La Suprema Corte recién abrió el camino hacia una nueva visión legal de la marihuana. Los otros poderes, en respuesta, parecen haber adoptado al menos la idea de regular ésta con fines terapéuticos.1 ¿Podemos plantearnos, sin embargo, algo parecido respecto a otras drogas prohibidas? Un buen ejemplo de las ventajas que ofrece la perspectiva científica y médica en otras sustancias, es el caso de la amapola, la cual está atada a una serie de reglas que impide exprimir su enorme potencial terapéutico. Esto debido a que, al día de hoy, no está permitida en el país la producción de esta planta con el propósito de procesar y distribuir medicamentos derivados de ésta —como lo son analgésicos muy potentes e indispensables para el tratamiento de ciertos padecimientos crónicos o terminales.

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Ilustraciones: Jonathan Rosas

No hay que olvidar que dentro de la diversidad de flores que integra a la familia de las amapolas existe una que posee propiedades narcóticas debido a los alcaloides que contiene su resina, de la cual se extrae justamente el opio: la papaver somniferum. La historia de esta amapola y su zumo es milenaria, pero el primer registro escrito que se tiene data de la época grecorromana, en las obras del naturalista griego Teofrasto. Y desde entonces se sabe que se le ha dado, entre otros, un uso terapéutico gracias a sus efectos analgésicos. No obstante, fue hasta el año 1803 cuando el farmacéutico alemán Fredrick W. A. Serturner aisló del opio el componente activo de la morfina en forma de cristales puros. Sus fuertes propiedades sedantes, al surtir efecto directamente en el sistema nervioso central, junto con la invención años después de la jeringa, hizo que el uso de la morfina creciese exponencialmente y se volviese pieza clave en los tratamientos para paliar el dolor. Años más tarde, casi a finales del siglo XIX, los químicos Charles Alder Wright y Feliz Hoffmann, guiados por diferentes objetivos, lograron derivar del opio una sustancia semisintética parecida a la morfina pero con fuertes efectos eufóricos: la heroína. La cual pronto quedaría cubierta bajo el paraguas del paradigma prohibicionista gracias a una madeja de reglas internacionales que no sólo metió dentro del corsé punitivo a la heroína sino en general a los opiáceos. Es decir, prohibió cultivar y procesar la amapola salvo en el supuesto de que tuviese fines estrictamente científicos y médicos.2 

Este entramado legal tiene su origen en la Primera Conferencia Internacional del Opio, celebrada en Shanghai en 1909, que sentó las bases para que tres años después se estableciese la Convención Internacional del Opio: el primer instrumento internacional para regular el comercio del opio y sus derivados. En los siguientes años hubo diplomacia, negociaciones y otros tratados.3 Pero fue hasta 1961 que cristalizó la Convención Única de Estupefacientes, piedra angular del llamado Sistema Internacional de Control de Drogas y clave para definir el tipo de regulación en un sinfín de legislaciones nacionales respecto sustancias como cannabis, hoja de coca y opio.4 Así, este tratado, del cual México forma parte desde 1967, ha sido ratificado por decenas de países ciñendo éstos su política de drogas a su objetivo principal: limitar la producción, fabricación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos.

Vale mencionar que esta Convención Única creó dos instituciones internacionales encargadas del control de sustancias: la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). La primera, en buena medida, se encarga de modificar la lista de estupefacientes que están atados a la lógica prohibicionista y a emitir recomendaciones en la materia. La JIFE, por su parte, tiene la responsabilidad de comprobar que los Estados, que son parte de este esquema internacional, cumplan con sus obligaciones de limitar el cultivo, producción, fabricación y uso de estupefacientes a fines médicos y científicos y, por tanto, puede solicitar explicaciones a un Estado si considera que éste no ha cumplido con tales obligaciones. 

Un aspecto medular es que la Convención Única abre la posibilidad de que cada Estado decida si la prohibición de cultivar ciertas plantas es la medida idónea para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito. Esto significa que, en principio, sí es posible que un Estado cultive en su territorio amapola siempre que tenga fines terapéuticos. Si se trata de cultivos que tengan como objetivo satisfacer la demanda interna de medicamentos derivados del opio, un paso indispensable a cumplir consiste en demostrar ante la JIFE que se tiene una demanda no satisfecha de tales medicinas.5 El otro supuesto es que un país pretenda iniciar o aumentar su producción legal de amapola para efectos de exportarla y satisfacer la demanda alrededor del mundo. Aquí el camino es bastante más sinuoso, pues la JIFE es la encargada de monitorear la producción legal del opio para el comercio internacional. Por lo cual debe considerar el comportamiento de la oferta-demanda para efectos de mantener el equilibrio entre dos metas básicas: garantizar la demanda mundial, con reservas de un año, de las materias primas de los opiáceos y evitar una acumulación excesiva de existencias que resulte en una desviación al mercado ilícito de amapola y/o de sus derivados.

