano. No tiene ni información ni recursos que le permitan reorientar su acción. Sólo los campesinos libremente organizados pueden realizar esta tarea.