El Yaqui se parece mucho a un bandido de vieja escuela: es nómada y nunca se sabe de dónde viene ni cuál es su medio de transporte. Una bolsita de plástico con rastrillo y cepillo de dientes colgada en algún árbol indica que anda cerca. Nunca trae dinero, pero tampoco pasa hambre. El desierto que se extiende entre el norte de Sonora y el sur de Arizona, con sus brechas y fronteras, es su hábitat natural. Parece que alguna vez fue mafioso y llegó a tener todo. Ahora consigue trabajo de vez en cuando: cuidar paquetes de marihuana en algún rancho o llevarlos a cuestas. Yo también me sorprendí el día que lo vi en un noticiero nacional exigiendo que se aclarase el caso de la desaparición de sus tres hermanos en el municipio de Saric, Sonora: “Vamos y nos quejamos y nos dicen que no pasa nada, que todo está bien, y ¿cómo chingados no va a estar pasando nada si me desaparecen tres carnales? En una fosa, sabrá Dios dónde estén”.

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Los tres hermanos Mendoza fueron levantados en su domicilio en una noche a principios de 2010 como parte de la estrategia de un grupo de narcotraficantes conocido como “Los Gilos” —que los rumores locales vinculan con Los Zetas— para apoderarse del control total de los municipios de Saric y Tubutama e impedir a otros grupos utilizar ese paso fronterizo. Se llevaron a los tres hermanos casi al azar, sin investigar mucho cuál era ranchero y cuál burrero. Se trataba de atacar a la familia en su conjunto. Desde entonces, el Yaqui no ha parado de buscar a sus hermanos: ha levantado denuncias, ha hecho declaraciones en los medios, incluso le escribió una carta al gobernador Guillermo Padrés que le entregó durante el programa “El gobernador en tu colonia” en Altar, Sonora.

¿Por qué habría de sorprendernos que alguien que vive con un pie metido en un mundo ilícito se ponga el traje de ciudadano y exija al Estado una investigación judicial? Sorprende porque está de moda pensar a los narcotraficantes no como ciudadanos mexicanos sino como un ejército enemigo (“los malos”): porque la diferencia entre un sicario, un burrero, un secuestrador y un narcomenudista se borra en “la guerra contra el crimen organizado”. Y porque resulta que personas como el Yaqui tienen perfectamente claro que sus hermanos tienen por lo menos derecho a una investigación judicial y a una sepultura.

Basta acercar un poco la mirada a las historias que la violencia ha ido dejando en el país para que los extremos imaginarios del bien y el mal se diluyan en una compleja gama de personas en situaciones más o menos ilícitas que, nos guste o no, son población civil. La decisión del Yaqui de acudir a las autoridades en busca de ayuda sorprende también porque contradice el lugar común de la “cultura de la ilegalidad” en México: en vez de mostrar una sociedad que se resiste a aceptar un orden legal, muestra una sociedad pidiendo evidencias y procedimientos legales y un Estado incapaz de satisfacer esa exigencia.

En torno a las desapariciones forzadas, el reclamo de intervención judicial es particularmente tenaz y de largo aliento. La imposibilidad de concluir el duelo, la tenue esperanza de que los desaparecidos estén vivos, o simplemente el mandato de dar digna sepultura a un familiar hace que cientos de personas de absolutamente todos los estratos sociales se embarquen en verdaderas cruzadas. Personas solas o en asociación con otras se echan a cuestas la tarea de conducir investigaciones que muchas veces las ponen en peligro.

Lo que relato aquí retoma testimonios recogidos durante un mes en los estados de Sonora y Baja California. Son experiencias muy distintas entre sí, aunque se trate de dos estados vecinos geográficamente. En Sonora no existe todavía una asociación que reúna y brinde apoyo a familiares de desaparecidos, a pesar de que el fenómeno ha aumentado notablemente en los últimos años. El señor Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en Hermosillo, en noviembre pasado, por buscar a su hijo desaparecido, no contaba con una red local de familiares que le ayudara a protegerse. En cambio en Baja California hay tres importantes organizaciones: Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, y Asociación Ciudadana Contra la Impunidad. Cada una de ellas trabaja de manera activa sobre más de cien casos. Hay poco más de cuatrocientos casos registrados en la Fiscalía de Baja California. Sin embargo, las asociaciones llevan un registro propio donde se documentan casi dos mil casos en el estado. El más antiguo es el caso de un jornalero desaparecido en 1993 y el más reciente el del joven Ramírez Soto presuntamente desaparecido por policías municipales de Mexicali a principios de 2012.

