Mucha tinta se ha vertido en los últimos meses respecto a la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si bien es muy importante quién encabeza este tipo de órganos, ya que su fuerza depende en buena medida del carisma y calidad moral de quien la presida, se ha perdido de vista lo esencial. ¿Qué tipo de CNDH se necesita hoy? ¿Cuál es la mejor manera de asegurar una protección efectiva de los derechos humanos de los grupos más vulnerables?1
La CNDH fue una pieza central para cambiar el statu quo de los derechos humanos en México durante los años de transición de un régimen autoritario a uno democrático. La idea de un defensor de los derechos humanos ajeno al Poder Judicial no era nueva. Esta figura surge en Suecia en el año 1809 bajo el nombre de Ombudsman Parlamentario, con el fin de “realizar el servicio público de supervisar la aplicación de las leyes y otros estatutos”.2 Los países que han adoptado figuras similares lo han hecho por distintos motivos y sus instituciones han tenido inserciones muy diferentes en el entramado institucional.
En el caso de México la causa inmediata detrás de su creación fue el asesinato en 1990 de Norma Corona Sapién, quien había denunciado a mandos de la Policía Judicial Federal en el estado de Sinaloa de estar coludidos con el narcotráfico. En palabras del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la CNDH “surgía con la intención fundamental de esclarecer la muerte de Norma Corona y, al mismo tiempo, con el proyecto de acabar con las violaciones a los derechos humanos en el país”.3 No se podía utilizar el Poder Judicial de la Federación como ancla para la protección de los derechos humanos pues los jueces federales y locales respondían a los incentivos de un régimen autoritario y estaban, en muchas ocasiones, coludidos con quienes perpetraban estas violaciones, incluida la propia Policía Judicial Federal, como resultó ser el caso en la muerte de Norma Corona.
La sumisión, el excesivo formalismo y la obediencia a las “instrucciones” del Ejecutivo en casos “delicados” eran el pan de cada día en los tribunales mexicanos. Uno de los ámbitos en donde más arraigo tuvo el régimen autoritario en la función jurisdiccional fue en el penal. Los jueces, una y otra vez, cerraban los ojos ante la enorme arbitrariedad de policías y ministerios públicos en la persecución criminal. Paradójicamente, en ese ámbito era en donde las violaciones de derechos humanos eran más frecuentes. A falta de un Poder Judicial potente para fiscalizar al Ejecutivo en el ejercicio del poder coactivo y la persecución criminal, Salinas optó por establecer un órgano de control político, encabezado, en sus palabras, por alguien que “gozara de un pleno respeto en todos los ámbitos”. Mandó una clara señal de que iba en serio al nombrar a Jorge Carpizo como su titular y mostrar en todo momento que contaba con su apoyo “y pleno respeto a su autonomía”.4
Sin embargo, de ese periodo a la fecha, el país ha cambiado mucho. La democratización y la descentralización del ejercicio del poder han hecho que los viejos mecanismos de control político de la conflictividad social hayan perdido utilidad y tengamos hoy mayor violencia que en el pasado y una continua violación de los derechos humanos, tanto por comisión como por omisión de las autoridades. Según el World Justice Project, los derechos fundamentales en México se encuentran en la posición 60 de 99 países evaluados, mientras que en la región somos el lugar 11 de 16.5
Desde Zedillo, con la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación de 1994 que, entre otras cosas, dio origen a la actual Suprema Corte, hemos intentado transitar a que sean la ley y las instituciones encargadas de velar por su adecuada implementación, la forma de pacificar nuestros conflictos con la autoridad o entre particulares. Existen muchas reformas en este sentido, no sólo al Poder Judicial de la Federación, sino que además se han creado órganos constitucionalmente autónomos para ese fin, como la propia CNDH, el IFE (ahora INE), el Tribunal Electoral de Poder Judicial Federal (TEPJF), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En materia de derechos humanos, dos reformas constitucionales marcan el cambio de paradigma: la reforma constitucional al sistema de procuración e impartición de justicia y la reforma constitucional de derechos humanos.
En este nuevo contexto, la CNDH hoy resulta obsoleta a pesar de su enorme peso presupuestal. Los instrumentos con los que cuenta para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos dejan desprotegidas a las víctimas. La CNDH ha perdido fuerza y utilidad. Necesitamos reinventarla.
¿Cómo se mide el desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El cuadro 1 muestra el número de quejas y el número recomendaciones que ha emitido la CNDH de 2009 a la fecha.