Pero, entonces, si el consenso punitivo internacional permite cultivar y procesar amapola estrictamente con fines médicos y científicos, ¿por qué no aprovechar esta rendija legal? ¿Cuáles son las razones para que México deba modificar su legislación interna y autorizar el cultivo de amapola? ¿Cómo debiese ser este proceso de legalización? Sobra aclarar que cuando se defiende la legalización de una droga en realidad se está abogando por su regulación. Misma que varía dependiendo del tipo de droga que se trate. Simplemente no es posible fijar un mismo rasero legal para drogas como la marihuana, la cocaína o el crack: las significativas diferencias entre sí en cuanto a efectos psicotrópicos, riesgos médicos y consecuencias sociales exigen a su vez tratamientos legales disimiles.

Inclusive entre los mismos opiáceos no es posible trazar una misma política pública. La estrategia debe ser muy distinta si se trata de heroína, opio para fumar o morfina.6 De ahí que para entender las razones y características de una eventual regulación del cultivo de amapola en nuestro país con fines terapéuticos es indispensable conocer algunos datos del mercado legal de morfina y drogas similares, medicamentos esenciales para evitar tratos crueles e inhumanos a un sinfín de enfermos con padecimientos crónicos o terminales. Pero que, a consecuencia de la miopía prohibicionista, su distribución se ha concentrado en un puñado de países desarrollados. 

 

Desde hace lustros existe un escenario en el mercado de medicamentos derivados del opio que se conoce como una pandemia global del dolor no tratado. Es decir, una insuficiente producción aunada a una desigual distribución entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo respecto las sustancias que son fundamentales para tratar el dolor moderado e intenso, tales como la morfina, oxicodona, fentanilo y demás. Esto significa que este tipo de medicamentos está disponible tan sólo para una delgada rebanada de la población mundial. Un par de datos ayudan a dimensionar el calibre de este desequilibrio: más de cinco mil millones de personas no tienen acceso a drogas en contra del dolor moderado a intenso, concentrándose poco más del 90% del consumo de estos medicamentos en Norteamérica, Japón y Europa.7

Esto, por supuesto, impacta a su vez en los precios de estas medicinas cuando llegan a estar disponibles. Un ejemplo: el precio de un tratamiento promedio mensual de sulfato de morfina debiese estar entre 1.80 y 5.40 dólares; no obstante, en países en vías de desarrollo llega a oscilar entre los 60 y 180 dólares.8 Este escenario sólo puede empeorar si se considera que la demanda de medicamentos derivados del opio no ha dejado de aumentar de manera constante en los últimas dos décadas. Según datos de la JIFE, en el periodo de 1994 y 2013, salvo un par de años que se mantuvo estable, la demanda creció en 200%.9

Pero si volteamos a nuestro contexto nacional, lo que encontramos es también un severo problema de desabasto. Si se parte tan sólo del universo de personas con padecimientos crónicos, 28 millones de personas experimentarán dolor en algún grado; en el 30% de este universo serán dolores de medios a fuertes y tanto sólo 40% de este último grupo tendrá acceso a un tratamiento médico para aliviarlos. Es decir, la demanda en México de medicamentos derivados del opio es de 19 mil 764 kilogramos; sin embargo, en 2013 tan sólo estuvieron disponibles 482 kilogramos de este tipo de drogas en el mercado nacional. Lo cual significa que casi 98% de la demanda no está siendo satisfecha.10 Así, mientras que el promedio global de consumo per cápita de morfina legal en el año 2000 era de seis miligramos, en México apenas arañábamos .01 miligramos. Otro contraste impactante: si nos comparamos con Estados Unidos, que consume más de la mitad de la producción mundial de este tipo de sustancias, tenemos que entre el año 2000 y 2013 el consumo per cápita mexicano representó sólo 0.6% del consumo estadunidense.11

