Mientras se ha vuelto común comparar la guerra del narco mexicano con la experiencia colombiana, valdría la pena echar una mirada a lo que está pasando en Río de Janeiro. Allí, una guerra sangrienta entre organizaciones de narcotraficantes y el Estado, que se ha prolongado por un cuarto de siglo, está en proceso de profunda transformación debido a un cambio inédito en la política de seguridad.

ciudad de Dios

Empezando por algunas de las favelas más conocidas de la ciudad, el Estado está retomando el control de manos de grupos ilegales y desplegando las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Cada UPP cuenta con entre 100 y 200 policías recién formados y capacitados como policía comunitaria, cuya meta operativa primordial es garantizar la seguridad de los residentes, y no necesariamente de aprehender capos o acabar con el tráfico de drogas. Hasta el momento, 12 comunidades han sido “pacificadas” con tres mil 500 policías destinados a las UPP hasta el fin de 2010.1 La narcoviolencia está aún lejos de llegar a su fin en la ciudad maravillosa, pero se trata de un avance indudable: en lugares como la Ciudad de Dios, donde regía la ley de los narcos, hoy se nota la presencia permanente de los agentes del Estado. ¿Hay alguna lección para México de esta historia?

La otra guerra del narco

Quien piensa que la historia de las favelas se encierra en el filme Ciudad de Dios se engaña. Donde finaliza la película, con los chavitos hablando mal de un nuevo capo emergente —el “Falange Vermelha”—, inicia la verdadera historia del narco carioca. Es un chiste que sólo los espectadores brasileños entienden: el Falange Vermelha no fue un capo, sino una organización criminal incipiente, nacida en las cárceles infernales de Río, que hasta mediados de los ochenta se transformaría en el Comando Vermelho, dueña del 70% de los puntos de venta de drogas en la ciudad, y de los cientos de favelas en los que se localizaban.2

Desde entonces esta tenaz organización ha experimentado cismas de donde han nacido nuevos “comandos”, lo que ha propiciado muchos embates y nuevos pactos entre ellos. Pero el perfil general de la guerra del narco en Río sigue igual: los comandos controlan —por la fuerza de las armas, literalmente— la mayoría de las mil favelas en Río. Se invaden mutuamente territorios, a veces tomando o perdiendo una comunidad, lo que puede llevar a la expulsión o ejecución de los residentes. La policía queda al margen, a menos que se realice un operativo masivo para decomisar drogas, armas, o arrestar traficantes, lo que ocasiona balaceras que dejan a los residentes aterrorizados (o muertos por “balas perdidas”).

gráfica

A lo largo de los años el escenario ha cambiado poco, a no ser por la escalada constante de armamento: las pistolas de los ochenta y los cuernos de chivo de los noventa son ahora sustituidos por las ametralladoras, granadas, vehículos blindados, y tácticas de guerrilla de la realidad actual. Por desgracia, la dimensión de la tragedia humana en Río no es menor que la de México: desde 2003 la policía ha matado a más de ocho mil 200 civiles en autos de resistência (“actos de autopreservación”) —o sea, en confrontación con actores armados—.3 A esto puede sumarse una buena parte de los aproximadamente 42 mil homicidios dolosos y una fracción significativa de los 32 mil desaparecidos.4 Todo esto en un estado que tiene la décima parte de la población de México.

La narcoviolencia mexicana es relativamente reciente; en Río se ha venido acumulando y agravando en los últimos 25 años. Se ha incorporado a lo cotidiano de la ciudad y a su imaginario. Ya no asustan cosas que años atrás habrían espantado. Al mismo tiempo, cada año trae un nuevo caos, que rebasa al caos anterior, como las ráfagas contra el palacio del gobierno en 2002,5 la onda de ataques contra policías y civiles de 2006,6 o el derrumbe de un helicóptero de la policía en 2009.7 Se trata de círculos viciosos o, más bien, de espirales o escalamientos de violencia que generan pánico entre la clase media, la cual demanda una respuesta de los gobernantes quienes, a su vez, prometen “hacer valer la ley” y “no dar tregua” a los traficantes, destinando más recursos al combate (y menos a los programas sociales), ocasionando más incursiones, más balaceras y más pánico.


Un nuevo rumbo

Los primeros años del mandato del gobernador actual, Sergio Cabral, fueron marcados justamente por esa postura de mano dura, con un aumento previsible en el número de civiles muertos por policías (sólo en 2007 fueron mil 260) y una tentativa masiva y fallida de retomar el Complexo do Alemão, considerado el “cuartel general” del Comando Vermelho.8 Pero al final de 2008 una nueva estrategia apareció. El temido batallón de choque BOPE (el de la película Tropa de elite) seguiría invadiendo las favelas y poniendo a los traficantes a correr. Pero mientras que antes éste eventualmente se retiraba, dejando la comunidad a merced de los narcos, ahora sería construida en el corazón de la comunidad una estación policial pacificadora permanente, su propia UPP.