Como se puede apreciar en el cuadro 1, sólo un porcentaje muy pequeño de las quejas que se presentan año con año terminan en una recomendación. En promedio, es 1% cada año, aunque ha estado por debajo de ese nivel en los últimos tres años. Ello no es extraño: la recomendación es el instrumento de presión política más fuerte que tiene la Comisión. No puede, por tanto, utilizarla en exceso pues dejaría de ser efectiva. Además, dado que la recomendación no es vinculante jurídicamente, el que las autoridades la acaten o no depende de la fuerza moral de dicho organismo. Las autoridades cumplen las recomendaciones en función del costo político que tiene para su reputación no hacerlo. Este costo ha ido disminuyendo poco a poco a lo largo del tiempo. Por ello, cada vez es más arriesgado para el presidente de la Comisión emitir una recomendación, dado que se expone más a que no la acate la autoridad responsable. El cuadro 2 muestra la evolución en términos de acatamiento de las autoridades con las recomendaciones que año con año emite la CNDH para el periodo 2009 a la fecha.
Cuadro 1
Quejas y recomendaciones de la CNDH, 2009-2013
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Rubro |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Número de quejas que son clasificadas como posibles violaciones a derechos humanos y dan inició a una investigación |
6,083 |
6,916 |
10,392 |
11,011 |
9,008 |
|
Número y porcentaje de recomendaciones emitidas a las autoridades que han violado derechos humanos del quejoso |
78 |
86 |
95 |
93 |
86 |
|
1.28% |
1.24% |
0.91% |
0.84% |
0.95% |
Fuente: Informe de actividades de la CNDH.
Cuadro 2
Recomendaciones emitidas y tasa de cumplimiento
|
Rubro |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Recomendaciones emitidas a las autoridades o instancias que han violado derechos humanos del quejoso |
78 |
86 |
95 |
93 |
86 |
|
Número de recomendaciones que han sido aceptadas, pero que no presentaron pruebas del cumplimiento de la recomendación |
12 |
5 |
15 |
20 |
20 |
|
15.38% |
5.81% |
15.79% |
21.51% |
23.26% |
|
|
Número de recomendaciones que han sido aceptadas y han presentado las pruebas que acreditan que han cumplido totalmente con la recomendación. |
7 |
2 |
1 |
1 |
3 |
|
8.97% |
2.33% |
1.05% |
1.08% |
3.49% |
|
|
Número de recomendaciones que las autoridades no aceptaron. |
25 |
17 |
8 |
11 |
– |
|
32.05% |
19.77% |
8.42% |
11.83% |
– |
Fuente: Informe de actividades de la CNDH.
Como muestra el cuadro 2, el número de recomendaciones aceptadas y que existen pruebas de su total cumplimento es muy bajo. En promedio son aproximadamente tres al año y, en términos porcentuales, no más de 9% de las recomendaciones emitidas se cumplen y, en promedio, sólo 3.4% de las recomendaciones emitidas por la CNDH se cumplen cabalmente. En franco contraste, el número de recomendaciones no aceptadas por la autoridad generalmente supera los dos dígitos casi todos los años. En 2009, el peor año en términos de acatamiento de recomendaciones, 32.05% no fue aceptada por la autoridad. También es frecuente que la recomendación sea aceptada por la autoridad pero ésta no envíe, ni la CNDH recabe, las pruebas sobre su cumplimento. Es decir, la CNDH, en un porcentaje importante de sus recomendaciones, no sabe qué pasó al final con ellas. Ello parece un descuido imperdonable.
En conjunto, estos números indican que en un contexto de democratización y descentralización del poder, las recomendaciones ya no constituyen un mecanismo de presión política idóneo para que las autoridades corrijan y reparen violaciones a derechos humanos. Si no son las recomendaciones, entonces ¿cómo evaluar la gestión de la CNDH? El cuadro 3 muestra cómo han evolucionado la resolución de las quejas en la CNDH, año con año, de 2009 a 2013.
