Durante los primeros tres años de este sexenio fueron aprehendidos señalados líderes criminales como La Tuta y el Z-40. En ese lapso continuó el proceso de atomización de las grandes organizaciones criminales: según el estudio que presentamos a continuación, en el país operan 202 células delincuenciales dedicadas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. En esos tres años descendieron las ejecuciones, los índices de secuestro y se intentó un rediseño institucional del sector dedicado a la seguridad. Al igual que el de su predecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó sobre todo a privilegiar el uso de la fuerza y la militarización.

Y sin embargo no vivimos en un país más seguro. Los indicadores más rigurosos señalan que en estos tres años ha tenido lugar un incremento significativo la incidencia delictiva. He aquí las razones.


Homicidios y ejecuciones

1) Después de disminuir en 2013 y 2014, la violencia repuntó moderadamente en 2015. Como puede observarse en la gráfica 1, las tendencias negativas que registraron los homicidios y las ejecuciones desde 2011 hasta 2014 se revirtieron en 2015 —el incremento 2014-15 fue casi el 8% en el caso de los homicidios y de casi 2% en el de las ejecuciones.

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El repunte de la violencia se explica fundamentalmente por su aumento en cuatro entidades: Baja California, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Un factor que explica el repunte en regiones de Guerrero, Sinaloa y Baja California se relaciona con el abrupto incremento del tráfico en viejas rutas del occidente de México. La ruta tradicional, que iniciaba en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y subía por esta entidad hacia el centro y norte del país se volvió altamente riesgosa, pues el surgimiento de las autodefensas en Michoacán y el conflicto con el CJNG aumentó la presencia de fuerzas federales y estatales en la zona centro-occidente del país. Aunque el puerto de Lázaro Cárdenas continúa siendo un punto de entrada, se han diversificado los puertos por los que se pueden introducir sustancias ilícitas y evitar cruzar con ello por el centro de Michoacán, tales como Manzanillo (Colima), Mazatlán (Sinaloa), Topolobampo (Sinaloa), Ensenada (Baja California) o Cabo San Lucas (Baja California Sur).

El aumento de la violencia en Guerrero y Michoacán obedece también a otro tipo de variables. 2015 fue un año particularmente difícil para Guerrero. Hubo un gobierno estatal interino, extraordinariamente débil. El vacío de autoridad propició que se profundizaran los conflictos entre distintos grupos criminales y otros grupos armados. En las semanas previas a las elecciones se registraron conflictos delicados en varios municipios del estado. Por ejemplo, en mayo un grupo de 200 personas armadas tomó control de la cabecera municipal de Chilapa, ostentándose como “policía comunitaria” y secuestró a varios jóvenes. Se presume que en realidad esta policía comunitaria era una célula de Los Ardillos que buscaba desplazar a Los Rojos de esa localidad que, lo mismo que Iguala, parece ser crítica para el ascendente negocio del tráfico de heroína.

Michoacán, por su parte, experimentó una disminución considerable de la violencia en 2014 debido a la intervención de las fuerzas federales. Desafortunadamente, con la desaparición de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se ha observado una descomposición progresiva de las condiciones de seguridad. En particular, se han registrado ataques sistemáticos a grupos de autodefensa, al parecer por parte de células de Los Caballeros Templarios.

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2) Baja la violencia en la región norte y se estabiliza en las regiones centro y sur.1 Como se observa en la gráfica 2, en lo que va del gobierno de Peña sigue el declive de la violencia en la región norte, mientras que en las regiones centro y sur la violencia criminal persiste con un leve repunte en 2015.

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En contraste con los tres últimos años del sexenio anterior, en los que predominaba la violencia de los estados norteños, durante los primeros tres años de la actual administración el nivel de homicidios ligados al crimen organizado en esta región ha descendido, mientras que el de la región centro se elevó, de modo que a partir de 2013 los niveles de violencia en ambas regiones han sido similares. Por otro lado, la proporción de ejecuciones de la región norte ha disminuido de 60% (de 2010 a 2012) a 42% (de 2013 a 2015), mientras que la proporción de la región centro aumentó de 28% a 41%, y la de la región sur de 13% a 17%.

¿Por qué se registra este desplazamiento de la violencia hacia el centro y sur del país? Por la combinación de tres factores. En primer lugar, las entidades norteñas fueron las que resintieron con mayor fuerza la fase inicial (2008-2010) de la crisis de violencia. De 2008 a 2010 las ciudades más afectadas por la violencia fueron Juárez, Tijuana, Culiacán, Monterrey, Torreón, Chihuahua, Durango y Reynosa. Varias de ellas han logrado fortalecer sus instituciones de seguridad, notablemente sus cuerpos policiales, y con ello y otras acciones de prevención social han logrado reducir la violencia. En segundo lugar, la fragmentación de los cárteles en 2010 y 2011 fue en gran medida el resultado de la deserción abrupta y masiva de sus mandos medios, muchos de los cuales optaron por trasladarse a entidades del centro del país como Estado de México, Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas, tanto para guarecerse de la violencia norteña, como para independizarse del cártel y constituir mafias locales dedicadas de modo preponderante a la extorsión, aliados frecuentemente con policías y/o bandas locales. En tercer lugar, el arribo de células delictivas sofisticadas, con dinero y alta capacidad de fuego, ha causado estragos en las entidades mencionadas, pues no contaban con capacidades institucionales en el sector seguridad y en muchas de ellas, además, se encuentran amplios ejércitos de jóvenes desempleados, agrupados en pandillas, lo que ha sido capitalizado por las células criminales, al reclutarlos.