Desaparecidos
Las personas que viven con un desaparecido (así como suena) te contarán cómo pasaron las cosas. Te darán la hora a la que se le vio por última vez, el tipo de vehículo que se lo llevó, incluso las placas, te harán el retrato hablado de sujetos vistos de reojo, podrán recordar alguna marca, algún detalle en el uniforme. La narración se parece siempre a una declaración judicial. Los porqués son vagos o no figuran en el relato. En el fondo borroso se evocan antecedentes o desenlaces, se traza con dificultad un hilo que conecte una vida con una interrupción.

Los familiares se convierten ellos mismos en investigadores para remediar las atrofias de la investigación oficial. Así hayan transcurrido quince años o tres meses desde la desaparición, todos los entrevistados coinciden en que lo que saben es gracias a averiguaciones propias o de un detective privado. Huelga decir que los recursos con que cuenta cada persona para indagar el paradero de un desaparecido son desiguales. Hay quienes consiguen una audiencia con el procurador, y quienes se plantan en el Semefo, pero lo más desalentador es que los resultados son los mismos: del cuerpo nada.

Diego Hernández Leyva, hijo de la señora Irma Leyva miembro de la Asociación Esperanza de Mexicali, fue Policía Municipal de Mexicali y posteriormente miembro del grupo de antisecuestros de la Policía Ministerial de Baja California. Desapareció el 11 de enero de 2007. De la manera siguiente, según la señora Irma, su madre:

Él llegó a mi casa entre siete y ocho, estuvimos platicando de diferentes cosas unos cuarenta minutos. Salió, se fue y mi hijo ya no aparece […] Cuando hice la denuncia, me asignaron a Jacobo Bramasco para que investigara el caso. Yo le dije quiénes se juntaban con Diego, le di direcciones, le di teléfonos para que hicieran una investigación. Le decía: “Fíjate, Jacobo, que supe esto y esto”. “Lo voy a investigar”, me decía. Yo volvía otro día: “¿Qué investigaste sobre esto?”. “No, no hay nada”. Pasaron tres meses en donde yo misma le decía nombres, direcciones, me subía en el carro con él para enseñarle las casas, todos me vieron, me arriesgué mucho. Le decía: “Investiga a estas personas, ellos te pueden decir en dónde es probable que esté Diego”. Pero después entendí que él estaba ahí para que yo sacara lo poco o lo mucho que sabía. O sea, a él me lo pusieron para que me investigara a mí, no para que investigara los hechos de qué fue lo que pasó con Diego. Eso fue.

Al poco tiempo de haber iniciado sus investigaciones, la señora Leyva recibió una llamada anónima diciéndole que saliera al cerco de su casa a recoger un video con información importante para el caso de su hijo. Salió. Lo vio. Era una entrevista donde Ramón Velázquez Molina, ex agente ministerial que apareció muerto poco después, acusaba a Martínez Luna, entonces procurador de justicia de Baja California, y a una docena de policías ministeriales, de estar involucrados en las desapariciones y asesinatos de al menos seis policías, entre ellos su hijo Diego. La misma voz le pide a la señora Leyva que no entregue el video a la policía sino al general Sergio Aponte Polito. El general promete esclarecer los hechos pero lo cambiaron de zona militar poco después. Se dice que el cuerpo de Diego fue enterrado en un rancho en Ahumaditas, pero hasta la fecha no se ha podido encontrar.

La señora Jaqueline Pineda, de Tijuana, es madre de un joven drogadicto que pasaba largas temporadas en los campamentos de heroinómanos que se instalan en los puentes y compuertas del río. Hace dos años que no lo ve, pero los días que no trabaja se pasea por la canalización con una foto para indagar entre los asiduos si alguien vio a su hijo. Le han dicho que lo mataron, pero del cuerpo nada. Ante el personal del Semefo ha alegado: “Lo que yo no entiendo es cómo pueda no identificarse el cuerpo de mi hijo si toda la vida se la pasó entrando y saliendo de la cárcel. Las autoridades tenían todos sus datos registrados: huellas y todo”. Un agente, en una ocasión, le respondió: “No está usted en una película, ni en Estados Unidos. Eso no pasa aquí”.