Cuadro 3
Presentación y resolución de quejas en la CNDH, 2009-2013
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Quejas |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Concluidas presentadas en este periodo y en trámite |
6,026 |
6,384 |
8,741 |
10,237 |
9,806 |
|
Resueltas mediante orientación al quejoso |
3,293 |
3,240 |
3,538 |
4,189 |
4,628 |
|
54.65% |
50.75% |
40.48% |
40.92% |
47.20% |
|
|
CNDH resolvió que no existió una violación |
1,176 |
1,348 |
1,121 |
1,565 |
960 |
|
19.52% |
21.12% |
12.82% |
15.29% |
9.79% |
|
|
Resueltas por conciliación durante el procedimiento de investigación |
1,176 |
1,258 |
3,605 |
3,216 |
3,580 |
|
19.52% |
19.71% |
41.24% |
31.42% |
36.51% |
|
|
Resueltas mediante recomendaciones |
78 |
86 |
95 |
93 |
86 |
|
1.28% |
1.24% |
0.91% |
0.84% |
0.95% |
|
|
Resueltas por desistimiento del quejoso |
231 |
118 |
118 |
127 |
36 |
|
3.83% |
1.85% |
1.35% |
1.24% |
0.37% |
|
|
Otros |
369 |
356 |
657 |
1065 |
524 |
|
6.12% |
5.58% |
18.57% |
10.40% |
5.34% |
Fuente: Informe de actividades de la CNDH.
Como se puede apreciar en el cuadro 3, prácticamente 84% de las quejas se resuelve por orientación al quejoso o por conciliación con la autoridad. Es difícil evaluar qué significan estas cifras. Sin embargo, visto lo que sucede con las recomendaciones, la CNDH no parece ser un fiscalizador amenazante para la autoridad. Por ello, valdría la pena analizar a qué clase de acuerdos llega la CNDH con las autoridades responsables y si éstos son o no satisfactorios para las víctimas. Además, una pregunta relevante sería tratar de evaluar qué diferencia habría en el resultado obtenido si el quejoso se hubiese defendido a través de una demanda de amparo. Nuestra hipótesis es que las víctimas de violaciones a los derechos humanos quedan muy desprotegidas con los mecanismos con los que cuenta la CNDH para exigir su cumplimiento a las autoridades responsables: recomendaciones, conciliación y orientación al quejoso. Los jueces de amparo tienen mucho mejores instrumentos para garantizar la eficacia plena de los derechos humanos de los más vulnerables.
La CNDH ha crecido en tamaño, personal y presupuesto, pero ha perdido foco y rigor en lo que debería estar haciendo. El titular de la CNDH, Raúl Plascencia, recientemente declaró en el Senado: “Estamos convencidos de que debemos propiciar una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos en lugar de estar buscando solamente remediar aquellas que ya están presentes. Por ello incrementamos sustancialmente las actividades de educación, capacitación, difusión y divulgación en la materia. En 2013 llevamos a cabo siete mil 394 eventos de capacitación. Más de cinco veces de lo que se hacía en el año 2009”.6
También es frecuente que en estos órganos su titular se dedique a viajar a todo tipo de congresos o a recibir premios. En el extremo, Raúl Plascencia aceptó una condecoración sin permiso, la Medalla de Primer Grado del Control Yuan, del gobierno de Taiwán, con quien México no tiene relaciones diplomáticas, sino sólo consulares.7 El aceptar una condecoración de un gobierno extranjero sin permiso puede llevar a la pérdida de la ciudadanía. El que nadie en la CNDH lo haya frenado ante tal ilegalidad muestra la falta de restricciones internas y lo equivocado de las prioridades de su titular.
Si la función de la CNDH es capacitar y a su titular le da por viajar, los más vulnerables prácticamente no tienen a dónde recurrir para reclamar las violaciones a sus derechos humanos. Sobra decir que la capacitación per se está lejos de ser un antídoto eficaz para eliminar prácticas autoritarias de las instituciones y mucho menos para reparar las ya cometidas.
Por lo anterior, necesitamos repensar las funciones de la Comisión. En el nuevo contexto del país, la CNDH debería servir para garantizar a los más vulnerables el acceso real y efectivo a un tribunal. Mientras que la CNDH tiene un alto presupuesto, gran visibilidad y autonomía constitucional, hoy tenemos defensorías públicas de papel, sin presupuesto, sobrecargadas de trabajo y olvidadas por todos. Estas instituciones no cuentan con una plataforma básica para garantizar una defensa legal efectiva a quienes no tienen dinero para contratar a un abogado. Pero, paradójicamente, tenemos comisiones de derechos humanos que cuestan mucho más que instituciones equivalentes en América Latina, con abogados bien formados y bien remunerados. Así, para los pobres, no hay defensorías ni acceso a un tribunal pero sí, en cambio, comisiones de derechos humanos caras pero ineficaces. Ello genera enormes asimetrías sociales: para los ricos una sentencia de amparo y para los pobres una queja ante la Comisión.
