La izquierda mexicana es una izquierda implantada, poderosa, referente obligado de nuestra política. Gobierna y ha gobernado varios estados de la República, su presencia en el Congreso hace mucho tiempo que dejó de ser testimonial y sus diagnósticos, propuestas e iniciativas coadyuvan a modelar el espacio público. Sus dos grandes tareas —creo— son contribuir a asentar y profundizar nuestras rutinas democráticas e intentar generar políticas capaces de revertir las oceánicas desigualdades que modelan al país. A esos dos asuntos están dedicadas las siguientes notas. Pero antes permítanme una introducción de contexto.

En 2009 Ludolfo Paramio publicó un breve libro con un título demasiado sobrio: La socialdemocracia.1 En él ilustra, narra y analiza el cambio de paradigma que sufrieron las sociedades europeas en las postrimerías de la década de los setenta del siglo pasado y sus perturbadores efectos. Un tema que tuvo enorme reverberación en América Latina.

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Los “años dorados” de la segunda posguerra habían estado marcados por un “modelo de sociedad” hegemonizado por la socialdemocracia que intentó y logró conjugar de manera eficiente los valores de la libertad y de la equidad. Se trataba de construir una sociedad inclusiva, cohesionada, y ello sólo era posible reconociendo y apuntalando una serie de derechos sociales —la educación y la sanidad universales y un sistema de pensiones por jubilación— que acabarían construyendo el bien llamado Estado de bienestar. Se trató de un proceso en el que el principio de igualdad que preside todo régimen democrático impactó también a la economía y a la sociedad.

Sin desconocer que el “modelo” llegó a sus propios límites y generó una serie de dificultades (estancamiento con inflación), Paramio subrayaba que se produjo también un “cambio de valores entre las clases medias y las elites europeas” que alimentó “un ascenso imparable de la visión neoconservadora de la sociedad y la economía”. Escribió: “El modelo neoconservador se ha caracterizado durante tres décadas por promover el recorte de los impuestos, la reducción de los servicios públicos, el acoso a los sindicatos, y a lo que representan, y por impulsar la ilusión de que la prosperidad de todos depende de que los ricos aumenten sus ingresos…, y del acceso a través del mercado a los servicios que en el modelo socialdemócrata de sociedad constituyen servicios públicos universales. La desigualdad como principio de progreso social sustituye a la visión de una sociedad cohesionada, con buena calidad de vida para todos…”.

No obstante, sus resultados están a la vista. La crisis financiera que estalló en 2007-2008 y su preocupante secuela, aunada a la profundización de las desigualdades, parecían demandar un cambio de rumbo. “La ortodoxia pro mercado” demostraba no sólo sus límites, sino su carga disruptiva al forjar una sociedad polarizada, insolidaria, quebrada. “El estallido de la crisis ha hecho evidente la necesidad de volver a regular los mercados financieros…”, al tiempo que se revisen las políticas impositivas —sesgadas a favor de los que más tienen— y el apuntalamiento de los servicios públicos universales.

Adelantándose a Tony Judt, Paramio escribió: “La alternativa socialdemócrata pasa por resaltar el papel del Estado como regulador —para evitar el capitalismo de casino que ha conducido a la crisis actual—, por la protección social y la defensa de los ingresos de los trabajadores y por la inversión pública para mejorar las infraestructuras, la sanidad, la educación, como condiciones para el crecimiento de la prosperidad a mediano plazo. Por supuesto defendiendo también la tradición de tolerancia y las libertades individuales que la socialdemocracia ha heredado del liberalismo…”. Para ello era y es necesario volver a imaginar un “modelo” de vida en común.

Un año después apareció el libro de Tony Judt, Algo va mal.2 Un alegato para recuperar el espíritu de la socialdemocracia que fue capaz, luego de la Segunda Guerra Mundial, de edificar los Estados de bienestar. Se trataba de tomar nota y analizar las políticas que las remplazaron a partir de los años ochenta —neoliberales—, de la crisis de 2008, para intentar edificar una casa habitable para todos. Judt se centraba en la experiencia europea  (sobre todo la inglesa) y en la norteamericana, pero su ojo perspicaz puede ayudarnos a iluminar nuestra realidad.