La JIFE considera que, en el caso mexicano, básicamente son tres factores los que obstaculizan un adecuado abastecimiento de estos medicamentos. En primer lugar, la complejidad de los procedimientos legales y administrativos para la obtención de estos medicamentos; por otro lado, la pobre información de los profesionales de la salud pública que limita la prescripción y distribución y, por último, la resistencia de la comunidad médica para usar como opción de tratamiento los medicamentos derivados del opio. No son obstáculos sencillos de superar. Estos dos últimos factores, por ejemplo, propician la falsa estampa de que estamos ante una demanda cubierta: el gobierno importa cantidades muy bajas de estos medicamentos, mismas que son suficientes para satisfacer una práctica que se resiste a su uso y receta a cuentagotas, aunque en realidad existen miles de personas que necesitan estos tratamientos. De ahí que, en buena medida, esta situación exija un reaprendizaje del uso de estas drogas con base en información científica que debilite los tabúes fruto del paradigma prohibicionista. Pero para ello es necesario superar antes la primera barrera: el galimatías legal. ¿Cómo sortear, entonces, esta madeja administrativa?

Una posible ruta es, justamente, legalizar el cultivo y procesamiento de amapola con fines científicos y médicos. Así lo han entendido ciertas áreas del gobierno federal al impulsar a finales del año pasado un estudio que delinea el camino que debe seguir esta eventual legalización: Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos.12 El estudio fundamenta este giro, en la regulación de la amapola, en dos justificaciones clave. La primera, que ya se apuntó, es la urgencia de una política pública que permita que millones de pacientes accedan de manera menos complicada y onerosa a medicamentos como la morfina y otros similares que son extraídos de la amapola. Pero la otra razón, no menos relevante, es el mercado ilegal que actualmente ya existe de esta planta, la experiencia que han adquirido ciertos grupos de agricultores en la materia, así como las consecuencias sociales que ha tenido este negocio en los últimos lustros en algunas regiones del país.  

 

Entre las consecuencias que tuvo la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, fue posicionar en los medios de comunicación una droga que había pasado un tanto desapercibida en la discusión pública del país: la heroína. Así, la violencia que vive el estado de Guerrero, y que se ha agudizado en los últimos meses, empezó a leerse incluyendo una perspectiva más: la lucha entre los grupos criminales por controlar los cultivos de amapola, su procesamiento en heroína, así como las rutas de trasiego hacia Estados Unidos —el principal consumidor de esta droga.

Lo cierto, sin embargo, es que los datos que han circulado sobre el tema son resultado, en buena medida, de pesquisas periodísticas. Las autoridades estatales no han ofrecido información oficial pertinente para dimensionar la magnitud de este mercado ilegal. Inclusive, la investigación de la Procuraduría General de la República respecto la desaparición de estos estudiantes si bien ha conseguido la aprehensión de un grupo de personas señalado como responsable de este lamentable suceso y de pertenecer a bandas delictivas dedicadas al negocio de la heroína, lo cierto es que esta indagatoria no ha coadyuvado a recabar datos que permitan entender la estructura de este negocio —al menos por lo que corresponde al estado de Guerrero. ¿Qué tan lucrativo es? ¿Cuáles son los eslabones de su cadena operativa de tal manera que sea posible sembrar y procesar amapola para luego transportar y vender heroína? ¿Cuál es el área del país que se dedica al cultivo ilegal de amapola? ¿Dónde se localizan estos sembradíos? ¿Cuál es la relevancia de la producción de heroína en México en el mercado mundial?  

Empecemos con un breve vistazo a este mercado ilegal alrededor del mundo: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,13 el cultivo mundial de opiáceos durante 2014 se extendió hasta 310 mil 891 hectáreas. Lo cual representa un incremento de 5% respecto al año anterior. Esta alza se explica, de acuerdo a este organismo internacional, a que durante 2013-2014 el principal productor de amapola en el mundo, Afganistán, tuvo niveles históricos en sus cultivos. Esto seguramente impactó, a su vez, en erigir el 2014 como el año de mayor producción de opio desde 1930, con siete mil 554 toneladas; es decir, 11% más que el año anterior. Ahora bien, los principales países que contribuyeron a conseguir estas cifras récord fueron Afganistán (85%), Myanmar (8%), México (3%) y la República Democrática Popular Lao (1%). 

Si nos enfocamos en el mercado mexicano, es fácil imaginar que una dificultad no menor para calcular el volumen del cultivo de amapola, al ser una actividad ilegal, es contar con datos precisos que se puedan utilizar como indicador de la producción de esta planta. Algunos han apuntado que una estrategia adecuada para obtener una aproximación al respecto es guiarse por la erradicación de amapola a nivel municipal por parte de las autoridades del Estado. Esto es, el número de hectáreas destruidas, y la ubicación de éstas, permiten esbozar una imagen del tamaño de este negocio.