Los derechos humanos de los primeros están garantizados jurisdiccionalmente y si la autoridad no quiere acatar la sentencia, el juez puede inclusive ordenar su destitución. En cambio, para los miles que no pueden contratar un abogado, las violaciones a sus derechos humanos en el mejor de los casos, ya que como vimos las recomendaciones son escasas, se protegen con una declaración de la CNDH que no vincula ni sanciona a nadie y que es frecuente que las autoridades no la acaten. Es increíble que hasta en el mundo de los derechos humanos, que por definición es de los excluidos y vulnerables, nuestras profundas asimetrías sociales prevalezcan en el diseño institucional mismo.
Una sociedad de derechos, como la que se ha propuesto la administración de Enrique Peña Nieto y dicen también querer todos los partidos políticos, pasa por crear instituciones adecuadas para que todos, y no sólo quienes tengan dinero, puedan reclamar ante un tribunal cualquier derecho humano violado. En México, a diferencia de lo que ha ocurrido en la inmensa mayoría de los países de la región, no hemos creado defensorías públicas potentes ni sistemas de asesoría jurídica gratuita eficaces.
Como muestra adicional de nuestro desinterés como sociedad en el tema, está el hecho de que tampoco hemos diseñado políticas para que las escuelas de derecho participen, como sucede con las escuelas de medicina, en brindar servicio legal gratuito a la población más vulnerable. En el mismo sentido, salvo algunas excepciones, tampoco se ha creado un conjunto de incentivos para que los grandes despachos lleven casos probono y que ello sume puntos a su reputación.
Toda esta falta de infraestructura legal, si se puede llamar así, hace que la justicia sea inaccesible para la inmensa mayoría de la población. Ello debilita enormemente la capacidad del Estado para gestionar la conflictividad social, socava el suelo básico de igualdad jurídica entre los ciudadanos propio de las democracias consolidadas, y hace menos legítimo al orden político vigente.
La ausencia de la mencionada infraestructura legal básica adquiere aún más relevancia en el contexto de la implementación de la reforma constitucional al sistema de procuración e impartición de justicia y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ambas reformas, por distintas razones, requieren urgentemente de la infraestructura institucional que asegure el derecho a la defensa legal a quien no tiene recursos para contratar un abogado. Sin esa infraestructura funcionando bien seguramente sus beneficios serán capturados fundamentalmente por las elites.
No podemos seguir postergando más la creación de defensorías públicas dignas de ese nombre. Los gobiernos locales prácticamente no gastan en ella, a pesar de que la más importante demanda por este servicio es local. Tampoco abona mucho el gobierno federal, que lo hace a través del Poder Judicial Federal. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo un presupuesto en 2013 de sólo 15.5 millones de pesos.8 Esta defensoría funciona probablemente mejor que las locales, pero es minúscula y sólo está circunscrita a la defensa de casos penales del orden federal que, en términos prácticos, se traduce en la defensa de casos de narcomenudeo principalmente. Además, una defensoría no debe estar inserta en el Poder Judicial, por razones de la arquitectura más básica del sistema de división de poderes.
En vez de invertir en mejores defensorías, desde la década de los noventa, hemos desarrollado una poderosa, por lo menos presupuestalmente hablando, red de comisiones de derechos humanos, tanto la federal, como una por entidad federativa. Sólo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos costó en 2013 casi mil 400 millones de pesos.9 Hasta donde sabemos, junto con las comisiones estatales conforma la red de comisiones de derechos humanos más cara del mundo.
Hay que crear defensorías públicas que amplíen el acceso a la justicia de los muchos mexicanos que no cuentan con dinero ni recursos para pagar un abogado en al menos dos ámbitos: casos penales y violación de derechos humanos. Para ello hay que analizar la viabilidad de que las comisiones de derechos humanos se transformen en las defensorías públicas de nuestro país fusionando en la CNDH al Instituto Federal de la Defensoría Pública y replicar esto a nivel de las entidades federativas. Es posible que casos muy complejos, como han sido el de Atenco, Guardería ABC, San Fernando, etcétera, la Comisión deba retener su capacidad de investigación y de emitir recomendaciones. Sin embargo, este tipo de casos han sido máximo dos al año, la mayor parte de su esfuerzo debiera conducirse a proveer una defensoría legal gratuita de calidad para quien no puede pagar un buen abogado.
El punto central es que las comisiones de derechos humanos deben dejar de ser meros órganos que sólo declaran violaciones de los derechos humanos de quienes no tienen otro mecanismo de defensa y comiencen a ser instituciones cuya principal tarea sea garantizar el acceso a la justicia de quienes no cuentan con los recursos para contratar un abogado.
