A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

En el municipio Ayutla de los Libres, de la Costa Chica de Guerrero, dos organizaciones ciudadanas han tomado bajo su tutela la seguridad de la región ante la poca atención del Estado.


En junio del año pasado, después de haber seguido de cerca el surgimiento de los grupos de autodefensa en Guerrero, uno de los autores de esta crónica publicó, en conjunto con Mauricio Merino, un artículo sobre el tema.1 Desafortunadamente, en la confección de ese artículo, echamos mucho de menos la observación de primera mano, que hubiera servido para ampliar los horizontes de la narración. Así pues, la observación constante del fenómeno nos llevó a planear un viaje a la zona, con el interés de conocer lo más posible sobre los grupos guerrerenses de autodefensa, aún hoy, bastante desconocidos en la discusión pública nacional. Esta es la historia de ese viaje.

 

02-ayutla-1

Después de una travesía de seis horas llegamos a Ayutla de los Libres, el centro urbano de la efervescencia que la prensa ha destacado —y después olvidado— desde el 5 de enero de 2013. Este sitio forma parte de un tejido de comunidades mestizas e indígenas, todas relacionadas por parentescos, amistades y demás relaciones, que hacen que lo que pasa en El Paraíso, o en El Timbre, se conozca aquí y en otros pueblos.

Antes de empezar las visitas, los lugareños que nos reciben nos cuentan impresiones vívidas de lo que ha sido el movimiento comunitario. Para entrar en contexto, nos narran la reunión del gobernador Ángel Aguirre con los grupos comunitarios que bajaron a la cabecera municipal el año pasado. En esa reunión estuvo la plana mayor: jefes militares, elementos de la Marina y alcaldes. La entrada estuvo restringida a autoridades comunitarias y profesores del Colegio de Bachilleres número ocho.

También recuerdan que una vez que llegaron a hacerse cargo de la seguridad de la cabecera municipal, los comunitarios solicitaron —y recibieron— el apoyo de la ciudadanía en especie: maíz, frijol, guisados; también dinero en efectivo: una cuota por cada propiedad.

Hubo un tiempo en que esta comunidad estuvo plagada de secuestros, asesinatos, desapariciones. Historias que, de tan crudas, se han convertido en cruciales para el imaginario actual de sus habitantes.

En la memoria de las personas que viven en Ayutla aparece una y otra vez el recuerdo de un intento de desarme de los grupos comunitarios. En poco tiempo sonaron campanas al vuelo y megáfonos, la gente se enteró de que los militares de la zona cercana pretendían desarmar a los comunitarios. La respuesta fue inmediata: un cerco a la carretera, con el cual se toparon los carros del Ejército.2 Allí estuvieron, en cierta manera rodeados, hasta que entregaron las armas a la población. Luego, cuando el peligro parecía haber pasado, abrieron la carretera, pero únicamente para permitir que los militares regresaran por donde llegaron. La carretera estuvo vigilada hasta la madrugada, por si volvían los soldados. Los ciudadanos allí reunidos no permitieron que los comunitarios participaran en estas acciones.

De estas historias —y muchas más— están llenos este pueblo y el municipio. En general, esta región de Guerrero ha vivido y enfrentado varias veces a fuerzas distintas con la idea de protegerse a ellos mismos. No está de más recordar la gesta heroica del coronel Florencio Villarreal y el general Álvarez. Juan Álvarez mantuvo un cacicazgo en la región sur del país que le permitió hacerse de un lugar relevante en la política nacional y dominar la zona durante buena parte del siglo XIX. En 1854, el 1 de marzo, Álvarez apoyó la proclamación del Plan de Ayutla que hizo el coronel Florencio Villarreal, en contra del gobierno —el último de tantos— del general Santa Anna. Hoy, una placa en la casa que hace las veces de museo de sitio recuerda a los lugareños que Ayutla no es cualquier lugar, que se ganó un espacio en la historia nacional desde hace 160 años y que, desde entonces, ha sido un punto clave en la región.