En este estudio del gobierno federal hay datos interesantes que vale la pena desglosar. De diciembre de 2012 al 24 de septiembre de 2015 se eliminaron un total de 56,937.45 hectáreas de amapola en el país. Vale mencionar que en los últimos seis años aproximadamente las hectáreas destruidas aumentaron de manera considerable pasando de 45 mil 827 a 56 mil 937; es decir, un incremento de 22%. Lo cual redunda, al menos para datos de 2010, en un negocio de más de 1.1 mil millones de dólares anuales por producción y trasiego de heroína hacia Estados Unidos.14

Un dato muy relevante, no obstante, es que más de 90% de estas hectáreas, en los últimos años, se ha concentrado en tan sólo cuatro estados de la República mexicana: Guerrero (40.24%), Chihuahua (27.65%), Durango (13.57%) y Sinaloa (11.36%). Es más: alrededor de 70% de las hectáreas suprimidas se concentran en sólo una decena de municipios: Acatepec, General Heliodoro Castillo, San Miguel de Totolopan, Coyuca de Catalán, Chilpancingo de los Bravos y Leonardo Bravo (Guerrero); Guadalupe y Calvo y Guachochi (Chihuahua); Tamazula de Victoria (Durango); Del Nayar (Nayarit); Culiacán y Badiraguato (Sinaloa).

Si uno lee con calma esta información, es posible identificar básicamente dos zonas de cultivo de la amapola en el país. El corredor norte, que se ubica en la Sierra Madre Occidental y abarca municipios de Durango, Nayarit, Sinaloa y Chihuahua; y el corredor sur, que se encuentra en la Sierra Madre Sur y se concentra en municipios de Guerrero. Ambas áreas son cordilleras montañosas, cuentan con ambientes climáticos adecuados para la siembra de amapola y están integradas por municipios con rasgos socioeconómicos muy parecidos —esto es, la fuerza laboral se dedica a tareas agropecuarias y la mayoría de su población se encuentra en condiciones de pobreza. Por ello, esta propuesta del gobierno federal propone destinar justo estas zonas a la producción legal de amapola con fines científicos y médicos. Con esto, por una parte, se aprovecharía el conocimiento que los agricultores de tales localidades han adquirido a lo largo de estos años y, por la otra, se abre una buena oportunidad para beneficiar económicamente a estos trabajadores y a sus comunidades. Sin olvidar, además, el beneficio que implicaría para el resto del país —y, en su caso, para el resto del mundo— tener una mayor disposición de medicamentos derivados del opio para combatir dolores moderados y graves.15

Así, este estudio del gobierno federal considera que la ruta crítica para dar este viraje regulatorio del cultivo de la amapola en el país debe involucrar instituciones estatales relacionadas con la seguridad y la salud pública. Las etapas de este nuevo esquema de siembra y procesamiento de la amapola serían las siguientes: producción, extracción, procesamiento, distribución y consumo. En la primera fase los agricultores serían los encargados del cultivo de la amapola; se sugiere que se emitan licencias que autoricen este tipo de sembradíos y se determine el número de hectáreas que se destinarían a este propósito para el autoconsumo de medicamentos derivados del opio en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal podrían ser las instituciones responsables de vigilar las plantaciones, evitar el desvío de la producción al mercado ilegal y, eventualmente, destruir la producción excedente.

Luego viene la extracción de los alcaloides (ingredientes activos) de la amapola que se realizaría por los mismos agricultores, ajustándose a métodos aprobados por la comunidad internacional y bajo el escrutinio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El siguiente paso consiste en procesar los alcaloides para convertirlos en medicamentos, esta tarea la podría realizar la industria farmacéutica o, en su caso, una empresa estatal creada ex profeso para tal labor. En cualquier caso, nuevamente el proceso debiese ser supervisado por la Cofepris. El siguiente paso sería la distribución y consiste en llevar los medicamentos a los consumidores finales: los pacientes. Labor que realizarían farmacias, clínicas y hospitales públicos y/o privados a partir de una prescripción médica que les permita comercializar sustancias derivadas del opio para paliar el dolor propio de ciertos padecimientos. La última etapa serían los consumidores y pacientes que necesiten este tipo medicamentos, cuya prescripción deberá estar atada a una serie de reglas emitidas por la Secretaría de Salud para evitar su uso indebido.