¿Por qué recuperar la tradición socialdemócrata? Judt contesta: porque “comparte con los liberales la defensa de la tolerancia religiosa y cultural; pero en la política pública cree en la posibilidad y en las ventajas de la acción colectiva para el bien común… propugna la tributación progresiva a fin de financiar los servicios públicos y otros bienes sociales que los individuos no pueden conseguir por sí solos… [Lo que implica] un papel mayor para el Estado y el sector público”. Judt navegaba contra un cierto sentido común imperante por casi tres décadas que vio en la intervención estatal un mal y en el mercado una fórmula “natural” de regulación social. Ese “consenso” no sólo acarreó crecientes desigualdades, corrupción, “privilegios que ocluyen las arterias de la democracia”, sino que saltó por los aires con la aguda crisis de 2008, que puso en evidencia lo que el culto a la desregulación y a la pasividad del Estado podía generar.

“Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, las sociedades avanzadas de Occidente se volvieron cada vez menos desiguales. Gracias a la tributación progresiva, los subsidios del gobierno para los necesitados, la provisión de servicios sociales… las democracias modernas se estaban desprendiendo de sus extremos de riqueza y pobreza”. Pero a partir de los ochenta se empezó a arrojar esa tradición por la borda. Hoy la desigualdad se ha hecho de nuevo extrema y genera desconfianza, patologías sociales y una especie de individualismo que se repliega de la política buscando soluciones de carácter egoísta. Escribe: “Nuestros sentimientos morales se han corrompido. Nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales…”.

Judt, sin falsa nostalgia, pintaba un elocuente cuadro “del mundo que hemos perdido”. Luego de la devastadora Segunda Guerra, de la experiencia del fascismo y la expansión del comunismo en el este de Europa, decía, “casi todo el mundo temía las implicaciones de una vuelta al terror del pasado reciente y estaba dispuesto a limitar la libertad del mercado en nombre del interés público”. No sólo las izquierdas, sino incluso partidos de derecha compartían un cierto sentido común en la época. “A la clase media educada se le ofreció la misma asistencia social y servicios públicos que a la población trabajadora y a los pobres: educación gratuita, atención médica barata o gratuita, pensiones públicas y seguro de desempleo”. Se trataba de edificar un espacio inclusivo y para ello resultaba necesaria la regulación del mercado y la construcción de prestaciones universales. Y eso era imposible sin la intervención del Estado, sin una tributación progresiva y sin una idea de comunidad por construir.

Judt rastreaba las fuentes que debilitaron “el sentido de un propósito común” y pasaba revista a la emergencia de un nuevo ideario que se extendió con velocidad y que puede sintetizarse en la idea maniquea de que “el gobierno ya no era la solución, sino el problema”. Era necesario replegar e incluso mantener fuera de la vida económica al Estado y junto a esa noción avanzó un recetario: “la tributación alta inhibe el crecimiento y  la eficacia, la regulación gubernamental ahoga la iniciativa y el espíritu empresarial, cuanto más pequeño es  el Estado, más saludable es la sociedad”. Al final, un culto al mercado y a lo privado y la “pérdida de un  propósito social articulado a través de servicios públicos”, lo que construye sociedades escindidas, fragmentadas, insolidarias.

Judt llamaba a recuperar una cierta pulsión de causa común, a partir de “una conversación pública renovada”, que fuera capaz de poner en el centro de la atención pública los grandes y graves problemas del bienestar, la equidad, la exclusión, las oportunidades. Volver a la “cuestión social” y a preguntarnos “qué debe hacer el Estado para que las personas puedan vivir decentemente”. Pensar al Estado de nuevo, sus agendas, compromisos y fórmulas de intervención, porque no se trata de convertirlo en una entidad discrecional, opresiva, caprichosa.

No hay que ofertar futuros ideales, decía, sino “aspirar a corregir gradualmente unas circunstancias insatisfactorias”, desplegar una nueva política socialdemócrata “como compromiso entre objetivos radicales y tradiciones liberales”. Lástima que, como el propio Judt apuntaba, esa costumbre tiene escaso arraigo en América Latina.

México —creo— requiere construir su singular modelo socialdemócrata. Una corriente de ese signo parece tener sentido en medio de una inercia que es incapaz de desatar el crecimiento económico del país, de hacerse cargo y tratar de atemperar sus oceánicas desigualdades y de fortalecer a nuestra incipiente democracia.