Dos grupos de autodefensa han marcado la historia reciente de este territorio: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Ambos grupos comparten características porque, en sus orígenes, también han compartido liderazgos.

La CRAC-PC se creó en 1995, a la luz de varios problemas relacionados con delitos comunes en el ámbito rural; el que más, el abigeato. Esos problemas no son nuevos, tampoco las soluciones. Nos cuentan de la “policía urbana”, un cuerpo voluntario, al servicio formal del ayuntamiento, en el que participaron, en las décadas de 1960 y 1970, ganaderos preocupados por defender lo suyo, con sus recursos y sin sueldo. También, en otras comunidades de Ayutla, existió algo llamado “policía machetera”, autodefensa también, conocida por la naturaleza de las armas usadas. La diferencia esencial de la CRAC-PC está en su área de influencia: comunidades originarias. Esto significa que el cuerpo, según legislación estatal y la propia Constitución, está en condiciones de funcionar como garante de la seguridad mediante el sistema de usos y costumbres y en concordancia con las autoridades tradicionales.

La UPOEG es una cosa distinta. Sus policías no se llaman comunitarios, sino ciudadanos. Integran el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana. Su área de acción son las comunidades mestizas principalmente. Si bien les agrada diferenciarse de la CRAC-PC, no están en beligerancia con los miembros de ésta. A veces colaboran. La UPOEG, a diferencia de la CRAC-PC, no tuvo su origen en la seguridad. Sus integrantes nos explican que la Unión tiene 14 ejes de acción relacionados con el desarrollo comunitario de la región. Sin embargo, en lo que hacen hincapié todos, como línea de acción primigenia, es en los ejes carreteros y la gestión de las tarifas altas de la energía eléctrica. Así, la gestoría original de la UPOEG estuvo centrada en lograr comunicar a la región. Posteriormente, surgió el tema de la seguridad.

De ambas organizaciones se cuentan historias de valentía, pero también de relaciones con el gobierno, con el gobernador Aguirre y con cacicazgos regionales. Eso las iguala. También la lucha por lo suyo, por la integridad de las personas y las comunidades. Y la valentía de haber enfrentado a los representantes locales de los cárteles nacionales con la idea de que, una vez perdida la seguridad y la tranquilidad de sus pueblos, nada más podían perder.

En nuestro recorrido visitamos la casa de justicia de Ayutla, a la que también llaman comandancia. Es una casa humilde, con paredes de adobe y techo de tejas. En el pequeño corredor de tierra, donde hay una carpa, alrededor de una mesa de madera larga están los jóvenes que hacen las veces de policías ciudadanos. Algunos traen fusiles .22, otros pistolas. Una manta anuncia que es la casa de justicia de la UPOEG. Hay dos carros estacionados enfrente. Uno es un Tsuru que, nos cuentan después, fue decomisado porque quien lo traía no pudo acreditar la propiedad y, entre tanto se soluciona el asunto, está al servicio de la comunidad como vehículo de los policías ciudadanos.

En el costado derecho del corredor hay varias sillas de plástico, dispuestas en semicírculo. Una señora anciana espera sentada, dormitando. Nos presentamos y el encargado de la ronda de guardia escucha las razones de la visita. Gentilmente ofrece llamar a otro comandante encargado, que no es el comandante regional —el regional tiene un bautizo en casa—. Quienes cuidan a la población son ciudadanos de a pie, con vidas perfectamente comunes, que acuden voluntariamente, con armas propias.

Después de comunicar por radio que se requiere quien nos atienda, esperamos sentados en el corredor; hay en el muro de la casa de adobe un póster que recuerda la historia de la UPOEG, la historia del “movimiento por el desarrollo y la paz social”. Entre tanto, llega una niña pequeña, de unos 10 años, con un envoltorio en un plato desechable. Antes de entrar a la comandancia, los muchachos que están afuera le dicen que deje con ellos el envuelto. Le preguntan qué es y, antes de que se vaya, le piden que lo pruebe, con la misma precaución que Don Altobello a Constanza Corleone.