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¿Cómo concretar, sin embargo, esta propuesta? ¿Cuáles son los cambios legales indispensables para aterrizar la legalización de la amapola con fines médicos y científicos? En el ámbito nacional este estudio de la Secretaría de Gobernación propone cambios muy puntuales a instrumentos jurídicos cuya reforma exigen la participación del Congreso.16 En su caso, si tienen éxito estas propuestas entre los legisladores, también sería forzoso una ulterior reglamentación en el ámbito del Poder Ejecutivo para definir las responsabilidades de las instituciones participantes en la cadena de producción y distribución de la morfina y demás sustancias similares. Pero más allá de las complejidades de estos procesos, sin duda el verdadero reto consiste en sortear la nata prohibicionista internacional.

En concreto, si uno revisa la experiencia de otros países que han buscado legalizar la amapola con fines médicos y científicos sin éxito, se pueden observar algunas presiones que se pueden presentar también en contra de una propuesta de este tipo por parte del Estado mexicano. En 2007, por ejemplo, a instancias del Parlamento Europeo se recomendó al Consejo de la Unión Europea legalizar la producción de opio con fines terapéuticos en Afganistán. El cual, como se apuntó, es el principal productor ilegal de amapola —lo cual significa que claramente la estrategia de prohibición de este cultivo no ha dado los resultados esperados. Algunos de los argumentos que se utilizaron para respaldar esta propuesta fueron que aproximadamente 40% del PIB de este país, así como la actividad económica de casi tres millones de sus habitantes, están relacionados con el opio; además de que una fuente central de financiamiento de los grupos insurgentes y terroristas provenía de este negocio ilícito. La propuesta se aprobó y el plan consistía en iniciar con un proyecto piloto que permitiría calar el impacto de los cultivos legales de amapola en retos como pobreza, seguridad y, en general, el desarrollo en Afganistán. Al final, sin embargo, en buena medida, debido a presiones de Estados Unidos y Reino Unido, el proyecto no prosperó.

Algunas de las justificaciones que sirvieron para frenar la propuesta fueron, por una parte, que Afganistán carecía de la solidez institucional suficiente para asegurar que la producción lícita no se desviaría al mercado ilegal y, por la otra, que fomentar el cultivo legal de la amapola incentivaba que la economía de este país se hiciese aún más dependiente de un solo producto. No es descabellado, entonces, que si México decide alzar la mano e impulsar el cultivo y procesamiento de la amapola con fines médicos y científicos haya pataleos de ciertos países y se arguya que la diferencia de precio de la amapola y sus alcaloides en el mercado legal e ilegal puede ser tan significativa que inevitablemente los agricultores desviarán su cosecha hacia el mercado negro y, por supuesto, que un sistema de supervisión para la siembra controlada de amapola es costoso y difícil de implementar en países como México con severos problemas de corrupción y de solidez de Estado de derecho.

Por estos factores, junto con los vaivenes de la política nacional, el futuro de este documento es incierto: puede ser que salte de un escritorio a otro sin que se tome la decisión de impulsar su propuesta. Sin embargo, tan sólo intentar este viraje en la manera de entender el cultivo de amapola subrayaría, una vez más, la debilidad del paradigma prohibicionista como modelo regulatorio de las drogas y empujaría al centro de la discusión pública uno de los problemas de salud más graves en el país y el mundo: la falta de medicamentos derivados del opio para paliar los dolores de millones de personas.

 

Saúl López Noriega
Profesor asociado del CIDE. Su libro más reciente: Manual de periodismo judicial. Tribunales y opinión pública, Tirant Lo Blanch, México, 2015.


1 Por ejemplo, así lo declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al inaugurar el primero de los cinco foros regionales organizados por el Poder Ejecutivo federal. Consultable en: http://eluni.mx/1Rsw6jF. Por otra parte, el actual presidente de la Cámara de Diputados también señaló que existe consenso en ambas cámaras del Congreso de la Unión para legislar sobre el uso de la marihuana medicinal. Consultable en: http://bit.ly/1TlKZpd

2 Ver Snapp, Zara, Diccionario de drogas, Ediciones B, México, 2015.

3 Para un breve recorrido por la historia de los diversos tratados en el tema y, en concreto, para una lectura crítica de la Convención Única, ver: Bewley-Taylor, David y Jelsma, Martin, “Cincuenta años de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes: una relectura crítica” en Serie reforma legislativa en materia de drogas, núm. 12, marzo de 2011. Consultable en: http://bit.ly/1SpMgXt

4 Luego vendrían otros instrumentos jurídicos que acabarían de integrar Sistema Internacional de Control de Drogas como la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