Las ventajas de usar las actuales comisiones de derechos humanos como las defensorías de oficio son muchas:
• Dado el alto presupuesto que ya tienen, el costo de crear o fusionar en ellas defensorías públicas disminuye sustancialmente. Sobre todo porque hoy las comisiones hacen tantas tareas, como dar cursos, publicar libros, que pueden ser eliminadas sin mayor costo para la sociedad.
• Las comisiones de derechos humanos son órganos constitucionales autónomos. Una defensoría pública digna de ese nombre necesita ser un órgano autónomo. Ello permite que ni el Judicial ni el Ejecutivo sean juez y parte.
• Las comisiones de derechos humanos son instituciones en donde laboran principalmente abogados, los cuales, es de suponer, tienen cierta vocación por la defensa de los más débiles. Es parecido el perfil profesionista que necesita una defensoría pública, por lo que son combinables.
No es fácil reformar instituciones con tanto peso político y presupuestal como las comisiones de derechos humanos. No sólo por la resistencia burocrática a cualquier cambio, sino porque detrás de todos eso cursos, libros y otros gastos análogos, hay una red de actores, desde académicos hasta ONG que ganan un apoyo presupuestal en su relación con la actual CNDH. Sin embargo, el retorno para la sociedad de una reforma como ésta es enorme: mecanismos de protección efectiva para los mexicanos más desprotegidos. Esto no sólo es de elemental justicia, sino ayudaría a mejorar la capacidad de gestión del Estado de la conflictividad social, lo cual es de primordial importancia para el desarrollo y prosperidad de nuestro país.
Ana Laura Magaloni
Profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
Carlos Elizondo Mayer-Serra
Profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE. Profesor visitante en la Escuela de Gobierno del ITESM, campus Santa Fe.
1 Los siguientes párrafos de esta sección parten de lo argumentado por Ana Laura Magaloni en su texto en Reforma, intitulado “Cambios en la CNDH”, aparecido el sábado 20 de septiembre del 2014.
2 Constitución de Suecia, capítulo 12, artículo 6.
3 Carlos Salinas de Gortari, México: un paso difícil a la modernidad, Plaza Janés, México, 2000, p. 329.
4 Ibíd., p. 330.
5 World Justice Project, “Rule of Law Index
2014”. Disponible en: http://bit.ly/10pFXj9
6 Citado en Antonio López Ugalde, ¿Continuidad o cambio en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? “http://www.newsweek.mx/index.php/articulo/11975#.VCDmqpRdX6W
7 “Recibe condecoración sin permiso”, Reforma, octubre 6, 2014, p. 1.
8 http://www.ifdp.cjf.gob.mx/informe/InformeAnual2012-2013.pdf
9 Véase: Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Avance físico-financiero por programa presupuestario al cuarto trimestre de 2013”, disponible en: http://bit.ly/1uIchKw. Según el Conapo, la estimación de habitan- tes para 2013 en México fue de 118’395,054 habitantes. http://bit.ly/1vFAqiR
Digno de análisis y consideración a profundidad por parte de la autoridad, la comunidad de expertos en DH y las víctimas de violaciones a los mismos.
En una parte estoy de acuerdo: las comisiones deben reformarse o reorientarse. Pero me parece que el artículo tiene dos fallas conceptuales. Una, medir a las comsiones con base en el número de recomendaciones versus presupuesto. Las comisiones, en efecto, hacen mucho mas que lanzar recomendaciones. No es les puede medir con una simple división presupuesto/recomendaciones. Creo que el tema es más complejo. Por otra, en la evaluación de la efectividad y el número de las recomendaciones falta un factor fundamental: ¿cuánto tiempo, esfuerzo y dinero cuesta emitir una recomendación? Son documentos técnico-jurídicos, algunos de cientos de páginas, en los cuales se fundamentan las observaciones a la autoridad. Son producto de una investigación jurídica y de campo que muchas veces tarda meses en elaborarse. Finalmente, encuentro atroz la frase “las comisiones hacen tantas tareas, como dar cursos, publicar libros, que pueden ser eliminadas sin mayor costo para la sociedad.” Los programas educativos que hacen algunas comisiones son una apuesta a una cultura de los derechos humanos, a largo plazo. El debate desde la perspectiva eficientista no me parece el más adecuado, sobre todo habiendo tantos aspectos en los cuales las comisiones de derechos humanos, efectivamente, requieren reformas urgentes. Un saludo atento desde Bonn.
