Una revisión a la tendencia nacional

Alejandro Poiré ofrece el recuento más completo y actualizado de que puede disponerse para evaluar
las tendencias de la violencia criminal y en particular de los homicidios derivados de ella

Las organizaciones criminales que hoy controlan el tráfico de drogas en México y diversos delitos de orden común no surgieron en años recientes. Sus antecedentes los podemos ubicar claramente, por lo menos, en la década de los treinta del siglo pasado. Su crecimiento y fortalecimiento se debe, fundamentalmente, a cambios en el mercado ilegal de drogas y la ausencia de intervenciones gubernamentales efectivas para combatir y sancionar los delitos inherentes a esta actividad. La formación y desarrollo de los cárteles en México está relacionada con el éxito relativo de la política antidrogas de Estados Unidos, al cambio de mercado de la cocaína y a la respuesta gubernamental de autoridades mexicanas. Las transformaciones al interior de las organizaciones criminales responden a un proceso de adaptación a las nuevas condiciones del negocio ilícito al que se dedican.

En los años noventa Estados Unidos cerró parcialmente la ruta del Caribe que comunicaba a los productores en Sudamérica con los distribuidores en Florida. Esto ocasionó que los debilitados grupos de traficantes colombianos recurrieran a los grupos criminales de México que desde su surgimiento hasta los setenta habían cultivado y traficado marihuana y amapola, principalmente. A partir de los setenta empiezan a traficar cocaína pero en menor cantidad que marihuana. El pago en especie por parte de los grupos colombianos y el incremento en la demanda de esta droga, entre otros factores, catalizaron la transformación del negocio pasando de una dinámica de trasiego, en la que no se requería el dominio territorial y se privilegiaba la no confrontación con la autoridad, a una dinámica de distribución. En ésta, los grupos de delincuencia organizada necesitaron desarrollar redes, cooptar o confrontar a las autoridades, sacrificando el sigilo que les era propio. Asimismo, dicha transformación suponía nuevos retos a una estructura institucional ya de por sí debilitada, especialmente en las corporaciones estatales y municipales. Si bien las ejecuciones como mecanismo de ajuste de cuentas son una práctica añeja entre los grupos delincuenciales, el cambio del modelo de negocio generó la necesidad de ejercer control territorial y, con ello, potenció estas prácticas violentas.

Cuando el presidente Felipe Calderón tomó el mando del gobierno federal asumió el reto que este fenómeno significaba y puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad en diciembre de 2006. Desde esas fechas se ha puesto gran atención a los homicidios, particularmente en aquellos que presuntamente están relacionados a la delincuencia organizada. Como evidenció Fernando Escalante en su artículo “Homicidios 1997-2007”, publicado en el número de noviembre de 2009 de nexos, las tasas de homicidios dolosos en México fueron más elevadas en los años noventa1 que durante la década de gobiernos democráticos que llevamos. Sin embargo, esto no indica que la seguridad ciudadana estuviera garantizada, pues las organizaciones criminales que fueron ignoradas, toleradas o protegidas durante décadas anteriores, habían crecido al grado de representar una amenaza mayor a la sociedad: ya no sólo traficaban droga sino que controlaban otras actividades ilícitas.

Aparentemente, había una tranquilidad, pero no era auténtica pues las operaciones criminales de los enemigos de México eran una realidad, y sus efectos comenzaban a sentirse. Además, en varias zonas del país la violencia se empezaba a manifestar con gran fuerza.

Ante este diagnóstico era impostergable emprender acciones para confrontar a la delincuencia organizada y debilitarla, a la par de una decidida transformación institucional para garantizar la seguridad ciudadana. Como se dijo desde el principio, una lucha de estas dimensiones tiene inevitables costos, las pérdidas humanas son, sin duda, los más lamentables. Desde luego, se trata de un tema complejo y que no puede reducirse a un indicador de éxito o fracaso de las acciones gubernamentales.

Congruente con su compromiso por la transparencia, el pasado 12 de enero el gobierno federal hizo pública la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada,2 en la que se lleva registro de todas las personas fallecidas en un contexto de delincuencia organizada. Como es de esperarse, la integración de esta base de datos es en sí misma un reto para cualquier gobierno, pero es también una herramienta útil para comprender mejor un fenómeno que no puede leerse unidimensionalmente. Como un primer esfuerzo de análisis, el presente ensayo revisará algunos de los datos con el afán de contribuir a explicar lo que, como se ha dicho, es un fenómeno complejo.