Ahora sí, vuelvo a México. Hay que repetirlo: México fue capaz de construir una germinal democracia. Sí, construir, porque no se trató de una aparición, de una buena nueva, de un resultado de la mera inercia. Movilizaciones, debates, elaboraciones, reclamos, conflictos, fueron el motor de seis operaciones reformadoras en el lapso de 20 años (1977-1996), que abrieron las puertas para que corrientes político-ideológicas que no se encontraban representadas en el mundo institucional pudieran arribar a él, que desconstruyeron normas e instituciones y diseñaron nuevas de remplazo para ofrecer garantías de un manejo imparcial de los comicios, y que lograron edificar un piso más o menos equilibrado para que se reprodujeran las contiendas comiciales.

Germinal, porque la democracia entre nosotros  no tiene más de 20 años (para ser exactos 17). A pesar de que desde el añejo oficialismo se decía que México era un país democrático y de la incomprensión extendida del proceso de transición democrática, lo cierto es que las normas, las instituciones, los partidos y la correlación de fuerzas que la sostienen son una novedad relativa en México.

Y democracia, porque todos los síntomas de ese régimen de gobierno son fácilmente detectables: elecciones competidas, división de poderes, fenómenos de alternancia, pluralismo equilibrado en los órganos representativos, expansión de las libertades, y súmele usted.

No se trata del arribo a la tierra prometida, sino  apenas a un sistema de gobierno que permite la convivencia y la competencia institucional y pacífica de la  diversidad política que cruza y modela al país y del marco en el que los relevos de gobierno pueden hacerse sin el devastador y costoso expediente de la violencia (como lo decía Popper). Y vale la pena valorarlo,  porque hay demasiados indicios de que el aprecio por  la democracia no parece crecer sino decrecer (ello a pesar de que no exista ninguna corriente intelectual  o política arraigada que retóricamente no se diga comprometida con la reproducción de la democracia).

Entiendo que dos grandes retos tiene que afrontar la reproducción más o menos armónica de nuestra incipiente democracia: a) la de su gobernabilidad y b) la de un entorno social marcado por profundas desigualdades económicas y sociales, lo cual no sólo genera tensiones, sino desafecto —distancia crítica— hacia los instrumentos que hacen posible a la democracia (partidos, políticos, Parlamentos).

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El rasgo más sobresaliente de la política mexicana de los últimos años es la existencia de un pluralismo equilibrado en los órganos representativos. En particular en el Congreso, desde 1997 ningún partido (en singular) ha logrado contar con la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Diputados, y eso mismo pasa en el Senado desde el año 2000 (y así será por lo menos hasta el año 2018 en esta última Cámara). Es  la desembocadura más notoria y elocuente del proceso democratizador.

Es producto no del azar y tampoco solamente de las fórmulas de traducción de votos en escaños, sino de una sociedad masiva, compleja, pero sobre todo diferenciada que no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de una sola agrupación partidista. Por el contrario, una sociedad marcadamente desigual en la que palpitan diversos intereses, sensibilidades, ideologías  y prejuicios, encuentra —así sea de manera inexacta— en una pluralidad de partidos los referentes necesarios para identificarse o identificarse a medias. No se trata entonces de un fenómeno artificial, sino de la traducción de una sociedad diversa en una representación igualmente diversa.

Esa nueva realidad nos ha enseñado que en ese sentido la democracia puede tener la necesidad de afrontar los problemas de gobernabilidad que naturalmente surgen de la expresión y la representación de la pluralidad política. Y entendemos, por el momento, por gobernabilidad, la capacidad que tiene —o no— un gobierno para hacer prosperar sus iniciativas en el circuito de la representación. Es decir, estamos asumiendo el sentido más estrecho de la palabra.

La inexistencia de mayorías absolutas en ambas Cámaras hace tortuoso su funcionamiento y difíciles los acuerdos, y por ello surge la preocupación por cómo construir esa mayoría permanente que acompañe la gestión presidencial. Pero si la preocupación es legítima, algunas de las recetas que han circulado no lo son.