Coincido con los comentarios de Enrique. Las recomendaciones, cuando son bien hechas, pueden marcar nuevas pautas en la actuación de las autoridades en el ámbito de los derechos humanos, y generar presión para que haya un mayor involucramiento del gobierno (en particular de los estatales) con las comisiones de derechos humanos, que derive en capacitación y una voluntad de cooperación que busquen prevenir las violaciones, más que repararlas.
Por otra parte, ¿cómo crear una cultura social de derechos humanos, si las principales herramientas de ‘culturización’, como son los cursos y la bibliografía básica sobre derechos humanos -que es lo que normalmente se publica-, se dejan de generar? Creo que incluso, una opción sería ampliar la distribución de dicho material para que pueda empezar a difundirse desde los niveles básicos de formación escolar. Si bien puede tratarse de cambios generacionales, es una mejor apuesta que dejar la creación de una cultura de derechos humanos a la voluntad individual o a quienes estudian derecho a nivel universitario.
De cualquier manera, muy interesante análisis. Saludos desde París.
Comparto la posición de los autores del texto. Sólo me gustaría agregar algunos comentarios, los cuales en su mayoría responden a mi experiencia personal. Soy egresado de la licenciatura en ciencia política por el Itam y recientemente tuve la oportunidad de hacer el servicio social en la comisión. Desde mi perspectiva podría asegurar que la hipótesis hecha sobre el perfil de los abogados que trabajan en la comisión es bastante cierta. Quizá por este motivo, entre ellos también es visible la inconformidad respecto a la manera como se resuelven algunos de los casos. En ese sentido, vincular a la red de comisiones con el proceso de impartición de justicia a través de la fusión con las defensorías públicas es una buena propuesta, en la medida en que se logren vincular a la investigación jurídica, la cual presumiblemente ya se hace en la red de comisiones, con los instrumentos jurídicos disponibles. Concuerdo, a diferencia de los otros comentarios hechos, con la idea de que las recomendaciones y las quejas sí son un buen indicador del trabajo de la comisión federal. Sin embargo, existe la posibilidad de formular una pregunta sobre el análisis del sentido de dicha afirmación. Como la descripción histórica recalca, la comisión fue creada como una organización política. Acentuar la relación entre los objetivos de la organización con la igualdad jurídica es fundamental. Sin embargo, por sí sola, como los autores rescatan, dicha vinculación no ofrece los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad de los instrumentos de política pública que caracterizan al funcionamiento de las comisiones. ¿Cómo entender la definición de los costos políticos asociados con la publicación de las recomendaciones? En este sentido, las recomendaciones, en la actualidad, deberían ser entendidas por su valor relativo en la distribución de información en la opinión pública. Sin menospreciar el valor explicativo de la proposición que resalta la calidad moral y el carisma. Considero que dicho elemento, tan importante en política, se debería subordinar a una explicación más general que reflexionara sobre la posición tan notoria con la cual goza, por lo menos, la comisión federal para la emisión de información. En este sentido, la legitimidad de la comisión descansa, en términos generales, en su capacidad para aportar información relacionada con eventos públicos de enorme relevancia. Sin embargo, si se analiza de manera abstracta la coordinación de esta dimensión política con el plano jurídico, ella depende de una interpretación relacionada con la sociología del derecho. Los ejemplos citados por los autores son válidos. Las recomendaciones observadas desde esta perspectiva se vuelven instrumentos muy particulares. Ellas no parecen coincidir con exactitud con las características de un documento legal promedio. En ellas se puede llegar a agrupar un número importante de testimonios –la principal evidencia empírica-, los cuales fueron expresados por diferentes personas, y en algunos casos, por hechos concretos que no necesariamente son los mismos. Tomando como ejemplo casos recientes (Michoacán, Guerrero, el Estado de México, etcétera), el cuestionamiento sobre la vinculación entre la calidad de vida de los ciudadanos con las acciones del Estado se vuelve una labor complicada que obliga a plantear un estudio científico amplio, el cual tendría como objetivo construir una argumentación que cumpla con las características de una descripción jurídica válida pero que se entienda desde el análisis de la distribución política de la información. Dicha información adquieren un valor histórico. Documentos en los cuales se reflexiona lo sucedido desde una posición particular, la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, analizar el trabajo de dichas organizaciones no es a priori un problema moral, sino uno que expresa la necesidad imperante por información, aquella que abone al objetivo de lograr hacer efectiva la igualdad de derechos entre los mexicanos.
Saludos y gracias,
Augusto