Después le llegó el rumor de que la noticia de la muerte de su hijo salió en el periódico El Mexicano. Ella sintió recordar la foto de portada de un cuerpo que tirado de espaldas se parecía a su hijo: “Le dije a mi hija que buscara en internet, pero nada. Y fui al periódico y me dijeron que necesitaba comprar todos los periódicos del mes para poder buscar. Y fui a la universidad, pero no tienen todos los periódicos, busqué en los que tenía pero no encontré nada. No tengo una fecha exacta, pues. Y luego en el forense en ese tiempo hubo cambio de administración y estos que están ahorita dicen que los otros se llevaron todos los expedientes y las fotos”.

Me pregunto cuánto costaría hacer una base de datos con todas las fotografías y notas relativas a la violencia publicada en periódicos locales que personas como la señora Jaqueline puedan consultar gratuitamente.

Es verdad que las asociaciones acercan un poco los medios de que disponen los familiares para avanzar en una investigación. Acumulan experiencia y conocimiento que sirve a los nuevos miembros y ejercen presión colectiva sobre las autoridades para que se trate con la misma prontitud todos los casos. Además, muchas veces, resolver un caso lleva a la conclusión de otros. Así me lo explica la señora Alma Díaz, coordinadora de la Asociación Esperanza: “Nosotras no nos conocíamos y ahora somos hermanas del mismo dolor. El caso de Irma fue en 2007, el de Imelda en 2006 y el mío en 1995. Pero con las investigaciones nos hemos dado cuenta de que fueron los mismos jefes policíacos en activo que están involucrados en todos los casos”.

Un obstáculo importante al que se enfrentan las investigaciones es el reflejo cada vez más arraigado de leer todo acontecimiento violento como un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Los familiares van por una explicación y se topan con una acusación: el caso está resuelto de antemano y no se investiga. Uno de los casos más viejos y sonados de Tijuana es el de Alejandro Hodoyán, hijo de una familia de abolengo tijuanense, bilingüe y de nacionalidad estadunidense. Alejandro fue detenido por primera vez en 1996, en Guadalajara, por oficiales del ejército mexicano que lo mantuvieron aislado durante ochenta días para después entregarlo a la DEA. Aceptó el ofrecimiento de protección y cambio de identidad de la agencia estadunidense, pero regresó momentáneamente a Tijuana. Ahí lo secuestró un comando de cuatro hombres que él alcanzó a reconocer como “Los Mismos”. Su madre, que iba en el mismo automóvil, pudo tiempo después reconocer a uno de los sujetos como miembro de la policía. Hasta la fecha no se ha encontrado el cuerpo ni se ha terminado de esclarecer el caso. La señora Cristina Palacios Rojí, que hoy dirige la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, me explica su postura:

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Nosotros aceptamos el caso de cualquier persona que esté desaparecida: no nos interesa si está involucrada en el narcotráfico o no. Aquí Blake y el procurador Rommel se encargaron de difamar a los desaparecidos, decir que todos tenían que ver con el narco: una mentira. Tenemos casos de abogados, migrantes, periodistas, estudiantes, policías. De todo. Mi respuesta siempre ha sido: “Blake, Rommel, si tú estás declarando esto, quiere decir que ya estudiaste los casos, quiere decir que ya tienes evidencia.
Enséñamela, ¿por qué sabes tú que estaban involucrados en el crimen? Tienes que tener alguna razón para declarar eso. […] Como yo lo decía con el caso de mi hijo Alex, y lo sigo diciendo: es un ciudadano y el Estado tiene la obligación de investigar. Pero ahora a los desaparecidos en levantones nadie los voltea a ver.

Asusta que hoy haga falta repetir lo que debería de resultar obvio: incluso si hay razones suficientes para sospechar que el desaparecido haya tenido vínculos con el narcotráfico, la desaparición tiene que investigarse. En algunos casos, investigar consiste sólo en poner atención, en querer escuchar lo que se dice en todas partes. El señor Fernando Ocegueda, director de la Asociación Unidos por los Desaparecidos que opera en Tijuana, me explica su técnica:

Decidimos hacer una red interna de ciudadanos para nosotros, como afectados, dedicarnos a investigar qué pasó con nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? Salimos a la calle, en una fiesta alguno empieza a hablar de más y habla de fulano que tiene que ver con mi caso o con el caso de otro de la asociación y así nos vamos ayudando […] A veces vamos directamente con los que saben, aunque sean malandros. Yo platico con ellos a ver cómo está el asunto: “Sabes qué, ayúdanos, por favor”. Pero sin nada, sin nada de dinero, nada: en buena forma. Y me dice: “Ok, jefe, pues le vamos a ayudar, pero nomás no nos meta en broncas”. Y me empiezan a decir. Toda esa información se va recopilando y se va haciendo un archivo. Cuando menos se espera, uno ya tiene casi el caso resuelto de una persona, pero lo que no tenemos es la autoridad para hacer nada.

