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A la manera clásica de un instructivo para principiantes, tres de los mayores expertos estadunidenses en el mercado de las drogas ilícitas acaban de publicar en la Oxford University Press un libro que pregunta y responde casi todo lo que hay que saber sobre la materia: Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to Know. Ofrecemos una antología de ese manual de conocedores para principiantes

1. Las drogas y el problema de las drogas
Para empezar por el principio: ¿Qué es una droga?

Una droga es una sustancia química que influye en la función biológica, sin nutrir ni hidratar. Algunas drogas vienen de plantas, otras de laboratorios. Algunas son tradicionales y conocidas, otras son nuevas. Sus efectos pueden ser benignos o dañinos, o ambos, dependiendo básicamente de la dosis.

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Se dice que una droga es psicoactiva cuando influye sobre las funciones mentales: sobre el estado de ánimo, la percepción, la cognición y el comportamiento. La penicilina es una droga, pero no es psicoactiva. Nuestro tema son las drogas psicoactivas con potencial de abuso, es decir, fármacos cuyos efectos mentales son lo suficientemente placenteros o interesantes o útiles como para inducir su uso sin un propósito curativo específico.

Antipsicóticos como el thorazine (clorpromazina) son fármacos psicoactivos sin potencial de abuso: no es divertido consumirlos, es decir, no ofrecen ninguna “recompensa” en el sentido psicológico del término, y prácticamente nadie quiere tomarlos sino por orden médica; nadie quiere tampoco ingerir más de la cantidad prescrita.

La cafeína, la nicotina, el alcohol, el óxido nitroso, la cocaína, los opiáceos y los opioides (heroína, morfina, codeína, oxicodona, etcétera), los estimulantes como las metanfetaminas, los sedantes hipnóticos y los depresores del sistema nervioso central como las benzodiazepinas (Valium [diazepam], Xanax [alprazolam] y similares), y los barbitúricos, los alucinógenos (psicodélicos, enteógenos) como el LSD, la psilocibina y la mescalina, y el “entactógeno” MDMA (éxtasis) son todos ellos drogas psicoactivas con potencial de abuso.

La cannabis o marihuana no es una droga en un sentido técnico estricto. Es una planta de la que se extraen diversos componentes psicoactivos, entre ellos el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol. Pero usaremos aquí el término “droga” de una manera menos formal para incluir todas las mezclas o combinaciones mencionadas de sustancias químicas.

¿Por qué es un problema el uso de drogas?
Normalmente no es ningún problema. La mayoría de quienes usan fármacos con potencial de abuso —aun la mayoría de quienes las emplean con fines no médicos— lo hace de una manera razonablemente controlada, sin causarse daño a sí mismos ni a otras personas. El consumo de las drogas se parece al del alcohol en el sentido de que tiene muchos usuarios ocasionales, menos usuarios con un consumo abusivo, y aún menos usuarios que consumen altas cantidades durante muchos años.

2. Mercados discretos y mercados flagrantes
¿Por qué importa distinguir entre los mercados “discretos” y los mercados “flagrantes” de venta de drogas?

Porque muchas drogas —en particular la marihuana, pero también los esteroides y las drogas de fiestas o discotecas— suelen venderse en transacciones de amigos o conocidos que se reúnen en sitios privados o de acceso restringido. Estas transacciones “discretas” son, en esencia, invisibles para el público general y para la policía. Ni el vendedor ni el comprador tienen muchos incentivos para portar o usar un arma.

Lo mismo puede decirse del modelo de tráfico de drogas conocido como “entrega de pizza”, donde un comprador llama o envía un correo al vendedor y la mercancía se le entrega en la puerta de su casa. Este método es de uso extendido en ciudades como Nueva York, donde la policía persigue incesantemente el tráfico abierto.

Muchas otras drogas, en cambio, se venden en el comercio callejero, donde los traficantes (y ponemos énfasis en el plural) están a la vista, dispuestos a venderle a cualquiera, o en sitios precisos y conocidos de venta de drogas, como las “narcocasas” (crack houses).* Los traficantes del comercio callejero y de las narcocasas son blancos potenciales de robo y necesitan andar armados. Los clientes de esos mercados “flagrantes” son también un blanco para el robo, y a menudo son adictos, probables perpetradores de robos o asaltos para pagar su adicción.

