La Cartilla Ciudadana que nos proponen Silvia Conde, José Luis Gutiérrez y María Concepción Chávez, bajo la coordinación de Enrique Florescano, aparece en México en un momento en el que es urgente preguntarnos, como ellos sugieren, ¿por qué necesitamos de la democracia para vivir mejor? ¿Por qué es necesaria la participación social y el ejercicio de los derechos ciudadanos en un país donde reinan la corrupción y su hermanastra, la impunidad? Datos del Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, señalan que en México se da curso a 12.8% de las denuncias realizadas. Sólo 4.46% tienen sentencias condenatorias. En consecuencia, sólo siete de cada 100 delitos se denuncian. Según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, la gente no denuncia porque piensa que es “perder el tiempo y no lograr nada”.1

02-ciudadania

Ilustración: Patricio Betteo

Intento responder a estas preguntas a partir de la experiencia propia y la de otros ciudadanos organizados o no, yendo y viniendo de la Cartilla a la vida cotidiana, como ésta señala. La idea de base es que no podemos seguir dejando la política en manos de los políticos o de los partidos. Creo que ese es el planteamiento central.

Mardonio Carballo, escritor, poeta, comunicador náhuatl interpuso el año pasado un recurso de amparo, como ciudadano, frente al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que confinaba las lenguas indígenas sin permitirlas en la radio pública o comercial. ¿Quiénes lo apoyamos? Artistas visuales como Antonio Gritón, Demián Flores, Gabriel Macotela, Gustavo Monroy y Jesús Miranda, muchos radioescuchas, lectores, ciudadanos de a pie; organizaciones de la sociedad civil como ConArte o Desinformémonos, Nauyaca producciones, La Cebada, entre otras. La SCJN atrajo el caso y en enero pasado la Primera Sala declaró anticonstitucional el ordenamiento por considerarlo discriminatorio de los derechos lingüísticos en México. Como dice Mardonio, “las instituciones se hicieron pato”.

El pasado 8 de marzo un juez dictaminó la suspensión de siembra de maíz transgénico para su comercialización en México hasta en tanto no se resuelva el juicio de acción colectiva que interpuso la Colectividad de Maíz, integrada por campesinos, científicos y sociedad civil, hace tres años. Esto permite a las empresas sembrar, pero no para comercializar y faculta a la sociedad civil a vigilar a las empresas no sólo respecto del maíz transgénico, sino en el uso del glisofato en cultivos, por considerarse cancerígeno. El propósito: alimentos más sanos, pero también soberanía alimentaria, tema en gran debate mundial.

La Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias se configura ante el desconcierto del nombramiento de Arturo Escobar al frente del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito de Segob, siendo que éste enfrentaba varios cargos por delitos electorales pero, sobre todo, preocupados por el crecimiento de la violencia en México y las debilidades de la política pública al respecto. Integradas por poco más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Incide Social, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Circo Volador, 24 Horas sin Violencia en México, la Red Cívica Veracruzana, Católicas por el Derecho a Decidir, ConArte A.C. y varias organizaciones de derechos humanos, actualmente trabajamos en la formulación de una propuesta de política pública que queremos debatir en un nuevo esquema de gobernanza. El camino no es fácil. No hemos logrado un espacio de interlocución como Coalición. Segob optó por reuniones con algunas de las ONG. Seguiremos insistiendo con propuestas puntuales.

La seguridad ciudadana es un bien público y un derecho humano. La participación social puede enfocarse a coproducir la seguridad, como parte del ejercicio del derecho a la ciudad. La perspectiva de género, como señala la Cartilla, entraña un doble reto y un compromiso no sólo de las mujeres. Y si no, ahí tenemos el caso de la periodista Andrea Noel, que alude a la práctica del acoso callejero, muy común en México y al parecer rodeado de una gran misoginia que expresa la urgencia de una formación en derechos humanos, equidad de género e interculturalidad.

Una cosa que me gusta de la Cartilla es que no nos llena de esos discursos sobre el buen ser o de cultura cívica que entran por un lado y salen por otro. Los autores abordan la complejidad del ejercicio de la ciudadanía en contextos donde la democracia participativa todavía está en obra negra. Apuntan entonces a los retos: la criminalización de la protesta o de la crítica, el desconocimiento ciudadano de los derechos y la necesidad de construir capacidades para ejercerlos. Subrayan la necesidad de construir nuevos esquemas de gobernanza que nos permitan trabajar juntos. Reconoce que el desprestigio de la política es también uno de los retos a enfocar.