Los ritmos cambiantes de la violencia
El gráfico 1 muestra el comportamiento mensual de los homicidios registrados desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010. Desde luego que sería invaluable contar con cifras de administraciones anteriores, para comparar con periodos de tiempo previos el comportamiento de las organizaciones criminales. A pesar de ello, es posible obtener algunas observaciones interesantes, por ejemplo, el total de homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada fue creciendo paulatinamente desde 2007 hasta alcanzar un punto nunca antes observado en noviembre de 2008, coincidiendo con las confrontaciones más agudas entre las organizaciones criminales por el control de rutas y mercados, especialmente en el norte del país.

Al inicio de 2009 el ritmo de crecimiento regresó a su tendencia original y aunque 2010 fue el año en el que se registró el mayor número de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, también fue un año caracterizado por tres fases claramente distinguibles, ilustradas en el gráfico 2.

En 2010 hubo un periodo de crecimiento en los primeros dos trimestres, seguido de la estabilización en la tasa de incremento como rasgo característico del tercer trimestre, y durante el último periodo trimestral ocurrió un descenso en el ritmo de crecimiento de la violencia. De hecho, una revisión de la tendencia de los homicidios da cuenta de que el crecimiento de la comisión de este delito es cada vez menor y es posible que en lo sucesivo los homicidios dejen de crecer y comiencen a ser menores, pues los datos registrados durante los últimos cuatro años muestran que la tasa de crecimiento observada en cada periodo anual tiende a estabilizarse.

El gráfico 3 es un diagrama de dispersión de los homicidios registrados entre 2008 y 2010. Como se ve, la curva de tendencia de 2010 tiene una pendiente, aunque positiva, menor a las de 2008 y 2009. Este hallazgo es mucho más claro en el gráfico 4, en el que se muestran los mismos registros pero aproximados a una distribución estadística normal. Las curvas de tendencia dan cuenta de que la pendiente creciente más alta se registró en 2008, ésta disminuyó hacia 2009, pero en 2010 cayó todavía más acercándose a una constante. Si la tendencia se sostiene, es posible que la curva de 2011 sea una línea completamente horizontal e, inclusive, podamos ver una pendiente negativa, es decir, que los homicidios comiencen a decrecer.

Las tendencias anuales observadas permiten recordar una premisa fundamental en la comprensión de la violencia registrada en los últimos años. No se trata de un fenómeno estático y, menos aún, absoluto; la violencia criminal no se encuentra generalizada ni forma parte de la condición esencial de nuestro país. Se trata de un fenómeno producido por personas concretas y responsables de sus actos que han agraviado sistemáticamente a la sociedad con cada uno de los crímenes cometidos, y uno de los más graves, con las ejecuciones como medio habitual para pretender imponer su arbitrio criminal. A esos delincuentes se les persigue, y a ellos se dirige la acción decidida del gobierno.

Focalización del fenómeno y razones que la explican
La evidencia empírica revela que los homicidios atribuibles a miembros de la delincuencia organizada son parte de un fenómeno focalizado regionalmente y resultado, especialmente, de confrontaciones entre éstos. Enseguida se explican con más detalle ambas aseveraciones.

Los datos que ha hecho públicos el gobierno federal revelan que, en 2010, 70% de los homicidios se concentraron en siete entidades: Chihuahua 29%; Sinaloa 12%; Tamaulipas 8%; Guerrero 7%; Durango 6%; y el Estado de México y Nuevo León, ambos con 4%. Esto es relevante porque significa que el conflicto que representa la violencia no está esparcido por todo el país. De hecho, estas mismas cifras dan cuenta de que la mitad de los homicidios ocurridos en 2010 sucedieron en las primeras tres entidades, en las cuales el gobierno federal ya está tomando medidas adecuadas para contener y revertir esa tendencia.