Los mercados flagrantes sólo aparecen donde hay una densidad suficiente de clientes y donde el orden social se ha roto. Los mercados flagrantes son devastadores para la comunidad circundante.

Los mercados discretos no son un problema para la comunidad. Los flagrantes, sí.

3. Crimen y consumo

¿La delincuencia la producen las drogas o la política de combatirlas?

Ambas. La relación entre consumo de estupefacientes y delincuencia es compleja. El problema no es que una persona obnubilada por las drogas pierda el control y cause daños. La relación entre estupefacientes y delincuencia tiende a seguir tres caminos: 1. El consumo de drogas induce conductas irracionales; 2. Delinquen quienes necesitan dinero para comprar las sustancias; 3. El negocio de la producción y el tráfico de estupefacientes genera violencia.

Quienes sostienen que las drogas producen delincuencia aducen la alta proporción de arrestados que dan positivo en el consumo de sustancias ilícitas: dentro de Estado Unidos la cifra va del 49% en Washington, D.C., al 87% en Chicago. Son estadísticas impresionantes, pero no demuestran por sí mismas que las drogas generan delincuencia.

La gran mayoría de los fumadores son ciudadanos respetuosos de la ley que no cometen delitos. Pero comparados con los no fumadores, los que fuman delinquen más. Lo mismo vale para los usuarios de drogas. Aparte de conseguir la droga, lo cual ya es un delito, la mayoría de los consumidores de estupefacientes son ciudadanos que respetan la ley. Un pequeño grupo de usuarios de alto consumo es responsable de una parte desproporcionada de la actividad delincuencial que se atribuye a los usuarios de drogas en general. El abuso de sustancias (fumar, beber en exceso y abusar de sustancias ilícitas) expresa un bajo nivel de autocontrol. Una persona que usa indebidamente estas sustancias está también más predispuesta a participar en delitos.

Las sustancias ilícitas tienen un vínculo mucho más débil con la violencia que el alcohol. La relación entre violencia y drogas ilícitas varía dependiendo de la droga. Es escasa la asociación directa entre el consumo de marihuana u opiáceos y los delitos violentos. Hay una asociación mucho más fuerte entre violencia y consumo regular de metanfetaminas. El consumo abusivo de metanfetaminas incrementa la probabilidad de conductas agresivas. Las pruebas más convincentes al respecto provienen de estudios de laboratorio con ratones. Los ratones que reciben una sola dosis de metanfetaminas muestran muy pocos cambios en términos de agresividad, pero aquellos que reciben inyecciones regulares de metanfetaminas se vuelven muy agresivos. El nexo entre drogas y violencia no se aplica a todas las sustancias ilícitas, y cuando ocurre, se aplica en general a los usuarios frecuentes de dosis altas.

Por el contrario, en el caso de algunos infractores potenciales, el efecto farmacológico de ciertas sustancias (marihuana y heroína, por ejemplo) reducen realmente las tendencias violentas. El hecho es que cuando se examinan las tendencias generales es imposible cuantificar hasta qué punto el consumo de drogas aumenta o contrarresta directamente los delitos violentos.

Buena parte de los delitos relacionados con el consumo de estupefacientes se debe a que los toxicómanos intentan conseguir dinero para sostener su adicción. Es más probable que esto suceda si los adictos son incapaces de mantener su hábito de consumo con un ingreso lícito. Las dos sustancias más comúnmente vinculadas a los delitos motivados por dinero son la heroína y la cocaína, por su alto costo. En cambio, la marihuana es relativamente barata y es probable que la mayoría de los usuarios puedan mantener su adicción sin recurrir a delitos para hacerse de ingresos.

Una buena parte de los delitos relacionados con el consumo de drogas se vincula a la aplicación de las leyes en materia de estupefacientes. Es una “delincuencia sistémica” vinculada al negocio de producción y distribución de drogas, y a la violencia necesaria para proteger las operaciones de narcotráfico. Estos delitos sistémicos (especialmente los violentos) tienen un fuerte vínculo con la política de prohibición de drogas, porque son consecuencia de la naturaleza ilegal del mercado de los estupefacientes: los que participan en el comercio de drogas no pueden recurrir a la ley para asegurar el cumplimiento de contratos o para resolver disputas.

¿La legalización no eliminaría la mayoría de los delitos relacionados con las drogas?