3) La violencia se desplaza hacia afuera de las zonas metropolitanas. Otra tendencia a destacar, que ha causado nuevos males en varias regiones del país, tiene que ver con el desplazamiento de grupos criminales a las periferias de las ciudades o a las zonas rurales. Este desplazamiento tiene como causa el fortalecimiento de los cuerpos policiales metropolitanos o la realización de operativos federales de larga duración en zonas urbanas. Afuera de las ciudades las mafias extorsionan a empresarios de los sectores ganadero, agricultura y minería, principalmente, quienes en varios casos han optado por financiar “grupos de autodefensa” para proteger a sus familias y su patrimonio. Los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y los grupos de autodefensa (o policías comunitarias) han propiciado que la violencia arraigue en algunas zonas rurales. Esto es preocupante, pues ahí donde el capital social y la visibilidad de la violencia es menor, será más difícil que se articule una respuesta eficaz por parte de la sociedad o las instituciones. Hemos observado que la dramática disminución de la violencia que tuvimos en la zona metropolitana de Monterrey, o en Ciudad Juárez, no se ha observado en las principales zonas rurales donde se concentra la violencia. Este fenómeno se observa en municipios de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero (por ejemplo, Apatzingán o San Miguel Totolapan). Asimismo, se han mantenido niveles elevados de violencia en los municipios montañosos de Chihuahua, Sinaloa y Durango que integran el Triángulo Dorado (por ejemplo, Guadalupe y Calvo, y Badiraguato)(ver gráfica 3).

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Otros delitos

1) El secuestro ha descendido de manera sostenida. Existen reservas justificadas sobre la validez de las cifras de secuestro que reporta el SESNSP, pues la cifra negra es muy elevada. Sin embargo, en años previos hemos observado que las cifras de victimización que publica el INEGI, aunque son de un orden de magnitud muy distinto, se mueven de forma similar a los reportes de secuestro del SESNSP. Si esta tendencia se mantiene, es probable que dentro de un año podamos afirmar que se logró reducir en un 40% los secuestros respecto a su máximo de 2013.

A Renato Sales le correspondió coordinar este esfuerzo desde la nueva Comisión Nacional Antisecuestro (cuya creación, diseño y desempeño analizo brevemente más adelante). El éxito de Sales y su buena relación con los activistas de combate a dicho delito explican su nombramiento como Comisionado Nacional de Seguridad. Sin embargo, las entidades federativas han desempeñado también un papel importante, particularmente por medio de la creación de unidades antisecuestro. La principal ventaja de las unidades antisecuestro es que permiten que la información que se genera en cada caso se aproveche para integrar investigaciones que permitan desarticular a las bandas dedicadas a esta actividad.

Morelos es un ejemplo destacado de una entidad con recursos limitados que padecía un problema severo de secuestro, pero que ha logrado reducirlo de forma dramática por medio de la operación de su unidad antisecuestro. De acuerdo a las cifras que recopila Isabel Miranda, mientras en 2014 se registraron 214 plagios en Morelos, de enero a agosto de 2015 hubo 34.

2) Hay severas anomalías en las cifras oficiales de incidencia delictiva. La evolución de la incidencia delictiva reportada por el SESNSP y la estimación de la tasa de incidencia delictiva que se registra en la ENVIPE han seguido tendencias inconsistentes en los últimos años. Mientras en la primera se observa una disminución sustancial durante el gobierno de Peña Nieto, en la segunda se observa un incremento significativo en 2013 (mismo que no se revirtió en 2014).

Al respecto, es importante señalar que las estimaciones de la ENVIPE se elaboran con base en un levantamiento de información sistemático y homogéneo en todo el país, y una metodología transparente; su objetivo es contar con una estimación del número total de delitos que ocurrieron. En contraste, las cifras del SESNSP corresponden exclusivamente a “los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas”, es decir, sólo contemplan aquellos que se hicieron del conocimiento del Ministerio Público y excluyen la cifra negra (lo que explica que sean mucho menores en términos absolutos). Por otra parte, la veracidad de las cifras del SESNSP es responsabilidad de las instituciones de procuración de justicia de cada una de las entidades federativas. Desafortunadamente, los criterios para clasificar y contabilizar los delitos pueden variar a lo largo del tiempo y entre entidades federativas, y de acuerdo a cambios en las prácticas de las agencias del Ministerio Público. En algunos casos incluso se han identificado tendencias anómalas que sugieren una intención deliberada de maquillar las cifras de incidencia delictiva que se reportan al SESNSP.

Considerando lo anterior, las estimaciones que se desprenden de la ENVIPE son el indicador más riguroso del que disponemos para evaluar la evolución de la incidencia delictiva. Este indicador sugiere que durante el gobierno de Peña Nieto ha tenido lugar un incremento significativo en la incidencia delictiva (lo que además contribuiría a explicar que la percepción de inseguridad haya permanecido en niveles elevados a lo largo del sexenio)(ver gráfica 4).

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Al respecto, según la ENVIPE publicada en 2015, la percepción de inseguridad es de 73.2% a nivel nacional. Este porcentaje prácticamente no ha variado en los últimos tres años, pues en 2013 fue de 72.3% y en 2014 de 73.3%. Por otra parte, la misma ENVIPE también estima que a nivel nacional 58% de la población considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa.

Cárteles, mafias y grupos de autodefensa

Durante los últimos tres años ha continuado el proceso de atomización y diversificación de las organizaciones criminales, tendencia que inició durante el sexenio previo. Aunque el número de cárteles (organizaciones regionales) no se ha modificado significativamente (de nueve en 2013 pasó a ocho en 2015), sí se han detectado variaciones en el número de células que operan bajo su mando. Actualmente Lantia Consultores tiene registro de 202 células mafiosas de carácter local (ver cuadro 1).

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Las organizaciones que más han resentido el arresto de directivos de primer nivel durante la actual administración son el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Juárez, Guerreros Unidos y Los Rojos. La Familia Michoacana ha sido prácticamente desarticulada y sólo continúa operando a través de pequeñas células que se dedican a la extorsión y el secuestro. Caso similar es el de Los Caballeros Templarios, después de que sus principales líderes, Servando Gómez La Tuta y Dionisio Loya Plancarte El Tío fueron detenidos. Lo mismo ha sucedido con la organización de los Beltrán Leyva del que derivaron decenas de organizaciones pequeñas, las cuales operan sin coordinación alguna (ver gráfica 5).

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En cuanto a las organizaciones que más se fortalecieron en el último trienio tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación que ha extendido su presencia hacia Michoacán y Colima. Este cártel también ha empezado a avanzar hacia el noreste, aprovechando el debilitamiento de Los Zetas y del Cártel del Golfo en esta zona.