Considerando el acumulado de datos, desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2010, la incidencia de esa clase de homicidios permanece acotada geográficamente. De acuerdo con el gráfico 5, del total de los homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada que se registraron, 29% correspondió a Chihuahua, estado fronterizo que, dada su ubicación geográfica, por décadas había sido un terreno fértil para la proliferación de actividades criminales que actualmente son combatidas mediante una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno, y con un plan de acción que prevé medidas integrales con resultados en el corto plazo (desarticulación de grupos delincuenciales, aprehensiones sistemáticas y decomisos históricos), en el mediano plazo (profesionalización de cuerpos policiacos) y en el largo plazo (reconstrucción del tejido social). Sin duda, en Chihuahua el esfuerzo conjunto de las autoridades, de las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y de cada ciudadano, garantizará los resultados que la ciudadanía de esa entidad espera, y a los que tiene derecho.

En segundo término, en el estado de Sinaloa se concentró el 13% de los homicidios, mientras que en Guerrero se registró el 8%. La mitad de los homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada, documentados entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, fueron documentados en tres entidades federativas, el 34% de los homicidios de esa naturaleza se aglutinaron en ocho estados, 6% en tres, y en 11 los registros no alcanzan el 1%.

Si se clasifican las entidades en cuatro categorías:3 la región Norte, el Centro Occidente, el Centro y el Sur, los hallazgos son aún más reveladores. El gráfico 6 muestra la distribución porcentual de estos homicidios de acuerdo a la región en cada año desde 2007 hasta 2010.

Es muy claro que la región Norte es la que concentra la mayor parte de los homicidios asociados a la delincuencia organizada (entre el 49% y el 71%), lo cual es consistente año tras año. Llama la atención el crecimiento en esta región entre 2007 y 2008, pues la proporción registrada pasa de 49% a 71%, disminuyendo un año después a 66%. ¿Qué puede explicar este incremento?

El dato coincide con la captura de Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, ocurrida el 20 de enero de 2008. Esta captura ocurrió en el contexto de la creciente rivalidad entre el grupo liderado por Arturo Beltrán Leyva y la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya agresión mutua produjo una encarnizada confrontación en esta región del país. Las detenciones de capos no son determinantes de incrementos de violencia, pues una revisión contextual ayuda a explicar que las dinámicas de traición y desconfianza propias de las organizaciones delictivas son detonantes inobjetables de estas conductas.

Las entidades y las regiones permiten una buena aproximación para visualizar la concentración de este fenómeno, sin embargo, aún se trata de un parámetro muy amplio, pues la categorización por entidades federativas podría sugerir que todo el estado es escenario de la violencia en la misma magnitud. Por ello, vale la pena hacer una revisión a nivel municipal, no sólo para determinar patrones de persistencia en los niveles de concentración de los homicidios, sino también para distinguir su distribución de acuerdo a un criterio de geografía municipal. Con este propósito, se desagregó la concentración proporcional de homicidios de acuerdo al municipio en el que ocurrieron entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010. Los datos indican que 70% de los homicidios sucedieron en 85 municipios del país (es decir, 3.4% de la totalidad de demarcaciones de territorio), los cuales están especialmente en tres entidades de la región Norte.

La primera conclusión a este respecto es que la violencia no sólo está concentrada en algunos estados sino que, además, es un problema de ciertos municipios. ¿Esta distribución se sostiene a lo largo de este periodo, o bien, han ocurrido deslizamientos en el número y ubicación de los municipios afectados?

En términos de cantidad de municipios, la revisión anual muestra que, en 2007, siete de cada 10 homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado se concentraron en 90 municipios, esta cifra descendió a 59 en 2008, y se convirtió en 70 y 73 en los dos años siguientes, respectivamente. Es decir, en términos de cantidad, la evidencia no sugiere un incremento y, por el contrario, el año con el mayor número de muertes, 2010, no es el que tiene el mayor número de municipios afectados (ver gráfico 7).

¿Cómo se distribuyen geográficamente estos municipios? A continuación, una serie de mapas ilustran la distribución de municipios que en cada año desde 2007 y hasta 2010, han concentrado siete de cada 10 homicidios asociados a la delincuencia organizada.

La mayor parte del territorio nacional carece de los niveles observados únicamente en regiones muy específicas del país. Además, las áreas coloreadas que representan la incidencia de siete de cada 10 homicidios ocurridos, no se ha hecho mayor ni se ha expandido año tras año. En contraste, se ha movido en algunas zonas muy específicas, lo que requiere una explicación más detallada.

