La desaparición, por decreto del gobernador oaxaqueño, del  Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (el IEEPO), es una decisión que intenta “devolver la autoridad educativa al gobierno del estado”, según anunció el propio gobernador Gabino Cué en la conferencia de prensa del pasado 21 de julio. El anuncio  dramático, espectacular, de ocho columnas para medios impresos y electrónicos, fue apoyado simbólicamente por las figuras del Secretario de Educación Pública y del vocero de la Presidencia de la República. Pero la decisión, el diseño del nuevo Instituto, constituye apenas el primer paso en el complicado proceso de reconfiguración del poder político en el campo educativo oaxaqueño. La implementación de la decisión es, en realidad, el proceso en el cual se verá a prueba la fortaleza política del gobernador y del gobierno federal, frente al ruido de los tambores de guerra que ya ha comenzado a hacer sonar la CNTE como reacción frente a la desaparición del Instituto.

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Más allá del curso de los acontecimientos, conviene sin embargo detenerse a reconstruir la historia del IEEPO en su contexto estatal y su relación con la CNTE.1 Como se sabe, el Instituto fue creado el 23 de mayo de 1992 durante la gubernatura de Heladio Ramírez (1986-1992), un priista tradicional, curtido en las aguas turbulentas de la fractura del PRI previa y posterior a las elecciones presidenciales de 1988. Con el salinismo y con el apoyo de Ramírez, llegó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, un reforma al sistema educativo nacional orientada políticamente a dos cosas fundamentales: primero descentralizar (federalizar) la educación básica en las entidades de la república, trasladando la nómina, algunas decisiones y recursos educativos a los gobiernos estatales; y segundo, acabar con el caciquismo sindical formado y ejercido durante casi dos décadas por Carlos Jongitud Barrios en el SNTE.

Los resultados, lo sabemos, fueron contradictorios, parciales y perversos. Por un lado, más que federalización de la educación lo que tuvimos fue un proceso de “feudalización” del sistema educativo básico, donde gobernadores y líderes sindicales nacionales y locales terminaron ejerciendo una suerte de cogobierno de la educación básica en las distintas entidades del país. Por otro lado, el desplazamiento de Jongitud y su Vanguardia Revolucionaria, cedió el paso no a la democratización sindical sino al surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo, caciquil y poderoso, encabezado por Elba Esther Gordillo. En este contexto nacional, la creación del IEEPO en Oaxaca se significó, en una primera etapa (justamente la que corresponde al gobierno de Heladio Ramírez) por mantener los entendimientos políticos tradicionales entre el SNTE y el gobierno estatal: nombramiento conjunto de funcionarios educativos tanto en el IEEPO como en las direcciones de la escuelas públicas, los nombramientos de supervisores y jefes de zona, el acceso a plazas y los cambios de adscripción.

Al igual que se hacía y se hace en las secretarías estatales de educación en todo el país, la autoridad educativa surge de los arreglos institucionales entre los gobiernos estatales y el SNTE. Sin embargo, desde mediados de los años noventa la creciente influencia de la fracción disidente del SNTE en el suroeste del país (la Coordinadora) terminó por desplazar políticamente la fuerza del sindicato tradicional en esas regiones. Y la CNTE se posicionó como el principal interlocutor político del gobierno estatal oaxaqueño. Esto se tradujo poco a poco en la penetración del IEEPO por parte de la Coordinadora, desplazando la influencia tradicional del SNTE en el sector y en el organismo. La creciente legitimidad corporativa de la Coordinadora, su fuerza beligerante a través de paros y movilizaciones, fue consolidando la certeza en la clase política local de que gobernar el sector educativo oaxaqueño era una labor en la cual debía apoyarse, negociar o ceder ante la fuerza de la Coordinadora.

Con los gobiernos de Diódoro Carrasco (1992-1998), de José Murat (1998-2004) y de Ulises Ruiz (2004-2010) (todos pertenecientes al PRI), el poder de la CNTE se amplió y consolidó. La coalición que a nivel federal significó la alianza del SNTE con el PRI durante el salinismo y el zedillismo, se transformó en una coalición del gobierno educativo entre los gobiernos panistas y el SNTE con el elbismo como fuerza de cohesión y control político electoral y sindical. Pero esa coalición, paradójicamente, significó en Oaxaca el fortalecimiento de la Coordinadora como una fuerza política local que luego se extendió rápidamente a entidades como Guerrero, Veracruz, Chiapas y Michoacán. Sin embargo, nada se parece al poder que la coordinadora acumuló en Oaxaca, y que le llevaron a desafiar y bloquear la reforma educativa peñanietista lanzada el inicio de su mandato finales del 2012.

La llegada del Gabino Cué al gobierno estatal en 2010, un expriista postulado por una  coalición multipartidista (PAN, PRD, PT y Convergencia), significó la irrupción de la alternancia   en Oaxaca, y con ella, la posibilidad de un cambio político en el gobierno del sector educativo. Ello no obstante, por prudencia, pragmatismo o debilidad pura y dura, el nuevo gobierno estatal mantuvo el esquema tradicional de la gobernabilidad del sector, consolidando la fuerza de la CNTE en el centro del mapa político local, pero también manteniendo su dominio del IEEPO, con lo cual el poder de la Coordinadora también se tradujo en su dominio en los programas, los puestos, los recursos y las políticas locales de educación.

Pero la política, ya se sabe, es el arte de gestionar los conflictos, los tiempos y las posibilidades. La fuerza consolidada de la Coordinadora explica que la reforma educativa peñanietista no contara con los apoyos locales suficientes ni del SNTE ni del gobierno de Cué para penetrar en las estructuras de control político de la CNTE. Habría que esperar el paso de las elecciones intermedias de julio de 2015, coincidente con el último año de gobierno de Cué,  para emprender una acción espectacular, mediática, y políticamente apoyada por el gobierno federal, el gobierno estatal y el SNTE, una operación cuyo centro simbólico y práctico es el desmantelamiento del IEEPO. La cuestión clave es si esa operación conjunta permitirá reconstruir la gobernabilidad del sector, avanzando al mismo tiempo en la gobernanza institucional necesaria para implementar la reforma educativa nacional en Oaxaca,  y minimizando, al mismo tiempo, los costos políticos de la reacción de la CNTE en el corto y mediano plazo.

 

Adrián Acosta Silva
Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno del CUCEA-Universidad de Guadalajara. Coordinador académico de la Unidad de Política Educativa en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la U. de G.


1 Parte de esa historia ha sido reconstruida por Marlene Y. Salazar Velasco en su tesis  “Gobernanza y cambio institucional del sistema de educación superior en Oaxaca, 1989-2011”. Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior, CUCEA-Universidad de Guadalajara, enero, 2014.