De pronto llega el comandante. Es un tipo serio, quizás demasiado. Viste una guayabera verde sudada y huaraches de suela de llanta. El calor excesivo de la región lo padecemos todos. Exponemos de nuevo los motivos de la visita y, sin demasiado entusiasmo, el comandante nos invita a pasar a la pequeña casa que, además, según nos cuenta, es rentada. La construcción tiene dos piezas. Una es la oficina, la de atrás es la cárcel. No vemos a ningún detenido. Antes de que hable con nosotros, la anciana que esperaba afuera pregunta al comandante por un “asegurado”. “Venga mañana”, le contesta. Ella se queja de que le han dicho lo mismo varios días esa semana. “Venga mañana, a lo mejor lo dejamos libre”, le dice, e instruye a un joven con una escopeta que monte guardia en la puerta.

En la oficina hay pocas cosas, unas sillas de plástico, una mesa de madera grande con mantel, un viejo refrigerador de Coca-Cola, donde están los víveres para la tropa de guardia. Cada encargado de la guardia tiene un celular —o dos— y un radio. Hay un radio comunicador sobre la mesa y varias libretas escolares en las que se consignan nombres y motivos de arresto. Hay otra que lleva el registro de los procesos de reeducación.

Al inicio de la entrevista nos señalan los pormenores de la situación. Nos hablan de las líneas de acción de la UPOEG y de las diferencias entre su organización y la CRAC-PC. Además del comandante, nos atiende otro policía ciudadano, bastante más elocuente. El comandante, después de media hora, sigue examinándonos con cierta desconfianza. Y no es para menos. Según nos dicen, han venido algunos elementos camuflados del gobierno y varios reporteros que han publicado mentiras.

Tienen una estructura fuerte. Además de aquellos que se dedican a cuidar a las comunidades, existen los consejeros. Estos últimos son personas de reconocido prestigio, electos por sus vecinos. Hay consejeros por colonia, municipales y regionales que se reúnen y toman decisiones. Usualmente no cargan armas.

Aseguran que la entrada de la policía ciudadana a ciertas comunidades no fue fácil. En enero de 2013 detuvieron a varias personas. No a todos los mantuvieron arraigados. A algunos —los delincuentes federales— los pusieron a disposición del Ministerio Público. Después de ese momento inicial, los enfrentamientos con grupos armados han sido relativamente pocos. La labor se ha concentrado en mantener la seguridad. En este momento se integra a la reunión un profesor, cuya elocuencia ayuda a distender el ambiente. Es un tipo sereno, certero y concreto en lo que dice. Conoce puntillosamente los términos históricos —porque esto es historia— de la organización. Logra mantener la atención en su narración, a pesar del calor que se siente en la pequeña casa —y los mosquitos que se arremolinan en un foco ahorrador.

Su relación con el Ejército, explican, no ha sido la más tersa, a veces los hostilizan. Sin embargo, es paradójico que, teniendo esa posición difícil de definir, este cuerpo ciudadano reciba oficios del Ministerio Público, solicitando atentamente que, en la medida de sus posibilidades, lo apoyen a cumplimentar órdenes de aprehensión.

De momento, nos dicen, no hay detenidos en esta casa de justicia. Hay otras estancias similares, de naturaleza municipal y regional. La de El Mesón, cercana, es regional. Nos explican el proceso de reeducación. Este elemento, como algunos otros más, es similar a los que usa la CRAC-PC. En ese proceso, los detenidos, por faltas que han alterado el orden, deben regresar cada semana a firmar su registro en la casa de justicia. Trabajan para la comunidad y a veces, al final de la reeducación, se integran como policías ciudadanos. Con este proceso, aseguran, se trata de hacerlos conscientes de lo incorrecto de sus acciones y de evitar la reincidencia.