En la zona noroeste se aprecian concentraciones, particularmente en Baja California, sobre todo en 2008, y a partir de ese año se nota la tendencia inversa. ¿Qué tiene de particular 2008 en esta zona? Los datos revelan las cifras más altas de homicidios en la entidad, ocurrieron en 2008, año en que el cártel del Pacífico intentó apoderarse del mercado ilegal de drogas en la zona aprovechando lo que se consideró la traición de Teodoro García Simental El Teo contra el cártel de los Arellano Félix al dejar sus filas para ingresar a las de Joaquín El Chapo Guzmán. La consecuencia fue una confrontación encarnizada entre el cártel de los Arellano Félix (Tijuana), que tenía el dominio de las rutas y el mercado en la entidad, y el cártel del Pacífico.

Como puede apreciarse en el gráfico 8, en los últimos cuatro años los niveles de violencia registrados en Baja California no guardan relación directa con sus estados vecinos, pues Sonora se ha mantenido siempre por debajo de los niveles observados en aquel estado a pesar de compartir con ésta una posición fronteriza con Estados Unidos. De modo aún más significativo, en Baja California Sur ha ocurrido la menor cantidad de homicidios de esta naturaleza a nivel nacional, incluso por debajo de estados como Yucatán, Campeche o Colima.

Baja California es un caso por demás interesante, pues de su análisis se desprende que la violencia no sólo se concentra por estados sino por municipios. Además, es un ejemplo de que la acción conjunta de los tres órdenes de gobierno, la renovación institucional y la participación de la sociedad civil, hacen factible la disminución de los homicidios de esta naturaleza como indicadores de violencia.

El gráfico 9 indica que la tendencia de Baja California prácticamente depende de los niveles registrados en Tijuana, y en ambos casos es perceptible el descenso y estabilización en el número de homicidios, tendencia que incluye, además, algunos descensos. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2010, la cantidad de homicidios descendió en un 39% en el estado. Consecuente con la estabilización del fenómeno en esta zona, esa proporción volvió a descender entre noviembre y diciembre de 2010 en 20%.

El estado de Chihuahua muestra, hasta 2009, un incremento de municipios donde se concentró la violencia, especialmente por efecto de la problemática observada en Ciudad Juárez, cuyas características lo convierten en un caso atípico respecto a la realidad nacional e incluso respecto de los municipios donde han ocurrido más homicidios presuntamente asociados a la delincuencia organizada. Se aprecia que en el año 2010 el incremento de la violencia en la frontera con el estado de Nuevo León se contrarresta con una disminución importante en el centro del estado.

La zona más al noreste del país presentó concentraciones geográficas muy estables, y sólo hasta el año pasado se nota un incremento, especialmente en Nuevo León y Tamaulipas, donde las muertes presumiblemente relacionadas al crimen organizado se incrementaron exponencialmente en un año. En el caso de Nuevo León los homicidios registrados pasaron de 112 en 2009 a 620 en 2010, lo cual representa un crecimiento de 454%. El caso de Tamaulipas fue aún más agudo, pues de 90 homicidios registrados en 2009 la delincuencia organizada produjo mil 209 decesos en 2010.

El incremento de los homicidios en esta zona coincide claramente con la ruptura de dos organizaciones criminales y, en consecuencia, de un enfrentamiento entre éstas: el cártel del Golfo y los Zetas.

A manera de breve recordatorio, hay que tener presente que los Zetas es un grupo de sicarios creado por el cártel del Golfo como estrategia de competencia frente los cárteles del Pacífico y de los Arellano Félix. Las agresiones típicas entre delincuentes se agudizaron por efecto de la relativa capacidad de fuego de todos estos grupos criminales, y de su pretensión de copar los mercados de drogas, la piratería, la trata de personas, el secuestro y la extorsión.

El rompimiento Golfo-Zetas, provocado por las dinámicas de competencia por mercados de actividades ilícitas que compartían, generó niveles de violencia que no se habían registrado en la región. A pesar de ello, el ajuste de cuentas entre esos criminales no se generalizó en las entidades afectadas, sino se concentró en algunos municipios. El gráfico 10 muestra los municipios donde se registró el 70% de los homicidios presuntamente asociados con la delincuencia organizada en estas dos entidades durante 2010.