Excavaciones

La Asociación Unidos por los Desaparecidos concibió una fórmula que podría llevarlos a resolver algunos de sus casos. “Resolver” quiere decir encontrar los cuerpos desaparecidos. Cuando se adhiere un nuevo miembro a la asociación, se le hace un expediente y se le canaliza para un muestreo de ADN. A partir de llamadas anónimas e investigaciones informales se prepara una lista de ocho predios con probabilidades firmes de albergar restos humanos. Se le envía un correo electrónico a la maestra Marisela Morales y se prepara un operativo de técnicos forenses y peritos de la SIEDO. La Policía Ministerial de Baja California acoge y protege al personal de la SIEDO que llega de la ciudad de México, se visitan los predios y se determina si hay materia orgánica, se preparan muestras de ADN y se hace un cotejo.

Hasta ahora se han revisado más de veinte predios en Tijuana, se ha encontrado materia orgánica en dos de ellos, pero en ambos casos demasiado deteriorada como para poder extraer pruebas de ADN. El señor Ocegueda me explica cómo se elabora la lista de predios que serán revisados:

Me llegan algunas denuncias anónimas: “Mire, en tal parte, váyase para allá, en tal esquina, está una tienda, en ese lote baldío yo tengo información de que hay gente enterrada”. A partir de ahí, escogemos a dos personas masculinas de la misma asociación y vamos y checamos: nos paramos dos cuadras antes, agarramos una bicicleta, nos ponemos cachucha, pasamos y ubicamos el terreno. Ya que lo tenemos ubicado, vemos que corresponda con la descripción que nos dieron a nosotros anónimamente y eso lo consideramos un punto a revisión: le ponemos una palomita. Y así seguimos, a la semana siguiente encontramos otro y así. No necesariamente quiere decir que vayamos a encontrar algo, pero nosotros debemos descartar todas las dudas que tengamos sobre ese predio.

El diciembre pasado se revisaron ocho predios de la ciudad de Tijuana. Cuando uno anda buscando muertos los ve en todas partes: cualquier ranura resulta sospechosa. “Esto es una cuestión de fe —me dice el señor Fernando Ocegueda— si por los técnicos fuera ya se habrían ido hace mucho porque este predio ya se ha revisado antes. Pero en el de Valle Bonito no encontramos nada hasta la cuarta o quinta revisión. En esto importan mucho las corazonadas”.

Acudo a una de las excavaciones que hace la organización. En el terreno, Fernando parece movido por una fuerza de otro mundo, nada lo detiene: lo mismo se salta una barda que se pone a dar mazazos para abrir una cisterna. En cambio, los técnicos hacen su trabajo de rutina: toman fotos, observan las características físicas del terreno y descartan posibilidades, pasean a los perros, y conversan sobre hallazgos previos. Cuando terminamos la revisión infructuosa de un terreno pedregoso y empinado, uno de ellos se acercó a Fernando: “Ahora sí consíganos un predio bueno, hombre, para cerrar bien el año”.

Llegamos al predio de Santiago Meza, alias El Pozolero, que disolvió más de trescientos cadáveres en sucesivos peroles de sosa cáustica. El sitio hace pensar en uno de esos Monumentos al Soldado Desconocido que en Europa conmemoran a los caídos sin nombre. De la barda cuelgan coronas de flores y cruces improvisadas. Adentro, hasta la hierba parece haber visto demasiado. Hay grandes ollas plateadas enterradas a medias como vasijas prehispánicas. El lodo que se me pegó a las botas todavía no termina de caerse: “¿Y por qué hay tanto lodo aquí?”. “Porque ya hemos revuelto mucho la tierra, pero nos falta la cisterna”.

Mientras peritos y policías se organizan para ordenar comida china, que llega con todo y galletitas de la fortuna, Fernando consigue dos hombres para que derrumben a mazazos una de las paredes de la cisterna. Uno de ellos tiene un ojo nublado. Por el agujero recién hecho van sacando cubetas de agua puerca para colarla y recuperar los sólidos. Son pedacitos de cuerpos humanos que la sosa cáustica ha indultado pero que están demasiado dañados como para reconstruir la singularidad genética de un individuo. Todo lo que se busca es poder asociar un nombre a un pedacito de materia para celebrar la misa que dé descanso a un insepulto.

