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Es el periodo en el que las visitas, las llamadas, las peticiones, las gestiones, dejan de hacerse en Los Pinos y se trasladan a donde sea que el presidente electo haya instalado su cuartel de la transición. Los cortejos al presidente constitucional prácticamente desaparecen y la seducción se enfila a quien será el nuevo mandatario.

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Curioso que no se haya planteado seriamente una sencilla y recomendable reforma constitucional que reduzca el intervalo entre el día en que se elige a un nuevo presidente y el que está en funciones termina su periodo. En el caso de México ese intervalo o interregno es el más largo de todas las democracias: cinco meses o 153 días.

En América Latina el país con el interregno más reducido es Bolivia con 35 días, y el promedio, sin contar a México, de 68. Estados Unidos tenía —algunos dicen que sigue teniendo— el mismo problema. En 1933 reformaron la Constitución para fijar la toma de posesión el 20 de enero en lugar del 4 de marzo. Redujeron así el interregno de aproximadamente cuatro meses a dos meses y medio. Lo hicieron para precisamente acortar ese periodo en el que el presidente se convierte en un lame-duck, un presidente con la investidura y los poderes formales pero que ya no puede actuar con toda la autoridad propia del cargo (ver cuadro).

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Detrás de la Enmienda 20 que modificó también la fecha de inauguración de la recién electa legislatura, estaba el razonamiento de que un Congreso y un presidente lame-duck no tenían ni el tiempo, ni el liderazgo, ni la motivación, ni el mandato para resolver posibles problemas que enfrentara la nación una vez ocurridas las elecciones, pero antes de la toma de posesión.

Entre otros ejemplos dramáticos pueden citarse los de Abraham Lincoln en 1861 y Franklin D. Roosevelt en 1933, ambos con sus respectivos Congresos. Los presidentes y sus legislaturas, electos a principios de noviembre pero obligados a esperar hasta el 4 de marzo del siguiente año para entrar en funciones, estaban imposibilitados para atender con eficacia los desafíos que planteaban, en un caso la secesión de los estados del sur y, en el otro, la Gran Depresión.

Un ejemplo de menor monta y trascendencia pero revelador de la libertad en que puede sentirse un presidente saliente es el caso de Bill Clinton, quien en el último día de su mandato concedió el perdón, la clemencia presidencial, a distintos colegas, miembros del Partido Demócrata, contribuyentes y donantes a su gobierno. Y también a su medio hermano que purgaba una condena en la cárcel por un asunto de drogas (BBC News 22/2/2001).
      
El vacío de poder de los interregnos implica riesgos importantes. El primero de ellos es que, pasadas las elecciones, el presidente saliente no tiene nada que perder. Se puede dar el lujo de conducirse sin pensar en los costos electorales, políticos o económicos que acarreen sus acciones y sin pagar por ellos. Es libre de comportarse de manera irresponsable tomando decisiones que pueden resultar desde “populistas”, para ser recordado como un presidente popular, hasta “sectarias”, como otorgar privilegios a un cierto sector. El límite es, desde luego, la legalidad pero, ya se sabe, en este país la legalidad cuenta poco y la ilegalidad cuesta poco.

Conductas irresponsables de presidentes que van de salida, hay montones en la historia de México. Vienen a la mente casos como la expropiación de casi 100 mil hectáreas del Valle del Yaqui y el Mayo en Sonora el 19 de noviembre de 1976 a sólo 11 días de que expirara la administración de Echeverría.

O la nacionalización bancaria el 1 de septiembre de 1982 con un presidente electo que tuvo que asumir las consecuencias de una medida tan trascendental. Tampoco puede olvidarse el tránsito de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo. El dilema era devaluar antes de la transmisión de la banda presidencial y dejar en la memoria colectiva que el último acto de tu administración fue la devaluación del peso o “sacrificar tu reputación” en aras de evitar un mal mayor.

El segundo riesgo es el de una larga parálisis tanto legislativa como administrativa. La nueva legislatura se estrena el 1 de septiembre y su composición puede ser adversa al presidente saliente, sobre todo si hay alternancia. Los legisladores no tienen incentivos para legislar iniciativas que provengan de un ejecutivo que ya no manda y prefieren esperar el liderazgo del nuevo presidente. El primer periodo de las legislaturas entrantes cuando hay cambio de gobierno suele ser de los más improductivos, reduciéndose prácticamente a la discusión y aprobación del presupuesto federal. Algo semejante pasa en la burocracia donde se instalan una de dos conductas: el “ya para qué” o el “vamos a aprovecharnos del puesto” pues mañana estaré fuera del presupuesto. Una especie de año de Hidalgo recortado. La maquinaria gubernamental entra en una especie de impasse.

Finalmente, está el riesgo de acontecimientos de alta conflictividad social que deben ser resueltos por un presidente cuyo mandato está por expirar pero que cuya resolución afectará definitivamente al siguiente gobierno.

Sucesos de este tipo abundan también en la historia de México, aun en la larga época en la que no había alternancia pero en la que salía un grupo de poder de la familia revolucionaria para dar paso a otro. Por ejemplo, en la era del PRI, el movimiento ferrocarrilero de 1958 y el de los médicos en 1964. Pero también el de la APPO en Oaxaca en octubre de 2006. Las decisiones las tomaron los presidentes salientes (Ruiz Cortines, López Mateos y Fox) pero las secuelas las tuvieron que asumir los presidentes entrantes.

150 días hay entre el día en que sea electo el nuevo presidente de México y el día en que el presidente Calderón le entregue la banda presidencial. 150 días de parálisis y agonía o de activismo sin implicaciones personales pero con consecuencias para todos los demás. 150 días para cubrirse de gloria o para que pague el de atrás.
¿No valdría la pena recortar ese periodo? Privarnos de posibles acciones gloriosas pero evitarnos acciones irresponsables.


María Amparo Casar.
Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Reforma.