Mientras leía la Cartilla Ciudadana decidí hacer una encuesta en mis redes sociales. Pregunté cuáles eran los principales obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía en México. Recojo aquí la síntesis de unas 60 respuestas que dividí en dos, las vinculadas al entorno y las que se refieren a la persona. En el primer caso se dijo: la corrupción, la impunidad, la inoperancia de la justicia, la desigualdad, la soberbia de los funcionarios que no quieren escuchar a la ciudadanía, la pobreza intelectual de los políticos mexicanos, la opacidad en las relaciones entre gobierno y ciudadanía, la represión a quien intenta hacer algo distinto, la falta de espacios de diálogo y de encuentro.

Del otro lado, se señaló la falta de educación y conocimiento de qué es la ciudadanía, el predominio del individualismo, la falta de empatía, la irresponsabilidad ante el buen uso de la ciudad y los derechos de los demás, también el miedo, la desilusión, la incertidumbre que crean los medios, la no vigilancia de la ley y de la institucionalidad, la apatía, la incredulidad, la indiferencia, y un elemento de cultura política reconocida como la tendencia a actuar siempre buscando líderes a los que luego reclamamos la ineficacia de la estrategia. Nadie habló de la simulación, ese mal nacional que también se reproduce en diversos ámbitos.

A pesar de que todos esos obstáculos son ciertos, la realidad nos pone frente a nuevas experiencias, unas mediáticas, otras más íntimas o sin tanta visibilidad: hace unos días estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Veracruzana, incluida la rectora, encabezaron movilizaciones y acciones jurídicas para la defensa del presupuesto de la UV, retenido por el gobierno estatal. Todavía es un conflicto en desarrollo. También empresarios en Chiapas se lanzaron a las calles para exigir pagos no resueltos por el gobierno del estado hace meses. Las denuncias de corrupción, de feminicidios, uso ilegal de la violencia por entidades públicas, además de violación a los derechos humanos crecen también en distintos ambientes y aun a nivel internacional, colocando a México en el centro del ojo público.

A un año del golpe que silenció a Carmen Aristegui y a otros comunicadores del aire, ella agradeció a todos los ciudadanos su espera y solidaridad y señaló que se creará un nuevo espacio. Este es un tema de interés público que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, a la información y un buen reto para el ejercicio ciudadano. 

Desde el movimiento del sismo del 85 la sociedad civil no ha dejado de configurarse o desconfigurarse. Hoy las redes sociales constituyen también una arena pública donde es posible construir nuevas comunidades, o padecer otras, por supuesto. Se trata de movimientos heterogéneos, a veces coyunturales, otras veces con más continuidad, en donde mucho hay que hacer. Este ámbito tampoco está exento de contradicciones e incluso de actuaciones poco éticas.

Sin embargo, a pesar de estas contradicciones lo que toca es crear esos espacios de participación y de encuentro, por más sencillos que parezcan, además de repensar cómo enriquecer nuestra cultura política. Las marchas o recabar firmas son estrategias que evidencian el desgaste de su eficacia, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo. La pertinencia de la acción política radica, desde mi punto de vista, no necesariamente en una postura de confrontación, sino en comprender la causalidad de las problemáticas sociales y en promover formas de participación eficaces que no sólo se enfoquen en lo que el poder público hace mal, sino que influyan en su transformación. Por supuesto que es necesario crear mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y sobre todo de comportamiento ético, pero la acción ciudadana también puede ser propositiva e incidir en las políticas públicas de manera más inteligente.

La formación en acción no violencia y cultura de paz es fundamental para fortalecer la autonomía y la resiliencia de jóvenes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, entre las poblaciones más vulnerables pero también en comunidades y ciudades. 

A pesar de los datos que revelan las circunstancias precarias en las que viven nuestras juventudes, hemos de acercarnos a los movimientos juveniles que están replanteando mucho las maneras de trabajar por el buen vivir y dejar de ver a las actuales generaciones de jóvenes como un sector indefinible o “sin valores”, como se insiste en referirse a ellos. La lección de ciudadanía más importante que he recibido en mi vida la viví con adolescentes de una escuela secundaria pública, quienes fueron capaces de dialogar y decidir en conjunto quién debería ir a representar a México a Nueva York. También los escenarios de ciudadanía global que trabajan por el buen vivir abonan en una dirección de otros mundos posibles de los cuales tenemos que aprender y estar conectados.