El orden legal
Dice Gaetano Mosca que el aspecto central del “espíritu mafioso” es la concepción de que hay dos tipos de crímenes: aquellos, como el robo o el engaño, que se definen por la astucia y no atentan contra el honor de la víctima, y aquellos otros, como el homicidio, las ofensas familiares o la extorsión donde el honor de la víctima queda mancillado. Lo importante es lo siguiente: en el caso de los primeros una acción por parte de las autoridades judiciales es considerada como reparación suficiente, en el caso de los segundos no sólo no es suficiente sino que recurrir a las autoridades legales haría más honda la vergüenza de la víctima. De acuerdo al espíritu mafioso, solamente una venganza estrictamente personal puede, en esos casos, restituir el honor dañado. Tranquiliza que ninguno de los veintidós parientes de personas asesinadas o desaparecidas que entrevisté en Sonora y Baja California haya hablado de venganza personal. Si eso cambia, cambiarán muchas cosas.

Retomo las palabras de uno de los miembros de Unidos por los Desaparecidos como ejemplo de la arraigada convicción de proceder por la vía legal, incluso, a pesar de la recurrente evidencia de colaboración de las corporaciones policíacas en las desapariciones. El señor Quirino Borbón tiene unos sesenta y cinco años, que parecen cien, y un rostro sacado de Las Hurdes de Buñuel. Pareciera un lobo ojiazul trasplantado en aquel insólito paraje de las afueras de Tijuana:

—A mi hijo lo levantaron como a las cuatro de la mañana, hace nueve años. Se llamaba Quirino Borbón Lozano, tenía 28 años.
—¿Quién lo levantó?
—Pues, ahí los vecinos.
—¿Por qué?
—Pues por la mala idea que le tienen a uno, porque yo no les he hecho ningún daño: aquí o donde quiera, pueden averiguar. Yo me vine de Navojoa aquí a Tijuana a trabajar a las fábricas. Cuando me vine había dejado a mi esposa y venía sólo con mis hijos, el Quirino tenía un año: yo lo crié.
—¿A qué se dedicaba su hijo?
—A todo le hacía: albañilería, mecánica, herrería. Él no estaba involucrado en nada. Sí consumía droga, pero yo lo metí a un centro de rehabilitación. Andaba trabajando de jardinero.
—¿Cómo sabe que fueron los vecinos?
—Yo sé que ellos son, yo sé que ellos son. Como a mí no me dejaban vivir ahí: poniendo piedras en la calle para que no me metiera. El problema de ellos es que yo trabajaba al otro lado y me puse a hacer la casa ahí, y por envidia, pues. Quería ser él nomás ahí, y mandarlos a todos ahí. Son vendedores de droga. El día que desapareció mi hijo había venido un tío de ellos que es judicial en Navojoa.
—¿Nunca le pasó por la cabeza vengarse?
—Sí, sí me pasa por la cabeza, más ahorita que estoy viejo. Pero yo lo que quiero es que se descubra todo, que se investigue todo esto porque no va a caer él nomás, van a caer algunos. Echármelo a él se me hace poquito, pero yo quiero que se descubra lo que pasó para que caiga una bola de sinvergüenzas. No va a caer uno, van a caer muchos.

Esta convicción de proceder por vías que restablezcan órdenes legales se nota también en la serie de reclamos y luchas de mediano plazo que estas asociaciones han emprendido. Pienso, por ejemplo, en la lucha por la tipificación de las desapariciones forzadas como delito grave distinto del extravío, del homicidio y del secuestro, la constitución de una fiscalía especializada para su investigación, la demanda de que se agilicen los cotejos de ADN, etcétera. Uno de sus logros más recientes es la reducción de los plazos judiciales necesarios para que se pueda emitir una declaración de ausencia o una presunción de muerte en Baja California. Esto simplifica un poco la serie de complicaciones administrativas que enfrentan los familiares por la falta de un acta de defunción. Sin el acta se siguen pagando créditos que podrían haber expirado, se imposibilita la obtención de un pasaporte para hijos menores de edad y se dificulta salir del país, se complican los juicios de sucesión.