Las organizaciones más antiguas, como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, se han mantenido estables. En el caso del Cártel de Sinaloa, a pesar de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014, éste siguió operando bajo otros liderazgos, entre ellos el de El Mayo Zambada. De acuerdo a la DEA, el Cártel de Sinaloa aún es el mayor exportador de cocaína y heroína a Estados Unidos. Por lo que toca al Cártel de Tijuana, la organización opera bajo el mando de Enedina Arellano Félix, alias La Jefa. Estas dos organizaciones tienen en común que sus líderes son “de la vieja escuela”, es decir, han mantenido perfiles discretos a lo largo de los años, a diferencia de organizaciones más jóvenes y violentas como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el caso del Cártel de Juárez, éste ha experimentado un “cambio generacional” en su liderazgo, sobre todo después de la detención de uno de sus viejos líderes, Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy en octubre de 2014. Esto provocó que una de sus células más violentas, La Línea, tomara el liderazgo y que fuera nombrado como Nuevo Cártel de Juárez. A pesar de que el Cártel de Sinaloa se ha apoderado de algunas de sus rutas a Estados Unidos, esta organización se mantiene como una de las que más trafican drogas a este país.

Actualmente los principales conflictos entre organizaciones criminales de carácter regional son los tres siguientes:

1) Cártel de Sinaloa versus Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta escisión tuvo origen durante los últimos meses del gobierno de Calderón y propició un incremento considerable de las ejecuciones en la zona metropolitana de Guadalajara durante el primer semestre del gobierno de Peña. El conflicto entre los dos grupos, antes aliados, inició cuando el CJNG estableció vínculos con una célula conocida como Los Garibay, rival de otras facciones del Cártel de Sinaloa por el trasiego de droga en el noroeste del país. Lo anterior provocó que el Cártel de Sinaloa apoyara a Los Caballeros Templarios, quienes mantenían una disputa con el CJNG por el control de una zona de Jalisco.

2) Desde 2010 el Cártel del Golfo y Los Zetas mantienen su enfrentamiento en la zona noreste del país, principalmente en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, y el norte de Veracruz. Sin embargo, sus células actúan de modo autónomo y se enfrentan entre sí. Es el caso de Los Fresitas y Los Escorpiones, dos células pertenecientes al Cártel del Golfo que operan principalmente en los municipios de Altamira, Madero y Tampico en el estado de Tamaulipas.

3) Los Rojos (Beltrán Leyva) versus Guerreros Unidos (La Familia Michoacana). Merece mención especial el conflicto entre estas dos organizaciones menores, pues han mantenido una violenta rivalidad. Una de las hipótesis de la muerte de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 es que fueron asesinados por sicarios de Guerreros Unidos al ser confundidos con integrantes de Los Rojos.

Los grandes cárteles han cedido espacio a organizaciones más pequeñas. Desafortunadamente, estas organizaciones de menores dimensiones también tienden a ser más violentas. Una razón es que, aunque todas buscan participar de alguna forma en el negocio del narcotráfico, no todas logran hacerlo con éxito (en particular, no todas pueden garantizar un flujo estable de ingresos derivado del tráfico transnacional de drogas). Cuando el negocio del narcotráfico deja de generar ingresos estables, las células actúan como mafias locales (es decir, cobran “cuota” a los negocios en su zona de operación). Por ello, no es de extrañar que las entidades en las que se observa una mayor presencia de células sean también las que registran una mayor incidencia de extorsiones. 

Actualmente todas las mafias locales participan, de una u otra forma, en el mercado de las drogas; el 80% de ellas dedica también parte de sus actividades a la extorsión; 67% al secuestro; 36% al tráfico de personas; 32% al contrabando; 32% al robo de hidrocarburos. Aproximadamente la mitad de las células criminales se dedica a tres o cuatro actividades ilícitas; una cuarta parte a cinco o seis; y una cuarta parte a solamente uno o dos rubros de negocios ilegales. En relación con la filiación de estas células a organizaciones mayores, Lantia Consultores ha encontrado lo siguiente: de las 202 registradas, 46 derivan de lo que fue la organización de los Beltrán Leyva, 34 del Cártel del Golfo, 31 de Los Zetas, 28 del Cártel de Sinaloa, 14 del Cártel de Tijuana, 13 de Los Caballeros Templarios, 13 de Cártel Jalisco Nueva Generación, siete de La Familia Michoacana, y dos del Cártel de Juárez. Hay 14 organizaciones a las que no se les identificó filiación alguna.

Tamaulipas es la entidad con el mayor número de células criminales. En dicho estado existen 42 grupos, la mayoría de los cuales operaron en su momento para el Cártel del Golfo o Los Zetas. Guerrero es la segunda entidad con más células, 25 en total, de las cuales la mayoría operaron para la organización de los Beltrán Leyva. Las células criminales de Guerrero han sido en los últimos años las más agresivas en sus acciones para ejercer control territorial de las localidades en las que operan. El Distrito Federal ocupa el tercer lugar, con 24 células, la mayoría de las cuales no tiene vinculación evidente con ningún cártel. La distribución de drogas en la capital —en la que predominan familias locales— ha mantenido este carácter autónomo porque, a pesar de la magnitud del mercado, la capacidad de las organizaciones para monitorear y controlar la distribución de droga es limitada.

El origen o vinculación de las células con algún cártel contribuye a definir su perfil criminal. Las células vinculadas al Cártel de Sinaloa tienden a enfocarse en el negocio del narcotráfico. Por su parte, los grupos que se desprendieron de Los Zetas participan en su gran mayoría en secuestros y extorsiones.  

Aunque su existencia pasó desapercibida por años en los medios nacionales, las células constituyen estructuras que tienen capacidad real de operación en territorios específicos. Frecuentemente son individuos y familias que llevan décadas operando negocios ilegales, a quienes todo el mundo identifica en sus pueblos, a veces con respeto, a veces con miedo. Aunque operen de forma subordinada a un cártel tienen intereses propios y relaciones de colaboración o rivalidad con los políticos y los empresarios locales.