5 En su caso, la Convención Única determina que los Estados que permitan el cultivo de amapola deberán establecer uno o más organismos oficiales para realizar, entre otras, las siguientes funciones: designar las zonas en que se permitirá el cultivo de amapola para la producción de opio; sólo podrán dedicarse a dicho cultivo los cultivadores que posean una licencia expedida por el organismo oficial en cuestión; cada licencia especificará la superficie en la que se autoriza el cultivo; los agricultores están obligados a entregar la totalidad de sus cosechas al organismo estatal; el cual comprará y tomará posesión material dichas cosechas. Asimismo, la JIFE tiene la facultad de revisar si parte de esta producción legal se está desviando al mercado ilícito y, si así fuese, puede solicitarle al país en cuestión que tome medidas adecuadas para evitar este mal uso de la amapola legal.

6 En este sentido, es interesante la propuesta planteada por el académico Jim Leitzel para regular la heroína (Regulating vice: misguided prohibitions and realistic controls, Cambridge University Press, 2007), así como el exitoso proyecto de la clínica canadiense Providence para tratar a adictos a esta droga dura (Consultar: http://www.providencehealthcare.org).

7 Hallan, Christopher, “El régimen internacional de control de drogas y el acceso a medicamentos scalizados”, en Serie Reforma legislativa en materia de drogas, núm. 26, diciembre de 2014. Consultable en: http://bit.ly/25z2E1s

8 Secretaría de Gobernación, Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos, noviembre, 2015.

9 JIFE, Estupefacientes. Previsiones de las necesidades mundiales para 2015, Nueva York, ONU, 2015. Consultable aquí: http://bit.ly/1SpMspx

10 Secretaría de Gobernación, Propuesta de legalización… op. cit.

11 Cfr., David E. Joransen, “Improving Availability of Opioid Pain Medications: Testing the Principle of Balance in Latin America”,
Innovations in End-of-Life Care, 2003, 5 (1).

12 Secretaría de Gobernación, Propuesta de legalización… op. cit.

13 World Drug Report 2015. Consultable en: http://bit.ly/1SCmEsS

14 Bond M., et al., Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico, RAND International Programs and Drug Policy Research Center, 2010. Consultable en: http://bit.ly/1RAoSXv. Es complicado aceptar la precisión de esta última cifra, pues se basa en encuestas de adicciones a esta droga en la población estadunidense y en los precios que se registran de esta sustancia en la frontera; además de que en la ecuación se incluye el volumen de amapola que se cultiva y procesa en México, pero también la heroína que se transporta desde Colombia hasta este país norteamericano.

15 Una aclaración: legalizar el cultivo de amapola no se traduciría forzosamente en una alteración significativa de los ingresos de las bandas delictivas que la procesan y transportan hacia Estados Unidos. Esto se debe a que el cultivo de la amapola no es el eslabón de la cadena de producción de la heroína que genera mayor valor. No es improbable, ciertamente, que la alteración del precio de la materia prima impacte en el resto de los eslabones y, por último, en las utilidades de las organizaciones criminales. Mas no hay que olvidar que, en buena medida, los ingresos de éstas son resultado de su capacidad logística, con todo lo que ello implica en un mercado ilegal para asegurar el trasiego de la heroína y otros opioides, producidos en México o Colombia, al principal centro de consumo: Estados Unidos.

16 Ley general de salud, Código penal federal, Código federal de procedimientos penales, Ley federal de derechos y la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios.

 

3 comentarios en “El derecho a la amapola

  1. El fracaso de la prohibición a drogas, tanto su producción, comercialización y consumo es evidente. Al leer el artículo me doy cuenta que una de las principales fuerzas de oposición a la legalización estaría en las autoridades y legisladores asociados con los productores ilícitos de las drogas. El lograr que los habitantes de las zonas productoras mejoren su nivel de vida, los enfermos sufran menos, se obtengan ingresos por exportación, no es asunto de mayor importancia para los funcionarios institucionales involucrados en la producción ilícita.
    La lucha habrá que darla en la creación de conciencia, cosa difícil, del poder legislativo.
    Da gusto leer artículos breves escritos por una persona que conoce el tema.
    Saludos.

  2. Excelente su articulo. Muy bien documentado y expuesto. Pretender alcanzar un objetivo muy difícil por los intereses secundarios que giran al rededor por la propia condición humana, que solo piensa en lo propio y no en el bien que se pueda ofrecer a quienes necesitan mitigar su dolor físico.