Estas personas podrán pecar de lo que sea menos de “cultura de la ilegalidad”. El abogado García Leyva, asesor jurídico de la Asociación Esperanza que opera en la ciudad de Mexicali, describe el camino que han seguido:

Cuando se funda oficialmente la asociación en 2002 nos encontramos con un problema porque se tenía a los desaparecidos como muertos. Se mandaban los casos a las agencias de homicidio que no tienen nada que ver y se congelaban los expedientes. Luchamos para crear una fiscalía especializada, duramos ocho años en esa lucha hasta julio de 2008. Nos decía la gente: “¿Qué caso tiene que se cree una fiscalía si va a servir para nada, para nada, y para nada?”. Pero sí, para algo puede servir si nosotros la vigilamos, supervisamos el trabajo que realizan y le damos seguimiento a los casos. Pero la fiscalía no serviría de nada sin un marco legal adecuado, y hasta hace poco logramos que se insertara en los códigos penales de algunos estados la desaparición forzada como un delito grave distinto de la privación ilegal de la libertad […]. Además se debe considerar que la mayoría de las desapariciones son efectuadas por policías y ex policías en complicidad con la delincuencia organizada, es decir, se trata de autoridades operando contra la población civil.

Estas asociaciones cumplen un sinfín de funciones: son grupos de autoayuda y apoyo psicológico, efectúan investigaciones judiciales, vigilan el desempeño del Poder Judicial en sus localidades, organizan el muestreo y cotejo de pruebas de ADN, arman archivos periodísticos y legales relativos a la impunidad, cabildean a favor de reformas legales y participan en la revisión de predios en búsqueda de restos humanos. Todo esto con fondos reunidos por los propios familiares. Se trata de un tipo de justicia dirigido a los deudos, el estatus de “criminal” o “inocente” del desaparecido es un dato secundario. La prioridad es encontrar algún tipo de evidencia que permita clausurar años de búsqueda y descansar del aguijón de los insepultos. Esto hace posible que en el seno de estas asociaciones se alíen parientes de desaparecidos que en su momento fueron policías, narcos, abogados, estudiantes o drogadictos sin que haya el menor dejo de antagonismo.

Es una forma relativamente nueva de acción social en el norte del país: la primera de estas asociaciones en Baja California fue creada en 2002 retomando experiencias de los noventa en Sinaloa y Chihuahua. La premisa básica es impecable: todo ciudadano mexicano tiene derecho a una investigación judicial competente. La medida en que esa premisa básica se articula con un discurso político más amplio varía entre personas y asociaciones. Algunos explican las desapariciones como una nueva forma de guerra sucia perpetrada por el binomio gobierno-crimen organizado e incluso vinculan su trabajo al de organizaciones como Eureka que se han dedicado a combatir la persecución política desde los años setenta; para otros se trata simplemente de las acciones de grupos de criminales que operan en Tijuana. Ya sea que se culpe de la violencia a Calderón o a El Muletas, lo importante es la convicción de que sólo la vía judicial puede abrir una salida real a la crisis de violencia. La tarea de estos grupos es ardua y poco gratificante: van empujando placas tectónicas para generar un orden que sea lo menos arbitrario posible.

Estas agrupaciones nos recuerdan la importancia de argumentar en términos judiciales: pruebas, investigaciones, tipos de delito, etcétera. En el mes de enero se publicó en esta revista un artículo donde Joaquín Villalobos busca explicar por un lado la violencia y por el otro las crecientes críticas a las decisiones de Calderón en la materia, recurriendo a dos rasgos contradictorios del “carácter nacional mexicano” o de la “cultura mexicana”: la aversión al conflicto y la predisposición a la violencia. Las explicaciones que reducen esta crisis a un asunto de “carácter nacional” son obsoletas en términos teóricos: hace años que la antropología ha argumentado que la cultura no es ni un objeto, ni una variable independiente, ni una causa, sino un nivel de análisis de fenómenos con explicaciones muy diversas que además se transforman históricamente. Pero lo más grave de este tipo de argumentos es que se ahorran el debate que realmente hace falta suscitar: ¿qué decisiones hace falta tomar para destrabar la atrofia del sistema judicial en México y garantizar a todos —narcotraficantes o no— el derecho a una investigación competente? Para decirlo de otra forma: en este momento es crucial discutir algo tan simple como si los ministerios públicos cuentan con suficientes computadoras y con investigadores profesionales. El debate absurdo sobre la naturaleza violenta de los mexicanos lo podemos retomar el día que hayamos dado descanso a nuestros muertos.

Natalia Mendoza Rockwell. Candidata al doctorado en antropología por la Universidad de Columbia. Es autora del libro Conversaciones en el desierto: cultura, moral y tráfico de drogas.