Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra prohibición significa “acción y efecto de prohibir”; a su vez, la palabra prohibir significa “vedar o impedir el uso o ejecución de algo”. Las políticas para enfrentar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas han estado dominadas durante muchas décadas por posturas estrictamente prohibicionistas; es decir, por políticas que abogan por restringir o impedir la producción, tráfico, comercialización y consumo de estas sustancias. Sin embargo, lo que es más importante, la prohibición se ha operado bajo la amenaza de que quien incumpla la norma será castigado con herramientas penales, como el arresto, la judicialización y la prisión, o el decomiso y destrucción de las drogas incautadas o de los insumos químicos y otros elementos que se utilizan para producirlas y comercializarlas. Más allá de una definición gramatical o incluso operativa de la prohibición, vale la pena preguntarnos qué significa la prohibición desde un punto de vista de economía política internacional.

Vamos por partes. Por un lado, bajo un mercado completamente legal de sustancias psicoactivas, es decir, si todas las actividades asociadas a la producción y comercialización de estas sustancias fuera legal, los costos del llamado “problema de las drogas” tendrían que ser cubiertos por los países que son primordialmente consumidores. En particular, me refiero a los costos económicos, sociales y de salud asociados al consumo de drogas, como las pérdidas de productividad relacionadas con el hecho de tener una parte de la población padeciendo de un consumo problemático y dependiente de sustancias psicoactivas, a los problemas de salud ocasionados por el consumo de drogas y al correspondiente costo fiscal de atender a los usuarios por medio de los sistemas públicos de salud, entre otros.

Prohibición

Por otro lado, con un mercado prohibido en todas sus partes, en donde se intenta impedir, restringir y evitar que se produzcan, distribuyan y consuman sustancias psicoactivas, los países consumidores transfieren una parte importante de los costos de los problemas asociados al consumo de drogas a aquellos países en donde estas sustancias son producidas y por donde transitan para llegar a su destino final en las ciudades de los países consumidores. En otras palabras, con la prohibición los países que en un mercado legalizado pagarían los costos de estos problemas transfieren parte de estos costos, mediante los mecanismos que refrendan la prohibición, como las convenciones de Naciones Unidas, a los países productores y de tránsito. Me explico: con la imposición de restricciones e impedimentos a la producción y comercialización de sustancias psicoactivas, los países productores y de tránsito se ven obligados a implementar lo que se conoce como políticas de reducción de oferta (erradicación de cultivos ilícitos, políticas de interdicción, persecución a los líderes y miembros de los cárteles del narcotráfico, etcétera), con lo cual, supuestamente, se busca reducir los flujos de drogas hacia los países consumidores y que las drogas que logren evadir los controles y llegar a su destino final tengan precios más elevados. Con menos oferta de drogas y con precios más elevados, ¡bingo!, el consumo de estas sustancias debería disminuir y, asimismo, los costos que tienen que pagar los países consumidores. En resumen, desde un punto de vista de economía política internacional la prohibición no es otra cosa que la transferencia de una parte muy importante de los costos del “problema de las drogas” de los países consumidores a los países productores.

En teoría, al menos, la prohibición suena como una opción razonable, y no debería sorprendernos que los principales países consumidores les den a los países productores y de tránsito subsidios y ayuda financiera y en especie para que implementen políticas de reducción de oferta tales como el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida o los programas de erradicación de cultivos que se ponen en marcha en Afganistán. En últimas, se trata de unos países compensando a otros por haberles transferido una parte importante de los costos de su problema de consumo de drogas.

¿Qué falló entonces con el prohibicionismo, si éste sonaba como una política tan razonable (en teoría)? A mi juicio, fallaron tres pilares en los que se basaba la “teoría de la prohibición”. De nuevo, vamos por partes. Primero, la teoría de la prohibición suponía que si se invertían sumas de dinero suficientemente grandes en programas de reducción de oferta se iba a lograr restringir o, por lo menos, “controlar” el flujo de drogas hacia los países consumidores. Sin embargo, la evidencia disponible demuestra que son pocos los casos exitosos en la lucha contra el narcotráfico en países productores y de tránsito, y que los pocos que lo son no acaban permanentemente con el fenómeno sino que lo desplazan a otras regiones. Durante los últimos años se han invertido grandes cantidades de recursos en la región andina en políticas de reducción de oferta, con pocos resultados visibles a nivel regional. Por ejemplo, los éxitos recientes de Colombia, producto del cambio de énfasis en las políticas antidroga en 2008, los cuales disminuyeron el énfasis en atacar los cultivos y aumentaron los recursos y esfuerzos destinados a la interdicción, hicieron que parte de los cultivos se devolviera a Perú y Bolivia, los laboratorios se trasladaran a Ecuador y Venezuela y la base de operaciones de los cárteles del narcotráfico a México y Centroamérica. La experiencia muestra que cuando un país es (localmente) exitoso en la lucha contra el narcotráfico, lo cual es la excepción más que la regla, las actividades de producción y tráfico de drogas se trasladan a otros países en donde encuentran ambientes más favorables. En muchos casos, sin embargo, las políticas implementadas para reducir la oferta no tienen éxito, ni siquiera en el ámbito local.* Éste es el caso, por ejemplo, de la aspersión aérea de cultivos ilícitos, política en la que se han invertido grandes sumas de dinero y se han sacrificado vidas humanas y el medio ambiente con resultados casi nulos a nivel local. En resumen, llevamos ya varias décadas pasando el problema de un país a otro, con pocos resultados en el ámbito regional.