La policía ciudadana se ha convertido en una instancia de autoridad a la que es posible acudir incluso para solucionar problemas tan comunes como la violencia intrafamiliar, el impago de préstamos y conflictos familiares por uso de drogas. Sobre los préstamos aclaran: “nosotros no cobramos intereses”. Sólo actúan como instancia mediadora, con el fin de comprometer al deudor.

Algo que asombra, además de la naturalidad con que cargan las armas, es lo variado de la integración de las rondas. Hay profesores, muchos profesores, campesinos, ganaderos, abogados, comerciantes, “y hasta empleados de banco”.

Mientras hablan el maestro y el otro policía ciudadano —que es licenciado en informática, según señala—, el comandante atiende el radio, da órdenes y responde preguntas de compañeros que andan lejos haciendo labores de vigilancia. Los instruye a no ostentar las armas. Todos hablan con una serenidad inusual.

La plática llega a un punto en el que el comandante ha empezado a intercalar comentarios entre los de sus compañeros. Incluso se ríe, cuando nos reímos todos. Al terminar la entrevista hablan de los logros, de lo que hay ahora, de la tranquilidad de caminar en el fresco nocturno. La plática va por otros caminos, cuentan entre ellos la historia de la inseguridad que han vivido los últimos años, haciendo que este episodio, en el cual son ciudadanos quienes, voluntariamente, dan seguridad a la comunidad, parezca la consecuencia natural de un proceso evolutivo.

“¿Una foto?” y, después de mirarse entre ellos, el comandante accede, como dando la pauta. Todos sonríen.

 

02-ayutla-2

En la segunda jornada, después de haber visitado de nuevo la casa de justicia municipal de Ayutla, y sin haber logrado coincidir con la reunión de los consejeros municipales, prevista para tomar decisiones sobre algunos presos, entre otras cosas relacionadas con la logística, visitamos las instalaciones de una organización comunitaria. Platicamos con uno de sus iniciadores. Nos explica que los orígenes de la UPOEG están en la gestoría de diversos proyectos de desarrollo regional. Surge nuevamente el principal: los ejes carreteros para comunicar los pueblos de la región.

Así, entendemos que la UPOEG es, en efecto, un conjunto de organizaciones fundado en 2011. La que visitamos, por ejemplo, ha dedicado varios años de trabajo a la promoción de baños ecológicos y estufas ahorradoras en las comunidades de la región. Amén de dedicarse a la producción de alimentos, plantas y a la crianza de venados. Si las varias hectáreas en que funciona este proyecto no son suficientemente impresionantes, sí lo son las instalaciones en que desarrollan su trabajo.

Como complemento, viajamos a El Mesón para conocer la casa de justicia regional. Es un pueblo relativamente cercano. En el camino, bajo el sol extenuante, aparecen los exuberantes paisajes, algunos platanales, mangales y nanchitales, o “nanchales”, como les dicen acá. De pronto inicia un camino que no debería ser de terracería, pero quedó así ante las consecuencias devastadoras de “Manuel”. Hasta el momento no ha llegado la restauración, responsabilidad del gobierno estatal.

El Mesón es un pueblo pequeño, bien conocido por los originarios de la región. Pronto habrá un baile, a mediados de febrero; lo dicen los anuncios en las bardas. De súbito llegamos al centro del pueblo: frente a una iglesia se ve una explanada bastante ancha, con techo de lámina de zinc. Es en realidad una cancha de basquetbol. En este sitio sucedieron, hace un año, las presentaciones del primer grupo de detenidos por la policía ciudadana.3 Hay dos tiendas de abarrotes alrededor. En los muros de los baños públicos, al costado de la cancha, está pintada con aerosol la leyenda identificadora “UPOEG-Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social”.