Es imposible prever los efectos de un cambio tan drástico. Los pormenores del sistema fiscal y de la regulación una vez legalizado el mercado cobrarían enorme importancia. Los efectos no serían los mismos de una comunidad a otra ni de una droga a otra. La legalización eliminaría un mercado ilícito con valor de unos 60 mil millones de dólares, que actualmente genera gran cantidad de violencia y desorden, y engancha a los jóvenes de las zonas más pobres para que abandonen su futuro (no muy prometedor, hay que admitirlo) en el mercado laboral legal. Eliminar la prohibición de drogas liberaría tiempo de la policía y cupo en las prisiones para concentrarse en los delitos violentos y contra la propiedad. Hacer que las drogas cuesten menos reduciría el índice de delitos con fines económicos de adictos a sustancias caras.

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Pero, por otro lado, la legalización probablemente aumentaría de manera considerable el número de consumidores frecuentes de dosis elevadas de drogas actualmente ilícitas. Algunos de ellos cometerían delitos bajo el influjo de la droga; otros serían incapaces de conservar un empleo y cometerían delitos para comprar comida y hacerse de un techo. Algunos de los traficantes en activo en la actualidad cambiarían a delitos no relacionados con la salud, más que a una vida honrada, como manera de ganarse la vida.

En general, sería de esperar que la legalización redujera enormemente la mayoría de los delitos no relacionados con la salud, en especial en los barrios urbanos de minorías pobres que son actualmente los más golpeados. En la medida en que las drogas legalizadas sustituyeran al alcohol, los resultados serían más favorables; en la medida en que se vuelvan más bien complementos del alcohol —un mayor uso de cocaína, por ejemplo, conduciría a un mayor uso de alcohol—, los resultados empeorarían. En suma, cabría esperar que la legalización agudizara el problema de abuso de drogas y mejorara el problema de la delincuencia, pero ambas cosas es algo difícil de prever.

4. El precio de las drogas
¿Por qué son caras las drogas ilegales?

La prohibición de las drogas y la aplicación de las leyes relativas hacen que sean mucho más caras de lo que serían si fueran legales.

La marihuana de mayor potencia (conocida como “sin semilla”) se vende en Estados Unidos a un precio que oscila entre los 300 y los 450 dólares por onza, lo que equivale a 20 veces el precio de la plata. Ni siquiera el té más exquisito se vende a más de 300 dólares por libra (no por onza), y la marihuana es más fácil de cultivar que el té.

En los países industrializados la cocaína se vende al menudeo a más de 100 dólares por gramo, o alrededor de tres mil dólares por onza, lo cual la hace mucho más cara por unidad de peso que el oro. En Estados Unidos la heroína es todavía más cara.

Las drogas no son caras porque sean difíciles de producir. La cocaína y la heroína se venden en los países de origen en su forma final —listas para usarse— al 1% de su precio al menudeo en Estados Unidos.

Si las drogas fueran legales, sus costos de distribución serían insignificantes. Un kilogramo de cocaína que se vende entre mil 500 y dos mil dólares en Colombia (entre 1.50 y dos dólares por gramo) se podría enviar a Estados Unidos usando un servicio de mensajería exprés por menos de 50 dólares si fuera legal, pero la prohibición y la aplicación de las leyes al respecto incrementan el costo de introducir de contrabando ese kilogramo a Estados Unidos hasta hacerlo llegar a cerca de 15 mil a 20 mil dólares.

Una vez en el país, esa cocaína pasa por lo menos por media docena de transacciones encubiertas que elevan el precio hasta los 100 mil dólares por kilogramo (100 dólares por gramo), después de ajustar para dilución. Parte de ese enorme aumento en el precio es compensación por el hecho de que el negocio de tráfico de estupefacientes tiene que operar de maneras poco eficientes. Por ejemplo, es posible que los que transportan las drogas en aviones no las lleven simplemente en su equipaje; a menudo introducen la sustancia en preservativos que luego se tragan; si los mensajeros tienen suerte —algunos no la tienen—, los paquetes pasan intactos por su tracto digestivo y pueden ser recuperados después del vuelo. Ningún producto legal requiere técnicas de importación tan elaboradas y vergonzosas.