En la perspectiva de la economía del conflicto es aconsejable también acotar los espacios de participación, porque no se puede estar en todos los ámbitos. Cada quien debe saber elegir su causa y saber cómo se involucra, con responsabilidad, creatividad, pertinencia y sobre todo de manera propositiva, incluso festiva, con alegría, pero al mismo tiempo siendo radical, es decir, aludiendo a los problemas de raíz. Ser radical no es sinónimo de ser rebelde. Por eso, conocer el campo donde se actúa, las causalidades, las problemáticas, los avances, los obstáculos, las alternativas, es fundamental. Actuar sin poner en riesgo los derechos humanos y la seguridad de las personas requiere de otro tipo de madurez en la acción social y política. Esto hay que aprenderlo porque venimos de una cultura política de la No participación.

También es imprescindible fortalecer las capacidades institucionales para el diálogo y la coproducción con la sociedad civil, porque dentro de las instituciones hay quienes todavía piensan al viejo estilo del sistema político que no nos gusta, pero también hay quienes ya actúan de manera más contemporánea y están a favor de nuevos diálogos y esquemas de gobernanza, buscan involucrarse con la sociedad civil. No todo es blanco y negro, ni podemos pensar que todo lo bueno está del lado de la sociedad civil y todo lo malo del lado del gobierno, aunque sin duda la violación a los derechos humanos es un saldo negativo del lado oficial.

Es preciso profesionalizarnos en el ámbito de la sociedad civil, teniendo claro que el ejercicio de ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil no tiene como finalidad relevar a las instituciones del gobierno mexicano en su responsabilidad, sino acelerar su transformación y promover una actuación a la altura de las necesidades sociales de manera corresponsable.

Ante los tiempos políticos por venir tal vez tengamos que activar nuestros derechos empezando por el voto aquí y en Estados Unidos. Si todos los mexicanos en ese país votaran, a lo mejor no gana Trump. Es un paso para poder articular otra agenda que tampoco se quede ahí. Transitar hacia la participación civil, la ciudadanía activa es vital para acelerar la desestructuración de esa maquinaria política que nos heredó el siglo XX y poder aspirar a otra forma de vivir donde la democracia se construya desde abajo y desde donde nos sea posible incidir.

Echo de menos en la Cartilla un mayor énfasis sobre los derechos culturales y los derechos de los pueblos indígenas. Reconozco que es un tema todavía débil en nuestros escenarios. Rescato, para concluir, lo que señala el texto, en el sentido de que la democracia es un cambio cultural en el que hemos de involucrarnos de manera directa, cada vez más documentada y proactiva.

Hemos de reconocer que si la desilusión, el cansancio, la frustración y la falta de energía social son parte de los obstáculos que enfrenta la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, de la participación social y política, entonces necesitamos reconocer el poder de la vida cultural y de la expresión artística para generar energía creativa y resiliencia. Los movimientos de liberación nacional de África, los procesos de cambio social en cualquier parte del mundo siempre han venido aparejados con una defensa, el replanteamiento e impulso de la vida cultural, porque es en la cultura, y especialmente en las artes, donde anida la fuerza que requiere toda sociedad para promover su propia transformación.

Por ello, creo que los trabajos que realiza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en torno a la antropología de la fatalidad2 nos permitirán comprender y ahuyentar ese sentir de “si me toca, me tocó”, “la vida no vale nada”, y otras manifestaciones culturales de resignación que nos vienen por herencia de años y años de resistencia a diversas formas de ejercicio del poder. Desde Tezcatlipoca hasta nuestros días. El cambio que requiere el ejercicio de la ciudadanía es profundamente cultural.

También el silenciamiento, el agobio, la tristeza, la desconfianza, el temor, la exclusión, el rechazo y la desesperanza enferman a la sociedad, no le permiten aprender ni movilizarse. Un niño o una niña con miedo en la escuela no aprende. Una persona carente de toda forma de expresión vive en el enojo o en la indiferencia. No sólo la pobreza o la falta de empleo deterioran la calidad de vida. La homofobia mata, la discriminación empobrece la vida de quien la ejerce y la de quien la padece. El cambio cultural que se esconde detrás de todo ejercicio de ciudadanía nos coloca frente a la necesidad de comprenderlo, de reconocer a quienes se esfuerzan por trabajar desde ahí y estructurar otras alternativas.

 

Lucina Jiménez
Doctora en ciencias antropológicas. Fundadora y directora de ConArte A.C., una entidad que trabaja hace 10 años en educación en artes como derecho humano, para la ciudadanía y la paz. Es autora de Políticas culturales en transición y de Democracia cultural: un diálogo a cuatro manos, entre otros libros.


1 IGI-MEX; Índice Global de Impunidad México, UDLAP, CESIJ, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, México, febrero de 2016.

2 Curiel García, Martha Mónica y Salvador Salazar, Ciudad abatida. Antropología de la(s) fatalidad(es), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2012.