Todo listado de cárteles o células criminales necesariamente presenta limitaciones. El crimen organizado por definición opera en la clandestinidad. La estructura y las relaciones laborales con base en las cuales se integra una organización son inestables y ambiguas (un mismo grupo de personas puede trabajar en subordinación a un cártel para determinadas actividades y de forma autónoma para otras). Sin embargo, generar información en torno a las células que operan en el país —su presencia territorial, las actividades criminales que desempeña o su relación de conflicto o colaboración con otros grupos— no es en absoluto una tarea vana. Esta información es muy útil y debe ser una función medular de las dependencias que desarrollan labores de inteligencia. Como lo sugieren las experiencias recientes de Chilapa, Iguala, Tanhuato y muchos otros municipios, conocer y vigilar de cerca a los operadores locales del mundo criminal puede ser la clave para evitar nuevas tragedias.

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Epidemia de autodefensas

En enero de 2013 empezaron a aparecer grupos de civiles armados en distintas entidades del país. Estos grupos, conocidos como “grupos de autodefensa”, no solamente fueron una respuesta a las actividades delictivas de organizaciones criminales que afectaron los intereses de empresarios rurales (agricultores, ganaderos y mineros), sino la consecuencia natural de la escasa presencia que tiene el Estado mexicano en amplias franjas del país. La expansión territorial de estos grupos inició en Guerrero y Michoacán. Para finales de 2014 los grupos de autodefensa en Michoacán tenían operaciones en 33 municipios —56% del territorio estatal—, mientras que en Guerrero estos grupos operaban en 53 municipios —57% del territorio estatal.2

Sin embargo, éstos no fueron los únicos estados en los que aparecieron grupos de autodefensa. Lantia Consultores tiene registros de que en 202 municipios del país ocurrieron incidentes relacionados con estos grupos de enero de 2013 a noviembre de 20153 (ver gráfica 6).

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Muchos de estos grupos tienen su origen en organizaciones locales. La UPOEG en Guerrero, por ejemplo, surgió en 2011 para reducir las tarifas de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, y posteriormente se convirtió en un grupo de autodefensa; hoy es parte de una policía comunitaria. En Michoacán, José Manuel Mireles ha dicho que el movimiento de autodefensa se gestó en un club de cacería y en la asociación ganadera de Tepalcatepec.4

A pesar de características en común, los grupos de autodefensa no son idénticos entre sí. Por un lado, las autodefensas son grupos de civiles con o sin armas que realizan labores de vigilancia (i.e., colocan retenes o realizan patrullajes) con o sin apoyo gubernamental. Por otro lado, hay una vertiente de grupos de autodefensa comúnmente conocidos como “policías comunitarias” vinculados con comunidades indígenas. Estos grupos poseen cuatro rasgos principales: 1) los ciudadanos de una comunidad asumen labores seguridad pública en sustitución de las autoridades estatales; 2) existe un apoyo o consenso comunitario que respalda el funcionamiento de estos grupos; 3) existe un reconocimiento formal o informal de las autoridades gubernamentales; 4) los grupos sustentan su actuación por medio de un entramado normativo5 (ver mapa).

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Los grupos de autodefensa en México tienen hasta ahora una relación tenue con organizaciones criminales o grupos paramilitares, a diferencia del caso colombiano. Solamente 12% de los grupos de autodefensa se relacionan con organizaciones criminales, guerrillas o grupos paramilitares.

Dado que el surgimiento de estos grupos está relacionado directamente con la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en varios municipios del país, su desvanecimiento no dependerá de la mera voluntad de algún gobernador o alcalde, sino del restablecimiento de tales condiciones mínimas. Y esto implicará, necesariamente, desarrollar capacidades institucionales.

Las instituciones

En las siguientes páginas se describen los principales proyectos que se han impulsado en materia de seguridad, cómo han sido instrumentados y cuáles han sido sus éxitos y sus deficiencias.

Comisión Nacional de Seguridad. En los tiempos de García Luna, la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en un espacio que operaba con enormes márgenes de discrecionalidad. En este contexto se propició el despilfarro de los ingentes recursos que se destinaron durante el gobierno de Felipe Calderón a la expansión de la Policía Federal y la construcción de penales (de 2006 a 2012 el presupuesto de SSP se cuadruplicó en términos reales). La autarquía de la SSP propició que al inicio del gobierno de Peña Nieto se tomara la determinación de reemplazarla por una Comisión Nacional de Seguridad (CNS) subordinada a Segob (ver gráfica 7).

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En términos prácticos, la creación de la CNS ha significado que se atribuya responsabilidad a Segob tanto por los logros como por las pifias del sector seguridad (como quedó de manifiesto, por ejemplo, cuando se mencionó de forma insistente en los medios de comunicación que el secretario Osorio debería presentar su renuncia en virtud de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán).

El control formal de Segob sobre la CNS también ha significado que en la práctica la toma de decisiones de alto nivel se concentre en Bucareli. Es decir, la política de seguridad tiene una cabeza visible (y no varios responsables de igual jerarquía, como había sido el caso anteriormente). De esta forma ha sido posible alinear y coordinar mejor la actuación de todas las dependencias —incluyendo a Sedena, Semar y a PGR—. Lo anterior ha sido relevante también para la relación con agencias estadunidenses, a efecto de establecer una “ventanilla única” y evitar que las dependencias mexicanas compitan por obtener el favor (y la información) del gobierno de Estados Unidos.

También ha correspondido a Segob fungir como el principal interlocutor con víctimas de la violencia criminal, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales en los casos de violaciones graves de los derechos humanos. Por ejemplo, Segob ha encabezado el diálogo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se formó para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en torno a la posibilidad de entrevistar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, el nuevo diseño institucional también ha generado tensiones. En particular, la figura del comisionado nacional de Seguridad ha demostrado ser problemática. Los comisionados no han tenido la autoridad que tuvo el secretario de Seguridad Pública, pues el titular de la Policía Federal tiende a establecer una relación directa con el secretario de Gobernación. De esta forma, el comisionado nacional de Seguridad ha desempeñado un papel relativamente acotado en términos de operación y toma de decisiones, pero tiene un perfil mediático más alto y carga con el mayor peso en términos de responsabilidad política. En lo que va del sexenio la CNS ha tenido ya tres titulares, Manuel Mondragón y Kalb, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales; la Policía Federal sólo uno, Enrique Galindo.