Otra parte del sobreprecio compensa a los traficantes por los riesgos que entraña la prohibición. Los mineros y los buzos de gran profundidad reciben una paga mayor que los trabajadores de la construcción por realizar tareas similares y esto obedece, en parte, a que incurren en riesgos mayores. De la misma manera, los traficantes reciben una compensación tan alta no porque sean muy inteligentes, sino porque se exponen a importantes riesgos. Entre uno y dos millones de personas se ven involucradas cada año en alguna forma de distribución de drogas ilegales, y cerca de medio millón van a la cárcel. Esto sugiere que los traficantes pasan más o menos un año en prisión por cada periodo de entre dos y cuatro años en que participan en la venta de drogas. Este riesgo ayuda a explicar por qué los precios aumentan tanto a medida que las drogas pasan del mayorista al minorista y luego al cliente, por qué el tráfico callejero se concentra entre los jóvenes con menor escolaridad de los barrios pobres y no entre aquellos con mejores perspectivas de conseguir un trabajo legítimo, y por qué las diferencias entre precio de importación y el precio del minorista son más altas en Estados Unidos que en otros países.

Los jefes obtienen la mayor ganancia, y los que pasan la droga se llevan la peor parte. La mayoría de los “traficantes de drogas” son simplemente empleados poco calificados a quienes se paga por hora y que no tienen participación en los beneficios; aun así, son los que llevan todo el peso de la condena impuesta por la cantidad poseída al momento del arresto.

¿Aplicar la prohibición de manera más enérgica eleva aún más los precios?

Un poco, pero menos de lo que esperaríamos.

Estados Unidos sobresale, entre los países desarrollados, por la intensidad con que aplica las leyes en materia de estupefacientes. Uno de los resultados es que los precios son más altos allí que en los otros países desarrollados, donde los precios también son altos. Por otra parte, el número de encarcelados en Estados Unidos por violaciones a las leyes en materia de drogas se ha elevado más de 10 veces durante los últimos 30 años, pero los precios ajustados a la inflación han caído entre un 80% y un 90%, en lugar de aumentar.

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Ilyana Kuziemko y Steven Levitt llevaron a cabo uno de los mejores estudios sobre el tema. Ellos estimaron que el aumento masivo en encarcelamientos relacionados con estupefacientes en Estados Unidos de 1985 a 2000 sólo elevó los precios de la cocaína entre un 5% y un 15% por encima de lo que habrían aumentado en otras circunstancias, y que probablemente redujo el uso en un porcentaje aún más pequeño. Es decir, otros factores hicieron que bajaran los precios, y todos esos encarcelamientos adicionales sólo lograron contrarrestar una pequeña porción de la tendencia a la baja.

Entre esos otros factores podrían estar la globalización y el “aprendizaje sobre la marcha” conforme los traficantes fueron desarrollando métodos más eficientes. La violencia entre bandas descendió, y esto podría haber hecho que traficantes potenciales fueran menos renuentes a entrar en el negocio. Asimismo, a medida que un número importante de traficantes antes encarcelados abandonaron la prisión con perspectivas muy limitadas en el mercado laboral lícito, muchos de ellos se reincorporaron al narcotráfico. Probablemente, el excedente de oferta de mano de obra contribuyó a bajar la paga, que es el factor de costo más importante en la industria del narcotráfico. Según algunos informes, los que trafican crack al menudeo ganan ahora menos del salario mínimo federal.

En todo caso, nos quedamos con lo que parece ser una paradoja: una aplicación moderada de las leyes contra el narcotráfico eleva sustancialmente los precios, pero una aplicación más enérgica de esas leyes ya no los eleva mucho más. El término técnico para este fenómeno es “utilidad decreciente”. Esa idea se capta mejor en una gráfica que traza el precio de la droga en el eje vertical y la intensidad de la aplicación en el eje horizontal. También podemos pensar que el eje vertical muestra la cantidad de consumo de drogas que se evita con precios más altos como consecuencia de aplicar la ley con esa intensidad.

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La gráfica describe una pendiente ascendente: una aplicación más intensiva siempre eleva los precios. De entrada, la gráfica se eleva con rapidez; habría incluso un salto discontinuo a medida que nos alejamos del comercio legal (intensidad de la aplicación de las leyes de prohibición en el nivel cero) a una prohibición respaldada por un nivel moderado de aplicación de esas leyes (justo a la derecha del eje vertical). Pero luego la gráfica se curva. Así, conforme nos movemos más hacia la derecha, hay incrementos adicionales en el precio que sólo se pueden costear con incrementos cada vez mayores en la intensidad de la aplicación de las leyes antinarcóticos. A la inversa, si estamos ya a la derecha de la gráfica, las reducciones moderadas en la intensidad de la aplicación de esas leyes aumentará el consumo, pero no de una manera drástica.