La fórmula para integrar la Cámara de Diputados incluso premia a la primera fuerza política hasta con un 8% más de asientos en relación a sus votos. Pero como desde hace seis legislaturas ningún partido ha logrado más del 42.2% de los sufragios, pues ninguno ha conseguido la tan deseada mayoría absoluta de representantes.

Esa situación contrasta vivamente (y para bien) con  las largas décadas de hegemonía de un solo partido. Recordemos que desde 1929, primero el PNR, luego el PRM y después el PRI, no sólo contaron con mayorías absolutas en las dos Cámaras, sino incluso con mayorías calificadas (más de dos terceras partes), y en el caso del Senado con el cien por ciento de los escaños. No fue sino hasta 1988 que el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados e ingresaron al Senado los primeros cuatro legisladores de la oposición.

Pero, ciertamente, el pluralismo equilibrado instalado en el Congreso hace más difícil la toma de decisiones.  El largo periodo de predominio de un solo partido acostumbró a muchos a ver al circuito legislativo como un mero trámite en donde la voluntad presidencial  era procesada con celeridad y sumisión. El presidente y su partido tenían los votos suficientes en el Congreso para hacer que sus iniciativas se aprobaran en forma expedita. Y ello cambió de manera radical a partir de 1997/2000. Desde entonces un solo partido no puede hacer su voluntad en el Congreso. Desde entonces fue necesario hablar, escuchar, negociar, acordar, si se quería sacar adelante cualquier iniciativa. Desde entonces resulta más tortuoso, lento, difícil, aprobar una reforma constitucional o legal, nombrar una comisión, establecer el orden del día, dar por buena la Ley de Ingresos u ofrecer vía franca al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y entonces surgió la añoranza. Una fuerte ola de opinión conservadora se desató. “El equilibrio de fuerzas complica demasiado la gobernabilidad”. “Así no se  puede. El Congreso es lento, incapaz, se encuentra atorado”. “Requerimos de una mayoría que haga eficiente la gestión de las Cámaras”. “Que el que gane, gane, y pueda realizar su proyecto sin estorbosos obstáculos”. Y esa corriente desencantada, presurosa y nostálgica, empezó a idear y a proponer fórmulas para transformar a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños. Total, en aras de la eficiencia y la velocidad, la ley podía retocar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y concederle a quien más votos obtuviera (digamos el 38%) la mayoría absoluta de los asientos (por lo menos el 50% más uno). No importaba que con ello se trastocara la “voluntad popular”, no importaba que como por arte de magia una minoría (la más grande) se convirtiera en mayoría y el conjunto de las minorías que sumaban la mayoría de los votos se volvieran en conjunto minoría, de lo que se trataba era de inyectar eficiencia, eficacia, rapidez, agilidad, a un Congreso trabado.

No se trataba de una reacción marginal. Concurrieron académicos destacados, periodistas serios, e incluso el actual presidente de la República se hizo eco de esa aspiración restauradora. Y no faltaron las fórmulas ingeniosas: reintroducir una “cláusula de gobernabilidad”; permitir que el porcentaje de votos totales se pudiera aplicar en la pista plurinominal sin tomar en cuenta el número de escaños alcanzados en la uninominal; suprimir o reducir el número de diputados plurinominales. En fin, fórmulas para construir una mayoría artificial hay muchas y variadas.

Para bien, la firma del Pacto por México, entre muchas otras cosas, nos dice que la ruta puede y debe ser otra. La forja de una mayoría fruto de las artes de la política. Ni exorcismos ni magia; política. Porque si ninguna fuerza tiene la mayoría, lo conveniente y lo pertinente es formarla a través de la negociación y el acuerdo. Porque, en efecto, las artes de la política pueden trascender incluso malos diseños institucionales.

Ha llegado el momento de preguntarse y discutir con seriedad si la fórmula de gobierno que consagra nuestra Constitución (un régimen presidencial) es la mejor y la más armónica dada la existencia de un pluralismo equilibrado que por fortuna ningún exorcista podrá conjurar.