El segundo pilar fundamental de la teoría del prohibicionismo que falló tiene que ver con que ésta probablemente subestimó los costos colaterales que iban a tener que enfrentar los países productores y de tránsito que se embarcaran en una guerra frontal contra el narcotráfico. Hay recordar los más de 60 mil homicidios en los últimos seis o siete años en México; o la tasa de homicidios de 420 por cada 100 mil habitantes que tuvo Medellín en 1993 durante el pico máximo de la guerra frontal del Estado colombiano contra el Cártel de Medellín; o las atrocidades cometidas en Colombia por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, como las FARC y los paramilitares. La lista de los costos asociados a la criminalidad y violencia producto de la guerra contra el narcotráfico es interminable pero, desafortunadamente, ésta no es la única dimensión de los costos que han tenido que pagar dichos países. Probablemente menos visible y cruda, pero también muy importante para el desarrollo de los países, es la corrupción a todo nivel que ha generado el negocio del narcotráfico. El narcotráfico ha financiado campañas políticas, comprado medios de comunicación, financiado a políticos de turno y ha corrompido hasta los rincones más recónditos de la sociedad (incluyendo reinados de belleza y equipos de futbol, los dos grandes hobbies de los narcotraficantes latinoamericanos). Los costos de la violencia, la criminalidad y la corrupción son muy difíciles de cuantificar, pero sin lugar a dudas para países como México, Colombia, y muy seguramente para Afganistán y África Occidental, alcanzan varios puntos de su producto interno bruto y disminuyen en una fracción no despreciable la tasa de crecimiento económico de largo plazo de estas economías.

El tercer pilar de la teoría de la prohibición que comenzó a fallar más recientemente es el supuesto según el cual los países productores y de tránsito de la región iban a continuar hipotecando sus intereses de seguridad y estabilidad institucional a cambio de 400 o 500 millones de dólares en subsidios para la lucha contra el narcotráfico. Cada vez más los países de la región comienzan a darse cuenta de que la financiación que reciben de gobiernos de países consumidores, especialmente de Estados Unidos, para ayudar a financiar las políticas de reducción de oferta están lejos de compensar los costos que tienen que afrontar por embarcarse en una guerra frontal contra el narcotráfico y los cárteles de la droga. No sin razón, algunos países como Colombia han entendido que, para tener el control de las políticas que se ponen en marcha, deben comenzar un proceso de nacionalización de los gastos de la guerra contra el narcotráfico. Esto no quiere decir que toda la ayuda que los países de la región reciben del gobierno de Estados Unidos haga que los intereses de seguridad nacional se vean hipotecados a los intereses de un tercero, pero sin lugar a dudas les resta espacio de decisión e independencia para decidir cuáles políticas resultan más eficaces y menos costosas para sus intereses (y no necesariamente para los de Estados Unidos). Tal es el caso, por ejemplo, de la aspersión aérea de cultivos ilícitos con herbicidas en Colombia, en donde una parte no despreciable de la ayuda estadunidense bajo el Plan Colombia se ha dado en aviones para llevar a cabo estas campañas, los herbicidas requeridos y la contratación de contratistas (estadunidenses) para ponerlas en marcha. No es de sorprender, entonces, que desde que comenzó a disminuir la ayuda de Estados Unidos al Plan Colombia hace unos años, también haya comenzado a disminuir el número de hectáreas asperjadas con herbicidas.

Éstas son las tres razones por las cuales, a mi juicio, varios líderes de la región y algunos presidentes en ejercicio han pedido de manera respetuosa pero urgente un debate acerca de qué ha funcionado, qué no y a qué costo en materia de políticas antidroga. Después de todo, la política sobre droga, como cualquier otra política pública, debe ser juzgada por sus resultados y no por sus intenciones, y aunque en teoría la prohibición suena como una alternativa razonable, la evidencia disponible es clara en señalar los altos costos y la poca eficacia de muchas de las políticas que hasta ahora se han implementado. n

 

Daniel Mejía. Profesor asociado y director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes.

 

* Varios estudios académicos e independientes muestran que la aspersión aérea de cultivos ilícitos es una política muy ineficaz y costosa, mientras que otros muestran que, por lo menos a nivel local, las políticas de interdicción, que se enfocan en los eslabones más importantes de la cadena de producción, son mucho más eficientes, no sólo en reducir la cantidad de droga exportada, sino también los cultivos ilícitos.