En la sombra de la explanada techada está un grupo de policías ciudadanos. Igual que los demás, con playeras color caqui con el escudo del estado de Guerrero en el pecho, frente al corazón, y sus huaraches de suela de llanta. Todos cargan una escopeta, algunas herrumbrosas. Quienes nos acompañan conocen al mando del grupo: es paisano de Ayutla.

En el costado izquierdo está la casa de justicia. Es posible entender su carácter regional, es más grande, tiene varios cuartos de ladrillo y techo de concreto. En la fachada de color verde está escrito: “Comandancia Municipal”. En el amplio corredor frontal, del lado izquierdo, se ve un grupo de jóvenes en plan de descanso. Visten bermudas, chanclas y playeras de varios colores. Del lado derecho, junto a la puerta de la casa, además de un refrigerador de Coca-Cola con comida, hay una mesa de plástico blanca con radiocomunicadores. En ese costado hay tres personas. Son policías ciudadanos. Ahí está el encargado de la guardia.

Como ya es usual, exponemos las circunstancias de la visita. El encargado es más desconfiado que el comandante que saludamos en la explanada y el que nos recibió el día anterior. Se disculpa por no poder atendernos pues, dice, hay otros que nos podrían dar más detalles de la organización. Sin embargo, pese a su reticencia inicial, accede a platicar de manera muy breve. Ordena, y uno de los de bermudas nos ofrece rápidamente sillas de plástico que hay apiladas en la explanada.

El encargado de El Mesón nos cuenta, sobre todo, detalles de la vida que llevan los que están detenidos o “asegurados”. Resulta que los de las bermudas son “asegurados”. “Mírenlos, así como están ahorita están siempre”, nos dice. “A veces se ponen a jugar basquetbol aquí en la cancha”. Y explica: el proceso consiste en que permanezcan ahí el tiempo que decida la asamblea de consejeros. Las faltas por las que han sido recluidos son diversas. Las familias pueden venir a visitarlos siempre. Pueden, incluso, traerles comida. En caso de que eso no pase, comen lo mismo que los policías, de lo que se prepara con las aportaciones de la población. En el proceso de reeducación de estos personajes se incluye también el trabajo para algunas causas de la comunidad. Si es posible se les envía a colaborar en alguna siembra, en alguna construcción, con el dueño de algún potrero. Y lo mejor: a esos trabajos asisten sin custodia de ningún tipo. “Si de allá se escapan, ya está de ellos”, nos dice el encargado. Lo complicado es que, en una región cuyos pueblos están bien relacionados entre sí, se escapen y no sean descubiertos. La solución para aquellos que deciden huir es exiliarse de la zona, para evitar que los reaprehendan, cosa que ya ha sucedido.

El ambiente entre los de bermudas no es tenso. Al contrario, platican, ríen, descansan. De pronto se acaba el tiempo de algunos para estar afuera. Entran, disciplinados, y cierran la puerta, sin que los policías ciudadanos hagan nada.

El calendario religioso nos alcanza: es 2 de febrero. Llegamos a Atocutla, pueblo que corresponde al municipio de Ayutla. Encaminados a ver tocar la banda en la plaza del pueblo, nos topamos con los músicos, que vienen, según nos dicen, a esperar al alcalde, que llega en ese momento. Nos encontramos con él: es un tipo joven, moreno, que conoce bien a nuestros acompañantes. Así pues, nos sumamos a un cortejo de honor que ofrece el pueblo al presidente municipal. De camino, en esa procesión, vemos el símbolo de la UPOEG pintado en la pared color crema de la que, después sabremos, es la comandancia. El cortejo pasa de largo la comandancia y sigue hasta la iglesia de la comunidad, en donde el párroco ofrece unas palabras de bienvenida. Van, también, los guardaespaldas del alcalde, que cargan armas largas cuyo calibre ni conocemos ni preguntamos cuál es. Al salir de la iglesia nos invitan a la bienvenida secular, que se dará en la comandancia.