Por lo general, en las 12 comunidades hasta ahora “pacificadas” la estrategia parece exitosa: donde habían traficantes con fusiles, hoy hay policías, y las tasas de crimen han bajado significativamente. En sus mejores momentos los comandantes de las UPP (algunos de los cuales son mujeres) han buscado crear una relación más respetuosa entre policías y ciudadanos, participando en la vida cotidiana, como en los juegos de futbol o bailes comunitarios. El gobierno ha promovido las UPP con una fuerte campaña de relaciones públicas y el apoyo de los medios, lo que sin duda ayudó a Cabral a lograr la reelección en octubre de este año.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Se han registrado casos de corrupción y violencia policiaca entre las UPP;9 algunos observadores han dicho que las favelas siguen siendo controladas por “niños con fusiles”, pero ahora traen uniformes. Otros analistas dudan que se pueda pacificar las favelas más grandes y lucrativas (desde el punto de vista de los traficantes) como Rocinha, con sus 250 mil habitantes y su ubicación estratégica, ni los bastiones del narco en la Zona Norte de la ciudad, lejos de las playas y puntos turísticos. Muchos residentes aún desconfían de la policía, y temen que desaparecerán las UPP después de los Juegos Olímpicos de 2016.
Además, tienen razón las voces comunitarias que insisten en que las UPP no pueden sustituir la inversión en educación, en programas antipobreza, y otros que generen oportunidades de empleo. No obstante, después de visitar tres favelas “pacificadas” y observar reuniones entre residentes con oficiales, mi impresión es que el balance es positivo, más que nada porque establecer la seguridad básica propicia la aparición del dinamismo económico de estas comunidades.

Pero lo más innovador en relación con las UPP no es la mera presencia del Estado en las favelas, sino un cambio de prioridades. “No podemos garantizar que pondremos fin al narcotráfico, ni tenemos la pretensión de hacerlo”, dijo el secretario de seguridad pública José Beltrame al explicar el programa. “Lo que queremos es quebrar el paradigma de territorio controlado por traficantes con armas de guerra”.10 Lo sorprendente es que el gobierno ha mantenido esta postura a pesar de ciertas críticas inevitables. En julio, por ejemplo, cuando la prensa generó un escándalo al revelar la presencia de vendedores de drogas dentro de la Ciudad de Dios, el secretario describió las imágenes de jóvenes comprando drogas como “un caso de salud pública”. Dijo que la policía no dejaría de combatir el tráfico, pero añadió: “no descarto que haya venta, en un rincón del vacío, en un área inmensa como la Ciudad de Dios… La misión básica fue desarmar a los traficantes y llevar paz a los residentes… en las imágenes los traficantes no parecen estar armados”.11

Pero, ¿qué tiene que ver esto
con México?

Obviamente, hay muchas diferencias cruciales entre la situación que enfrenta México con la de Río. Primero, en Río el narcotráfico —por lo menos la parte que genera violencia— se dirige al mercado de consumo interno, mientras los cárteles mexicanos trabajan primordialmente en producción y exportación. Segundo, el conflicto en Río es casi exclusivamente urbano, mientras en México la guerra también tiene lugar en áreas rurales, carreteras y zonas fronterizas. Además, hay diferencias institucionales importantes: mientras que en México hay una profusión de cuerpos policiales y una cierta sobreposición de jurisdicción de autoridad, en Brasil la política de seguridad es casi exclusivamente la responsabilidad de los gobiernos estatales, lo que permite a un gobernador (como Cabral) realizar un cambio de estrategia como la que representa las UPP sin mayores embates políticos.

Sin embargo, las experiencias de Río y México —y, efectivamente, Colombia— sí coinciden en lo que puede ser su aspecto más perturbador: organizaciones de narcotraficantes, frente a políticas de fuerte represión antidroga, han adoptado estrategias de confrontación armada contra las fuerzas del Estado. Partiendo para el ataque, han invertido sumas inmensas en armas, entrenamiento, salarios de soldados y sicarios, y seguros para sus viudas. Es más: allá como acá, el despliegue de la fuerza militar del Estado por sí solo no ha acabado con la violencia, sino que la ha agravado. La escalada armamentista se ve muy similar: desde 2007, por ejemplo, los decomisos de ametralladoras antiaéreas (.30 y .50) han crecido en 40%.12 Con ganancias seguramente inferiores a las que obtienen los cárteles mexicanos, y sin acceso al absurdamente descontrolado mercado de armas norteamericano al que muchos culpan de la violencia en México, los traficantes de Río han podido mantener su dominio sobre cientos de favelas y casi un millón de ciudadanos durante décadas.

Otra lamentable similitud es la corrupción arraigada: en Río, el arrego (pago semanal de los traficantes a los policías corruptos locales por dejarlos operar) es la regla; los embates, balaceras y ejecuciones extrajudiciales, la fatal excepción. Las plazas policiales suelen ser retribuidas como regalos a aliados políticos. Peor aún, se sospecha que el dinero sucio llega a las altas esferas de la política, llevando a la triste paradoja que los mandatos de los menos corruptos son manchados por las más altas tasas de violencia. ¿Suena familiar?