Finalmente, cabe señalar que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, por su impacto mediático, significó un ridículo de grandes dimensiones para la reputación del gobierno de Enrique Peña Nieto y del nuevo modelo institucional del sector seguridad. La fuga evidenció el deterioro del Sistema Federal de Readaptación Social durante los últimos años. Asimismo, se incrementó el número absoluto de fugas y la tasa de éxito de las mismas pasó del 6% al 25%.6

También quedó en evidencia la vulnerabilidad de otras instituciones bajo la supervisión directa del secretario de Gobernación. Para ejecutar su escape, Guzmán Loera presuntamente requirió de la complicidad de decenas de funcionarios públicos (incluyendo a los agentes de la Policía Federal y del CISEN responsables de monitorearlo). Por otra parte, la fuga afectó la capacidad de negociación del gobierno mexicano en relación con las agencias estadunidenses de seguridad que aportaron información indispensable para la captura de Guzmán Loera. La fuga de El Chapo sí tuvo consecuencias importantes: el comisionado nacional de Seguridad fue removido del cargo, y algunos altos mandos del Sistema Federal de Readaptación Social fueron consignados.

Gendarmería. La Gendarmería apareció como propuesta durante la campaña de Peña Nieto y se planteó como una de las principales propuestas en materia de seguridad del entonces candidato. Sin embargo, la Gendarmería no inició formalmente operaciones sino hasta agosto de 2014. Antes de concretarse, la naturaleza del proyecto fue mutando. Originalmente se concibió como una corporación militarizada. Posteriormente se señaló la conveniencia de que fuera de carácter civil, y que desempeñara de modo permanente tareas propias de una policía de proximidad en zonas rurales especialmente conflictivas o que registraran una alta densidad criminal. Finalmente, se optó por establecerla como una división más de la Policía Federal. Asimismo, la magnitud del proyecto fue reduciéndose gradualmente. En un principio se habló de una corporación con 40 o 50 mil gendarmes, es decir, una fuerza de dimensiones similares a las de la Policía Federal. Sin embargo, la Gendarmería se inauguró con sólo cinco mil elementos, una cifra menor al número de policías que operan en estados pequeños (Morelos, por ejemplo cuenta con seis mil 500).

De la revisión del Reglamento de la Ley de la Policía Federal se advierte que la División de Gendarmería tiene atribuciones que se traslapan con las de la División de Fuerzas Federales, si bien se le asigna la enigmática tarea de proteger “las fuentes de ingresos de las personas, relacionadas con los ciclos productivos” y se enfatizan tareas de vinculación con la población, propias de una policía de proximidad (ver cuadro 2).

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El gobierno federal no publica información desagregada sobre los operativos en los que participa la Gendarmería (en el tercer informe de labores sólo se hace mención de intervenciones en 13 estados). Sin embargo, por las operaciones que se han difundido en los medios pareciera que la Gendarmería no funge como una policía de proximidad ni tiene presencia permanente en algunas zonas del país (como se contemplaba originalmente), sino que es una organización policial más de carácter reactivo que se ha enfocado en atender crisis moderadas de inseguridad o ingobernabilidad en lugares de importancia estratégica, como destinos turísticos. Entre las encomiendas de la gendarmería destacan la vigilancia en Valle de Bravo después de que se registraran numerosos secuestros, y su presencia en Oaxaca, para evitar que maestros de la Sección 22 de la CNTE cumplieran su amenaza de boicotear la jornada electoral del 7 de junio de 2015. De modo que la Gendarmería al final funciona como un cuerpo reactivo.

Antisecuestro. Paradójicamente, una de las acciones del gobierno de Peña Nieto que ha dado mejores resultados es también una de las que se concretó con menos estruendo mediático. El 29 de enero de 2014 se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, órgano desconcentrado de Segob encargado de coordinar y dar seguimiento a las acciones orientadas a prevenir, sancionar y abatir el secuestro. Varias fuentes confirman que de 2014 a 2015 se registró una disminución sustancial en la incidencia de dicho delito. Además de los reportes de la propia Coordinación Nacional Antisecuestro con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, se estima que en 2014 ocurrieron 273 secuestros al día a nivel nacional (24% menos que en el año previo). Las cifras del SESNSP también apuntan a una disminución acelerada de este delito (ver gráfica 8).

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Quien fuera el primer titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, atribuyó la disminución en la incidencia de secuestros a la conformación de un grupo táctico interinstitucional en cada entidad federativa. En estos grupos participan Sedena, Semar, PGR, el CISEN, la Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública local. De acuerdo con Sales Heredia, estos grupos han permitido concretar acciones que antes rebasaban las capacidades de operación de los estados (por ejemplo, capturar a los secuestradores a quienes ya se dictó orden de aprehensión). Gracias a estos grupos tácticos interinstitucionales la estrategia de combate al secuestro ha superado la mera atención de casos aislados y se ha enfocado en la desarticulación de bandas de secuestradores.

Uno de los aciertos en el diseño de la Coordinación Nacional Antisecuestro fue establecer un comité de evaluación y seguimiento, en el que fueron incluidos representantes de la sociedad civil. Este mecanismo ha generado presión efectiva para que la coordinación, y las autoridades responsables en cada entidad federativa, den resultados. También ha servido para difundir y dar legitimidad a la estrategia impulsada por el gobierno federal y generar reconocimiento público cuando se registran avances. Por ejemplo, las cifras oficiales de incidencia de secuestro se discuten y se contrastan con el monitoreo que hacen las organizaciones dedicadas al combate de dicho delito.

Prevención. Una de las iniciativas de la actual administración que generó más expectativas fue la creación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). Este programa respondía a una exigencia de organizaciones sociales para que la política de seguridad no se limitara sólo al uso de la coerción, sino que también buscara atender los factores de riesgo que favorecen la delincuencia. Sin embargo, algunos errores de diseño (como, por ejemplo, no acotar adecuadamente el programa a efecto de enfocar sus recursos en atender un conjunto concreto de prioridades) han impedido que el Pronapred genere un impacto discernible.