Afuera hay una carpa. La banda se queda ahí a descansar y a refrescar la garganta. Hay también policías ciudadanos que departen en muy buenos términos con los guardaespaldas municipales. El encargado de la fiesta agradece cumplidamente el apoyo del alcalde, quien es, además, padrino de los toros de la fiesta. Hasta este punto nos enteramos que la comunidad no corresponde al ámbito territorial que gobierna el invitado de honor. Él es alcalde de Florencio Villarreal, municipio vecino.

Después de un rato, seguimos el trayecto. Como invitados del invitado de honor, nos ofrecen de comer en la mesa principal —las mejores viandas—. En ese recorrido nos percatamos de que, como nos habían contado, hay policías ciudadanos suficientes para asegurar el orden y la paz en la fiesta patronal. Eso sucede en todos los eventos, públicos y privados, desde que la policía ciudadana cuida la región.

Por la noche del domingo de Candelaria nos espera una reunión interesante. Llegamos a otra comunidad aledaña a Ayutla. Platicamos con una familia muy activa en la política municipal. Sus integrantes han participado tanto en la UPOEG como en la CRAC-PC.

Iniciaron, dicen, colaborando con la UPOEG, para organizar la policía ciudadana de su comunidad. El desencanto les vino pronto pues cuando la UPOEG hizo la presentación del primer grupo de detenidos, en El Mesón, ellos estaban entre los que preferían la opción de juzgarlos en tribunal popular. Por ello se distanciaron de la organización, sin detenerse a pensar quizás que en la CRAC-PC están, en cierta manera, autorizados a emprender ese tipo de juzgados por pertenecer a comunidades indígenas. Después participaron con la CRAC-PC, con la cual siguen en contacto. Este pueblo y otro más están gestionando la integración de sus comunidades al sistema comunitario.

En su relato dan ejemplos para mostrar la relación entre Bruno Plácido4 y el gobernador del estado, una relación económica, incluso. Todos los defectos que, por recibir apoyo del gobierno estatal, encuentran en la UPOEG, son también los defectos de la CRAC-PC. No ignoran que si el gobierno estatal ha apoyado con radios y uniformes a los policías ciudadanos, amén de con algunos vehículos, lo mismo ha hecho con la CRAC-PC.

En el fondo se observa que, a pesar de la extrañeza que ambos grupos causan en la opinión nacional, el gobierno estatal, y los municipales, saben que hostigarlos no es ni la solución ni una opción viable, pues además de contar con el apoyo ciudadano esos cuerpos están garantizando la seguridad que incluso el Estado no ha podido procurar a la población de esas regiones.

Entre las varias teorías que hay en la región está la que dice que, a través del dinero, la UPOEG funciona al antojo del gobierno estatal. Lo que falta por entender es que las policías ciudadanas están estructuradas en células comunitarias que si bien mantienen su pertenencia a una organización regional —o estatal—, no por ello los cuerpos de cada comunidad están supeditados a la voluntad de un líder. Quienes participan en estos grupos ya no tienen miedo: han aprendido que para cuidar sus comunidades basta con determinarse y perseverar. Si en el inicio el liderazgo y experiencia de Bruno Plácido sirvió como aliciente a la organización, eso ya no es condición necesaria ni suficiente para movilizar o dejar de movilizar a las policías ciudadanas. La naturaleza de la UPOEG ha evolucionado hacia una federación de organizaciones comunitarias que difícilmente responderán, si se requiere, como un todo unificado.