En el caso de Nuevo León, siete de cada 10 homicidios se localizaron en ocho municipios, especialmente los ubicados en la zona metropolitana. Tan sólo Monterrey concentró 29% de los homicidios ocurridos en la entidad en 2010. Tamaulipas tiene el mismo comportamiento en términos de cantidad de municipios, pues son ocho los que concentran 70% de los homicidios de esta naturaleza. Sin embargo, la característica común de éstos es su condición limítrofe con Nuevo León, con Estados Unidos y con el Golfo de México, todos puntos estratégicos de la actividad criminal, por lo que los cárteles están dispuestos a disputarse entre ellos la plaza. En 2010, 14% de los homicidios se registraron en el municipio de San Fernando y 12% en Reynosa.

Independientemente de su emblema criminal, los líderes de estas organizaciones pretenden asegurar el control de sus operaciones enviando a la muerte a sus subalternos, vulnerando la tranquilidad de la gente honesta y trabajadora de esa región del país. Más notable aún es que gracias a la mayor presencia de la autoridad federal los homicidios en ambas entidades se redujeron del tercero al cuarto trimestre de 2010, disminuyendo 36% en Nuevo León y 26% en Tamaulipas (ver gráfico 11).

Hasta ahora se ha mostrado que la violencia, medida por el número de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, es un fenómeno relativamente focalizado. Además, se han dado algunas muestras de que la explicación más contundente es que el motor de la violencia son los enfrentamientos entre organizaciones delictivas.

En abono a este argumento, vale la pena revisar la clasificación de homicidios y fallecimientos que se hace en esta base de datos, la cual es de dos tipos: los que son resultado de una ejecución y aquellos que sucedieron en un enfrentamiento o agresión.

Los primeros son homicidios violentos que se consideran una práctica común entre los grupos delincuenciales, ya sea como ajuste de cuentas o como mecanismo de amenaza o revancha entre las distintas organizaciones criminales. Los segundos, en cambio, son resultado de confrontaciones entre grupos delincuenciales o de éstos con la autoridad.

El gráfico 12 revela que 89% de los homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada registrados en el periodo diciembre de 2006 a diciembre de 2010, sucedieron en un contexto de ejecución, lo cual es una muestra de que las víctimas y/o los victimarios eran miembros de la delincuencia organizada, revelando además la descomposición al interior de los grupos criminales. En otras palabras, la gran mayoría de las bajas son resultado de conflictos entre ellos.

Hasta ahora se ha mostrado que la violencia, medida por el número de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, es un fenómeno focalizado que no se ha expandido a lo largo del país. La revisión a través del tiempo muestra que en 2007 eran 82 las autoridades municipales que tenían frente a sí el reto de gobernar los municipios más violentos. En 2008 esta cifra disminuyó a 59, en tanto que en 2009 y 2010 tuvo un incremento a 70 y 73 municipios, respectivamente, como los escenarios del 70% de estos actos de violencia.

Conclusión
Los datos analizados demuestran la importancia de contar con una base de datos de homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada. Gracias a esta herramienta hoy sabemos que esta clase de delitos ha tenido una manifestación típicamente regional y que ha afectado a un conjunto preciso de municipios. En cambio, la solución emprendida por el gobierno federal atiende no sólo a los municipios impactados, sino a todos los mexicanos de esta y futuras generaciones, quienes pueden esperar instituciones sólidas y, con ellas, la garantía de que la seguridad es un derecho que se cumple cabalmente. Asimismo, subraya que es posible detener y reducir la violencia. Así se ha logrado en otras entidades, como es el caso de Nuevo León. La solución integral pasa por la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye la presencia de la fuerza federal, el compromiso de las autoridades locales y la exigencia y denuncia de la sociedad civil.

Alejandro Poiré. Secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y vocero en materia de seguridad.

1 En 1992 se alcanzó la tasa más elevada de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes.

2 Esta base de datos concentra información relativa a eventos violentos que devinieron en el fallecimiento de personas. Las características de esos eventos son indicativas de la acción de la delincuencia organizada de acuerdo con una serie de criterios de inclusión y exclusión estandarizados y hechos públicos. En consecuencia, los datos contenidos en la base no determinan la situación jurídica y, menos aún, la responsabilidad penal de los involucrados.

3 Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Región Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Región Centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Región Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.