En comparación con 2013, hay mejoras en cuanto a la planeación y los proyectos en los que se invierten los recursos del programa. También hay mejoras en la generación de diagnósticos homogéneos en cuanto a información cuantitativa y cualitativa que presentan para todas las demarcaciones atendidas por el programa.7 Estos avances permitirán definir las prioridades a atender, y que las acciones que se implementen en los polígonos sean definidas con base en los problemas identificados. También permitirá que las acciones de mayor relevancia presupuestal, como la rehabilitación de espacios públicos para prevenir el delito situacional, se realicen con base en la identificación de riesgos concretos.

No obstante, el Pronapred enfrenta desafíos para su implementación exitosa. Requiere de un padrón de beneficiarios que permita llevar a cabo una evaluación efectiva de los resultados obtenidos. También necesita garantizar por medio de sus lineamientos que los recursos lleguen a las localidades con los desafíos más apremiantes en materia de seguridad, así como evitar que los recursos sean utilizados de modo discrecional por gobiernos estatales y municipales, o que se utilicen en acciones que no tendrán un claro impacto en la prevención de delito. Otro pendiente se relaciona con transparentar los criterios en los que se han basado para determinar cuáles son las demarcaciones o polígonos que deben atenderse. Finalmente, uno de los mayores retos que enfrentará en 2016 será la reducción presupuestal que experimentará el programa, pues está proyectada una disminución del 25% de sus recursos, que de por sí ya eran modestos (en 2015 se destinaron al programa dos mil 683 millones de pesos) para enfrentar el reto mayúsculo que implica la prevención social del delito en un país como México.

Coordinación. Durante los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto la palabra “coordinación” ocupó un lugar prioritario en la retórica oficial en materia de seguridad. En el discurso se señalaba que un trabajo más cercano con las entidades federativas permitiría lograr mejores resultados. Sin embargo, no se establecieron mecanismos formales (con la notable excepción de la Coordinación Nacional Antisecuestro para materializar tal coordinación. Por lo tanto, al igual que en el sexenio de Calderón, la mayor parte de los gobiernos estatales y municipales no han tenido incentivos para enfrentar los retos que implica la profesionalización de las agencias de seguridad pública. El gobierno de Peña Nieto ha contado con un margen limitado de acción en tanto heredó un entramado institucional, el SNSP, diseñado para proteger los intereses de las autoridades estatales. Por ejemplo, corresponde al CNSP (donde 32 de sus 41 integrantes son los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal) decidir sobre la cancelación de las aportaciones a aquellas entidades federativas que no cumplan con sus compromisos.

En este contexto, los avances en materia de fortalecimiento institucional no han sido satisfactorios. Por ejemplo, de 2012 a 2015 la fuerza policial total de estados y municipios disminuyó 2%, y sólo siete entidades han logrado un incremento en el número total de elementos (ver cuadro 3). En algunos estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco, la disminución en el número total de elementos se explica por el desarme de corporaciones claramente coludidas con el crimen organizado. Por otra parte, a mediados de 2015 varias entidades todavía se encontraban lejos de cumplir con el compromiso de certificar a la totalidad de sus elementos policiales (cinco entidades, incluyendo al Distrito Federal, se ubicaban por debajo de 80%) (ver gráfica 9).

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Inteligencia. Durante el gobierno de Peña Nieto el presupuesto asignado al CISEN ha aumentado de forma acelerada (el incremento fue de 145% si se compara 2012 con 2015). Esta tendencia se explica en buena medida por el proyecto de crear cinco centros regionales de fusión de inteligencia (uno de los cuales ya se inauguró en Monterrey). La creación de los centros —donde las autoridades federales y las de las entidades federativas que integran cada una de las cinco regiones podrán compartir información— podría ser una respuesta ante el fracaso de Plataforma México, un proyecto a escala nacional en el que se invirtieron recursos cuantiosos, pero que no logró una participación satisfactoria de las autoridades estatales (que manifestaron que la plataforma no les permitía acceder a información relevante) (ver gráfica 10).

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¿Estrategia contra el crimen organizado? En lo relativo a las acciones concretas que se han tomado para combatir al crimen organizado, el gobierno de Peña Nieto profundizó un cambio que ya había iniciado de forma incipiente en años previos. Se transitó de un modelo de capturas relativamente indiscriminadas de capos a un escenario de mayor focalización. Este cambio implicó una reducción en la intensidad de las capturas y de otras acciones contra el crimen organizado. Por ejemplo, en los primeros 11 meses del gobierno de Peña Nieto hubo una disminución de 33% en las detenciones, y de la mitad en los decomisos de armas en comparación con Calderón en 2012. Por otra parte, se han concretado las capturas de los principales líderes de las organizaciones más violentas del país. Por ejemplo, Servando Gómez Martínez La Tuta, de Los Caballeros Templarios, y Héctor Beltrán El H, de los Beltrán Leyva.

Estos cambios en la estrategia reflejan, en alguna medida, un mayor distanciamiento respecto a los intereses de las agencias norteamericanas de seguridad. En contraste con el gobierno de Felipe Calderón, en el que la tendencia fue a evitar cualquier crítica por parte de autoridades norteamericanas, Peña Nieto ha optado por una relación relativamente distante (los recientes cuestionamientos de senadores norteamericanos y la reducción de los recursos destinados a la Iniciativa Mérida son reflejo de este distanciamiento).

Desde una perspectiva más general, Peña Nieto también ha apostado, al igual que hiciera su predecesor, a privilegiar el uso de la fuerza y la militarización de la seguridad como principal herramienta para combatir al crimen organizado. El despliegue de elementos militares y de la Policía Federal continúa siendo el componente central de las intervenciones en todas las entidades que enfrentan desafíos severos de seguridad. Asimismo, cabe señalar que la permanencia de las Fuerzas Armadas en el desempeño de tareas de seguridad es reflejo tanto del carácter limitado que tuvo la Gendarmería (cuya creación ha sido la única expansión sustantiva de la Policía Federal a lo largo del sexenio) como de los escasos avances en materia de fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

Decálogo por la Paz. El 27 de noviembre de 2014, ante la crisis de legitimidad que generó la desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el presidente anunció un decálogo de medidas en materia de seguridad. Las 10 medidas fueron desestimadas tanto por la opinión pública como por quienes trabajamos en temas de seguridad. De las 10 propuestas, sólo la iniciativa de Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales era una propuesta innovadora y con potencial para atender uno de los factores que favorecen la violencia generada por la delincuencia organizada: la vulnerabilidad que caracteriza a las autoridades municipales en amplias regiones del país.