 

02-ayutla-3

La tercera jornada supera a las anteriores. Una vez recopilado, en sólo dos días, algo más de información sobre la UPOEG que la que ha dado la prensa nacional en un año, es preciso observar de primera mano el otro caso: la CRAC-PC. Para eso nos encaminamos por la mañana a El Paraíso. Es un pueblo nada cercano, que pertenece a la jurisdicción municipal de Ayutla. Es una comunidad indígena mixteca y su particularidad es que tiene una casa de justicia regional de la CRAC-PC, por su ubicación estratégica. El viaje a El Paraíso tiene dos etapas. La primera, de Ayutla hasta la desviación por la que se sube a la montaña. La segunda, un camino de terracería. En la desviación, sobre un anuncio del gobierno del estado de Guerrero, está plasmada con aerosol la leyenda “Territorio Comunitario CRAC-PC”.

En la parte trasera de una camioneta de redilas vamos 10 personas. Nos acompaña un grupo de jóvenes indígenas que van a El Paraíso a entregar su documentación para hacerse, formalmente, policías comunitarios. El trayecto montaña arriba no es sencillo. Acaso lo mejor es que, en esas alturas, ya no se percibe calor, al contrario. En el camino es frecuente encontrarse con familias que viajan a pie a alguno de los pueblos o, incluso, a Ayutla. Varios cauces de agua cruzan la carretera. Si no hay precaución, los pasajeros, en las condiciones en que viajamos, pueden caerse del vehículo o llenarse ojos y vías respiratorias de polvo.

Una vez en El Paraíso, pasamos al costado del panteón, en donde un grupo de lugareños lleva a cabo el ritual funerario. Vemos de inmediato la loma en la que está la iglesia, con varias construcciones aledañas. Ahí hay un grupo de policías comunitarios con sus escopetas y sus playeras verde olivo, distintas algunos tonos a las de los policías ciudadanos. El Paraíso fue testigo de la entrada de los militares, en agosto de 2013, que apresaron a algunos de los líderes de la CRAC-PC —y llegaron pretextando la Cruzada contra el Hambre—, que hoy están presos en varios penales federales. A pesar de ese golpe, la acción de la policía comunitaria no ha disminuido un ápice. Nada más al llegar se observa una ostensible calma.

En el costado derecho de la iglesia hay una construcción grande, con corredor techado, además de algunos tanques de agua. Allí, en el corredor de tierra, hay una cocina y algunas mujeres. Hay también varios policías comunitarios dormitando con sus escopetas al hombro. Del lado izquierdo del templo construyeron una pieza de adobe y techo de madera. Saludamos a quienes están en la casa grande, que es la cárcel comunitaria. Nos dirigen al edificio más pequeño, la comandancia. Allí nos reciben dos policías comunitarios, uno de ellos en una mesa de madera, manipulando una computadora, es el comandante a cargo. El otro descansa en una hamaca. En el costado derecho de la pequeña estancia están los instrumentos mediante los cuales mantienen una radio comunitaria en la que suenan desde Jenni Rivera y Valentín Elizalde hasta Los Caminantes.

El comandante a cargo es conocido de quien nos acompaña. Acepta platicar con nosotros, con la reserva de que, según nos dice, conoce poco de las características y la historia de la organización. Sabe, sin embargo, que tiene mucha historia. Nos detalla un esquema de rondas que está en una de las paredes, que incluye a todos los pueblos del sistema comunitario. Explica que no fueron ellos los que “tomaron” la cabecera municipal en enero de 2013, sino los de la UPOEG. Cuenta que la CRAC-PC funciona con el sistema de usos y costumbres, como cuerpo de seguridad complementario a las autoridades comunitarias. En este caso, el proceso de reeducación incluye, además del trabajo comunitario, pláticas de reflexión con las personas venerables de las comunidades. La naturaleza de la organización está centrada en garantizar el orden y procurar evitar la comisión de delitos en las comunidades indígenas. De pronto, cuando empezaron a proliferar los grupos de la delincuencia organizada, con mayor poder de fuego que la delincuencia tradicional que enfrentaba la CRAC-PC, la organización cambió y fortaleció sus acciones. En ese proceso, han recibido apoyo del gobierno del estado que, además de darles uniformes y vehículos, facilitó los recursos para la construcción de una nueva casa de justicia en El Paraíso. Se trata de un edificio aún inconcluso, en el que una cuadrilla de hombres traídos ex profeso trabaja a marchas forzadas.