Entonces, ¿qué puede aprender México de Ciudad de Dios? Primero, lo malo: que una política de represión militarizada contra el narco, en un contexto de corrupción arraigado, puede producir una dinámica de violencia que se repite, sin señales de salida y cada vez más sangrienta, a lo largo de décadas. Se configura todo un sistema, una maquinaria, en que por más que se gasta en equipamiento, los narcos lo igualan; por más que matan a sicarios, los narcos los reponen; por más que se incauta, la droga llega; y por más que se hable de “limpieza en la policía”, el río de lucro ilícito del narco sigue fluyendo por los corredores del poder. Eso durante 25 años. Pues, si a veces la guerra del narco mexicano parece andar por un camino que no tiene fin, es posible que de hecho no lo tenga.

Ahora, lo bueno: que un cambio de estrategia puede rendir resultados inesperados. Poco a poco los residentes de Ciudad de Dios y las otras favelas pacificadas están recuperando su confianza en la policía, en el Estado, y en la sociedad brasileña en general. Ya no temen —tanto— el retorno de los traficantes, sus hijos juegan en las calles, y los valores de sus inmuebles se han duplicado.13 Al mismo tiempo, se especula que frente a la nueva política los comandos han pactado una tregua para minimizar sus pérdidas.14 La violencia (para no hablar de la pobreza y la exclusión social) sigue, pero por primera vez en años es posible pensar que Río está en camino de un nuevo equilibrio, uno en el que la violencia ya no es la estrategia preferida de los narcos, y en el que la seguridad ciudadana ya no es sólo un estribillo.

Al defender las UPP ante la acusación de que sigue la venta de drogas en Ciudad de Dios, el secretario Beltrame dijo: “El resultado positivo [de las UPP] es infinitamente más importante que la venta de media docena de papelotes [de droga]”.15 Tiene toda la razón, y es la misma razón que tuvo la marina norteamericana en Marja, Afganistán, al decidir no erradicar su zafra de amapola: dejar de dar a una población rural pauperizada motivos para aliarse con los talibán es infinitamente más importante que la destrucción de algunos kilos de opio. Son ejemplos de lo que llamo “descriminalización operacional”: cambios estratégicos en la política antinarco que, por ser formulados por “gente en botas” —i.e. las propias fuerzas estatales— y en el lenguaje de seguridad nacional, son más fácilmente aceptados que cualquier propuesta política de legalización.

Cambiar de rumbo suele parecer imposible antes de hacerlo: así parecía durante años en Río. Pero si el gobierno de Río puede justificarse ante la prensa y sociedad brasileñas con el argumento de que minimizando la violencia y estableciendo la presencia del Estado tiene prioridad sobre la —imposible— erradicación total del narcotráfico, quizás eso mismo podría hacer México ante el mundo.

Benjamín Lessing. Doctorando en ciencia política en Universidad de California, Berkeley; director del Observatorio Internacional de Violencia Asociada al Narcotráfico; investigador asociado en ICESI (México), ISER (Río de Janeiro), CERAC (Bogotá).

1 Datos del sitio oficial de las UPP: http://www.upp.rj.gov.br/
2 Amorim, Carlos, Comando Vermelho: a história secreta do crime organizado, Editora Record, Río de Janeiro, 1993.
3 Cálculo propio a partir de relatorios de la Policía Civil de Río de Janeiro, disponible en: http://www.isp.rj.gov.br/
4 Cálculo aproximado a partir de “Estatística das Mortes Violentas no Rio de Janeiro”, Antonio Carlos Costa, Río de Paz, 28/07/2010.
5 “Rio viveu onda de ataques em 2002”, O Globo (Río de Janeiro), 28/12/2006.
6 “Ataques matam 18 no Rio”, Reuters, 28/12/2006.
7 “Helicóptero da polícia é derrubado no Morro São João”, O Dia (Río de Janeiro), 17/10/2009.
8 “Megaoperação no Alemão deixa 19 mortos”, O Globo (Río de Janeiro), 27/06/2007.
9 Véase por ejemplo, “Mais dois policiais de unidade pacificadora são presos no Rio”, Folha de S. Paulo, 20/03/2010; “PMs de UPP são presos em Itaboraí”, O São Gonçalo Online, 07/10/2010.
10 “Rio de Janeiro police occupy slums as city fights back against drug gangs”, The Guardian (Londres), 12/04/2010.
11 “Feira de drogas resiste à UPP da Cidade de Deus”, O Globo (Río de Janeiro), 02/07/2010.
12 “Facção criminosa que atacou Morro dos Macacos concentra antiaéreas”, O Globo, 21/10/2009.
13 “Pacificadas, favelas já vivem boom imobiliário”, Estado de S. Paulo, 26/09/2010.
14 “Tráfico adota nova tática para conviver com UPPs”, O Globo, 08/05/2010.
15 “Feira de drogas”, op.cit.