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La fórmula presidencial supone que el Congreso y el titular del Ejecutivo emergen de procesos electorales independientes aunque se celebren el mismo día. De tal suerte que resulta natural un gobierno de minoría; es decir, un presidente que no tenga el respaldo suficiente en el Congreso. El supuesto de un régimen parlamentario es que el gobierno surge del Parlamento, y cuando un solo partido tiene los asientos necesarios como para aprobar dicho gobierno, debe y puede hacerlo construyendo un gobierno monocolor. Pero cuando ninguna fuerza política tiene dichos asientos lo natural, lo conveniente y lo políticamente sensato es la edificación de un gobierno de coalición que esté respaldado por una mayoría de legisladores. Esas coaliciones suelen acordar un programa de gobierno, una agenda legislativa y un “gabinete”. Vale la pena pensarlo.

Si la democracia tiene dos caras, hemos avanzado mucho en una y —casi— nada en otra. Me explico. Como Jano, la vieja divinidad romana,  la democracia mira en dos direcciones opuestas:  debe ser expresiva de la diversidad de opciones, ideologías, sensibilidades, intereses que cohabitan en una sociedad, y debe generar un orden para garantizar los derechos de todos y no quedar sujeta a la ley del más fuerte. Se trata de dos caras que viven en tensión, no fácilmente reconciliables, porque ponen en acto valores enfrentados: el ejercicio de las libertades, una, y el  límite a dicho ejercicio para preservar los derechos  de terceros, la otra. Libertad sin orden, ya se sabe,  puede generar anarquía y orden sin libertad es sinónimo de dictadura. Por ello, la democracia (dicen los  libros de texto) supone un orden donde puedan expresarse libremente las distintas nociones, ideas y proyectos, en el entendido que todas ellas son parte de un todo mayor que las protege y exige respeto para los otros.

Recordé aquella idea de Arthur Koestler de que cada individuo, familia, tribu, sociedad, Estado, porta al mismo tiempo una “tendencia integradora” y una “tendencia autoafirmadora”. Cada uno de esos eslabones (los llamaba “holones” a todos, porque eran al mismo tiempo un todo y una parte de un sistema mayor) necesita y quiere preservar su individualidad y al mismo tiempo requiere ser y es parte de un todo mayor. “La tendencia autoafirmadora constituye la expresión dinámica de su carácter de todo, mientras que la tendencia integradora lo es de su condición de parte”. Se trata de que “cada parte debe afirmar su personalidad… pero al mismo tiempo, la parte ha de someterse a las exigencias del todo”. Suponía él que esos dos resortes tienen que mantener un cierto equilibrio, bueno para el conjunto  y bueno para la fracción. Si ello no sucedía se multiplicaban las “patologías”.3

 Pues bien, en nuestra germinal democracia no son pocos los que quieren “afirmar su personalidad” asumiéndose como un “todo”, sin tomar en cuenta que  al mismo tiempo son sólo “una parte” de un todo mayor que reclama una cierta y necesaria “integración” de esa parte. Me temo, sin embargo, que se requiere algo más que llamados a la buena conducta para construir ese equilibrio virtuoso entre las tendencias de “autoafirmación” y de “integración”, entre los intereses y exigencias propias y los del conjunto.

Jano, dice Arthur Cotterell, no sólo veía en direcciones distintas sino también hacia el pasado y el futuro al mismo tiempo.4 Luego de la brutal represión a la marcha estudiantil del 10 de junio de 1971 pasaron dos o tres años antes de que en el Distrito Federal se pudiera realizar una nueva manifestación independiente. El Zócalo y las calles de la ciudad estaban reservados única y exclusivamente a concentraciones del oficialismo. El espacio público sólo podía ser usufructuado por aquellos que quisieran agradecer algo al presidente, refrendar su lealtad a las instituciones, apoyar el esfuerzo del gobierno. 40 años después, las libertades se han ampliado, extendido, multiplicado. En la capital y los estados se realizan marchas, mítines, concentraciones, acompañadas de unas más dilatadas libertades de expresión, de prensa, de asociación. Hemos, como sociedad, creado y robustecido la cara expresiva de la democracia. Basta abrir cualquier periódico al azar para enterarse de reclamos distintos, movilizaciones de todo tipo, acusaciones, ocurrencias y proclamas, amenazas y propuestas. Cada individuo, grupo, asociación, se reafirma, se expresa, demanda, exige. En buena hora.