5. Alternativas
¿Atrapar a los capos de la droga hace que las drogas sean más difíciles de conseguir?

Atrapar a los capos de la droga rara vez afecta la disponibilidad de los estupefacientes.

Es vox populi que los cárteles “controlan” el negocio y los traficantes operan “monopolios” de comercio de drogas. Si esto fuera cierto, podríamos esperar que la eliminación de un capo afectara severamente el suministro de estupefacientes.

Sin embargo, el sistema de distribución de drogas no es una jerarquía de control central que pueda verse afectada por trastornos debidos a la decapitación. Más bien, los mercados para las drogas establecidas más importantes (cocaína/crack, heroína, metanfetaminas y marihuana) son altamente competitivas, y hay muchas decenas si no es que cientos de miles de individuos y pequeñas organizaciones de tráfico de drogas. El mercado de las drogas ilícitas se concibe mejor como una red con el nodo de cada traficante conectado a muchos otros nodos —tanto lateral como verticalmente—. Estas interconexiones redundantes hacen que la red ofrezca resistencia a los trastornos ocasionados por la aplicación de las leyes antidrogas.

Algunos narcotraficantes están en un nivel más elevado que otros. La cocaína y la heroína podrían pasar por al menos media docena de capas de distribución solamente en Estados Unidos. Los traficantes en los niveles más elevados del mercado venden grandes cantidades mientras cosechan enormes ingresos, así que se les podría llamar capos con justicia. Pero cuando cualquier traficante —incluso un capo— es eliminado, otros llenan el hueco, y la tráfico continúa.

Hay excepciones a esta regla, como la caída en el consumo luego de que la DEA arrestó a un químico que era de los principales productores de LSD en el 2000. Eliminar el “Contacto en Francia” parece haber contribuido a paralizar la epidemia de heroína de los años 1970. Igualmente, una explicación de la sequía de heroína australiana que empezó en 2001 es que la policía federal de Australia desmanteló un puñado de organizaciones de contrabando internacional muy grandes que colectivamente suministraban una gran proporción de la heroína de Australia (esas organizaciones empleaban métodos que eran difíciles de replicar). Asimismo, los mercados más pequeños y en rápida expansión pueden tener más problemas para reemplazar a jefes encarcelados. Sin embargo, ésas son excepciones a la regla general de que aun los capos pueden ser reemplazados sin afectar mayormente la disponibilidad.

¿Legalización, descriminalización o despenalización?
El lenguaje del debate en torno a la política en materia de drogas es poco lógico e inconsistente; esto provoca que a quienes discrepan les resulte difícil entender exactamente en qué no están de acuerdo.

La política actual en la mayoría de los países con respecto a la heroína, la cocaína y las metanfetaminas consiste en que (aparte de los usos con fines médicos) la sustancia misma es contrabando y puede ser confiscada por la policía. Venderla al mayoreo, manufacturarla o importarla es un delito serio que puede llevar a la cárcel. Incluso los consumidores afrontan el riesgo de ser arrestados. A esa política se le suele dar el nombre de “prohibición” o, en un tono retórico, “la guerra contra las drogas”.

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Una alternativa más aceptada es mantener las penas por elaboración, contrabando y venta, pero eliminar el castigo penal por consumo. Habitualmente se mantiene algún castigo o consecuencia no penal. A veces se imponen sanciones administrativas, parecidas a las boletas de infracciones de tránsito; a veces se canaliza a un tratamiento forzoso para combatir la adicción. Eso es lo que hizo Portugal para todas las drogas en 2001, y lo que muchos lugares han hecho, formal o informalmente, para la marihuana. A esa política alternativa se le suele llamar “descriminalización” o “despenalización”.

Lo confuso es que a esa misma política de imposición de penas a los traficantes, pero no a los usuarios, se le dio el nombre de “Prohibición” cuando se aplicó al alcohol en Estados Unidos. Durante la vigencia de la Ley Volstead, o ley seca, era delito elaborar, transportar y vender bebidas alcohólicas, aunque nunca fue ilegal beber. Curiosamente, muchos de quienes apoyan la descriminalización de drogas actualmente ilegales se sienten tentados a decir que la prohibición del alcohol fue un fiasco oneroso.