Las demás propuestas eran vagas (como la distribución de competencias entre órdenes de gobierno en materia de combate al delito), relativamente triviales (creación de un número nacional de emergencias), o simplemente retomaban ideas que no habían prosperado previamente (como el establecimiento del mando único en las 32 entidades federativas). Con el paso de los meses quedó claro que el propio gobierno no tenía gran convicción en su Decálogo por la Paz. Las iniciativas se dejaron morir en el Congreso y hoy son otros los temas que impulsa el Ejecutivo federal.

Decálogo alternativo

Las siguientes 10 acciones son propuestas alternativas orientadas a subsanar las deficiencias que se han observado en la operación de las instituciones federales de seguridad pública; a superar los rezagos en materia de fortalecimiento institucional de los tres órdenes de gobierno; y a retomar la tendencia de disminución de la violencia (que se interrumpió de forma abrupta en 2015).

1. Dejar de solapar las violaciones graves a los derechos humanos. En las instituciones del sector seguridad existe una lógica arraigada de complicidad con los elementos que incurren en violaciones graves a los derechos humanos (como ha quedado de manifiesto, incluso en casos de alto perfil mediático, como las masacres de Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya). Hay varias razones por las que es muy difícil para el gobierno impulsar la investigación a fondo de los abusos y la sanción de los responsables. Sin embargo, el costo humano y el daño que estos casos han hecho a la reputación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal hace necesario un cambio. La mejor forma para lograrlo es que el gobierno se “ate de manos” (es decir, que deje la investigación interna y la sanción de los abusos al margen de decisiones discrecionales). Lo anterior se podría lograr, por ejemplo, si se establecieran unidades de asuntos internos con autonomía y con facultades amplias para investigar violaciones a los derechos humanos.

2. Reconfigurar los mecanismos de coordinación entre órdenes de gobierno. Las instituciones que conforman el SNSP, por su diseño institucional, inevitablemente inhiben que se tomen las medidas necesarias para incentivar a estados y municipios a asumir sus responsabilidades en materia de seguridad pública. Por ejemplo, sería muy difícil que CNSP aprobara una disminución de los recursos que se destinan a las entidades que no registren avances en materia de profesionalización, o a aquellas que maquillan los datos de incidencia delictiva. La propuesta presentada por legisladores del PAN de reemplazar al CNSP por un instituto autónomo responsable de supervisar a todas las instituciones de seguridad pública del país (y de asignar recursos con base en criterios técnicos y resultados) sería un gran avance en este sentido.

3. Profesionalizar el CISEN. Es un consenso entre los especialistas en seguridad que las estrategias más eficaces para combatir la delincuencia son aquellas que hacen un uso intensivo de información (y no tanto de recursos tangibles, como armas y equipo). En este sentido, el incremento del presupuesto para el CISEN que se ha registrado durante el gobierno de Peña Nieto es un paso positivo. Sin embargo, también es necesario un cambio cualitativo. El CISEN surgió como una institución diseñada fundamentalmente para mantener la gobernabilidad (y para cuidar los intereses políticos del gobierno) en el contexto de un régimen de partido hegemónico. Hasta ahora ningún gobierno ha renunciado a esta herramienta y ha buscado la construcción de un centro de inteligencia profesionalizado (es decir, que opere de forma menos discrecional) y que se enfoque en atender la principal amenaza a la seguridad nacional: el crimen organizado.

4. Construir un auténtico servicio nacional de carrera policial. El CNSP ha manifestado la necesidad de contar con un salario mínimo policial a nivel nacional y con prestaciones acordes con el nivel de responsabilidad y riesgo que implica la función policial. A este piso mínimo se deben sumar procesos estandarizados en materia de certificación, capacitación y promoción, que dignifiquen la labor policial y que protejan a los elementos tanto de la arbitrariedad por parte de mandos como del poder corruptor del crimen organizado. Una medida importante sería diseñar procesos de certificación que no giren en torno a la aplicación del polígrafo, como atinadamente ha señalado el comisionado Renato Sales. Por otra parte, es necesario transitar hacia un servicio de carrera nacional, que favorezca que los elementos puedan aprovechar su experiencia y buen desempeño para ser contratados por cualquier corporación del país (es decir, crear un mercado laboral nacional, como el que existe para las demás profesiones). También se debe propiciar que los mejores elementos policiales dedicados a tareas de vigilancia y reacción puedan transitar a desempeñar funciones de investigación (que es el principal mecanismo para favorecer el desarrollo profesional al interior de los cuerpos de seguridad pública).

5. Fortalecer la procuración de justicia. Es claro que ni en el ámbito federal ni en los estados el Ministerio Público cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo una verdadera investigación de los delitos, lo que frecuentemente propicia la liberación de criminales de alta peligrosidad (ahí están, por ejemplo, las repetidas ocasiones en las que el Poder Judicial ordenó este año la liberación de Rubén Oseguera, El Menchito). A pesar de lo anterior, la procuración de justicia ha seguido relegada en materia de gasto (a lo largo del actual sexenio el presupuesto de la PGR ha permanecido prácticamente estático en términos reales, mientras que el gasto militar ha continuado en ascenso). Para transitar hacia una política más eficaz de seguridad pública es prioritario fortalecer las capacidades del Estado para investigar (más que para “reaccionar” ante incidentes). Esto sólo será posible si se destinan recursos necesarios para formar investigadores, capaces de recopilar evidencia e integrar un expediente sólido que permita identificar y sentenciar a los criminales de mayor peligrosidad.

6. Modelo de combate a la extorsión presencial. Así como el gobierno de Peña Nieto ha logrado combatir de forma más eficaz el secuestro, su actuación en materia de combate a la extorsión presencial (aquella que va más allá de una llamada telefónica de amenaza) ha sido deficiente. Combatir la extorsión presencial es prioritario porque dicho delito es el mecanismo del que los grupos criminales se sirven para operar como mafias locales (es decir, para contar con un control territorial en algunas regiones del país). De forma similar a como se formaron grupos tácticos para desarticular bandas de secuestradores, es necesario formar grupos operativos con la encomienda específica de desarticular a los grupos dedicados a la extorsión presencial. Por supuesto, es necesario tomar en cuenta las peculiaridades de dicho delito, en particular que éste ocurre principalmente en aquellas localidades donde la población es más vulnerable frente al crimen organizado y confía menos en las autoridades.

