Revista de la Facultad de Economía de la UNAM. Número 3, Julio-Septiembre de 1977. Apdo. Postal 70-379, Ciudad Universitaria, México, 20, D.F.

El número 3 de la nueva época de la revista Investigación económica se dedico al análisis de lo sucedido durante el sexenio pasado en lo referente a la economía, la política y los movimientos populares; es una revisión bastante completa de la política económica puesto en práctica por el gobierno de Luis Echeverría. Se inicia con un artículo de Héctor Mata L., “La economía mexicana y la crisis internacional”, que analiza la evolución de la crisis del mundo capitalista y la forma como se inserta en ella la economía mexicana. Mata estudia, por un lado, las relaciones de tres grupos de países (“países industriales” países exportadores de petróleo” y “otros países subdesarrollados”); por el otro, las tendencias recesivas e inflacionarias de las economías industriales que se observan claramente en la segunda mitad de la década de los sesentas. “El efecto combinado de la crisis de energéticos y de la recesión en los países industriales fue desastroso para la totalidad de los países subdesarrollados no petroleros.” Mata sitúa la economía mexicana en este contexto, y refiere los principales rasgos de la política económica del gobierno de LEA. Su conclusión es que la crisis de 1976 fue resultado de la interacción de cuatro factores: 1) la política que intentó dinamizar la producción, la inversión pública y “revertir el proceso de descapitalización y subinversión en algunos ramos estratégicos de la economía, con éxito relativo en las ramas de siderurgia, energéticos y fertilizantes pero casi nulo en el sector agropecuario”. 2) El esfuerzo “mantener la demanda global a un alto nivel en relación a la oferta y preservar el poder adquisitivo de los salarios”. 3) “Una política cambiaria de corte estabilizador”. 4) “La crisis económica internacional en sus dos fases, inflacionaria y recesiva”.

En “La política económica 1970-1976, itinerario de un proyecto inviable” Eduardo González explora con precisión las incoherencias e imposibilidades del proyecto económico echeverrista. Aunque se basaba en un diagnóstico nada novedoso, parcial y fundamentalmente descriptivo, la política económica del sexenio pasado respondía a una realidad evidente: el modelo de acumulación en que se había apoyado la fase estabilizadora mostraba ya síntomas de agotamiento desde la segunda mitad de la década de los sesenta. Por ejemplo, el comportamiento del producto agrícola que entre 1960 y 1964 creció a una tasa media anual de 6.2%, en tanto que en el periodo 1965-1969 lo hizo sólo al 11.2%.

González divide el sexenio de Echeverría en tres periodos, (1971), (1972-1973), (1974-1976). El signo del primer periodo fue la llamada “atonía”, producto tanto de la difícil situación de la economía en el plano internacional como de la política contraccionista adoptada por el nuevo gobierno – rasgo que contradecía la estrategia por él mismo anunciada.- En ese sentido, el primer año parecía ser el intento de recuperar el equilibrio en el corto plazo en tanto se preparaban las bases institucionales (jurídicas, políticas y administrativas) para poner en marcha el proyecto reformador. Pasada la contracción de 1971, durante 1972 la política económica se propuso dinamizar la economía, mediante ajustes en la política fiscal y en forma sobresaliente, el gasto público, que registró un aumento del 42%. Los ingresos también crecieron, pero de manera insuficiente frente al nivel del gasto (sólo 16%). La coincidencia de esta política y un contexto internacional de expansión económica permitió que ese fuera el mejor año del sexenio.

Es interesante el señalamiento de González en el sentido de que se hacía presente ya el “retraimiento de la inversión privada”, fruto en parte de la “desconfianza” que el proyecto echeverrista empezaba a despertar por sus intenciones de redistribuir el ingreso. Si a este factor se suma la falta de dinamismo en la producción agrícola y minera, lo razonable para el año siguiente parecía volver a la atonía. Sin embargo durante 1973, la línea adoptada fue “llevar hasta sus límites la política reactivadora” la cual sin medidas tales como control administrativo de precios y mecanismos antiespeculativos, desató la inflación. El anuncio de un programa radical del gobierno para controlar el alza de los precios, encontró una “violenta y desafiante” respuesta del sector privado. Después del round radical, el programa del gobierno se volvió un manso y contradictorio listado de 16 puntos, la mayoría de los cuales no eran otra cosa que la revisión encubierta de las políticas monetaria y fiscal en el sentido de frenar la expansión. “Es quizá en este periodo apunta González que se puede hablar de la emergencia de una contradicción, antes latente, entre dos líneas de política económica; una de énfasis reformista-modernizador y otra de énfasis monetario-estabilizador” (p. 49). En el balance de 1973, destaca lo siguiente; inflación sin precedente (el índice nacional de precios al consumidor se elevó en 21.3%, el de alimentos en 27.4%); insuficiente recuperación en la agricultura, limitado dinamismo en la inversión del sector privado, incremento en el déficit de la balanza de mercancías y servicios (48.9%) y del déficit presupuestal en las cuentas públicas (63.9%).