La otra cara del asunto es que la democracia presuntamente también es un orden. Un marco que protege el ejercicio de las libertades, entendiendo que las mismas tienen un límite cuando se topan con los derechos de los otros. Supone que las partes que conviven y compiten bajo su manto tienen el derecho de “afirmarse” pero a condición de que acepten que no se encuentran solas en el escenario y que los otros merecen no sólo respeto sino consideración. El marco normativo, la estructura del Estado, las garantías de las personas, se suponen diseñados para armonizar los derechos individuales y sociales con la reproducción de la compleja vida en sociedad. Pues bien, en esa dimensión nuestros déficits están a la vista.

Como si fuera Jano veo hacia el pasado y observo mucho orden y escasa libertad, lo que puso en acto un fuerte reclamo democratizador; oteo el futuro y espero que el péndulo no llegue al otro extremo, porque ya se escuchan voces que suspiran por regresar al orden “a como dé lugar”. Si mal no entiendo, tenemos entonces como país (no sólo el Estado, no sólo la sociedad) un  reto de esos que se dicen de época: establecer un equilibrio entre libertades y respeto a los derechos de terceros, y creo que a eso se le llama orden democrático. Es sencillo decirlo, está más que complicado construirlo.

Pero la democracia, como ya lo apuntaba el PNUD desde el año 2005, se reproduce en medio de agudas tensiones, fruto de la pobreza circundante. Los datos agregados más sobresalientes del siempre relevante “análisis y medición de la pobreza” que cada dos años presenta el Coneval son que la población en situación de pobreza pasó de 2010 a 2012 del 46.1% de la población al 45.5% (una disminución minúscula en términos relativos) y de 52.8 millones de personas a 53.3 (un incremento “pequeño” en términos absolutos). También que la población en situación de pobreza extrema disminuyó un poquito en cifras absolutas y relativas (del 11.3% al 9.8%; y de 13 millones a 11.5), y que tanto porcentual como en números absolutos aumentó “la pobreza moderada” (del 34.8% al 35.7%; y de 39.8 millones a 41.8). El informe permite detectar las oscilaciones en los diferentes estados e incluye innovaciones como la situación de las personas con alguna discapacidad física o mental, y debería ser un insumo obligado para políticos, académicos, periodistas e incluso para el “hombre de la calle”. Pero como bien dijo el secretario de Hacienda en su momento, si el campo de visión se abre a los últimos 20 años, aparece una “inamovilidad” de los niveles de pobreza que debería ser el eje de una preocupación multiplicada que diera paso a un conjunto de políticas capaces de revertir tan drástico escenario. Cierto que las dos grandes crisis económicas (1994-1995, 2008) mucho pueden explicar, cierto que la falta de crecimiento económico es otra “variable” que influye de manera significativa, cierto que la situación podría ser peor sin la existencia de “los programas de transferencias condicionadas… y de otros programas sociales”, pero la pobreza que sella la vida de casi la mitad de la población está ahí y es la que dibuja lo que somos como sociedad. Un esperpento impresentable.

La oceánica pobreza resulta más ofensiva porque está acompañada de tres agravantes: a) la desigualdad, b) la indiferencia y c) la defensa de privilegios.

a) Somos una sociedad profundamente desigual. Recuerdo otra vez la sentencia del PNUD en el año 2005 que decía que si bien América Latina no era el continente más pobre (esa triste situación la vivía África), sí éramos el continente más desigual. Coexisten entre nosotros dos, tres o cuatro “Méxicos” diferentes. No se requiere ser un especialista sino simplemente salir a las calles, pasear por los caminos del país, asomarse al norte y al sur, para constatar que no somos una sociedad, sino múltiples sobrepuestas que difícilmente se identifican unas con otras. Los niveles de desigualdad son tales que resulta casi imposible (salvo desde la demagogia o quizá desde los deportes o desde algunas de las manifestaciones culturales) referirse a un nosotros inclusivo. Y la pobreza en contraste con la riqueza, con la concentración de la misma, se vuelve (o debería volverse) más escandalosa.