Sobre la relación que mantienen con la UPOEG, el comandante nos dice que es respetuosa. Si bien no suelen trabajar en conjunto, sí colaboran en ocasiones y, lo más importante, no se enfrentan. Algo significativo es que los estatutos de la organización están cambiando, para ajustarse a las nuevas circunstancias. Tienen perspectiva de largo plazo. El comandante señala que las condiciones de inseguridad eran insostenibles, que su fortalecimiento como organización y la novedosa contundencia de sus acciones fue una respuesta para defenderse y defender lo suyo. Y nos invita a visitar la construcción de la casa de justicia.

En el edificio que está en proceso hay varios trabajadores, todos fuereños. El encargado de la obra nos recibe gentilmente y señala que las obras debieron concluir en febrero, pero que tardará aún más, pues el material ha demorado en llegar. Nos muestra los planos que envió el gobierno del estado, entre los cuales están consideradas áreas para comandancia, para cárcel e incluso un salón de usos múltiples. Sin duda, aquellos asegurados que estrenen la casa de justicia tendrán una vista fantástica: la montaña de Guerrero.

La posición privilegiada de El Paraíso permite observar a lo lejos varios pueblos y un valle absolutamente verde. Los escenarios de esta interesante trama son tan hermosos como desgarradores. La pobreza de la región de La Montaña es imposible de ignorar. Es un contexto con el que no pueden los discursos ni las palmadas en el hombro de una elite política nacional que ni conoce ni le interesa conocer las razones y los objetivos de quienes han decidido cuidarse y cuidar lo suyo, como única respuesta posible ante un desamparo que no es de ayer. En esta zona se reúnen la centralidad de Ayutla, como cabecera municipal, con una cantidad interminable de comunidades, en un municipio de indígenas y de mestizos. Una región en la que se unen historias desgarradoras, como la masacre de El Charco, donde el Ejército asesinó a 11 personas en la escuela primaria “Caritino Maldonado” el 7 de junio de 1998, con aquellas otras que dan, al menos, la vaga esperanza de que la paz que han traído los grupos comunitarios y de policía ciudadana se mantenga en el largo plazo.

CRAC-PC y UPOEG son dos caras de la misma moneda. Después de conocer ambas historias el observador no puede sino sentir simpatía por este par de organizaciones —ciudadanas— cuyos intereses no han sido más que defenderse, defender lo suyo y, más importante, recuperar la tranquilidad que ninguna de las agencias federales de seguridad —ni ningún orden de gobierno— les pudo devolver.

 

Jaime Hernández Colorado
Licenciado en política y administración pública. Colabora como investigador en proyectos de la División de Administración Pública del CIDE.  

Miguel Ángel Berber
Egresado de la licenciatura en política y administración pública de El Colegio de México y gerente de proyecto en el Centro CLEAR para América Latina en el CIDE.


1 Se hace referencia a Mauricio Merino y Jaime Hernández Colorado, “La Policía Comunitaria: Self-Defense Groups in Mexico. The Aftermath of a Poorly Designed Policy”, Georgetown Journal of International Affairs, vol. 14, no. 2, 2013.

2 No fue la última vez que pasó algo parecido en la zona. En un municipio vecino, Tecoanapa, también se retuvo a militares. “Pobladores de Guerrero liberan a militares”, Animal Político, agosto 6 de 2013.

3 “Autodefensa inicia juicio comunitario a 54 personas”, El Universal, 31 de enero de 2013.

4 Bruno Plácido es el actual coordinador estatal de la UPOEG. También participó en los orígenes de la CRAC-PC como organización, aunque ya no es miembro de ese grupo.