7. Atención a regiones conflictivas. Las cifras disponibles sugieren que en las principales zonas metropolitanas del país (con la posible excepción de Acapulco) se ha logrado superar lo peor de las crisis de violencia del crimen organizado. Sin embargo, la situación es otra en las ciudades pequeñas y en el medio rural. En particular existe un grupo relativamente reducido de municipios que se han convertido en zonas conflictivas, donde reiteradamente se presentan situaciones de violencia de la mayor gravedad y donde las autoridades locales no tienen mucha alternativa más que colaborar con el crimen organizado (los municipios de la Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero y el Estado de México son un ejemplo claro). El mecanismo más eficaz para reducir la violencia a nivel nacional y debilitar al crimen organizado es establecer un programa ambicioso y de largo plazo dirigido exclusivamente a atender a estas comunidades por medio de una fuerza que opere como una policía de proximidad (es decir, que tenga una presencia permanente y ayude a la población a resolver sus problemas cotidianos, y de esta forma se gane su confianza).

8. Reducir el uso de la prisión. Las cárceles son caras, no rehabilitan y tienden a generar sus propios males (son espacios naturales para el reclutamiento de las organizaciones criminales y tienden a reproducir el ciclo de generación de pobreza y criminalidad). Por ello, las sentencias de muchos años de cárcel deberían ser un castigo relativamente excepcional, destinado sólo a los criminales de mayor peligrosidad. Por otra parte, los estudios criminológicos más serios demuestran que la mejor forma de inhibir la delincuencia común es recurrir a castigos ligeros pero certeros (como podría ser una multa o una detención temporal). Aún así, hemos seguido la política populista de “refundir” en prisión, por el mayor número de años posibles, al mayor número de presuntos delincuentes. Siguiendo esta lógica hemos saturado los penales de personas que no cometieron faltas graves y que ni siquiera han sido sentenciadas. Para superar el callejón sin salida que supone el encarcelamiento masivo, el gobierno debe impulsar políticas necesarias pero impopulares, como una mayor aplicación de sanciones distintas a la prisión, la disminución de la duración de las condenas y la liberación anticipada de internos de baja peligrosidad.

9. Establecer una política de prevención social que se enfoque en disminuir la reincidencia y evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Los resultados insatisfactorios del Pronapred se explican, fundamentalmente, porque para las personas responsables de diseñar y ejecutar las intervenciones la prevención social es una tarea desvinculada de resultados concretos en términos de seguridad pública. Por ello, en la gran mayoría de los casos no dirigen sus esfuerzos a atender a las poblaciones verdaderamente vulnerables. La única forma de que el Pronapred, o cualquier otra iniciativa en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, logre un impacto es si se enfoca en actividades de prevención “terciarias”. Es decir, aquellas acciones que se desarrollan de forma coordinada con la policía, el Ministerio Público y el sistema de readaptación social a efecto de atender a los individuos que forman parte de pandillas violentas o que están en mayor riesgo de ser reclutados por células delictivas o por el crimen organizado. 

10. Cambiar el enfoque de la política de drogas. Con la reciente sentencia de la SCJN (por medio de la cual se otorgó un amparo para que cuatro ciudadanos pudieran producir y consumir marihuana con fines recreativos) se abrió la puerta para un necesario cambio en la política de drogas. Si bien la opinión pública permanece en su mayoría contraria a la legalización de la marihuana, las autoridades —incluyendo al Ejecutivo federal— podrían beneficiarse de modificar su actitud timorata en el tema, e impulsar un enfoque de salud pública en la política de drogas. Además de la legalización, existen otras acciones que se pueden impulsar, como evitar la criminalización de los consumidores (en cumplimiento del texto vigente de la Ley General de Salud), o transferir parte de los recursos que actualmente se dedican a actividades de erradicación de cultivos e interdicción a programas de tratamiento de adicciones.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores.

Agradezco a Eunises Rosillo, Marcela Figueroa, Miguel Ángel Berber, Rafael Escobedo y Roberto Valladares sus valiosas aportaciones para la redacción de este ensayo.


1 Región centro: Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas. Región norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas. Región sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán.

2 El fenómeno de “autodefensas” ocurrió con mayor intensidad en Michoacán y Guerrero. En enero de 2013 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se hicieron del control de la seguridad en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres en Guerrero. Más de un mes después en Michoacán, el 24 de febrero de 2013, un grupo de ganaderos en la comunidad de La Ruana (Felipe Carrillo Puerto) en el municipio de Buenavista y en Tepalcatepec se armaron en contra de la organización criminal que azotaba la región, Los Caballeros Templarios.

3 La base de datos se construyó por medio de una revisión sistemática de medios de comunicación electrónicos del 1 de enero de 2013
al 30 de noviembre de 2015 por entidad federativa.

4 Véase la entrevista que realiza Sanjuana Martínez a Mireles en “Las batallas del doctor Mireles”, nexos, julio de 2014.

5 Se re ere al sustento en el artículo 2 constitucional, apartado A, incisos II y III, y otras legislaciones estatales como el art. 35 la ley 701 de la constitución estatal de Guerrero, o internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

6 Con “tasa de éxito de fuga” me refiero a la proporción de internos que, después de intentarlo, efectivamente lograron escapar del penal.

7 México Evalúa, Prevención del delito en México: ¿Cuáles son las prioridades?, 2015.

 

4 comentarios en “La inseguridad 2013-2015

  1. MUY COMPLETO ESTE TRABAJO,,AL PRINCIPIO ME PARECIO SUPERFICIAL..CIDAC TINE TAMBIEN UN ESTUDIO MUY CONSISTENTE EN ESTE TOPICO.

  2. Este trabajo es excelente nos acerca mucho a la politica y este tema de la inseguridad es muy extenso ya que es algo que siempre se ha visto vemos los altos y bajos indicios sobre la inseguridad causas problemas entre otras cosas muy interesantes excelente trabajo