b) El Informe de Coneval además de sus virtudes intrínsecas tiene una derivada. Durante dos, tres o cuatro días los diarios, las radiodifusoras y la televisión hablan sobre la pobreza y la documentan. No está mal. Pero una vez más, con el lento paso de los días, el tema vuelve a evaporarse, a disolverse lentamente en medio del ruido ambiental. Lo que debería ser un asunto estelar y permanente de la política mexicana, una discusión seria y extensa sobre los resultados que se publicitan, motivo de seguimiento y preocupación, plataforma para remar contra lo que quizá sea el rasgo más preocupante de la realidad nacional, una vez más fue flor de un día. Somos —como sociedad y como sociedad política— insensibles. No existen los resortes necesarios para activar voluntades colectivas, políticas de gobierno ambiciosas, iniciativas de organizaciones no gubernamentales. Lo cierto es que la medición de la evolución de la pobreza por parte del Coneval no produce los ecos permanentes que debería. Quizá la razón más profunda sea que la desigualdad es ancestral. No se inventó ayer ni antier. Las décadas y los siglos pasan y parece inconmovible. Y por supuesto nos hemos acostumbrado. No conmueve, no indigna, no moviliza.

c) La pobreza, además, no sería tan agresiva si no se reprodujera en un mar de privilegios que no se asumen como tales. Apenas se anunció una eventual reforma fiscal que podía gravar más a quienes más tienen y saltó la “alerta por golpe del ISR a la economía” (cabeza de primera plana de Reforma, 28 de julio de 2013). ¿Qué se encontraba bajo ese título? La advertencia de un senador del PAN de que “elevar la tasa del ISR a las personas de mayores ingresos puede… afectar gravemente la actividad económica…”. Ya se conocen los argumentos cansinos y recurrentes: primero hay que ampliar la base de los contribuyentes, ajustar el aparato y el gasto públicos, eliminar la corrupción, o lo que usted guste y mande, pero que los que más tienen más contribuyan (en términos absolutos, por supuesto, pero también relativos) eso sí que no. Los pobres pueden ser 53.3 millones, pero nadie está dispuesto a renunciar a sus privilegios.

El problema para la reproducción de la democracia  es que esos 53.3 millones de personas tendencialmente no sólo guardan una distancia crítica en relación a  la democracia, sino que difícilmente pueden convertirse en ciudadanos dignos de ese nombre. Porque la noción de ciudadanía supone sujetos capaces de apropiarse  y ejercer sus derechos y para ello es necesaria una  base mínima de satisfactores materiales y bienes culturales de los que “normalmente” los más pobres están excluidos. Recuérdese a Guillermo O’Donnell y su caracterización de las democracias latinoamericanas como democracias de baja intensidad y más bien delegativas.

Para intentar revertir la pobreza y atemperar las desigualdades estamos obligados a repensar y revalorar lo público. Permítanme un ejemplo que creo elocuente. El automóvil fue un gran invento y es hoy expresión de modernidad. Aceleró el transporte, multiplicó los grados de libertad de las personas, fortaleció el individualismo. Intentar erradicarlo sería una tontería. Pero su propio éxito, su multiplicación acelerada, ha generado un enorme cuello de botella: lo que ofreció velocidad y eficiencia hoy entrega lentitud y neurosis. De tal suerte que su expansión no puede ser hacia el “infinito” porque acaba saturando las vialidades y taponando la comunicación. En cualquier ciudad que se respete la apuesta fundamental es por un servicio de transporte público. Y si éste funciona de manera correcta, puntual, eficiente; si sus operadores son respetuosos, sus interiores limpios, sus lugares de abordaje accesibles, los camiones, los vagones del metro, los trenes, se convierten en espacios de encuentro y coexistencia de los miembros de una sociedad. Si por el contrario, el transporte público es abandonado, si no se le proporcionan los insumos necesarios para su modernización, si las unidades se encuentran descuidadas, si sus conductores están subcapacitados, entonces las fórmulas de transporte se acabarán escindiendo: de un lado quienes cuenten con recursos suficientes utilizarán sus propios carros y los pobres estarán condenados a utilizar un medio de transporte colectivo indigno.