El periodo 1974-1976 se inicia bajo la hegemonía de la posición conservadora, aunque en los primeros meses hubo indicios de que su dominio no era contundente: fortalecimiento de la CONASUPO constitución del FONACOT y del Comité Nacional Mixto para la Protección del Salario. El cuarto informe presidencial marca un viraje en la postura del gobierno: se delínea un programa de política económica en el que se proponen objetivos tales como garantizar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el “racional incremento de los ingresos del estado”, la “planeación y control eficaz del gasto público”, “una política de crédito congruente con el adecuado control de la expansión monetaria y con el necesario aliento al financiamiento de las actividades productivas del sector privado de mayor prioridad, principalmente en la industria mediana y pequeña”. Se toman diversas medidas: aumento de emergencia del 22%, 13 de septiembre; reforma a la Ley Federal del Trabajo para instituir la revisión anual de salarios, 19 de septiembre; reforma del régimen de participación de utilidades y establecimiento de un nuevo sistema de regulación de precios, 2 de octubre. Es posible, dada la política adoptada, sugerir que en ese momento el equipo de LEA hubiera alcanzado su más alto nivel de consolidación política, lo que explica este intento de recuperar su proyecto estratégico. No obstante, dice González, “el enfrentamiento con la fracción conservadora del aparato burocrático y de la propia burguesía resultaba por lo menos ‘tardío'”. (p. 56)

Durante 1974 descendió el crecimiento del PIB (pasó del 7.8% del año anterior al 5.9%), decreció la agricultura (0.7%), se retrajo la inversión privada y hubo menor expansión de la pública. Aunque en forma menos aguda que el año anterior, la inflación persistió; el déficit de la balanza de mercancías y servicios aumentó en 117% con respecto al año anterior. La deuda pública externa subió en 41%. La política económica para 1975, en consecuencia, se propuso atenuar esa tendencia al estancamiento. La palanca principal fue de nueva cuenta el gasto público. Pero el programa presentado entonces tuvo una debilidad fundamental: no preveía mecanismos que promovieran la participación de la inversión privada, nacional y extranjera. Pese a que la inversión bruta fija del gobierno aumentó notablemente (24%), lo hizo a un ritmo inferior con respecto al año precedente (8.5% contra 9.8%) lo que significa que la inversión privada decreció en términos absolutos (entre 2 y 3%). Por lo demás, durante 1975 se generalizó la tendencia al estancamiento en todas las actividades, persistió la inflación aunque a un ritmo menor, y aumentó notablemente el déficit en cuenta corriente (47%).

“En estas condiciones -dice González- el año de 1976 se presentaba con el replanteamiento, en un nivel amplificado, de la contradicción entre la existencia de un desequilibrio que para el corto plazo fortalecía la posición contractiva-estabilizadora, y la renuencia del grupo comandado por el propio presidente a implementar plenamente esta opción, combinada con su incapacidad de orden no técnico sino histórico, para seguir un rumbo alternativo pero coherente”. (p. 65)

Durante 1976 se mantuvieron las tendencias recesivas en la producción y creció el desequilibrio externo. Pero lo decisivo del periodo fueron las fugas de capitales en magnitudes desastrosas que culminarían con la devaluación del peso, medida que marca un punto de redefinición de ajuste conservador y antipopular. “Medidas aisladas -dice González- como el aumento salarial de 23% en octubre y la afectación agraria de Sonora en noviembre, no eran más que el canto del cisne de un proyecto que estaba liquidado”.

En “Auge y declinación del intervencionismo estatal 1970-1976” (17 pp.), José Ayala analiza el comportamiento económico del estado frente a una contradicción clara: la necesidad estructural del capitalismo de una intervención estatal cada vez mayor y los intereses inmediatos de los capitalistas aislados. Es evidente, dice Ayala que entre 1970 y 1976 se fortaleció la participación del estado, pero su “impulso quedó trunco al no encontrar en la dirección de las finanzas públicas (Secretaría de Hacienda, Banco de México) una política económica que lo acompañara. Por el contrario, desarrollaron un paquete de medidas monetarias y crediticias contraccionistas cuyos efectos más inmediatos fueron altamente inflacionarias y en el mediano y largo plazo incongruentes con una política que se proponía explícitamente el fortalecimiento del estado”. (p. 73)

Rogelio Huerta Quintanilla intenta una aproximación al estudio del sector externo apoyado en una teoría del capitalismo internacional: “Relaciones económicas internacionales y balanza de pagos de México 1970-1976)”. Jorge Castell Cancino y Fernando Rello Espinoza, abordan el problema de la crisis desde la perspectiva del problema agrario: “Las desventuras de un proyecto agrario: 1970-1976”. Ese es también el tema aunque con un enfoque más globalizador de “Seis años de lucha campesina”, escrito por Armando Bartra. Bartra no se limita a revisar la crisis y la política descarnadas; incluye en su análisis las determinantes de la crisis y sus implicaciones sociales y políticas, el contenido político del proyecto echeverrista y la naturaleza de un movimiento campesino en constante ascenso a lo largo del periodo.

“Inflación y salarios en el régimen de LEA”, de María de la Luz Arriaga y otros es uno de los artículos menos sólidos desde el punto de vista teórico pero ofrece un panorama más o menos claro de lo que significó la política salarial echeverrista. Un último artículo es el de Víctor Orozco “Contradicciones del proceso de urbanización y movimientos populares (1970-1976)”. La sección “Para el Estudio de la Economía” ofrece colaboraciones de Alejandro Alvarez y Jorge Juanes.