El problema lógico con la descriminalización es que da permiso a los consumidores de comprar lo que los vendedores tienen prohibido vender. Ese problema lógico también es un problema práctico si el resultado de hacer esto es un aumento en la demanda de un producto que sigue siendo ilícito y genera, por lo tanto, más ingresos para los delincuentes, más violencia y mayor corrupción relacionadas con el narcotráfico, y más encarcelamientos. Liberar a los usuarios de cocaína en Estados Unidos del temor de ser arrestados podría ser bueno para ellos pero no tan bueno para México o Colombia.

Así que para juzgar el resultado de la descriminalización, tendríamos que saber hasta qué punto la amenaza de ser arrestado y sometido a proceso penal tiene efecto en los compradores potenciales de drogas. Esto, a su vez, depende parcialmente de la energía con que se aplique la prohibición actual a la posesión de cantidades para uso personal, y de hasta qué punto los usuarios y los usuarios potenciales tienen conciencia de los riesgos legales en que incurren.

Es probable que los mismos cambios políticos y sociales que conducen a la descriminalización hayan conducido a una reducción en la aplicación de la ley. En consecuencia, es posible que la simple comparación del mundo antes del cambio legal formal con el mundo después del cambio legal formal no revele mucha diferencia. Desde un punto de vista empírico, la mayoría de los estudios de descriminalización de la marihuana en 11 estados de la Unión Americana no han encontrado prácticamente ningún impacto que se exprese como un aumento en el consumo, aunque uno de ellos sí identificó un aumento notable en el número de visitas a la sala de urgencias de los hospitales por algún problema relacionado con la marihuana. Algunos estudios del cambio de política en Portugal en 2001 han mostrado resultados similares. Sin embargo, hay un debate interminable en cuanto al grado en que se puede considerar definitivo ese corpus de investigación, dadas las limitaciones inherentes en los datos y en el diseño del estudio.

Si amenazar a los usuarios con sanciones penales tiene sólo un mínimo impacto en el consumo, entonces esto refuerza los argumentos en favor de la descriminalización. Sin embargo, es probable que la importancia de la descriminalización, para bien o para mal, sea un efecto de segundo orden en comparación con otros cambios potenciales en la política en materia de drogas.

Independientemente de cuán satisfactoria pudiera ser la descriminalización como victoria política para aquellos cuya meta es “poner fin a la guerra de las drogas”, la descriminalización realmente no tendría mucho efecto, en términos prácticos, en los mercados ilícitos o en la violencia, la delincuencia, el desorden y el encarcelamiento asociados. La única manera de destruir el mercado ilícito es reemplazarlo con algún otro tipo de disponibilidad legal, aceptando el costo inevitable que se expresa en un mayor consumo de las sustancias recién legalizadas.

Mark Kleiman.
Profesor de política pública en la Universidad de California en Los Ángeles. Sus libros sobre política de drogas son los siguientes: Marijuana: Costs of Abuse, Costs of Control (1989), Against Excess: Drug Policy for Results (1993), When Brute Force Fails (2010), y Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to Know (2011). Kleiman es también uno de los dos editores de la Encyclopedia of Drug Policy (2011).

Jonathan Caulkins. Profesor de investigación de operaciones y política pública en la Universidad Carnegie Mellon. Recientemente ha colaborado en las siguientes publicaciones: Drug Policy and the Public Good (2010) y Optimal Control of Nonlinear Processes: With Applications in Drugs, Corruption, and Terror (2010), Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to Know (2011).

Angela Hawken. Profesora de política pública en la Universidad de Pepperdine y consultora de Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos en materia de política antinarcóticos. Su más reciente publicación es Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to Know (2011).

Este texto se compone de extractos que han sido tomados del libro Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to Know, escrito por Mark A. R. Kleiman, Jonathan P. Caulkins y Angela Hawken, con el permiso de Oxford University Press, Inc. Copyright © 2011.

Traducción de Laura E. Manríquez

* Por lo general casas abandonadas donde se compran, venden y consumen varios tipos de drogas (N. de la T.).

 

 

Un comentario en “Algo de lo que hay que saber sobre las drogas y nadie sabe ni pregunta ni puede responder