El transporte acaba así escindiendo más a una sociedad de por si escindida. No es la causa de esa escisión, pero contribuye a perpetuarla. No es una historia lejana, transcurre ante nuestros ojos, pero vale la pena reparar en ella porque expresa de manera elocuente la importancia social que tiene el reforzamiento de los espacios e instituciones públicos. Si los instrumentos que cada individuo pueda allegarse van a definir las relaciones sociales, cosecharemos espacios polarizados; y si por el contrario, somos capaces de construir instituciones donde converja la inmensa mayoría de los ciudadanos, entonces quizá contemos con una sociedad medianamente integrada, con un sentido de inclusión, capaz de edificar un nosotros que nos abarque a todos.

Quizá los dos circuitos fundamentales para lograr eso sean la educación y la salud. Sistemas públicos universales y de calidad en esas materias ayudan a construir un piso común, un sentido de pertenencia. No hablo de suprimir a las instituciones privadas que en mucho pueden contribuir en esos terrenos, pero lo fundamental —por ser lo elemental— sería la edificación de sólidos sistemas universales públicos.

El fortalecimiento de nuestra incipiente democracia pasa hoy por la necesidad de construir un contexto socioeconómico que la sostenga. La promesa de igualdad que pone en acto la democracia requiere expandirse hasta construir una sociedad en la cual los derechos  —de manera subrayada los sociales— sean ejercidos y no sólo proclamados. Una sociedad donde las desigualdades no sean lo abismales que hoy son, una convivencia que permita la edificación de un “nosotros” incluyente, una economía en crecimiento que reparta sus frutos de manera equilibrada, serán, quizá, los mejores soportes para una reproducción medianamente armónica no sólo de la democracia, sino de la vida social toda.

José Woldenberg

Escritor y ensayista. Su más reciente libro es Violencia y política. 1994. Lo que entonces fue crónica hoy es noticia.

“La izquierda que llegó para quedarse” fue leído en el Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática, celebrado en la ciudad de México los días 28 y 29 de abril de 2014.


1 Catarata, Madrid.

2 Taurus, 2010.

3 Jano, Debate, Madrid, 1981.

4 Diccionario de mitología universal, Ariel, 1992.

 

6 comentarios en “La izquierda que llegó para quedarse

  1. Excelente artículo, pero el final no me parece igual de sólido que el argumento. La pregunta obligada es ¿cómo lograr una economía en crecimiento que reparta sus frutos de manera equilibrada? ¿No contradice la tesis que ha demostrado que una economía en crecimiento no necesariamente se desparrama al resto de la sociedad sin privilegios sino que más bien aumenta las desigualdades?

  2. Excelente reflexión, pero lamentablemente hay una parte de la izquierda que se ve como un todo asimisma, no como parte de éste. Y si no es su proyecto de país el que pueda ser Gobierno no está dispuesta a negociar o a concretar coaliciones para gobernar.

  3. Excelente reflexión, pero lamentablemente hay una parte de la izquierda que se ve como un todo así misma, no como parte de éste. Y si no es su proyecto de país el que pueda ser Gobierno no está dispuesta a negociar o a concretar coaliciones para gobernar. Condenándose así a ser marginal en las decisiones y un muy grave freno a cambios.

  4. Este artículo es de eso que recuerdan que la fama de un académico es inversamente proporcional a la novedad y atractivo de lo que dice.

    Está bien triste cómo Woldenberg se dedica a decir de todo (lugares comunes, cosas bien sabidas y hasta el enamoramiento de los académicos ruquitos por el parlamentarismo) y al final no dice nada. Yo creo que es un ensayo muy mal armado que no lleva a ninguna conclusión ni aporta ideas nuevas o útiles para quienes tienen un interés en discutir lo que debe ser la izquierda.

    Por favor sean más estrictos con lo que publican. Este ensayo no se lo aceptaría ningún profesor a un alumno universitario; no sean ustedes indulgentes sólo porque el autor es famoso.

  5. Primero se tendría que analizar si la “izquierda” que se quedó con el poder y los recursos de los partidos en México, que se dicen de izquierda, son representativos de esa corriente, la izquierda militante se encuentra sin representación en las cámaras, por lo tanto no si esa “izquierda” llegó para quedarse, esta usurpando un lugar que no le corresponde y los intereses de las clases mas desprotegidas se encuentran sin voz y voto en los acuerdos pactistas de los partidos enclaustrados en las camaras.

  6. Excelente reflexion, aun asi prefiero el libertarianismo, entre menos estado y mas sociedad civil , mejor.